Económicamente, ¿será un sexenio perdido?

Por: Rodrigo Tejeda

Al término de 2019, antes de que se conociera de la existencia del coronavirus, la economía del país registró un crecimiento anual por debajo del cero, debido a las políticas del nuevo gobierno que desalentaron la inversión privada nacional e internacional, creando un clima de incertidumbre jurídica.  ¿Qué sucederá al finalizar este sexenio y tras la crisis por la pandemia?

En ese primer año de 2019 el gobierno de López Obrador dispuso de 205 mil 831 millones de pesos para lanzar 12 programas asistenciales a nivel nacional, los más importantes de ellos con un claro manejo clientelar para reforzar su base política, utilizando lo que se denominó como el Censo del Bienestar, realizado por la Secretaría del Bienestar a través de 40 mil activistas denominados como los “Servidores de la nación”, los cuales habían manejado la promoción territorial del voto durante su campaña en 2018 y fueron incorporados a la nómina federal para seguir operando.

Algunos de esos programas atienden necesidades reales de la población más pobre del país, pero ello no hace a un lado que sean manejados como un instrumento político, cuando deberían ser programas asistenciales institucionalizados.

Sin embargo, el problema no son esos programas asistenciales, sino el manejo que se está haciendo de la economía del país.

En el primer año (2019) el nuevo gobierno dispuso de 149 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, un fondo de contingencia en el cual los gobiernos anteriores habían acumulado 297 mil millones de pesos, pero en 2019 no había contingencia.

A un costo gigantesco, fue desmantelada la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en el viejo vado del lago de Texcoco, en la ciudad de México, argumentando una corrupción que hasta la fecha nunca ha sido demostrada, pero asumiendo costos de indemnización y pérdidas altísimas.

Por motivos también políticos se inició la construcción de la Refinadora de Dos Bocas, en Tabasco, una obra innecesaria y costosa, contraviniendo todas las tendencias internacionales del mercado petrolero.

Sin que nadie lo solicitara, sin estudios de impacto ambiental, sin estudios de factibilidad y en contra de la opinión de toda la comunidad ambientalista nacional e internacional, se inició la construcción del Tren Maya.

A principios de julio de 2019, Carlos Urzúa, Secretario de Hacienda y Crédito Público, presentó una explosiva carta de renuncia, en la cual afirmó que las políticas económicas del nuevo gobierno no se estaban tomando con fundamentos sólidos, además de denunciar la designación de funcionarios por razones políticas, sin estar debidamente calificados para el manejo de las finanzas públicas.

Sólo unos meses después el tiempo le dio la razón, todo esto antes de que se presentara la pandemia del COVID-19.

López Obrador decidió, sin hacer caso alguno a los expertos, eliminar en la práctica la reforma energética y regresar el manejo de la paraestatal PEMEX a un esquema obsoleto, poniendo en la dirección nacional a Octavio Romero Oropeza, un ingeniero agrónomo de bajo perfil y sin la más mínima experiencia en la industria petrolera, pero compadre y hombre de confianza del presidente.

En 2019 las pérdidas de PEMEX ascendieron a 15 mil 497 millones de dólares, pero era sólo el inicio de un desastre.

Al irse, Carlos Urzúa había advertido: el gobierno no tiene dinero y ése es el problema principal.

En 2020, con el derrumbe de la economía por la pandemia, PEMEX perdió 480 mil 966 millones de pesos, casi medio billón de pesos, poco menos del doble de los 282 mil 941 millones de pesos que fueron destinados a los programas asistenciales.

Los bonos de la paraestatal se volvieron chatarra, pero López Obrador insiste en que PEMEX debe manejarse con un esquema obsoleto de hace por lo menos 20 años, cuando debió haber sido completamente restructurada y compartido el riesgo con el sector privado, como estaba planeado.

La consecuencia: gasolinas caras para los ciudadanos, una gigantesca deuda para el país e ir en contracorriente de la tendencia mundial, donde el petróleo y las energías fósiles están de retirada, además de que México ha abandonado de facto el Acuerdo del París, para la protección del ecosistema mundial.

Lejos de replantear este desastre, López Obrador está promoviendo una nueva ley energética que vuelve a convertir a PEMEX en el monopolio de los energéticos del país, regresándole las facultades para retomar el control de todos los derivados del petróleo, a la cabeza de las cuales están las gasolinas.

LA PANDEMIA Y EL DESASTRE

Mientras 12.5 millones de mexicanos pasaron a la pobreza como consecuencia de la grave crisis económica desatada por la pandemia, que derrumbó la economía hasta un 8%, al que se debe sumar el crecimiento de cero en 2019, el gobierno de López Obrador no lanzó ningún plan de rescate económico, no restructuró el gasto gubernamental en áreas claves, se negó a suspender cualquiera de sus obras insignias y dispuso de todas las reservas que restaban.

Pero en este año de 2021 ha ido todavía más allá, al mandar aprobar a la Cámara de Diputados y al Senado, “sin cambiarle una coma”, una nueva ley eléctrica, por la cual le regresa a la CFE el monopolio de la producción y el suministro de electricidad, pasando por alto los contratos de empresas privadas productoras de energías limpias y más baratas, limitando inclusive a los particulares el realizar ahorros con la producción de energías solares y eólicas, con lo cual los costos de la electricidad en el país ascenderán entre un 20 y un 25%.

Esta ley, que se encuentra detenida por una gran cantidad de amparos y la decisión del poder judicial de suspender sus efectos, violenta también los acuerdos internacionales suscritos por México, puede generar altísimos costos por indemnizaciones, problemas de abastos de electricidad a la población y tensiones con Estados Unidos, entre otros problemas.

Se ha generado una crisis en las finanzas públicas sin precedentes, propiciendo la caída del empleo, el aumento de la pobreza hasta en 12.5 millones de personas, la caída de los ingresos por recaudación fiscal (en un país como México donde la recaudación es muy poco eficiente), la deuda que están generando las dos más grandes empresas paraestatales y el sostener el gasto en obras no prioritarias.

Ante un panorama tan crítico, López Obrador sigue enviando un mensaje de optimismo, que asegura una pronta recuperación, pero él no cree en la libre empresa sino en que el Estado debe volver a ser el motor de la economía y la solución a la pobreza de la mitad de la población, por lo que sigue sin realizar una restructuración del gasto gubernamental, sin lanzar ningún programa de apoyo a las empresas, especialmente a las chicas y a las micros, para la conservación del empleo.

El presidente considera que inyectar recursos a las empresas es una forma de corrupción para que se beneficien los empresarios y no los más pobres o “el pueblo”. El problema es que el 80% de la inversión que mueve al país es de origen privado y tan solo el 20% de origen gubernamental.

México, de acuerdo al listado emitido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha inyectado a su economía tan solo el equivalente a un 1% de su PIB, como apoyo a los daños provocados a la economía por la pandemia, lo que le ubica en la posición 83 de 84 países, sólo por encima de Uganda.

En un análisis publicado en The Washington Post por Mario Maldonado, periodista especializado en temas económicos y financieros, plantea la inminente posibilidad de que el actual sea un sexenio económicamente perdido.

Los fundamentos son simples y contundentes: el primer año, sin crisis económica global, el crecimiento económico fue de cero, pero en 2020 las estimaciones promedio de la caída de la economía son de un 8%, lo cual, en un escenario optimista, requeriría de dos años de un crecimiento superior al 4% para volver a la posición que se tenía antes del inicio del gobierno de López Obrador, esto si se tomaban las medidas adecuadas en economía y se manejaba acertadamente el combate a la pandemia, pero ninguna de las dos cosas han sucedido en este 2021.

La recuperación podría ser lenta y consumir todo el sexenio, con lo cual, paradójicamente, habría muchos más mexicanos pobres en 2024 que en 2018.

En 2019 se crearon únicamente 340 mil empleos formales en todo el país, mientras que a mayo de 2020 se había perdido ya un millón de empleos, de acuerdo a los datos oficiales del IMSS, quien reportó además que 10,000 empresas registradas en la institución habían cerrado.

Según consigna Mario Maldonado, la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo realizada por el INEGI en 2020 reportaba 12.5 millones de personas fuera de un empleo, de los cuales 10 millones se encontraban en el sector informal.

En información más reciente, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reporta que en el segundo semestre de 2020 se dio la recuperación de 10 millones de empleos, la mayoría de ellos por la vuelta de las actividades de la economía informal, pero el país requiere generar 2 millones de empleos formales para regresar a los niveles anteriores a la pandemia y a la recesión de 2019.

Mientras el gobierno estadunidense que preside Joe Biden ha lanzado un plan de reactivación económica por 1.9 billones de dólares y un muy agresivo y eficiente programa de vacunación en contra del COVID-19, López Obrador se niega a destinarle recursos a la economía, por temor a incrementar la deuda del país, pero, contradictoriamente, está incrementado la deuda del sector público, la cual podría alcanzar en 2021 hasta un billón de pesos más si la tendencia sigue igual que 2019 y 2020.

Su único planteamiento es seguir sosteniendo los programas asistenciales, la mayoría de los cuales sí entregan dinero en efectivo a ciertos sectores de la población, pero no generan empleo, ni riqueza y tampoco contribuyen al crecimiento del sector empresarial, cuando todos los expertos están señalando que México debe aprovechar el programa de Biden, que puede atraer importantes beneficios a México.

En pleno proceso electoral, ha lanzado el compromiso de incrementar para 2024 hasta 6 mil pesos bimestrales la ayuda que se entrega a los adultos mayores, reduciendo la edad para obtener el beneficio a 65 años.

El problema, como lo sigue sosteniendo públicamente Carlos Urzúa, es que el gobierno central no tiene suficiente dinero y no hay con qué respaldar semejantes ofrecimiento.

Actualmente el gasto en ese programa es de 126 mil 650 millones de pesos anuales y, con los aumentos y la disminución de la edad a 65 años, este gasto aumentaría a cerca de 300 mil millones de pesos anuales, un dinero que no tiene el gobierno federal, pero lo importante es ganar las elecciones del 6 de junio próximo, después ya se verá de dónde saca el dinero.

EN MANEJO DE LA PANDEMIA, MENTIRAS Y DESORDEN

Al cierre de la primera semana de abril, el país había alcanzado las 205 mil muertes por la pandemia del COVID-19 y había superado los dos millones 400 mil infectados, en números oficiales, pero el cálculo del INEGI sobre el número real de fallecimientos se ubica al menos en 360 mil personas, lo que nos coloca como el tercer país en el mundo con más alto índice de mortalidad.

De acuerdo con los estudios de la Universidad Johns Hopkins, institución que es un referente mundial sobre el comportamiento de la pandemia del COVID-19, México ocupa el primer lugar en letalidad entre los 20 países más afectados del mundo, pues 8.7 de cada 100 personas que contraen el COVID-19 fallecen, en comparación con un 3.6 en Perú; 3.5 en Italia; 3.2 en Sudáfrica; 2.9 en Inglaterra y 2.7 en Alemania.

En el indicador de mortalidad, donde se mide la cantidad de fallecimientos por cada 100 mil habitantes, México ocupa el séptimo lugar, por tener una cantidad más grande de población, pero esto sería la estimación con cifras oficiales; con cifras reales ocupa la tercera posición mundial.

El indicador de letalidad es el más importante, porque se refiere al número de muertes y, aunque López Obrador lo niega, es tan sencillo como comparar el número oficial de contagios reportados contra el número de muertos, una información que se publica todos los días.

El manejo de la pandemia ha sido ineficiente tanto en lo referente a salud como en lo económico, plagado de contradicciones, información falsa, desorden en la implementación del programa de vacunación y, lo que es muy criticable y deshonesto, la utilización de la vacunación con propósitos electorales, pues el gobierno federal, a través de sus operadores electorales, se ha apoderado literalmente de ella.

Se difundió información falsa sobre la adquisición de vacunas y se presentó un plan de vacunación que se va modificando cada mes, de acuerdo a la poca disposición de vacunas que llegan, pero además nadie conoce cómo es que se decide la asignación de las vacunas a los estados y municipios del país.

Mientras no se resuelva el problema de la pandemia, la economía del país no podrá reactivarse por completo, pero los pronósticos más optimistas indican que si se logran conseguir las vacunas necesarias, la pandemia se controlaría hasta mediados de 2022, ya en el cuarto año del actual sexenio.

Paradójicamente para un gobierno que se supone de izquierda, la única posibilidad de crecimiento a corto y mediano plazo es aprovechar el efecto de rebote del plan de Joe Biden, quien inyectará a la economía estadunidense 1.9 billones de dólares para su recuperación.

Si se aprovecha esto, podría ser un salvavidas; pero de no ser así, es probable que estemos ante un sexenio perdido para la economía mexicana.