Desorden en el ayuntamiento de Torreón

Por: Álvaro González

La Auditoria Superior del Estado (ASE) le realizó al gobierno municipal de Torreón observaciones por 180 millones de pesos en el ejercicio de 2018 y ahora, en el ejercicio de 2019 le ha vuelto a realizar observaciones, pero estas ascendieron hasta 300 millones de pesos, lo que evidencia, en el mejor de los casos, que hay un fuerte desorden administrativo en el gobierno municipal y la salida del anterior tesorero, Hernán Sirgo, no fue una renuncia como la que se manejó, sino la inconformidad con lo que estaba sucediendo en varias áreas del gobierno; algo de lo que no quería ser responsable.

Ordinariamente las observaciones de la Auditoria Superior del Estado se dan principalmente cuando los gastos o erogaciones del gobierno municipal no están debidamente sustentados, al haber faltantes de documentos comprobatorios, contradicciones, documentación no válida o gastos no justificados.

En las observaciones que se le realizaron en 2018, el gobierno municipal que presidía Jorge Zermeño, pidió un plazo de hasta seis meses para poder solventarlas, y ahora la situación puede ser similar, pues no pudieron en tiempo atender los requerimientos de la ASE.

La síndica de vigilancia, Dulce María Pereda, afirma que es evidente el manejo irregular en el manejo de las finanzas públicas del gobierno municipal, señalando que hay anomalías que van desde el incremento injustificado de la nómina hasta en 11 millones de pesos al mes de febrero del presente año de 2021, pero hay otras áreas donde las anomalías son más frecuentes, como la asignación de contratos y las deficiencias en la calidad de las obras realizadas.

Si en 2018 se habían hecho observaciones por 180 millones, en lo que era el primer periodo de gobierno de Jorge Zermeño Infante, en 2019 debió tenerse un mayor cuidado en la eficiencia de las áreas municipales donde se presentaron esos señalamientos, pero contrario a ello casi se duplicaron las observaciones.

300 millones de pesos es un monto demasiado alto para un gobierno municipal como el de Torreón, pues ordinariamente hay señalamientos, pero estos son mucho menores y son solventados en tiempo, lo que no está sucediendo.

Este evidente desorden administrativo refleja lo que está sucediendo al interior del gobierno municipal, lo que se acentuó una vez que se dio la reelección e inició el segundo gobierno en 2019.

EL DESORDEN INTERNO

Desde el inicio del actual gobierno se comenzó a presentar este desorden. Antonio Loera, quien fue originalmente designado como Director General de Servicios Administrativos, era el responsable directo de la nómina municipal, lo que ya es de suyo un área muy delicada, ya que en ella se gasta lamentablemente la mayor parte del presupuesto municipal, comenzó a tener injerencia en una otras áreas municipales y además tenía facultades para realizar adquisiciones directas.

Por razones que se desconocen, Antonio Loera tenía todo el apoyo de Jorge Zermeño, pero esto no impidió que se comenzaran a dar una serie de fricciones internas, pues se realizaban compras e inclusive se asignaban contratos sin tomar en cuenta a los directores responsables, lo que posteriormente provocara que las empresas prestadoras de servicios tuvieran problemas al momento de realizar su cobranza.

Ante las críticas, Antonio Loera fue cambiado de puesto, pasándolo a Director de Mantenimiento Urbano, ubicándose en el edificio del que fuera el Banco de México, en donde bajó el perfil y se distanció de los medios de comunicación, pero siguió manejando gran parte del gasto público del gobierno municipal, con mucha frecuencia utilizando la discrecionalidad y la asignación de contratos a modo, sin cuidar los procedimientos administrativos y las disposiciones legales.

Hay que tomar en cuenta que Antonio Loera tiene un nivel máximo de estudios de primaria, por lo que no está calificado para manejar cargos de nivel ejecutivo. Trabajaba de “maistro” cimbrero cuando el arquitecto De Lara Tamayo, para quien realizaba trabajos, lo invitó al PAN.

Pero es a través de Antonio Loera que se realizan una serie de manejos de tráfico de influencias con varias empresas prestadoras de servicios para el gobierno municipal, así que se conjuntan estos manejos con una administración desaseada de los mismos, lo que provoca que luego tarden meses en obtener documentación para justificar una gran parte de las erogaciones que se hacen.

Es importante también considerar que hasta mediados de 2019 no había Comité de Adquisiciones en la administración municipal, lo que facilitaba que muchos directores de área tomaran decisiones sin ser supervisadas, algo que explica lo que está sucediendo.

Tomás Galván, quien tiene una mayor experiencia en el ramo de la construcción y se entiende que además es el Director General de Obras Públicas, se venía encargando de arreglar el desaseo que realizaba Antonio Loera, por lo menos durante todo 2018 y 2019, lo cual pueden constatar una gran cantidad de empresas del ramo de la construcción y otros prestadores de servicios.

Jerárquicamente Tomás Galván sigue siendo el jefe de Antonio Loera, pero eso es sólo en el papel donde se dibuja el organigrama.

Hay otras áreas, como la de seguridad pública, donde su titular Primo García Cervantes acordaba directamente con Jorge Zermeño, por lo que toma las decisiones como si fuera una ínsula dentro del gobierno municipal y esto origina problemas de comprobación del gasto que se le asigna a la Dirección, entre ellos el de nómina, donde existen importantes inconsistencias, por lo menos en los años que han sido auditados por la Auditoria Superior del Estado.

En términos generales, el gobierno municipal de Torreón tiene problemas de desorden administrativo, opacidad en la entrega de información y presunción de un fuerte tráfico de influencias en áreas como obras públicas, mantenimiento urbano y la nómina, que hoy está por encima de los mil millones de pesos anuales y continuó con todas las prácticas de nepotismo y de manejo de recomendados que tanto criticaba.

Tan solo en el mes de enero de 2021, la tesorera municipal, Mayela Ramírez Sordo, reportó a los medios de comunicación que habían alcanzado una recaudación de 300 millones de pesos, lo que supera lo recaudado el año pasado en el mismo periodo, pero casi toda la recaudación propia se destina a gasto corriente, especialmente a la enorme nómina de burócratas y funcionarios.