Comienza a aflorar corrupción del gobierno de Jorge Zermeño

Por: Marcela Valles

Con el inicio de las primeras aproximaciones del proceso de entrega-recepción del gobierno municipal de Torreón que preside Jorge Zermeño Infante, comienza a aflorar todo un entramado de corrupción en las direcciones y oficinas más estratégicas y, de manera más crítica, en el SIMAS, Sistema Municipal de Aguas y Saneamientos.

Juan José Gómez, gerente general del SIMAS, había declarado que dejarían una deuda a proveedores de corto plazo por hasta 135 millones de pesos y una deuda a la Comisión Federal de Electricidad por 45 millones de pesos, lo que daría un total de 180 millones de pesos.

Los encargados del proceso de entrega-recepción del nuevo gobierno municipal están preocupados por lo que pueden alcanzar los números reales de la deuda a proveedores, la cual resultaría mucho más alta de lo que se está anunciando, lo mismo que la deuda a CFE y a Conagua y el delicado asunto del pleito legal contra la empresa ECOAGUA, la cual fue concesionaria de un fraudulento contrato de la Planta Tratadora de Aguas Residuales.

El Consejo de Administración del SIMAS avaló que el alcalde, Jorge Zermeño, contratara en 2018 los servicios del controvertido abogado Alberto Romero Castañeda, quien, de acuerdo al proceso penal 53/2002 tiene inclusive antecedentes penales, al serle girada la orden de aprehensión 68/2002 por el delito de abuso de confianza en contra de la empresa Fertilización Integral de La Laguna. Pudo evitar ir a la cárcel al recurrir a un amparo de última hora.

A sabiendas de ello y pese a un escrito de la Dirección de Ejecución de Penas del Estado, de fecha 10 de marzo de 2018, donde se confirman los antecedentes penales, fue designado apoderado jurídico del SIMAS, para llevar el pleito contra la empresa ECOAGUA, que demandó, en 2015, por 180 millones de pesos.

Indebidamente se le retiró el caso al despacho Nassar y Asociados, que lo tenía ya ganado en dos instancias, pero después de cuatro años, al cerrar el gobierno de Jorge Zermeño, resulta que el caso está en una situación “incierta” y no se informa claramente del mismo. De llegarse a perder implicaría un quebranto enorme para el SIMAS y no habría recursos para cubrirlo.

Alberto Romero Castañeda recibió, sólo para gastos iniciales, medio millón de pesos, posteriormente se ha negado cualquier información sobre los pagos que se le han hecho a su despacho.

La concesión a ECOAGUA es, en rigor, un negocio de Jorge Zermeño Infante cuando ocupó por primera vez la presidencia municipal de 1996 a 1998. El contrato, del cual obra en poder de Revista de Coahuila una copia del original, fue firmado en el último mes de aquel gobierno, con urgencia y en un restaurante ya desaparecido del boulevard Independencia.

La responsabilidad directa es de Jorge Zermeño Infante y del Consejo de Administración del SIMAS, que ha estado avalando todo lo que se ha hecho en los últimos cuatro años.

LAS CUENTAS NO LE SALEN AL ALCALDE

SIMAS es uno de los casos extremos, pero se están detectando fuertes anomalías en direcciones municipales tan estratégicas como Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Tesorería, Mantenimiento Urbano y policía, entre otras.

Un solo ejemplo del desorden administrativo y de que las cuentas no “cuadran” en el actual gobierno es el caso de la nómina municipal, la cual está siendo entregada con 3,693 plazas, de la cuales 2,031 son de confianza; 1,273 de base y 390 de honorarios.

Al iniciar el gobierno de Jorge Zermeño la nómina implicaba un gasto de 800 millones de pesos y este se ha incrementado hasta 1,121 millones, un promedio de 100 millones de pesos por año, para dar un incremento de 300 millones de pesos.

El principal argumento de Zermeño Infante para justificar el aumento de la nómina es que se han contratado a 500 nuevos policías durante su administración, pero la nómina de policías no sólo no ha aumentado sino que ha tenido una disminución, de acuerdo al portal de trasparencia del propio ayuntamiento.

¿Y dónde están los 500 policías?

De acuerdo a la consulta de transparencia, en 2014 existían en nómina 717 policías municipales, que se mantuvieron durante la siguiente administración. A partir de ahí la cantidad ha ido variando, hasta alcanzar la cifra de 676 elementos al cierre de 2020, no obstante que se ha mantenido funcionando la Academia de Policía.

Para 2022 se tiene proyectado que la policía municipal tenga 680 elementos: 37 menos que en 2014 y en el gobierno anterior a los de Zermeño Infante. ¿Dónde están entonces los 500 nuevos elementos?

Como en la nómina, se hacen afirmaciones categóricas para tratar de desmentir los millonarios señalamientos que, puntualmente, ha realizado la Auditoría Superior del Estado sobre el manejo del presupuesto municipal, pero las cuentas reales no salen.

Direcciones como la de Mantenimiento Urbano, a cargo de Antonio Loera, uno de los principales protegidos en el actual gobierno, ha ejercido el presupuesto más alto que se tenga registrado para una dependencia de este tipo en cualquier administración municipal, pero la casi totalidad de las adquisiciones y de la asignación de contratos ha sido “discrecional”.

La Dirección de Obras Públicas, a cargo del arquitecto Tomás Galván, tiene muy fuertes señalamientos por parte del gremio de la construcción. Más de la mitad de las obras de este gobierno han sido asignadas de forma directa y tan solo un 14% han sido por concursos de licitación, mientras que el resto fueron adjudicadas por medio de invitación en concursos de tipo cerrado y a modo.

La mayoría de las obras no soportan una auditoria y mucho menos un peritaje. La voz de que existe una gran corrupción se ha convertido ya prácticamente en un lugar común, pero todo dependerá de qué tan a fondo quieran llegar los nuevos funcionarios municipales responsables del área.

En torno de direcciones como la de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, a cargo del arquitecto Aldo Villarreal, existen innumerables quejas sobre prácticas de extorsión, a través del área de Inspección y Verificación.

El otorgamiento de permisos para construcción se ha vuelto un dolor de cabeza para muchos ciudadanos, debido a estas prácticas de corrupción, mientras que muchos desarrolladores de vivienda tienen tratos directos con la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, para obtener “facilidades”.

En contraste, hay 70 fraccionamientos que no han sido entregados al ayuntamiento, 15 de ellos con una antigüedad de hasta 20 años, y Aldo Villarreal no hizo nada al respecto.