Por: Stephanie Brewer | wola.org

Ante el reciente caso de Genaro García Luna, se vuelve más polémico el caso del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, quien tenía en los EEUU acusaciones muy parecidas al del ya declarado culpable exsecretario de Seguridad Nacional, pero el general fue reclamado por México, de forma enérgica, y, debiendo haber sido investigado y procesado, fue exonerado casi de inmediato por la FGR, lo que muestra la selectividad y el uso político del aparato de justicia, independientemente de la culpabilidad o la inocencia de altos funcionarios acusados de nexos con las organizaciones del crimen organizado. Se vuelve vigente recordar este análisis publicado en enero de 2021, autoría de Stephanie Brewer, Directora para México y Derechos de Migrantes, de WOLA (Washington Office in Latin America), una organización líder en la investigación y defensa del avance de los derechos humanos en Latinoamérica.

En México, la Fiscalía General de la República (FGR) anuncia el no ejercicio de la acción penal en favor del exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos; desde Estados Unidos, el Departamento de Justicia reitera que la investigación realizada por autoridades estadounidenses evidencia vínculos entre Cienfuegos y un grupo de la delincuencia organizada. Todo indica que la relación bilateral en materia de seguridad se encuentra seriamente debilitada.

Por otro lado, con la difusión pública por la FGR de su expediente relativo al caso (en gran parte testado), un día después de la publicación por el gobierno mexicano de 751 páginas de información enviada por Estados Unidos, se refuerzan y se profundizan las dudas sobre la voluntad y capacidad de la FGR de investigar a cualquier alto mando militar de manera exhaustiva e independiente.

Entender la actuación del Estado mexicano en el caso Cienfuegos implica ubicar estos sucesos en el contexto más amplio de la impunidad y creciente poder de las Fuerzas Armadas en el país. Enseguida ofrecemos un resumen de la detención y exoneración del general, datos de contexto sobre algunas de las instituciones involucradas y reflexiones preliminares a partir del caso.

EL CASO SALVADOR CIENFUEGOS

El general Salvador Cienfuegos fue el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018). Durante ese periodo, seguía vigente (igual que hoy) el despliegue del ejército en territorio nacional para realizar funciones policiales, a pesar de los conocidos riesgos de tal estrategia, la cual ha sido criticada por desincentivar los procesos de fortalecimiento y reforma policiales, así como por colocar a los elementos castrenses en un papel que ni es propio de fuerzas militares, ni incluye mecanismos adecuados de control y rendición de cuentas.

El mandato de Cienfuegos fue marcado por la comisión de recurrentes violaciones graves de derechos humanos por el Ejército (situación, desde luego, también vigente antes de su nombramiento). Cienfuegos era conocido por defender la actuación de los elementos militares ante denuncias de abusos graves, como ocurrió en el caso de las personas ejecutadas extrajudicialmente en Tlatlaya; hasta impidió que integrantes del GIEI (grupo de personas expertas nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) entrevistaran a soldados en el caso Ayotzinapa.

El 15 de octubre de 2020, autoridades estadounidenses detuvieron al general Cienfuegos acusándolo de haber cometido diversos delitos en colusión con un grupo de la delincuencia organizada, con base en una investigación de la DEA (agencia antidrogas norteamericana). El presidente Andrés Manuel López Obrador, en un presunto contexto de presiones por parte del ejército, trabajó arduamente por evitar que Cienfuegos fuera enjuiciado en EE. UU. En un proceso sin precedentes, México buscó el regreso de Cienfuegos amenazando a EE. UU. con expulsar a los agentes de la DEA del país si el gobierno norteamericano no accedía a la petición. El gobierno de López Obrador sostenía que las autoridades estadounidenses habían actuado indebidamente y que debían haber informado previamente a México sobre la investigación penal.

Fue en ese contexto que el Departamento de Justicia estadounidense solicitó la desestimación de los cargos penales contra Cienfuegos, “para que pueda ser investigado” en México. Así, Cienfuegos regresó a México en noviembre. A la luz del conocido contexto de falta de rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas (sobre todo tratándose de altos mandos), diversas personas expertas advirtieron que, con el regreso del general a territorio mexicano, quedaría descartada la posibilidad de una investigación imparcial y diligente.

A pesar de haber logrado la liberación de Cienfuegos por EE. UU., López Obrador también impulsó una reforma a la Ley de Seguridad Nacional para codificar y crear una serie de obligaciones y restricciones para las agencias extranjeras (como la DEA) con presencia en México. El Congreso aprobó la reforma en diciembre. Si bien los lineamientos correspondientes reducen los alcances de la información que deben compartir los gobiernos extranjeros, sí precisan que las autoridades extranjeras deberán compartir con México información sobre las presuntas conductas delictivas de integrantes o exintegrantes de las fuerzas de seguridad mexicanas. La reforma y los lineamientos también establecen un sistema de autorización previa y presencia del gobierno federal en reuniones sostenidas entre agentes extranjeros y autoridades locales.

El 14 de enero de 2021, la FGR anunció el no ejercicio de la acción penal en favor de Cienfuegos. En los días siguientes, el gobierno mexicano publicó cientos de páginas de evidencia que la DEA había enviado a México, y la FGR difundió una versión pública de su propio expediente del caso, con gran parte de la información testada. Aunque una parte del texto no se ve, el expediente aparentemente muestra que el canciller Marcelo Ebrard comunicó a la FGR el interés de López Obrador en que se investigaran no solamente las acusaciones transmitidas por la DEA, sino también la actuación de las autoridades norteamericanas en el caso.

A no ser que el texto testado incluya alguna información inesperada, el expediente de la FGR no parece reflejar la realización de una investigación exhaustiva. Los argumentos de la FGR para determinar el no ejercicio de la acción penal hacen eco en gran parte de la argumentación de Cienfuegos; la FGR le mostró a Cienfuegos el expediente y recibió su declaración el 9 de enero, para anunciar cinco días después el cierre del caso.

López Obrador respaldó públicamente la decisión de la FGR y acusó a la DEA de haber fabricado las acusaciones.

Ante las acciones del Estado mexicano, el Departamento de Justicia estadounidense expresó su profunda decepción y advirtió que se reservaba el derecho a volver a impulsar el proceso contra Cienfuegos. Adicionalmente, señaló que México había incumplido el Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua entre los dos países, lo cual “pone en duda si Estados Unidos puede continuar compartiendo información para apoyar las investigaciones penales realizadas por el Estado mexicano”. Lo anterior es preocupante, tomando en cuenta que la información en poder de Estados Unidos puede ser importante para ayudar a esclarecer casos de graves violaciones de derechos humanos en México (por ejemplo, el caso Ayotzinapa).

EL CRECIENTE PODER DE LAS FUERZAS ARMADAS

En su mandato, López Obrador creó una nueva fuerza, la Guardia Nacional, para sustituir a la Policía Federal. A pesar de ser, en teoría, una fuerza civil,  la Guardia Nacional ya es parte de las Fuerzas Armadas: su estructura es militar, sus elementos son militares, su comandante es un general.

Adicionalmente, López Obrador ha mantenido el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. En mayo de 2020, publicó un acuerdo por el que asignó un gran número de tareas policiales a las Fuerzas Armadas hasta 2024.

A la profundización de la militarización de la seguridad pública se suma la creciente participación de las Fuerzas Armadas en una amplia gama de actividades públicas: López Obrador les ha encomendado tareas que incluyen numerosos proyectos de infraestructura, la entrega de apoyos en el marco de programas sociales y diversos otros papeles que van más allá del ámbito militar.

LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Las reformas legislativas que dieron lugar a la transformación formal de la Procuraduría General de la República (PGR) a la Fiscalía General de la República (FGR) pretendían superar las deficiencias estructurales de la PGR y crear una nueva institución eficaz y autónoma. Sin embargo, tal transformación no se ha materializado en la práctica y la autonomía del Fiscal Alejandro Gertz Manero ha sido cuestionada desde el principio de su mandato por su cercanía a López Obrador.

La falta de avances transformadores en la FGR ha llevado a una coalición de organizaciones de la sociedad civil a exigir cambios profundos en las prácticas de la institución. La actuación de Gertz en el contexto actual incluso ha llevado a cientos de organizaciones, colectivos de víctimas e individuos a pronunciarse exigiendo la remoción del Fiscal General.

CONCLUSIONES

El cierre prematuro del caso Cienfuegos es altamente preocupante a la luz de la impunidad y creciente poder de las Fuerzas Armadas, así como ante la falta de consolidación de la FGR como una institución autónoma y capaz de brindar justicia. Independientemente de los posibles resultados a los que pudieron haber llegado las autoridades mexicanas después de realizar su propia investigación del caso, lo cierto es que una denuncia de esta magnitud obligaba a la FGR a demostrar en términos claros su voluntad y capacidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente antes de cerrar el caso.

La exoneración de Cienfuegos, las acusaciones de fabricación de cargos penales, los cuestionamientos sobre los alcances de las pruebas aportadas por la DEA, la difusión pública por el gobierno mexicano de la evidencia recabada por la DEA, y las nuevas reglas aplicables a agentes extranjeros en México son factores que sin duda debilitan la relación entre EE. UU. y México.

Este momento de desencuentro debería ser aprovechado por ambos países para evaluar críticamente la cooperación bilateral en materia de seguridad y reconocer que las estrategias de militarización y de detención de capos seguirán fracasando, pues no permiten reducir los niveles de impunidad que prevalecen en México. La impunidad es perpetuada por factores como la falta de capacidad y voluntad institucionales y la colusión de actores del Estado con grupos delincuenciales. Por lo tanto, la cooperación entre los dos países debería poner al centro la reducción de la violencia mediante la consolidación de las instituciones, el combate a la corrupción y la protección de los derechos humanos.