Cancelación del INSABI: fracasa política de salud

Por: Eugenia Rodríguez

Tendríamos un sistema de salud semejante al de Dinamarca o Noruega, ese fue el compromiso al iniciar el sexenio de AMLO, quien, en sus rencores acervos hacia el gobierno de Felipe Calderón, canceló el Seguro Popular para sustituirlo por el Instituto Nacional de Salud del Bienestar, que sería muchísimo mejor y no dejaría a un solo mexicano sin servicios de salud. En el quinto año de gobierno el INSABI ha desaparecido por ser “un completo fracaso”, con lo cual el tener un mejor sistema de salud se va a la coladera de las promesas incumplidas.

La eliminación del INSABI fue abrupta, sin mediar siquiera una explicación y un recuento de todo lo sucedido, tampoco de los cientos de miles de millones de pesos que se destinaron a él. Ahora, de manera completamente improvisada y sin que haya siquiera una reglamentación precisa, se supone que los ciudadanos sin acceso a los servicios públicos de salud los recibirán a través del IMSS-Bienestar, pero esto es más que dudoso, y Coahuila es un claro ejemplo del fracaso de este gobierno en materia de salud.

El fracaso del INSABI no es un asunto menor, sino uno de los mayores fracasos que entregará este gobierno el próximo año de 2024.

Al eliminar el Seguro Popular se ofreció una mayor cubertura médica a la población; un mejor abasto de medicamentos y una atención al menos a 66 enfermedades de alto costo o consideradas como catastróficas.

La opción razonable era haber mejorado el Seguro Popular, un esquema que estaba funcionando, no su destrucción para sustituirlo por un sistema que nació con vicios de origen: sin una normatividad adecuada, con la destrucción de los mecanismos de adquisición y abasto oportuno de medicamentos y sin el manejo presupuestal adecuado.

Con una enorme irresponsabilidad, se comenzó por desmantelar el sistema de abasto de medicamentos para el sector público de salud, bajo el argumento de que había corrupción, algo que nunca se demostró, pero sin haber estudiado antes el problema y sin echar mano de expertos en la materia. Hoy, después de casi cinco años, el sistema de abasto de medicamentos que existía en 2018 no ha podido ser restablecido.

En acceso a servicios médicos y medicamentos, la población más pobre y vulnerable del país estará más desprotegida y desatendida que en 2018, cuando el de salud es el servicio público básico, esencial, por encima de todos los demás.

Pero el deterioro no sólo se da en el fracaso del INSABI y el haber destruido el Seguro Popular, sino en el sistema general de salud pública del país, que no ha logrado mejorar los estándares de calidad que tenía hace cinco años, pese a que los ingresos del IMSS y del ISSSTE se han incrementado notoriamente debido a los incrementos del salario mínimo, con lo cual el cobro de las aportaciones tanto al trabajador como al patrón se aumentaron notoriamente. 

En 2018 un trabajador inscrito al IMSS con dos salarios mínimos, sin considerar el INFONAVIT, en caso de que tuviera crédito de vivienda, se ubicaba en un poco más de 1,800 pesos en los meses nones. Hoy el cobro es de 2,488.66 pesos, en lo que es el incremento proporcional más alto registrado hasta ahora en un lapso de tiempo similar.

Este incremento, que aumenta notoriamente los ingresos del IMSS, no se ha reflejado en una expansión de su infraestructura, de sus servicios ni de la calidad de los mismos. La expansión ha sido muy pobre, lo que se puede confirmar en Coahuila y Durango, y la calidad del servicio tampoco refleja ese fuerte incremento en los cobros a los derechohabientes, pues no se trata de un servicio gratuito que proporcione el Estado, contra lo que frecuentemente se maneja, sino de un servicio que se paga mes a mes por parte del trabajador y del patrón.

El sexenio está ya enfilado hacia su cierre, y comenzará el balance entre las promesas de la llamada 4T y el cumplimiento de las mismas. Por lo pronto las enormes expectativas que se despertaron en materia de salud pública son una decepción, sin incluir en el balance el deficiente manejo de la pandemia del COVID-19, que costó cientos de miles de muertes que pudieron ser evitadas si hubiera habido una mayor eficiencia gubernamental.