Por: Rodrigo Tejeda

¿Por qué, a siete meses de terminar su mandato, AMLO envía al Congreso un paquete de 20 reformas que ya no serán aprobadas en su gobierno y representan un compendio de repeticiones, aberraciones peligrosas para el sistema político del país, planteamientos demagógicos y algunas propuestas que si son de interés social?

Primero habría que partir del hecho, indiscutible, de que AMLO es un animal electoral; un político que está, ahora desde el poder, en permanente campaña electoral, algo que él mismo ha tenido que reconocer.

El paquete de iniciativas de antemano se sabe que no pueden ser aprobadas, por lo menos no la mayoría, en lo que resta del actual gobierno, pero se convierten en un programa electoral paralelo que puede estar manejando desde las “mañaneras” todos los días, de aquí hasta el 2 de junio y hasta el día que se vaya.

Si le aprobaran algo, lo aplaudiría como un logro; si se las rechazan, por más aberrantes que sean, lo consideraría públicamente como una muestra de que los “conservadores”, “neoliberales” y enemigos están en contra de la transformación del país.

Además, con perfidia, como suele hacer la mayoría de sus propuestas de reformas a la constitución, hace una mezcolanza de algunas cosas que son socialmente necesarias y viables, junto con otras que son verdaderamente aberrantes, peligrosas, para el sistema político del país; unas nuevas y otras que ya ha presentado y le han sido rechazadas.

De ser aprobadas las 20 reformas que propone, estaríamos frente a un rediseño del sistema político mexicano, que nos llevaría de regreso al periodo de la “dictadura perfecta” que tenía instaurada el PRI en los años setentas, pero con el añadido del populismo y un autoritarismo aun más peligroso, por el cual Morena, o más bien el pequeño grupo político que inventó y domina al partido, se apoderaría del país, suprimiendo división de poderes, garantías electorales, control del aparato judicial, militarización y dominación absoluta de la vida pública y privada del país por el estado.

Las reformas, de ser aprobadas e instrumentadas en leyes secundarias, llegan hasta el exceso de condicionar seriamente a la próxima presidenta del país, supeditándola a las decisiones del partido oficial, que es propiedad de AMLO, por medio de una absurda consulta de revocación de mandato.

En pocas palabras, AMLO no solo se mete ilegalmente a la campaña presidencial, sino que trata de imponerle el programa de gobierno a quien sea la candidata electa, con lo cual Claudia Sheinbaum es colocada en una posición extremadamente incómoda, por la cual cada vez aparece más como una candidata pelele, impuesta a modo para darle continuidad al proyecto de AMLO y la parte más radical de sus seguidores.

La revoltura de propuestas, intencionada

Como se mencionó, varias de las propuestas son redundantes, pues ya están consagradas en la Constitución; no hay necesidad de hacer simples cambios en la redacción, son derechos que ya existen desde que fue promulgada.

Otras propuestas se refieren a programas asistenciales que ya fueron implementados y que incluso algunos de ellos ya son constitucionales, como el de las pensiones a los adultos mayores.

Hay otras reformas, como la de pensiones, son de un gran interés social, pero están siendo planteadas tardíamente y, por lo mismo, tienen serios problemas de viabilidad económica, al momento en que se pasaran a leyes secundarias concretas. En otras palabras, el dinero se ha agotado en los programas y mega obras del actual gobierno, aumentando además la deuda pública hasta en cinco billones de pesos.

Entre estas reformas de intereses social, pero inviables, y por lo tanto demagógicas, se encuentran la de garantizarle a todos los campesinos un salario “seguro, justo y permanente”, o esa otra propuesta también demagógica de prohibir el comercio de las drogas químicas, poniendo como ejemplo el fentanilo. Es una fantasía pretender que la prohibición terminará con el problema, pues de hecho ya están prohibidas.

Finalmente hay varias reformas que llevan las peores intenciones, y están pensadas para entregarle el poder absoluto a Morena, dañando severamente el sistema democrático, como son la reforma al poder judicial, la reforma electoral, la eliminación de todos los organismos autónomos.

La demagogia suprema, que muchos medios de comunicación registraron y publicaron sin contrastarla y dar puntos de vista de expertos, fue el pequeño discurso de la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien afirmó que el paquete de 20 reformas enviadas al Congreso lleva “el humanismo mexicano a la Constitución”; que de esta manera se recupera la dignidad y el espíritu original de la carta magna que nos rige desde 1917, después de la revolución más cruenta que ha tenido el país en toda su historia.

Esta muchacha, que funge como Secretaría de Gobernación, requiere por lo menos otros 20 años de experiencia política para estar a la altura del cargo que desempeña y tener un criterio propio, para no repetir disparates conceptuales, que no son sino los delirios de un hombre a quien el poder le ha instalado en la fantasía de ser un personaje “histórico”.

Estas son las 20 propuestas

Estas son las 20 propuestas que AMLO desea que sean discutidas por la Cámara de Diputados y, en su caso, el Senado, para estar de lleno y con todo metido a la campaña electoral y a su “proyecto de nación”.

Solo imagine cada una de estas propuestas, pero pasadas a leyes secundarias, con especificaciones precisas para su aplicación. Imagine las consecuencias prácticas de cada una de ellas, en los casos en que no se trata de derechos básicos que ya están plasmados en la Constitución y son tan elementales como el derecho a la educación y el trabajo, o de programas que ya existen o son también elementales, como evitar el maltrato a los animales. Vaya a las que son realmente delicadas, que han sido mezcladas, como se mezcla el veneno con el pan, para que pase desapercibido; para que no parezca mortífero.

El pan serían 16 de las 20 reformas, porque ya existen, son de beneficio o parecen buenas, pero no hay con qué hacerlas reales, pero el veneno está en las reformas 16,17,18 y 20, que son letales para nuestra vida política como país.

Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público atendiéndolos de manera preferente.
Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año.
Otorgar becas a estudiantes de familias pobres de todos los niveles.
Garantizar atención médica y gratuita a todos los mexicanos.
Que los mexicanos y familias puedan ser dueños de sus viviendas.
Prohibir el maltrato a los animales.
Proscribir en el territorio nacional de hidrocarburos mediante el fracking.
Hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar concesiones para uso doméstico.
Prohibir el comercio de vapeadores y drogas químicas como el fentanilo.
No permitir que el aumento al salario mínimo sea menor al de la inflación.
El salario mínimo para maestros, guardias nacionales, soldados, marinos y médicos no podrá ser menor a lo que perciben los trabajadores inscritos ante el IMSS.
Revertir reformas de pensiones aprobadas en el gobierno de Ernesto Zedillo.
Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo.
Todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras contarán con un jornal “seguro, justo y permanente” como sucede con el programa Sembrando Vida.
Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18,000 kilómetros de vías férreas concesionados durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente destinados únicamente al transporte de carga.
La nueva iniciativa de reforma electoral que se presentará contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución de regidores, evitar el uso de “excesivas estructuras burocráticas electorales” y eliminar las candidaturas plurinominales. La Cámara de Diputados no se integrará por 500 sino por 300 diputados y el Senado por 64 y no por 128.
Jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial en lugar de ser propuestos, serán electos de manera electa por el pueblo.
La Guardia Nacional se propone que sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Convertir en política de Estado la austeridad republicana. “Ningún servidor público puede ganar más de lo que perciba el presidente de la República”.
Eliminar todas las dependencias y “organismos onerosos” y elitistas supuestamente autónomos creados durante el periodo neoliberal.