2021: un año que hará historia

Por: Álvaro González

2021 será un año en el que se conjuntarán varios factores inéditos en la historia del país: un proceso electoral que puede afianzar o debilitar a un grupo político que pretende cambiar el sistema político, la parte más grave de una pandemia que tendrá la posibilidad de ser detenida con la aplicación eficiente de la vacuna, y la crisis económica más importante que se haya sufrido desde la gran recesión del siglo pasado, además el cambio de un presidente estadunidense demócrata progresista que echa del poder a un sátrapa de ultraderecha.

En la elección del 2018, treinta millones de mexicanos votaron por Andrés Manuel López Obrador para ocupar la presidencia de la república y resolver los tres problemas más graves del país: la corrupción del aparato político que había gobernado al país por casi un siglo; el combate a la inseguridad, cada vez más crítica en todo el país, y la pobreza de un poco más de la mitad de los mexicanos, en un país que, debido a sus recursos y ubicación geográfica, debería ser rico.

La llegada de López Obrador le ha dado hasta ahora al país un presidente populista, autoritariamente paternalista, que trajo de retorno un modelo muy parecido al aplicado en el periodo presidencial de Luis Echeverría Álvarez, quien ocupó el poder de 1970 a 1976, con resultados desastrosos para el país en lo económico y en lo político.

Junto con López Obrador llegó al poder un grupo muy confuso de políticos, la mayoría de ellos izquierdistas de escritorio que representan el ala dura, complementada por otro grupo de funcionarios de muy bajo perfil profesional, sin capacidad de toma de decisiones y completamente sumisos a la voluntad presidencial.

Este grupo, acaudillado por López Obrador, no entiende que el mandato presidencial en nuestro sistema democrático es de un periodo de sólo seis años, al término de los cuales puede ser relevado por un presidente de otro partido político.

No, este grupo, que ha inventado el término de la Cuarta Transformación para denominar un proyecto político que sólo ellos saben en qué consiste verdaderamente, pretende ocupar el poder por las próximas décadas, no por un sexenio.

La intención es crear las condiciones para desmantelar las estructuras intermedias de la sociedad civil, debilitar o eliminar cualquier forma de oposición y subordinar permanentemente el poder legislativo y el judicial al presidente de la república, lo mismo que todos los organismos autónomos que hacen posible el que seamos una democracia, imperfecta y en desarrollo, pero una democracia.

Para respaldar la formación de este nuevo régimen, se le ha estado otorgando cada vez más funciones y beneficios al ejército y a la marina, militarizando al país, al mismo tiempo que se emplea la mayor parte del presupuesto público para crear una base de apoyo “popular”, otorgando subsidios económicos, cuyo principal propósito no es terminar con la pobreza a través de la generación de empleos y el estímulo al crecimiento económico real, sino la conformación de una clientela electoral que apoye al nuevo régimen político que se desea instaurar.

En 2021 se llevarán a cabo las elecciones más importantes del sexenio de López Obrador, en las cuales se renueva la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, muchos de los congresos locales y cientos de presidencias municipales.

De ganar nuevamente una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, la mayor parte de las gubernaturas y la mayoría de los demás puestos gubernamentales en juego, el grupo político de López Obrador podría estar dando el gran paso para hacerse del poder por un tiempo indefinido, lo que sería un parteaguas histórico para el sistema político del país tal como hoy lo conocemos, para dar paso a un régimen que puede inclusive destruir el sistema democrático.

En los dos años de ejercicio gubernamental, López Obrador ha mostrado e inclusive expresado públicamente que desea una fidelidad ciega a su proyecto político, así, con esos términos. Maneja la mayoría de su partido en el Senado y en la Cámara de Diputados como subordinados, obligándoles a votar por nuevas leyes que no pueden tan siquiera ser discutidas.

Ha maniobrado para hacerse del control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, sistemáticamente, ha atacado a los organismos autónomos, como el INE, para tratar de colocar incondicionales. Más recientemente en un solo decreto desapareció 109 fideicomisos, para eliminar cualquier intermediario en el manejo de los programas de asistencia social, educativa, tecnológica y hasta deportiva. Tiene contemplada la eliminación de más organismos y ya ha ido en contra de la autonomía del Banco de México.

CADA VEZ MÁS POBRES

Lo más delicado para toda la sociedad mexicana, incluidos aquellos que votaron por él, es que el gobierno de López Obrador no sólo no ha logrado el crecimiento de la economía, sino que ha incrementado el número de pobres, aún antes de que se presentara la pandemia del coronavirus en febrero de 2020.

Al cierre de 2019 la economía del país tuvo un crecimiento por debajo del cero, eliminando un crecimiento promedio del 2.2% del gobierno anterior, que puede ser un crecimiento pobre, pero finalmente era un crecimiento.

Además de un crecimiento por debajo del cero, el nuevo gobierno gastó en ese mismo 2019 parte de las reservas federales que se disponían para contingencias, sin que existiera ninguna contingencia, sino por un mal manejo de las finanzas públicas.

En 2020 el comportamiento de la economía ha sido desastroso, no sólo por la crisis económica mundial provocada por la pandemia del coronavirus, sino por el mal manejo de la misma desde el punto sanitario, pero también económico. Hay una desaparición masiva de microindustrias, de pequeñas industrial y un nulo apoyo gubernamental para proteger el empleo, por lo que hay una pérdida masiva de puestos de trabajo en todos los sectores.

Al cierre de 2020 se espera una caída de la economía que puede estar entre el 8 y el 10% y no hay un proyecto para atenuarla.

Para 2021 se resentirán más los efectos de la caída económica de 2020, pero el gobierno de López Obrador sigue haciendo pronósticos de un optimismo demagógico, como el haber fincado el Presupuesto de Egresos de la Federación con base en un crecimiento del 4.5% para este año, algo que todos los expertos coinciden en que no es posible lograr.

De seguir las tendencias actuales de recesión en la economía, los especialistas y organismos gubernamentales, estiman que se podrían sumar a la pobreza y pobreza extrema entre 10 y 12 millones de mexicanos.

La caída se ha presentado tanto en el sector formal como en el informal, del cual vive al menos la mitad de la población del país.

Lo evidente es que el gobierno federal no tiene el dinero que necesita para cubrir en su totalidad sus compromisos básicos, pero siguen destinando gran parte del presupuesto a sus programas clientelares y a tres mega obras cuya viabilidad ha sido fuertemente cuestionada, además de financiar la quiebra del sector petrolero y el déficit del eléctrico, oponiéndose a aplicar una restructura a fondo de PEMEX y la CFE, la cual resulta indispensable.

Ante la falta de recursos y el subordinar la política económica al proceso electoral de mediados de 2021, López Obrador optó por castigar presupuestalmente a los estados, aprovechando lo obsoleto del esquema actual de coordinación fiscal, que le permite, a voluntad, retener la mayor parte de los recursos fiscales que producen los 32 estados de la federación.

En consecuencia tendremos un año económicamente seco en el sector público, pero ahora se verá si el gobierno de López Obrador logra manejar con eficiencia el suministro y la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, cuando ha hecho hasta ahora un mal manejo de la pandemia, desatendiendo todas la experiencias y las recomendaciones de los organismos internacionales de salud.

Si el suministro y la aplicación de la vacuna se realiza con la misma ineficiencia habrá serios problemas y la pandemia seguirá causando estragos durante todo el 2021.

MÁS VIOLENCIA Y CRIMINALIDAD

En el tema de seguridad pública y combate a la criminalidad, los resultados de 2019 y 2020, que han sido desastrosos, se continuarán en 2021 o, inclusive podrían empeorar, ya que la tendencia de los mismos reportes oficiales se orienta en ese sentido.

De acuerdo a las cifras proporcionadas por los dos informes anuales del propio López Obrador, durante los dos años transcurridos de su sexenio, la cifra de homicidios fue de 78 mil 178, lo que es prácticamente similar a la totalidad de homicidios registrados oficialmente durante los periodos tan criticados de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Hay consenso unánime en que la seguridad es una de las grandes deudas que ya tiene el actual gobierno.

Si se toma en cuenta que en 2019 el número de homicidios en el país fue de 37 mil 315 y en el 2020 ascendió a 40 mil 863, la tendencia para 2021 podría ir al alza, pues, como en los demás programas básicos de gobierno, López Obrador se niega, sistemáticamente, a realizar cambios y tomar decisiones que impliquen un ajuste de estrategias y tácticas.

Al empoderamiento de las organizaciones del crimen organizado y los poderosos cárteles de la droga, se debe tomar en cuenta que el desempleo se ha incrementado drásticamente, lo que puede influir de manera directa en la criminalidad de todo el país, especialmente en delitos como el robo en todas sus modalidades, incluido el robo con violencia, que puede generar homicidios.

LA CORRUPCIÓN CASI INTACTA

Aunque en el discurso presidencial la lucha en contra de la corrupción sigue siendo el principal elemento para conservar la aprobación y el apoyo de sus seguidores, en dos años López Obrador ha hecho muy poco para revertir la corrupción pública y aplicar la justicia a quienes cometieron delitos en los gobiernos anteriores. Casi todo, aún los casos más delicados, se ha convertido en un espectáculo mediático, donde hay cientos de acusaciones, pero una sola funcionaria importante en la cárcel, y ello por motivos de una revancha personal del propio López Obrador con su excompañera de partido, Rosario Robles, ambos gobernantes de la Ciudad de México, pero enfrentados en la elección de 2006.

Aunque la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, a cargo de Santiago Nieto Castillo, tiene abiertas cientos de carpetas de investigación por presuntas anomalías cometidas por funcionarios de todos los niveles en el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto, sólo está bajo proceso el exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya, con quien se ha llegado a una cómoda negociación a cambio de convertirse en informador de la Fiscalía General de la República, pero con resultados hasta ahora desconocidos, lo que le permite vivir en sus residencia, portando únicamente un brazalete electrónico.

Se realizó todo un montaje mediático para realizar una consulta sobre si la población aprobaba que los presidentes anteriores, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, pudieran ser procesados por posibles violaciones a la ley en sus mandatos, pero el asunto jurídicamente no tiene sustento y se ha ido diluyendo con la misma prontitud con la que apareció.

A los pobres resultados sobre la corrupción cometida en el gobierno anterior, el actual gobierno está manejando sus contrataciones con una opacidad y desaseo, que podría no sólo disminuir la corrupción sino agravarla. Cerca del 70% de todos los contratos del gobierno federal se están asignando de forma directa, lo mismo que la mayor parte de las adquisiciones.

La Fiscalía General de la República, FGR, que debería ser autónoma y ajena a cualquier manejo de carácter político, esta subordinada a la Presidencia de la república y presenta también resultados muy pobres. Son contados los procesos que lleva en forma y en firme contra hechos de corrupción importantes.

En contra de sus propios pronunciamientos iniciales, afirmando que se aplicaría la ley fuera quien fuera el implicado e inclusive gente relacionada con él, López Obrador intervino al más alto nivel para sustraer de la justicia norteamericana al general Salvador Cienfuegos, capturado en el vecino país por varios cargos muy graves relacionados con protección al narcotráfico y operaciones relacionados con el crimen organizado.

Por exigencia del propio ejército, el exsecretario de la Defensa Nacional en el periodo de Enrique Peña Nieto fue traído a México y puesto en entera libertad, sin que hasta la fecha se haya abierto un proceso judicial en su contra, como se ofreció a las autoridades norteamericanas. Un asunto sumamente delicado que podría hacer mucho ruido en el 2021.

Aunque el discurso en contra de la corrupción sigue siendo insistente, varios secretarios de Estado y funcionarios de primer nivel del actual gobierno han tenido señalamientos de corrupción comprobada y de simulaciones en sus declaraciones patrimoniales.

El último caso es el de Delfina Gómez Álvarez, designada como nueva Secretaria de Educación Pública, cuyo perfil ha sido cuestionado fuertemente por la oposición, debido a su historial más político que educativo, a sus nexos corporativos con los sindicatos magisteriales, pero también por actos de corrupción comprobada durante su desempeño como presidenta municipal de Texcoco, pero ha sido confirmada en el cargo y en un periodo donde el sistema educativo nacional pasa por una situación sumamente difícil, debido a la pandemia del coronavirus.

El personaje representa todos los peores vicios que han aquejado a la educación del país en las últimas décadas, entre los que destacan la corrupción y la politización.