Elección de Estado, la del 6 de junio

Por: Eduardo Rodríguez

La contienda electoral del 6 de junio, considerada como la más grande en la historia de México por la cantidad de cargos público que serán electos, no será una competencia entre los diferentes partidos políticos, sino entre el Estado y la coalición de MORENA contra todos los demás partidos, repitiendo el modelo utilizado en las peores épocas del viejo régimen priista, pero ahora en su versión recargada.

Todo el aparato del gobierno federal ha sido puesto en movimiento para tratar de arrasar a nivel nacional, estado por estado, al mismo tiempo que el presidente de la república desde marzo está en campaña electoral, también estado por estado, donde ha amenazado directamente a los gobernadores de partidos opositores para que no influyan en las elecciones y, para “persuadirlos”, abrió un proceso de desafuero en contra del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, después de meses de investigaciones a todos los gobernadores de partidos distintos a MORENA.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca resulta indefendible, lo que resultó de una muy gran utilidad para mandar un mensaje a todos los demás gobernantes estatales, principalmente a los de la llamada Alianza Federalista.

El problema para la oposición no es vencer a MORENA, un partido que no ha logrado tan siquiera configurar una estructura básica y no cuenta con un padrón de militantes, que es una versión muy parecida a una Torre de Babel, donde las pugnas internas, la lucha de facciones y el desorden son el acontecer de todos los días.

El problema es vencer a un aparato clientelar montado por el gobierno federal desde 2018, para manejar la campaña electoral que le permitió a AMLO llegar al poder y arrasar, logrando mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

Como ejemplo se puede citar el caso de los llamados “Servidores de la Nación”, una estructura nacional de activistas políticos y promotores del voto en la elección del 2018, los cuales le rindieron a AMLO excelentes resultados.

Al llegar al poder esta estructura completa fue incorporada a la Secretaría del Bienestar, para manejar los programas asistenciales y el clientelismo político, lo que han estado haciendo de forma permanente.

Al 31 de diciembre de 2020 se tenían registrados en nómina, de acuerdo a las cifras de transparencia, 19,058 “Servidores de la Nación”. Tomando en cuenta que el sueldo más bajo es el llamado “puesto de enlace” y éste es de 8,432 pesos mensuales netos, el costo anual, sólo por el sueldo base, sin considerar prestaciones e impuestos, es de 1,928 millones de pesos, pero hay que considerar que un director regional de los “Servidores de la Nación” gana 50,159.04 pesos mensuales y que tales “Servidores” operan por brigadas a nivel nacional y requieren de múltiples gastos, como alimentación, transporte y hospedaje entre otros.

LAS VACUNAS Y TODO LO DEMÁS

El primer encargo que se le dio a esta estructura de activistas fue la elaboración de una encuesta para crear el llamado Censo del Bienestar, que ha sido la base de datos para determinar a los beneficiarios de los diferentes programas sociales asistenciales, con un criterio político, que le garantice a López Obrador una clientela básica e incondicional para sacar adelante cualquier elección.

De estar destinados a pagar en efectivos a los adultos mayores que no reciben su pago vía electrónica y a otros beneficiarios de los programas del bienestar, los “Servidores de la Nación” pasaron a controlar el llamado “Programa Nacional de Vacunación” contra el COVID-19, a través de las brigadas “correcaminos”, de las cuales se tiene contemplado poner en operación diez mil, pero como dicho programa está teniendo serios problemas de organización y de disposición de vacunas suficientes, los beneficios políticos no han sido los esperados.

En cada punto de vacunación para adultos mayores de 60 años, son los “Servidores de la Nación” los encargados del control, respaldados por militares, por encima inclusive de las autoridades de la propia Secretaria de Salud federal y de los estados. Para ello, cuando aún falta personal médico y de primera línea en los hospitales, los “Servidores de la Nación” fueron todos debidamente vacunados, aunque se trata de personas muy jóvenes.

El requisito indispensable para vacunarse es presentar la credencial del INE, de la cual se toman los datos básicos en las mesas de registro de personas vacunadas y se les solicita un teléfono, el cual no es para la aplicación de la segunda dosis, pues no le piensan llamar para ello a las personas.

Finalmente es un banco de datos de personas con credencial para votar que ya fueron vacunadas y, en la visión gubernamental, ya recibieron un “beneficio”, que han proporcionado sus datos básicos de localización, como un teléfono al cual llamarles.

El trabajo real de los “Servidores de la Nación” es el trabajo territorial de promoción del voto, para ello fueron reclutados y pagados desde la campaña electoral de 2018.

Nadie sabe quién y con qué criterios se decide en que municipios y comunidades se aplica la vacuna, pero hasta ahora hay una constante: con las pocas vacunas disponibles se está vacunando en comunidades, pueblos y municipios de alta pobreza y marginación, donde se ubica la clientela potencial más grande de MORENA o más bien de López Obrador.

Para reforzar a la desordenada campaña de vacunación, se les adelantaron a los adultos mayores cuatro meses del pago mensual que se les realiza, por lo cual cada uno de ellos recibió algo más de cinco mil pesos y no volverán a recibir hasta el mes de agosto, en lugar de hacer el pago ordinario de abril y mayo y posponer el siguiente pago para el mes de julio, una vez que hayan transcurrido las elecciones del 6 de junio.

Programas como Sembrando Vida, el cual se aplica en ocho estados de la república (Campeche, Chiapas, Durango, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán), por medio del cual se le entrega a 230 mil beneficiarios 5 mil pesos mensuales por sembrar 2 hectáreas y media de árboles y plantas, sigue operando con la misma cantidad de beneficiarios del 2020, no obstante que desde el 2019 se comenzaron a detectar fuertes contratiempos y anomalías.

El programa le cuesta al erario público, sólo por el pago a los 230 mil beneficiarios, 13 mil 800 millones de pesos, pero hay toda una serie de gastos en personal técnico, de supervisión, insumos, viveros y personal de apoyo, que implican el gasto de varios miles de millones de pesos más, por lo que el presupuesto de este programa para 2020 fue de 25 mil 130 millones 908 mil 846 pesos, convirtiéndolo en uno de los programas estelares.

En una evaluación de la propia Secretaría del Bienestar, el programa enfrentaba los siguientes problemas: entrega de semillas después de la temporada de lluvias, falta de agua, siembras en sequias, plantas muertas, falta de insumos y herramientas; pero lo más delicado: la tala de árboles y de selva para justificar la obtención del beneficio.

La Sociedad de Ejidos Forestales de Quintana Roo ha denunciado que Sembrando Vida, a la que han denominado como “sembrando muerte”, propició la tala de alrededor de 10 mil hectáreas de selva, pues muchos campesinos estaban talando sus propias parcelas para poder obtener el beneficio. Lo mismo se está presentando en otros estados.

El propio ejército habría talado selva para la construcción de viveros, pues López Obrador ordenó, sin ningún conocimiento en asuntos forestales, la siembra de un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales, lo que implica la producción 1,000 millones de plantas y árboles.

En 2019 la Secretaría del Bienestar tenía la meta de producir 575 mil millones de plantas y árboles, pero apenas produjo 80 mil, argumentando la falta de cumplimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, que ahora hace de todo, y las condiciones climáticas.

Funcionando o no, sembrando vida o devastando la selva y sembrando muerte, el programa tiene en nómina a 230 mil campesinos, cada uno de los cuales es un elector que será llamado a las urnas por los “Servidores de la Nación”, junto con su familia, lo que puede multiplicar hasta por cinco el potencial de votantes.

Contra ese enorme aparato clientelar que nos cuesta 282 mil 941 millones de pesos cada año tendrán que luchar los partidos de la oposición.