Los parásitos del dinero público: regidores, diputados, funcionarios

Por: Rodrigo Tejeda

Ser regidor de un ayuntamiento, diputado ante el Congreso del Estado o un funcionario municipal debería ser un privilegio de servicio social, que pocas personas competentes y éticas debiesen tener el honor de recibir, pero con demasiada frecuencia se transforma en una oportunidad de convertirse en parásitos del dinero público, cuyo objetivo principal no es el trabajo sino la obtención del mayor beneficio económico y político posible; no servir, sino servirse.

Cada que está por terminar un gobierno municipal o una legislatura, asoma el rostro predador de regidores y funcionarios que gozaron por años de excelentes sueldos, realizando un trabajo comodísimo y obteniendo grandes beneficios, todo ello con cargo al erario público del municipio o del estado.

El gobierno municipal de Torreón que concluye, presidido por Jorge Zermeño Infante, tuvo además la característica de abarcar los dos años de la pandemia de COVID-19, la cual se ha convertido en un acontecimiento muy a modo para disminuir, todavía más, el trabajo de la mayoría de los integrantes del cabildo y de los principales cargos de la administración.

Si el trabajo de un regidor ya era ligero, se volvió casi simbólico al manejarse desde una pantalla en la comodidad del hogar o de la oficina del negocio particular.

Lo que no es simbólico son los sueldos y prestaciones que cobran mensualmente cada uno de los 17 regidores del cabildo: 11 del PAN, 3 de Morena y 3 del PRI; 17 en total.

En los últimos dos años el sueldo neto mensual se incrementó de 37 mil 340 pesos hasta 53 mil 663 pesos, más un vale semanal de 500 pesos para gasolina, un aguinaldo de 40 días y un bono de gestoría de 10 mil pesos mensuales, que se entrega de forma discrecional, lo que representa un ingreso mensual de hasta 65 mil pesos por cada regidor, sin contar el aguinaldo.

A punto de dejar el cargo, hay un grupo de regidores, de los diferentes partidos, que está exigiendo que le sean devueltas las aportaciones que realizaron al Fondo de Pensiones del Gobierno Municipal, cuando la Ley de Pensiones establece, desde el 2014, que se tiene derecho únicamente a reclamar el 50%, correspondiente a la aportación que realizó el funcionario, no al restante 50% que aportó el patrón, en este caso el gobierno municipal.

Aprovechando el fallo que emitió indebidamente un juez en beneficio de un extrabajador del ayuntamiento, ahora los regidores y funcionarios están reclamando el 100%, lo que le representaría al fondo de pensiones del gobierno municipal un quebranto de al menos 20 millones de pesos, en un cálculo conservador.

UNA CANONGÍA POLÍTICA O EL BENEFICIO A LOS AMIGOS

La gran mayoría de los regidores y de los funcionarios públicos llegan a los cargos como una canonjía política o como un favor para ayudarles, a partir de una amistad con el presidente municipal o con otros políticos o personas con quien éste tiene compromisos.

Siempre queda claro que se trata de un cargo que durará únicamente tres años, así que la totalidad de esos regidores y funcionarios tiene sus profesiones o negocios de los cuales viven ordinariamente, pero en estos tres años tendrán un ingreso extra muy importante y un trabajo adicional, lo que debería de hacer muy pesada su carga laboral.

La realidad es que su trabajo como servidores públicos es de lo más ligera. Nunca comienza antes de las 10 de la mañana y nunca termina después de las dos de la tarde, de lunes a viernes. Eso en un día de trabajo, pero con una gran frecuencia sólo hacen estancias de dos horas o un poco más en la oficina pública, según lo ha podido constatar Revista de Coahuila.

Con la pandemia del COVID-19 las sesiones de cabildo fueron virtuales por casi un año, por lo que los miembros del cabildo (17 regidores, 2 síndicos y el presidente municipal) sesionaban a través de una pantalla desde su casa o desde la oficina de sus negocios particulares. Mejor imposible.

Pasado el periodo virtual se siguió con un ritmo de trabajo mínimo.

Para la ciudadanía la identidad de los regidores es prácticamente desconocida, con excepción tal vez del primer regidor y de los dos síndicos, en este caso síndicas, que suelen aparecer cada cierto tiempo en algún medio de comunicación.

José Ignacio García Castillo, el primer regidor, es todo un caso de la rapacidad a la que puede llegar un funcionario público, que en teoría está en el cargo para servir.

Propietario, junto con algunos familiares directos, de la línea de Taxis Guerreros, entró a la política por medio del PAN como un predador y logró, en un tiempo relativamente corto, convertirse en el presidente del Comité Municipal del partido, pero principalmente convertirse en primer regidor, un cargo que lo coloca como el posible sucesor del presidente municipal en caso de ausencia de éste.

Desde el inicio del gobierno municipal en 2019, tuvo evidentes canonjías, como una oficina especial, distinta a la de los demás integrantes del cabildo y una gran influencia en la toma de ciertas decisiones.

Entre otras decisiones de gobierno, fue determinante su cabildeo para otorgarle un incremento al transporte público del municipio, autobuses y taxis, convirtiéndolo en uno de los servicios de transporte urbano más caros del país (13 pesos el viaje sencillo en autobús y tan solo el “banderazo” en taxi 10 pesos con 20 centavos).

Por primera vez la negociación con el autotransporte fue a cambio de nada; sin ningún compromiso de mejora.

Ambicioso, trató de convertirse en diputado plurinominal en la elección de 2020, pero fracasó vergonzosamente en la elección interna.

Regresó al cargo de primer regidor, pero en la elección de 2021 traicionó la invitación de Jorge Zermeño a la primera regiduría y se pasó a Morena, para, ya abiertamente, sumarse a la campaña de Luis Fernando Salazar Fernández, candidato perdedor a presidente municipal.

Perdió así la filiación panista, perdió la posibilidad de ser diputado plurinominal, perdió la confianza para ser alcalde interino y es detestado por quienes fueron sus compañeros políticos, pero está reclamando, después de todas las canonjías que se llevó, que le regresen el 100% de sus aportaciones al Fondo de Pensiones.

Es difícil encontrar otro caso similar de un predador metido a la política municipal.

LOS DIPUTADOS, GRAN SUELDO Y TRABAJO COMODÍSIMO

El amplio edificio de dos plantas, con fachada de cantera, tiene en su interior un gran vestíbulo de pisos de mármol blanco y una cúpula que remata el techo central, en cada planta se distribuyen cerca de 20 amplias oficinas.

Al ingresar al lugar, éste da la sensación de una especie de mausoleo, por el silencio casi absoluto y la sensación de vacío, pues salvo dos o tres oficinas todas las demás permanecen cerradas.

Esto se ha repetido durante dos años, a media mañana, los días lunes y viernes, según lo ha podido atestiguar directamente Revista de Coahuila.

Es el edificio que alberga a los 25 diputados que componen el Congreso del Estado de Coahuila, ubicado en el boulevard Francisco Coss en la ciudad de Saltillo.

¿Y dónde están los diputados? Seguramente la mayoría en sus municipios de origen, dedicados a sus actividades habituales, pues acuden al edificio del congreso sólo en dos periodos anuales de cuatro meses cada uno, con un promedio de dos sesiones por semana, ocho al mes, que no se prologan más de 3 horas, ya que inician entrada la mañana y concluyen antes de la hora de comida.

Los dos periodos son del 1ro. de marzo al 22 de junio y del 1ro de septiembre al 30 de diciembre.

Enero, febrero, julio y agosto sólo funciona la Comisión Permanente, que está compuesta por unos pocos diputados, que realmente no realizan trabajo legislativo.

¿Quién hace entonces el trabajo de un diputado?

Cada bancada, integrada por los diputados de los diferentes partidos, tiene un grupo de asesores, no muy grande por cierto, quienes son los que elaboran las iniciativas que son presentadas ante el pleno. La mayoría de los diputados no sabe ni tan siquiera redactar decorosamente un documento, mucho menos darle forma a una propuesta legislativa o conocer de leyes.

Aunque en promedio cada diputado pertenece a cinco comisiones diferentes de las 25 que existen (que son de lo más diverso y se refieren con frecuencia a asuntos complejos, como medio ambiente, hacienda y cuenta pública, salud, seguridad, ciencia y tecnología, educación, cultura y actividades cívicas, sólo por citar algunas de ellas), la mayoría no domina el tema y no son ellos los que de origen desarrollan los asuntos que pueden surgir de las mismas.

De entrada, de los 25 diputados sólo 16 fueron electos por medio del voto ciudadano, los demás son designados por los partidos que se convierten en oposición, siguiendo los criterios más impensados y hasta oscuros, pues la diputación se convierte en un gran regalo, debido a lo enorme de los sueldos y a los beneficios que se obtienen durante los tres años que dura.

Singularmente, la actual legislatura del Congreso del Estado, que es la LXII, está compuesta por 16 diputados del PRI, todos electos por lo que se llama mayoría relativa; 4 diputados plurinominales de Morena; sólo 3 del PAN, también plurinominales; 1 de la UDC y 1 del PVEM, que forma parte de la alianza con Morena.

Cada uno de estos 25 diputados, no importa cómo haya llegado al Congreso del Estado, gana 55 mil pesos netos de sueldo, 1,900 pesos mensuales para gastos de despensa, 1,800 pesos por cada sesión en la que participa, 1,800 pesos por cada sesión de comisión (cada diputado pertenece a 5 comisiones distintas), 20,500 pesos de apoyo parlamentario, 20,000 pesos de apoyo legislativo y 40 días de aguinaldo al año.

En promedio cada mes un diputado se lleva realmente a la bolsa un sueldo promedio que fluctúa alrededor de los 113,000 y 117,000 mil pesos, aunque ellos argumentan que gastan en asesores y en dar apoyos en sus distritos. Lo primero es cuestionable y lo segundo definitivamente no se da, o se da de manera esporádica y ocasional.

En la realidad un diputado recibe el fin de año un ingreso acumulado que supera los 200 mil pesos netos.

Habrá que referir que no se están tomando los ingresos que se obtienen “por debajo de la mesa”, y las canonjías que se disfrazan bajo muy diversos conceptos.

Un salario que sólo reciben altos ejecutivos de grandes empresas a cambio de un trabajo intenso, de fuertes presiones y grandes responsabilidades.

No es errada la apreciación colectiva por la cual, de acuerdo a las mediciones de opinión que se realizan periódicamente, los diputados gozan de la más baja aprobación y aceptación entre todos los “servidores” públicos.

Si se toma el presupuesto anual del Congreso del Estado, que es, para 2021, de 374 millones 606 mil 776 pesos, y se le divide entre los 25 diputados que lo integran, cada uno le cuesta al erario público 14 millones 984 mil pesos, en contraste con su productividad, que es una de las más bajas que existen dentro del sector público.