‘Mordiendo’ al ciudadano; 62.5 millones en multas

‘Mordiendo’ al ciudadano; 62.5 millones en multas

Por: Marcela Valles

El gobierno municipal de Jorge Zermeño se ha propuesto, en el presupuesto de egresos para 2020, recabar, sólo por concepto de multas, 62.5 millones de pesos; un promedio de 5 millones de pesos mensuales, lo que confirma el propósito recaudador de la Dirección de Tránsito y Vialidad y de dependencias de la tesorería municipal, como la propia Ventanilla Universal, encargada de sancionar sobre las licencias de funcionamiento, que este año han causado toda una controversia por sus absurdos incrementos.

En 2018 se tenía la consigna de recabar por multas al menos 50 millones de pesos y lo lograron, principalmente utilizando a los agentes de vialidad, que han adoptado una política de sanciones hacia el ciudadano, bajo la consigna de multar al mayor número posible de automovilistas.

Y esto se trata de una exigencia impuesta por el director del área, Pedro Luis Bernal, quien a cambio de ello se ha convertido en uno de los funcionarios intocables de este gobierno.

Por citar sólo dos meses de 2019: en septiembre se recabaron por multas 4 millones 814 mil pesos y en el mes de noviembre 5 millones 353 mil 348 pesos, de acuerdo a la información oficial de la propia tesorería.

Además de las multas de tránsito, ahora se pretende ampliar la aplicación de multas a otras áreas, aprovechando conceptos como la llamada licencia de funcionamiento, un documento que deben tener a la vista todos los establecimientos comerciales y empresas que operan en el municipio.

La tesorera municipal, Mayela Ramírez Sordo y funcionarios como Aldo Villarreal, de urbanismo, y Francisco Jaime, de Desarrollo Económico, realizaron una modificación sumamente agresiva al cobro de la licencia de funcionamiento, modificando las tarifas e incrementándolas hasta en un trecientos a quinientos por ciento.

Se utilizó la clasificación que ya se tenía de micro, pequeña, mediana y grande para los establecimientos comerciales y empresas, pero ahora se les ha agregado los conceptos de bajo, mediano y alto riesgo.

Un micro negocio o establecimiento con un solo empleado tendría que pagar 1,150 pesos, pero si alcanzaba la clasificación de alto riesgo tendría que pagar anualmente 2 mil 534 pesos. En el caso de una empresa grande el pago iría desde 2 mil 957 pesos hasta 5 mil 69 pesos.

Además de la nueva tabla de cobros, se complicó el trámite burocrático, agregándole conceptos que pueden implicar otros pagos al ayuntamiento, como comprobantes de permiso del uso de suelo o el permiso de protección civil, además de exigir requisitos que no están dentro de la jurisdicción municipal, como el alta ante la Secretaría de Hacienda.

Todas estas modificaciones no pasaron por la autorización del cabildo; fueron enviadas de forma directa al Congreso del Estado, quien las autorizó sin siquiera discutirlas o analizarlas.

Al conocerse las nuevas tarifas hubo una inconformidad colectiva y la CANACOTO, siendo inclusive una gran beneficiaria de los gobiernos, llamó a no pagar la renovación de las licencias hasta que hubiera una modificación de las mismas.

Ante el enojo generalizado, el diputado Juan Antonio García Villa, encargado en el Congreso del Estado de la Comisión de Auditoria Gubernamental y Cuenta Pública declaró a los medios que se había tratado de un error humano, “un error de dedo” de quien transcribió el documento, lo cual es una enorme mentira para tratar de salir al paso de la ineficiencia del propio Congreso y la voracidad del gobierno municipal de Torreón, que está tratando de recabar dinero por todos los medios a su alcance.

¿Por qué existe y bajo qué criterios se cobra una licencia de funcionamiento anual a todos los establecimientos comerciales y empresas que operan en el municipio? Hasta ahora ningún funcionario ha querido dar una explicación al respecto, pero es un cobro más por el cual todo negocio paga sin recibir nada a cambio.

Los comerciantes tienen que pagar adicionalmente la afiliación obligatoria a la CANACOTO, que ha convertido el trámite en un negocio, pues la cuota mínima anual ronda los mil pesos para un negocio de un solo empleado. Adicionalmente hay que pagar el SIEN, cuyo monto supuestamente se destina a la Secretaría de Economía federal para la creación de un directorio digital de establecimientos, lo que es una justificación ambigua a este cobro.

El gobierno municipal no sólo no da nada a cambio del pago de la licencia de funcionamiento, sino que ha organizado brigadas de inspección para checar que se tenga vigente. En caso de no tenerla, según decidan los inspectores se tienen que pagar multas que van de los 5 mil a los 7 mil pesos, lo que puede resultar en un abuso enorme.

Al cierre de la presente edición, la tesorería municipal tenía parados los cobros de las licencias de funcionamiento, los cuales se iban a ajustar, pero hasta ahora no se ha discutido por qué se complicó el trámite burocrático para obtener tal licencia.

Es vergonzoso el papel que están desempeñando Aldo Villarreal, quien utilizó el Colegio de Arquitectos y la supuesta crítica al anterior gobierno, para colocarse como funcionario en un área estratégica para hacer “favores” y obtener beneficios, mientras que Francisco Jaime, un intelectual mediocre que se ha vendido como un experto en economía y en otros temas, tiene señalamientos probados de deshonestidad, pero además confirma que en materia de desarrollo económico este gobierno municipal ha sido un fracaso.

En 2019 Francisco Jaime realizó una gira de trabajo a Canadá, que le costó al erario nada menos que 400 mil pesos y no logró atraer una sola empresa. La propaganda del primer informe, donde el gobierno de Jorge Zermeño afirma tener el mérito de traer nuevas empresas al municipio, es una mentira del tamaño de los espectaculares contratados. Las empresas han llegado por las giras de promoción del gobierno estatal, lo que está documentado, mientras que otras inversiones menores han llegado de forma espontánea, por su propia iniciativa.

Los hechos muestran al presente gobierno municipal como un gobierno recaudatorio, que se ha propuesto como ingreso mínimo en multas, que aparecen en el presupuesto como “aprovechamientos”, 62.5 millones de pesos, pero la consigna que se ha dado es superar el 2019, que alcanzó ese nivel de recaudación, todo ello yendo contra el bolsillo de los ciudadanos, y de comerciantes y empresarios.

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