6 de junio, el futuro del país en juego

Por: Gerardo Lozano

Félix Salgado Macedonio, suspendido por el INE como candidato a la gubernatura de Guerrero, en compañía de Mario Delgado, presidente nacional de MORENA, encabeza la manifestación de activistas, dirigidos por profesionales que son empleados para este tipo de actos; gritan y amenazan con “el exterminio” del Instituto Nacional Electoral, porque este, apegándose a la ley en la materia, había suspendido la candidatura de 49 candidatos del partido oficial a diferentes cargos de elección popular, debido a que no presentaron el informe de gastos de precampaña, al cual están obligados.

Ni Félix Salgado, quien ha sido impuesto como candidato no obstante tener tres demandas por violación y abuso sexual en curso, ni Mario Delgado, quien también tiene otro proceso abierto para la investigación de los fondos privados que empleó en su campaña interna por la presidencia del partido, actúan por iniciativa propia sino por consigna presidencial.

A voz en cuello Mario Delgado pide que se le haga juicio a 7 de los 11 consejeros del INE y se les destituya, todo por aplicar la ley a un partido que, pese a su corta vida, ha sido un desorden en el manejo de los recursos públicos que se le entregan y considera, por estar en el poder, que puede pasar por alto a la máxima autoridad electoral del país.

Apenas unos días antes Andrés Manuel López Obrador se ha lanzado abiertamente en contra del INE denominándolo como el “máximo poder conservador” y ha desatado una campaña en contra de éste, en la que participan sus voceros ya bien identificados, como el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien advierte que el INE debe desaparecer.

Apegándose también a lo que dispone la ley, el INE ha anunciado que evitará que se repita la sobre representación de los partidos políticos en la Cámara de Diputados y Senadores, lo que sucedió en 2018 con MORENA y sus partidos satélites, algo que les ha permitido una mayoría que, conforme a derecho, no deberían tener.

Desde que asumió el poder, Andrés Manuel López Obrador mostró poco respeto por los procedimientos que rigen un sistema democrático, pero a medida que ha ido avanzando su sexenio, se muestra cada vez más autoritario e intolerante, y no sólo en las palabras, que sería lo de menos, sino en acciones concretas encaminadas a controlar al poder judicial, pues ya controla personalmente a la Cámara de Diputados y al Senado, además de ir en contra de todos los organismos autónomos, en varios de los cuales ha logrado colocar a gente que controla, o bien ha eliminado a algunos de esos organismos, o los ha castigado presupuestalmente para limitarles en su operación.

Ya logró tener una injerencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el poder judicial, incluido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque aún no ha logrado doblegarlo del todo.

Violentando el pacto federal, ha colocado en cada uno de los estados a un “superdelegado”, para manejar directamente todos los programas federales, sin tomar en cuenta a los gobernadores, con la mayoría de los cuales se niega a dialogar y acordar.

El INE se ha convertido en algo así como la resistencia a las pretensiones de un presidente que ha resultado un autócrata, que busca concentrar absolutamente todo el poder en su persona.

Si el INE llegara a desaparecer o si la mayoría de sus consejeros son removidos y en su lugar se coloca a gentes del grupo en el poder, el sistema democrático del país se encontraría en un grave riesgo, pues el poder central volvería, como hace 50 años, a controlar todo el aparato electoral del país, lo que le permitiría eliminar en la práctica a los partidos opositores y posicionar a un partido oficial hegemónico, donde los candidatos a las gubernaturas son designados personalmente por el presidente de la república.

México volvería políticamente a los años setenta del siglo pasado, a gobiernos muy parecidos a los de Luis Echeverría, un presidente populista y autoritario, cuyo gobierno está considerado como el final del llamado “desarrollo estabilizador” y causante de un desastre económico. Un personaje, por cierto todavía vivo a sus 100 años, que fue represor a un grado tal que su sucesor, José López Portillo, hizo campaña a la presidencia sin tener un solo candidato opositor, por lo que bien podría haber sido presidente con un solo voto.

Después de estos dos gobiernos se desató la primera gran crisis económica del país posterior a la revolución de 1910. La década de los ochenta es conocida económicamente como “la década perdida”.

Pero Andrés Manuel López Obrador no sólo está buscando agresivamente regresar a un modelo como el que imperaba en los años setenta, denominado por algunos intelectuales como “la presidencia imperial”, sino que pretende ir más lejos y crear “un cambio de régimen”, por el cual un grupo, su grupo, controle políticamente al país por las próximas décadas, con base en un modelo estatista, populista y autoritario, algo que ha sido la desgracia de varios países en América Latina.

Todas sus políticas van en contracorriente de la política moderna y las tendencias progresistas de las democracias desarrolladas.

Su gran recurso de sustentación política es un conjunto de programas asistenciales que entregan dádivas pequeñas a los sectores más pobres de la población, mientras que su manejo de la economía, de acuerdo a todos los indicadores, es un fracaso. Su gran bandera es la lucha en contra de la corrupción, el principal mal de la mayoría de los gobiernos anteriores, pero éste es más un recurso político que el verdadero propósito de limpiar de corrupción al país.

Emilio Lozoya, exdirector de PEMEX y el único funcionario de ese nivel que está sujeto a un juicio, no ha pisado tan siquiera un ministerio público en México y hace 9 meses que su proceso está detenido, después de realizar un arreglo para convertirse en lo que se conoce como “testigo protegido” en la jurisprudencia estadunidense.

El único gobernador sujeto a proceso recientemente es Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador panista de Tamaulipas, pero esto se está haciendo en pleno proceso electoral, con fines evidentemente políticos y con el propósito de amedrentar al grupo de gobernadores que integran la llamada Alianza Federalista, que ha logrado agrupar hasta 12 miembros de diferentes partidos que se oponen al autoritarismo y al centralismo manejado por López Obrador.

El objetivo del presidente es ganar, al costo que sea, las elecciones del 6 de junio próximo, en las que pretende lograr el control absoluto del poder legislativo federal y la mayoría de las 15 gubernaturas en juego, así como presidencias municipales y congresos estatales.

Esto le permitiría, según sus propias palabras, “consolidar el proyecto de la cuarta transformación”, que consiste en un cambio de régimen distinto al sistema democrático que hoy conocemos en el país.

LA MILITARIZACIÓN

Mientras opera en el frente político buscando toda la concentración del poder y la eliminación de los partidos opositores, la autonomía de la institución electoral, la disolución de las organizaciones de la sociedad civil que cuestionan su gobierno y su intención de cambiar de régimen, además de descalificar a todos los medios de comunicación que le están cuestionando, los cuales son la mayoría de los que operan en el país, López Obrador trabaja en otro frente: militarizar al país para sus planes políticos, al ser el jefe supremo de las fuerzas armadas, de acuerdo a la actual constitución.

Hay una evidente militarización del país. Ya no se trata de que el ejército y la marina armada colaboren en la lucha en contra del crimen organizado y en tareas de seguridad, sino de darles facultades y canonjías que están fuera de la naturaleza de esta institución, las cuales violentan preceptos constitucionales establecidos en México desde el siglo XIX y violentan compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

La creación de la llamada Guardia Nacional, que fue la primera medida adoptada a principios de 2019, ha sido seriamente cuestionada por la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michel Bachelet, expresidenta de Chile, quien ha manifestado que este tipo de organizaciones están en desuso desde hace dos décadas y hoy sólo se emplean en regímenes autoritarios y dictaduras.

La misma Bachelet considerada que el modelo más parecido a la Guardia Nacional creada en 2019 es la guardia militarizada de Venezuela, al mismo tiempo que hace énfasis en que México está violando el marco internacional que está obligado a acatar.

La Guardia Nacional, integrada por militares y con mandos también militares, facultada para operar en todo el territorio nacional, obedece en última instancia al poder central o, más específicamente al presidente de la república, jefe supremo de las fuerzas armadas.

Además, argumenta también la Alta Comisionada, la militarización no resuelve el problema de la criminalidad y sí empeora el problema de la violación de los derechos humanos, como lo demuestra el hecho de que en 2006, año en que el ejército se incorpora a la lucha contra el crimen organizado de forma masiva, México tenía un promedio de 8 asesinatos por cada 100 mil habitantes y, para 2018, este índice había ascendido a 25.

Hoy, no sólo se mantienen niveles de criminalidad casi similares a los de los dos gobiernos anteriores, sino que el combate al crimen organizado ha disminuido notoriamente y los grandes cárteles están en todo el territorio del país, apoderándose, de facto, de regiones completas de varios estados.

Después de la creación de la Guardia Nacional, Andrés Manuel López Obrador le entregó al ejército la construcción del polémico Aeropuerto de Santa Lucia, dándoles facultades para manejar los recursos financieros con total discrecionalidad. Enseguida les asignó la construcción de 2,500 sucursales del denominado Banco del Bienestar, el cual es considerado como innecesario y por tanto un gasto injustificado.

Posteriormente le entregó a la marina el control de todos los puertos y adunas del país, los que siempre habían estado en manos de funcionarios civiles de carrera.

El siguiente paso fue entregarle una parte de las obras del Tren Maya al ejército, pero posteriormente le entregó todo el proyecto, sobre el cual hay una gran cantidad de organizaciones indígenas y defensoras del medio ambiente que están opuestas y algunas ya se han amparado.

Como respuesta López Obrador le entregó el Tren Maya al ejército, como un patrimonio del mismo, con el derecho de manejarlo y disponer como propias todas las utilidades que genere.

A medida que el gobierno de López Obrador transcurre, la militarización es más fuerte, lo que inclusive ya ha atraído la atención de especialistas internacionales y, por supuesto, del nuevo gobierno y los congresistas estadunidenses, que han comenzado a ver con cierta preocupación lo que sucede al sur de la frontera.

Desmantelar el sistema democrático del país y militarizarlo, siendo él el mando supremo que decide absolutamente todo, es algo sumamente preocupante desde la óptica que se le quiera ver y es una enorme tentación para un hombre que ama el poder por encima de todas las cosas.

La estrategia de López Obrador se complementa con los programas asistenciales, con los cuales se asegura un respaldo popular, por lo menos ésa es la intención evidente, porque lejos de reducirse la pobreza real, la economía del país está sumida en una crisis que está enviando a millones de mexicanos a la pobreza y a la sobrevivencia en la economía informal.

La de este 6 de junio no será entonces una elección más, tampoco será la más importantes por ser la más grande que se realiza, sino porque en ella se decidirá el futuro del país, no sólo para las generaciones mayores sino en especial para los jóvenes, que estarán viviendo en un país que caminaría en contra de las corrientes políticas que buscan hoy un mundo moderno, progresista, tolerante y atento a un crecimiento económico real y cuidadoso de la sobrevivencia del planeta.

Sin fanatismos, no hay área estratégica para el desarrollo de México en la cual sea defendible el desempeño de este gobierno. Educación, salud, economía, seguridad, ciencia y tecnología, democracia y hasta derechos humanos presentan saldos negativos. Ni tan siquiera en el tema bandera de la corrupción hay resultados contundentes, sino todo un manoseo político de una justicia que se aplica según convenga.