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Las aberraciones y delitos en el gasto del dinero público

Análisis Político y Social / 7 marzo, 2023

Por: Rodrigo Tejeda

¿Quién decide realmente en qué se gasta el dinero público? La teoría es que el poder ejecutivo, en este caso el presidente, los gobernadores y los alcaldes, proponen un presupuesto de gasto, debidamente fundamentado con base en proyectos y programas que elabora el ejecutivo, apoyado por un grupo de colaboradores, cada uno de ellos expertos en su área. De ahí se pasa a los Congresos de los estados y, en el caso del poder federal, a la Cámara de Diputados y Senadores para su revisión y aprobación.

La realidad es completamente distinta y caprichosa, lo que puede llevar a un gran despilfarro del dinero público e inclusive a problemas en la economía del país, de los estados y de los municipios.

El problema con los políticos es que pueden disponer del dinero público de formas tan irresponsables y corruptas que se llega a lo aberrante. Esto es algo que se ha abordado en México hasta el hartazgo, pero el problema es que sigue ocurriendo. ¿Qué hacer entonces para moderar los caprichos y la irracionalidad del gasto público?

Carlos Urzúa, el primer Secretario de Hacienda del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el único que se atreve a criticar muchas de sus decisiones económicas en sus colaboraciones periodísticas, ha referido de varias maneras que el presidente decide prácticamente todo y nadie se atreve a confrontarlo, pero decide sin tener fundamentos del gasto que se va a realizar, e inclusive sin que se tengan los recursos presupuestales necesarios.

Pero todavía hay más: toma decisiones de gasto, que anuncia públicamente, y luego hay que irlas modificando para adaptarlas a la realidad, y los incrementos son siempre al alza, quitando dinero a otros renglones del gasto e inclusive secando el flujo de recursos a los estados y los municipios.

UN CAPRICHO ABERRANTE

El sexenio comenzó con uno de los despilfarros de dinero público más escandalosos de la historia reciente de México: la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco.

¿Por un capricho político o una venganza? Y a través de una supuesta consulta popular, se cancelaron las obras, que estaban ya en una etapa muy avanzada, lo que le costó al país 331 mil 996 millones de pesos, según cifras de la Auditoria Superior de la Federación, ASF, al cierre de 2021, pero, afirma la misma dependencia, el costo podría haberse incrementado aún más.

Este costo provino de la liquidación de bonos emitidos, contratos pendientes de liquidación, juicios y demandas en proceso.

El 26 de abril de 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, emitió el documento “Razones para la liquidación del Proyecto Nuevo Aeropuerto de Texcoco”, en el cual se afirmó que el costo de cancelación ascendería a 100 mil millones de pesos, lo que fue una enorme mentira.

El entonces secretario de Comunicaciones y Transporte, Javier Jiménez Espriú, manifestó que en las obras del nuevo aeropuerto no había habido corrupción, sino supuestos problemas de carácter técnico. El presidente lo corrigió públicamente y afirmó que sí había corrupción, pero nunca ha presentado las pruebas.

Jiménez Espriú, un hombre de edad ya muy avanzada (83 años entonces), no estuvo de acuerdo con varias decisiones personales del presidente y presentó su renuncia en julio de 2020. Actualmente ya se han dado dos cambios más de secretario de comunicaciones y transportes.

Al tiempo que se cancelaron las obras del nuevo aeropuerto de Texcoco, se lanzó el proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, con un presupuesto inicial de 75 mil millones de pesos, pero a 2022, cuando fue concluido bajo la administración y manejo de obra por parte del ejército, los costos habían ascendido hasta 116 mil millones de pesos, pero muchas partidas fueron manejadas de manera discrecional, al declarar la obra como de “interés nacional”, por lo cual los costos reales podrían ser más altos.

Un desastre financiero y una irresponsabilidad escandalosa en el manejo del dinero público, todo ello por motivos de carácter político.

TODO EMPEORÓ

El nuevo aeropuerto de Texcoco fue diseñado por Norman Foster, uno de los arquitectos más importantes del mundo y sería, de haberse concluido, el primer aeropuerto con certificación LEED Platinum en materia de sustentabilidad.

EL AIFA, desde su inauguración, no ha dejado de perder dinero. Su costo operativo diario es de 1 millón 767 mil pesos, ocho veces menos que los ingresos que genera.

México ha perdido la categoría 1 en materia de seguridad aérea y el AICM está teniendo un grave deterioro, debido a la restricción de recursos y a una deficiente administración, lo que está haciendo caótico su funcionamiento.

Todo se origina en malas decisiones sobre cómo gastar el dinero público.

¿Quién decide entonces cómo se gasta el dinero público? En un régimen presidencial, como el que estamos viviendo, el presidente en turno, cuando la decisión de este debería estar sustentada por el estudio de expertos (para eso están los secretarios de estado), al debate del poder legislativo y a la auditoria de los órganos de fiscalización.

El modelo de toma de decisiones es correcto, pero el ejecutivo, cuando controla todo, ya sea a nivel federal, estatal o municipal, corrompe el modelo y la toma de decisiones se vicia, además de que es el verdadero inicio del proceso de corrupción.

Los datos precisos, si es que alguna vez se registran fielmente, de las “obras de interés nacional”, quedan reservados hasta por cinco años o más, de tal forma que trascienden al sexenio en que se generan los gastos, lo que puede ser, además de un pozo de corrupción, una arbitrariedad del ejecutivo.

UN CASO MUNICIPAL: TORREÓN

Si a nivel federal los errores en la toma de decisiones sobre el gasto del dinero público cuestan cientos de miles de millones, a nivel municipal cuestan cientos de millones de pesos, si tomamos en cuenta que un municipio como Torreón maneja un presupuesto anual de egresos cercano a los 3 mil millones de pesos.

En 2021 en Torreón concluyó uno de los gobiernos municipales más corruptos de las dos últimas décadas, dirigido por el panista Jorge Zermeño Infante.

De entrada había un gran desorden en la línea de mando, de tal forma que la Dirección de Obras Públicas no tomaba la decisiones que le correspondían, las cuales pasaban por los escritorios de directores como el de Servicios Públicos o el de Urbanismo.

Dependencias como Servicios Administrativos tomaban decisiones que estaban totalmente fuera de su jurisdicción, pero lo más anómalo es que los hijos del alcalde metían mano de una forma ilícita en la asignación de contratos de obras, en la selección de proveedores y en la decisión misma de qué obras a realizar.

Cuando el gobierno, que se prolongó por cuatro años, concluyó, la pregunta obligada era ¿qué obra de importancia hizo? Y no había obra alguna de importancia, todo se había ido en obras mediocres de arreglo de plazas públicas, pintura por toneladas en camellones y avenidas, supuestos equipamientos urbanos que nadie vio y una crisis, como no se había visto antes, en el sistema de agua potable y de drenaje de la ciudad, por no hacer referencia al mal estado del pavimento de muchos sectores de la ciudad.

Hubo renglones de gasto completos, como los del llamado Centro Histórico, que fueron sencillamente desviados, por citar tan solo un ejemplo.

Pero todo el dinero disponible se gastó en cada uno de los cuatro años. Hoy hay 3 exfuncionarios del periodo bajo proceso judicial, todos ellos llevando el proceso en arraigo domiciliario.

El más importante de los tres, José Antonio “N”, relacionado con el área administrativa acusado de desvíos por 5 millones de pesos, los que se negaba a pagar, para llegar a un arreglo reparatorio, aun siendo una cantidad ridícula para los contratos que se asignaron y la corrupción que se ejerció en su área de responsabilidad. Lo mismo existen varios funcionarios clave que se encuentran amparados.

Jesús Flores Mier, Fiscal Anticorrupción de Coahuila, ha informado que hasta ahora son 8 exfuncionarios a quienes se les fincarán responsabilidades por desvío de recursos públicos, peculado y abuso de funciones, principalmente. Cuatro de estos exfuncionarios laboraban para la empresa paramunicipal SIMAS.

En la región lagunera hay 25 carpetas abiertas en total en contra de otros tantos funcionarios municipales, y el siguiente paso es continuar con el proceso judicial, que implica vincularlos a proceso y proceder a su detención.

Los días 15 y 16 de enero fueron detenidos los exalcaldes de Monclova, Gerardo “N” (panista) y Ramiro “N” de Parras de la Fuente (morenista), por la Fiscalía General del Estado, acusados de diversos delitos cometidos durante sus periodos de gobierno, que se desprenden de las investigaciones de la Auditoria Superior del Estado de Coahuila, pero en Torreón se desconoce si el exalcalde Jorge Zermeño Infante tiene abierta alguna investigación.

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Redacción




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