Por: Rodrigo Tejeda

Desde el punto de vista político-electoral, hasta ahora el gran perdedor de este sexenio es el PRI, que ha perdido, elección tras elección, casi todas las gubernaturas, hasta quedarse con tan solo tres: Estado de México, Coahuila y, ganada como excepción, Durango, pero en 2023 habrá elecciones en el Estado de México y Coahuila y, por lo menos en el primero, el más poblado del país, la situación se ve complicada para el viejo partido.

Visto desde hoy, hay dos escenarios posibles: el primero es que el PRI pierda el Estado de México y conserve Coahuila; el segundo es que perdiera los dos estados, lo que le dejaría en la mera sobrevivencia o, más bien, en vías de extinción.

De acuerdo a los diversos sondeos de opinión, que pueden considerarse relativos puesto que aún no se designa a los candidatos y aún no han comenzado las campañas electorales, el PRI se muestra como primera fuerza en Coahuila, pero ocupa un segundo lugar en el Estado de México. De continuarse esta tendencia, el PRI podría solo conservar Coahuila, con lo que se quedaría con este estado y con Durango, que ganó en alianza en este año.

El problema con Durango es que el gobernador priista, Esteban Villegas, ha recibido un estado con una deuda enorme para el tamaño de su economía (es el estado más pobre del norte de México) y un desastre financiero, al grado de tener problemas hasta para el pago de la nómina gubernamental.

Coahuila es un caso de excepción, debido a que el priismo tiene la plataforma político-electoral más fuerte: controla la mayoría de los gobiernos municipales más importantes y tiene un gobierno estatal con un nivel de aprobación alto; mientras que Morena está, literalmente, inventando un candidato desde la Ciudad de México y puede tener una gran división interna.

Pero aun en el escenario donde conserva los estados de Coahuila y Durango, la situación del PRI para la elección de 2024 se aprecia sumamente complicada.

Acudir a la elección presidencial del 2 de junio de 2024 con el respaldo de tan solo dos gubernaturas es algo que jamás le había sucedido al PRI, que, además, en caso de ir en alianza con el PAN y el PRD no tendría ni un candidato propio, pues sería el PAN quien lleve la mano.

Con una plataforma tan pobre tendría que enfrentar también las elecciones de diputados federales y senadores. Hoy el PRI tiene 70 diputados federales y tan solo 13 senadores, pero podría caer aún más, hasta quedar en el nivel de partidos como el PVEM o, todavía más, de Movimiento Ciudadano, que es uno de los partidos que pueden crecer en esa elección.

Ante la opinión pública nacional, y debido a los escándalos que ha dado su actual dirigente nacional, Alejandro “Alito” Moreno, y los chantajes que ha enfrentado por sus antecedentes de corrupción, el PRI es el partido político con el descenso más importante en las preferencias electorales.

La intención manifiesta de Andrés Manuel López Obrador es liquidar al PRI antes de entregar la presidencia a su sucesor, después de haber ya casi liquidado al PRD, que se encuentra hoy en estado de mera sobrevivencia y también puede desaparecer en la elección del 2 de junio de 2024.

NO SUPO LEER LOS TIEMPOS

El derrumbe del PRI comenzó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, uno de los presidentes más incompetentes políticamente que hayan surgido de este partido, en cuyo periodo se destaparon varios escándalos de corrupción verdaderamente aberrantes, por parte de gobernadores de extracción priista.

Se dio en este periodo la llamada “generación podrida”, protagonizada por políticos jóvenes que habían sido denominados como “el nuevo PRI”, entre los que se encontraban Tomás Yarrington (Tamaulipas), Rodrigo Medina (Nuevo León), Cesar Duarte (Chihuahua), Javier Duarte de Ochoa (Veracruz), Miguel Alonso Reyes (Zacatecas), Roberto Borge (Quintana Roo), Fernando Ortega (Campeche) y Humberto Moreira (Coahuila), además de otros políticos ya viejos que fueron gobernadores y enfrentaron grandes escándalos, como Arturo Montiel Rojas, del Estado de México.

Varios de ellos fueron detenidos en el extranjero, en países como Italia, España y Estados Unidos, ante la tibieza de Peña Nieto para aplicar la justicia.

Los delitos que se les atribuyeron a varios de ellos no fueron la tradicional y viejísima corrupción o el enriquecimiento, sino que se pasó a delitos más graves, como el lavado de dinero, nexos con el narcotráfico y delincuencia organizada, entre otros.

En una decisión desastrosa, la dirigencia nacional del PRI se resistió varias veces a expulsar de sus filas a estos exgobernadores, lo que se sumó al agravio general que fueron provocando los diferentes casos, lo que minó gradualmente la imagen del PRI e hizo disminuir cada vez más sus clientelas.

Dados a la fuga, fueron procesados en países extranjeros, pero sin la colaboración del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Al final del sexenio la imagen presidencial de Peña Nieto se había desplomado a niveles bajísimos, pero éste tenía como principal prioridad pactar su propia impunidad y la de su camarilla más cercana. Fue así que estableció un pacto no escrito con Andrés Manuel López Obrador en la elección de 2018.

José Antonio Meade fue el peor de los candidatos posibles del PRI, y esto no fue una casualidad. El PRI quedó a su suerte, cargando todo el desprestigio acumulado en el sexenio peñista, y AMLO pudo operar electoralmente a placer. El resultado ya es bien conocido: el PRI cayó hasta la tercera posición en la elección presidencial.

De las elecciones de 2018 el PRI salió directo a la sala de terapia intensiva. José Antonio Meade obtuvo apenas el 16.40% del total de los votos, la votación más baja en una elección presidencial del PRI en toda su historia. De los 300 distritos federales en juego, el PRI no ganó uno solo. Al final se quedó apenas con 45 diputados federales plurinominales y sólo 13 senadores de la república.

No podía haber sido peor la derrota, pero todavía Peña Nieto se encargó de hacerle algunos favores a AMLO, al atacar al candidato panista, Ricardo Anaya, quien hasta la fecha vive en el extranjero, como el propio Peña Nieto.

LA IMPUNIDAD DE PEÑA NIETO

En agradecimiento, López Obrador, quien iba a ganar la elección indiscutiblemente, pero no con un aplastante 53.19%, le ha otorgado la impunidad a Enrique Peña Nieto y a todo su equipo más cercano. AMLO, que ataca todo lo que se mueve, no sólo ha evitado hacer una sola referencia negativa sobre Peña Nieto, sino que lo ha elogiado, pero además ha evitado que se le involucre al expresidente en el más mínimo proceso de investigación. Como él lo dice: “amor con amor se paga”.

Es casi increíble cómo un partido que estuvo en el poder por casi un siglo, que emanó de una revolución que es referente del siglo XX a nivel mundial, no supo leer los tiempos después del desastre de 2018.

El PRI debió ser refundado, mediante una reforma de cirugía mayor, pero lejos de ello Claudia Ruiz Massieu Salinas, que había sido la artífice de las decisiones de Peña Nieto, le entregó el partido a otro exgobernador de la generación podrida: Alejandro “Alito” Moreno, de Campeche, quien se ha encargado, desde el 18 de agosto de 2019, de perder casi todas las gubernaturas que estaban gobernadas por el PRI, las cuales eran muchas, y, con una irresponsabilidad absoluta, ha secuestrado al partido, negándose a dejar la dirigencia para protegerse de no ser procesado penalmente.

Hoy el PRI tiene a un joven político completamente desprestigiado a cargo del partido, sin escrúpulo moral alguno, sin poder removerlo de su cargo debido a que se apoderó de su dirigencia nacional, pero también a que no existe ningún movimiento interno que tenga la capacidad de obligarlo, lo que pareciera increíble, dado la cantidad de camarillas políticas que se supone debería conservar el viejo partido.

Ante semejante escenario, el riesgo de que el PRI sea demolido en las elecciones de 2024 es completamente posible, a menos que sucediera algo verdaderamente extraordinario durante 2023, una especie de milagro, pero la intención manifiesta de AMLO es llevarse los restos del PRI en el carro del triunfador de la próxima elección presidencial, con lo cual se terminaría un siglo de historia política del país.