Por: Redacción/Agencias

El enorme presupuesto del programa, su tamaño y lo poco estricto de los controles que se manejan, se han convertido en una tentación para que los funcionarios caigan en actos de corrupción, lo que está aflorando en la parte final del sexenio.

Las pensiones para adultos mayores, el programa estrella del gobierno de AMLO, por el cual se repartirá este año un gigantesco presupuesto de 465 mil millones de pesos, para beneficiar a más de 10 millones de adultos mayores de 65 años, está siendo cuestionado por evidencias de corrupción por parte de los funcionarios que lo manejan en los estados, donde habría desvíos millonarios.

El enorme presupuesto del programa, su tamaño y lo poco estricto de los controles que se manejan, se han convertido en una tentación para que los funcionarios caigan en actos de corrupción, lo que está aflorando en la parte final del sexenio.

El 19 de febrero pasado, un poco antes de su repentino fallecimiento, el exsecretario de Hacienda y Crédito Público en la primera parte del gobierno de AMLO, en su colaboración de la revista Nexos titulada ‘El cartucho encendido’, denunció que en el programa de pensión para los adultos mayores había 600 mil beneficiarios “fantasma”, en lo que era una grave corrupción que ascendía a 17,280 millones de pesos.

Por su condición de exsecretario de hacienda en este gobierno, Carlos Urzúa poseía contactos e información privilegiada sobre el manejo de los recursos federales, además de que hacer tal afirmación sin fundamento sería algo muy delicado, pero no fue desmentido por ningún funcionario público. La postura oficial fue echar tierra sobre la denuncia.

En la primera semana de marzo de este año el periodista Héctor de Maulón, denunció en su colaboración del diario El Universal, en esta ocasión con audios y videos, declaraciones de la exsubdelegada del bienestar en Sinaloa, María del Rocío Jocelyn Hernández Jiménez, una de las fundadoras de Morena en aquel estado, además de operadora de la Secretaria General del partido, Citlalli Hernández, donde se expone, explícitamente, el desvío de dinero público de los programas sociales a las campañas políticas de Morena.

Audios y videos explícitos

En estos audios y videos Roció Hernández acusa al actual Secretario de Agricultura del gobierno de Rocha Moya, José Jaime Montes Salas, nombrado por AMLO como superdelegado de programas sociales en Sinaloa, de haberle exigido la entrega de tarjetas del bienestar que se darían por pérdidas o por robadas.

Los audios y vídeos evidencian el método del Gobierno federal para desviar dinero de programas del Gobierno de AMLO a las campañas de Morena, y ella dice que se negó, preocupada por los beneficiarios que ya no lo serían.

Visiblemente molesto, José Jaime Montes Salas la amenazó: “‘Si sigues con esa actitud, te vamos a correr’. Me dijo: ‘ya todos lo hicieron, todos los demás subdelegados del estado ya lo hicieron, tú eres la única que no las quiere dar’” y agregó una frase clave: “diles que les van a llegar después, y de hecho les van a llegar después”.

Ahora, el pasado domingo 10 de marzo de 2024, el periodista Claudio Ochoa, hace más revelaciones sobre el fraude con tarjetas del Bienestar, mediante el cual desvían millonarios recursos, con una historia del después, ya que se puso en contacto con la familia de Anastacia Piedad Villegas Hernández, una de las personas en la lista de beneficiarios a quien le robaron dinero, según su testimonio.

El columnista de El Universal sostiene que obtuvo la autorización para hacer público el relato y la información de la señora de 72 años, con residencia en Ecatepec, Estado de México; cuyo número de beneficiario es terminación 645.

Relata que, a mediados del año pasado, Anastacia dejó de recibir la pensión de adulto mayor en su tarjeta bancaria, supuestamente como parte del proceso de reestructuración.

En una llamada telefónica le dijeron a Anastacia que debía recoger su tarjeta del Bienestar, pero no en las oficinas de su municipio sino en las de Atlauta de Victoria, ubicadas a dos horas en un recorrido en automóvil.

Al llegar junto con su hija, la señora recibió la noticia de que el viaje fue en vano porque los funcionarios le dijeron que su tarjeta no estaba ahí, sino en el centro de distribución de Amecameca, ubicado a 25 minutos.

Por eso hizo el nuevo engorroso recorrido para una persona de la tercera edad, pero estaba cerrado a pesar de ser un día laboral.

Una semana después, la señora Anastacia regresó a Amecameca. Le entregaron su tarjeta, le tomaron una fotografía sosteniéndola y le pidieron que esperara un mes para que quedara activada, con la promesa de que también encontraría 18 mil pesos retroactivos, correspondientes a los 3 bimestres que habían transcurrido.

Pasaron 30 días y la señora Anastacia fue al banco a revisar la activación de su tarjeta. Nada. Ni un solo peso.

Una vez más pasó la peripecia de ir con las autoridades que le arguyeron que la tarjeta había sido cancelada por falta de uso.

Pero al mismo tiempo la funcionaria Mayra Karen Nava Flores les confesó que no era la única afectada, sino miles que iban de un lado a otro, sin respuesta.

También se hizo la sugerencia de que llamara a la línea del Bienestar y que seguramente “le iba a llegar una nueva después”.

Con este testimonio, el periodista Claudio Ochoa confirma el fraude con tarjetas del Bienestar, mediante el cual desvían millonarios recursos y que previamente Héctor de Mauleón documentó con audios y vídeos

Además maletas llenas de dinero

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, Héctor de Mauleón dio a conocer que en los audios y videos recibidos se refiere no solo el fraude con las tarjetas del Bienestar, sino que además se da testimonio de la entrega de maletas llenas dinero provenientes del narcotráfico, las cuales se destinaban a la campaña electoral del ahora gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien obtuvo el porcentaje de votación más alto entre todos los candidatos a gobernador en el país, en la antepasada elección.

Aunque los hechos ameritan abrir una carpeta de investigación, por lo grave de las acusaciones, Héctor de Mauleón comentó a Azucena Uresti que en estos casos el gobierno de AMLO hace caso omiso, por lo que se prevé que no habrá ninguna investigación, menos al inicio del proceso electoral por la presidencia de la república, donde estas prácticas pueden ser usadas de manera extensiva a nivel nacional.