El crimen organizado, la mayor amenaza a la estabilidad del país

El crimen organizado, la mayor amenaza a la estabilidad del país

Por: Eduardo Rodríguez

La mayor amenaza para la estabilidad del país es el crimen organizado, y estamos teniendo un gobierno federal sin una política de seguridad, que está llevando la criminalidad a niveles y formas inéditas, en lo que puede ser una herencia política y social aterradora.

No sólo los indicadores delictivos tienen niveles históricos, como el homicidio, que en los cuatro años del gobierno de AMLO supera ya a cualquier sexenio anterior, sino la expansión del crimen organizado a casi todo el territorio nacional por medio de organizaciones criminales que pretenden controles territoriales y están agrediendo a la sociedad civil, pero además ejercen cada vez más influencia sobre el aparato gubernamental.

El periodo de Felipe Calderón fue sangriento, pero aún así el crimen organizado no alcanzó, ni a distancia, el poder que tiene hoy, mucho menos la posición omisa del Estado para combatirlo, y sí tenía una cubertura mediática mucho más estridente, además de que los peores hechos de sangre se daban entre los integrantes de las mismas organizaciones criminales, las que buscaban “calentar” las plazas y crear un ambiente de terror para inhibir la fuerza del estado, de ahí que se haya dado una lucha tan abierta en las calles de muchas ciudades del país entre las fuerzas criminales y las fuerzas militares y policiacas.

Hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, el combate en contra de las organizaciones criminales se daba a través de varios frentes: el ejército, la marina, la PGR, la Secretaría de Seguridad y la DEA, además de la Secretaría de Gobernación.

La coordinación era difícil, lo fue desde los años ochenta. El ejército y la marina tenían sus propios servicios de inteligencia y veían con recelo a la PGR y a la policía federal, así como a la Secretaría de Seguridad.

La mayor controversia fue siempre la participación de la DEA, que se tornaba siempre incómoda, que estaba siempre presionando y evidenciando los nexos de corrupción sobre los organismos mexicanos. Pero la DEA poseía, y posee, niveles de tecnología, de logística y de contactos que estaban siempre a la vanguardia, lo que les volvía necesarios, cuando no indispensables.

Había filtraciones, traiciones, recelos, mucha corrupción, pero en medio de todo ello el Estado mexicano lograba algo que es de fondo lo más esencial: realizar una labor de contención y de poda de las organizaciones del crimen organizado, una tarea en la que se fue perdiendo terreno, en buena medida por la corrupción y enseguida por el problema de los celos y los conflictos de coordinación del gabinete de seguridad federal, además de la deficiente coordinación con los gobiernos estatales y lo precario de los cuerpos de seguridad municipales.

Desde el gobierno de Ernesto Zedillo, el gobierno mexicano había estado luchando contra las organizaciones del crimen organizado o cárteles, con la captura de muchos de los principales capos, el decomiso de drogas, la eliminación de operadores, jefes de sicarios, contactos internacionales y confiscación de bienes de todo tipo, principalmente bienes destinados al transporte de la droga.

Era un periodo en el que las organizaciones criminales del narcotráfico tenían como principal actividad abastecer el mercado estadunidense, luchando por las rutas de tráfico y las fuentes de abastecimiento, pero esto se complicaría cada vez más, a medida que las organizaciones criminales, a partir del periodo de Felipe Calderón, se fueron diversificando para trabajar en todo tipo de ilícitos, lo que rompió el esquema tradicional y amplió exponencialmente el problema de seguridad en todo el país debido a que el crimen fue agrediendo cada vez más a la sociedad civil.

La lucha pasó de ser un enfrentamiento entre el crimen organizado y las fuerzas del Estado, a una actividad donde se luchaba por el control de territorios y estados enteros, para ejercer en ellos todas las formas de delincuencia, un concepto que surgió en buena medida de militares desertores que se incorporaron a las organizaciones criminales del Golfo de México.

LA DEA había advertido de problemas de corrupción al interior del ejército mexicano, lo cual era negado por los mandos, pero aunque su corrupción era mucho menor que la de la policía judicial federal, ya había fuertes infiltraciones, inclusive al nivel más alto con el llamado “zar antidrogas”, el general Jesús Gutiérrez Rebollo.

PODANDO EL ÁRBOL DEL CRIMEN

Pero no todo era corrupción, desde el 1995 al 2000 y en años posteriores, el crimen organizado en el país sufrió fuertes golpes que mermaron de manera frontal al llamado Cártel de Tijuana, de los Arellano Félix, cuyas cabezas fueron capturados o murieron en enfrentamientos, lo mismo que la mayoría de los principales operadores y sicarios.

Los mismo sucedió con el Cártel del Golfo, primero con la captura de Juan García Ábrego y posteriormente de Osiel Cárdenas Guillén. Le siguieron el Cártel de los Amezcua y el Cártel de los Valencia o del Milenio, organizaciones que habían innovado en el tráfico de drogas, como las metanfetaminas y todas las demás drogas sintéticas, que se añadían a las tradicionales.

En este mismo periodo se apresó, hasta en dos ocasiones, a Joaquín “El Chapo” Guzmán, capo del Cártel de Sinaloa.

Aunque sigue operando hasta la fecha, el Cártel de Ciudad Juárez sufrió fuertes golpes, entre ellos la caída del legendario capo Amado Carrillo Fuentes, “El señor de los cielos”, y posteriormente al menos de dos sucesores.

En el periodo de Vicente Fox Quezada, la política de contención y poda de los cárteles del narcotráfico se continuó, aunque con menor intensidad, pero con un menor nivel de corrupción, con el procurador general Rafael Macedo de la Concha.

Ya en el mismo sexenio, las organizaciones del crimen organizado habían lanzado una escalada de violencia para tratar de amedrentar al Estado, pero no se habían desbordado. Es en este periodo que surgen organizaciones mucho más violentas y peligrosas, como Los Zetas, La Familia Michoacana, los Caballeros Templarios y toda una serie de organizaciones menores a lo largo de todo el pacífico mexicano, entre ellas una que se volvería luego protagonista: el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

En el gobierno de Felipe Calderón se sigue operando básicamente con el mismo sistema de seguridad, pero se le da un mayor protagonismo al ejército y a la marina, lo que no pareció dar grandes resultados.

El problema de la llamada “Guerra contra el narcotráfico” fue en apariencia el lanzar toda la fuerza del Estado en contra de todas las organizaciones criminales al mismo tiempo, sin tener un debido soporte de inteligencia, pero además en el desafío de las organizaciones criminales al estado, algo que anteriormente no se daba, ya que los capos optaban como primera opción por la corrupción de los cuerpos policiacos y militares.

Otro problema que se presentó fue el realizar cambios radicales de personal de todos los niveles en los organismos de inteligencia y, en general, en los cuerpos de seguridad.

Aún con todos los errores cometidos, el gobierno de Felipe Calderón logró, ya en la parte final de su sexenio, golpear al crimen organizado y mermar algunas de las organizaciones más violentas, como la de Los Zetas, que se habían expandido de forma sumamente acelerada.

Como en muchos otros grandes problemas del país, Enrique Peña Nieto fue tibio en el combate contra el crimen organizado, que aprovecha para expandirse en ciertas regiones del país e incursiona en negocios ilícitos altamente lucrativos más allá de las drogas, como el robo de combustibles o “huachicoleo” y la extorsión de empresarios de casi todos los niveles con cobros de “derecho de piso”, entre muchos otros delitos.

El gobierno peñista, que incrementó hasta en un 60% el presupuesto de seguridad pública para financiar lo que se denominó como el Sistema Nacional de Seguridad Pública, coordinado por la Secretaría de Gobernación, propuso la legalización de la mariguana como una alternativa para disminuir el negocio ilícito del narcotráfico, pero todo quedó en un proyecto, con resultados muy limitados.

La cooperación con Estados Unidos fue muy estrecha, como lo había sido en el periodo de Felipe Calderón, pero los resultados fueron muy pobres. Peña Nieto siempre gobernó con la sombra del gobierno anterior, tratando de no encasillar su gobierno en el tema de la seguridad pública, sino en las grandes reformas que propuso al inicio de su periodo, las que no lograron consolidarse y fueron desmanteladas con la llegada de AMLO al poder.

AMLO: LA AUSENCIA DE UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD

Desde su instalación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha partido de la descalificación radical de todos los gobiernos que le precedieron y, consecuentemente, de todas sus políticas y proyectos, a la cabeza de los cuales va el de la seguridad pública.

Con una aversión enfermiza hacia el gobierno de Felipe Calderón, AMLO prometió en campaña que regresaría al ejército y a la marina a los cuarteles y crearía una Guardia Nacional, que sería una corporación de alcance nacional que sustituiría a la policía judicial federal.

Ya en el poder ha hecho cosas completamente distintas. La primera de ellas es partir del planteamiento de que el factor pobreza es el origen básico de la criminalidad, y lanzó el lema ya bien conocido de “abrazos, no balazos”, que ha sido traducido como la negativa del uso sistemático de la fuerza legítima del Estado en contra del crimen organizado, rompiendo dicha política sólo en casos extremos.

Lo segundo ha sido empoderar, como jamás se había hecho desde el periodo postrevolucionario, al ejército, al cual le ha dado un papel protagónico y una sería de canonjías enormes, pero bajo un criterio político por encima de su función esencial de seguridad.

Se rompió, por lo menos en apariencia, con la DEA, al grado de prohibir la Unidad de Élite Antinarcóticos que tenía operando más de 20 años y había sido adiestrada por la agencia estadunidense, porque supuestamente estaba infiltrada, algo que no fue demostrado hasta la fecha.

La captura del general Salvador Cienfuegos, ex titular de la SEDENA en el periodo de Peña Nieto, acusado de nexos con el narcotráfico, fue el motivo de enojo del presidente en lo personal, pero de fondo de los altos mandos del ejército.

Nunca un gobierno mexicano había operado sin la ayuda y colaboración estrecha con sus pares de Estados Unidos. Esto es lo que está pasando hoy, con la DEA y el FBI fuera de cualquier operativo conjunto.

La Guardia Nacional terminó convirtiéndose, después de tres años de muy pobres resultados, en una institución militar, cuando inicialmente sólo tenía un mando militar. Todos los civiles, que formaban la policía judicial federal, fueron despedidos u obligados a renunciar.

Nunca ha habido un plan u hoja de ruta para convertir a la Guardia Nacional en una institución policiaca, con áreas especializadas en investigación e inteligencia. Tampoco hay un proyecto para cambiar el esquema operativo que emplea el ejército, el cual ha dejado de ser eficaz y ha sido aprendido por el crimen organizado.

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que ya venía de sexenios anteriores, se encuentra bajo el mando de Rosa Icela Rodríguez, una funcionaria de muy bajo perfil, que es inclusive sustituida, para fines mediáticos, por el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja, otro funcionario de bajo perfil y nula trayectoria en asuntos de seguridad.

El llamado Gabinete de Seguridad sigue integrado básicamente por los titulares de la SEDENA y la Marina, el secretario de Gobernación, la secretaria de Seguridad Pública, la Secretaría de Hacienda (Unidad de Inteligencia Financiera, UIF), la Fiscalía General de la República y el director del CISEN (Centro de Seguridad Nacional).

El propio presidente dirige de forma personal todas las mañanas una reunión de seguridad nacional, donde básicamente los integrantes del comité aportan informaciones diversas, con una posición preponderante del ejército, pero no con base en un plan de seguridad nacional, ni a operativos, programas o políticas integradas, con objetivos precisos y medición de resultados de tareas.

La Unidad de Inteligencia Financiera y el CISEN, o CIN, han sido empleados, para dar una idea de referencia, más en tareas de carácter político y partidista que en tareas específicas de seguridad nacional, como el seguimiento puntual de las organizaciones criminales y el lavado de dinero por parte de estas.

No hay organismos o unidades que hayan sustituido lo que en su momento fueron el CENDRO (Centro de planeación para el control de drogas), a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Salud, la Policía Judicial Federal Antinarcóticos, la SIEDO, las Unidades Especializadas en Delincuencia Organizada, sólo por referir algunos organismos que operaron en sexenios anteriores. Algunos de ellos realizaron trabajos importantes de inteligencia que permitían, de una u otra manera, que el Estado tuviera el control y los recursos para combatir y contener al crimen organizado.

Sin el apoyo estadunidense, con una estructura improvisada (que opera además con una baja articulación), con una Fiscalía General de la República que no hace equipo y está en manos de un funcionario que ya debería estar jubilado, y con una secretaría de seguridad inexperta, se supone que el ejército asume las tareas básicas de seguridad. Sin embargo, opera con una política del uso mínimo de la fuerza legítima y fuertes deficiencias en materia de inteligencia, al grado de que todo su sistema de información fue hackeado por un grupo de profesionales clandestinos de quienes no se conoce nada, en el caso denominado como Guacamaya Leaks.

La seguridad se ha convertido en el gran saldo del gobierno de AMLO. A octubre de 2022 suman 132 mil 217 homicidios y 30 mil desaparecidos, una cantidad ya superior a la que se registró en todo el gobierno de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto, cuando está concluyendo el cuarto año de gobierno y restan todavía dos años más.

A estas alturas, se sigue culpando al pasado.

Lo más delicado es que las grandes organizaciones criminales o cárteles han tenido todas las facilidades para expandirse territorialmente, operar con grandes ventajas e infiltrar o controlar a una cantidad cada vez mayor de gobiernos estatales, municipales y dependencias federales.

El crimen nunca había tenido más injerencia en la política, más poder económico y más capacidad de desafiar al Estado mexicano, en lo que podría convertirse en la peor herencia del gobierno de la llamada 4T, y es motivo de preocupación para todos los estados que están perdiendo el control o que entrarán en 2023 en procesos electorales, donde se jugará principalmente la aplicación o no aplicación de una política de seguridad que es un fracaso, como es el caso de Coahuila.

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