Crisis financiera de universidades públicas y los programas clientelares del gobierno federal

Crisis financiera de universidades públicas y los programas clientelares del gobierno federal

Por: Álvaro González

En forma personal, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, ha declarado a los medios que la institución se encuentra al borde de una crisis financiera, con lo que se sumaría a 11 de las universidades públicas estatales que ya están en crisis y, en lo que es un escenario preocupante, de seguir la reducción de fondos federales todo el sistema de universidades públicas del país entraría en una crisis financiera inédita, como consecuencia de la eliminación de 10 de los 11 fondos que aportaba el gobierno federal, sumado al recorte que se ha realizado a las participaciones generales de los gobiernos estatales, que en el caso de Coahuila ha sido drástico.

De seguirse esta tendencia, el país puede ver reducida su tasa de escolaridad universitaria, que es de apenas un 38%, en comparación con el promedio de América Latina, que es de un 53%, pues aunque el gobierno federal está presionando a las universidades públicas para que aumenten su matrícula, incorporando más alumnos, el efecto de las políticas económicas podría tener un efecto contrario, reduciendo el número de estudiantes o bien, los niveles académicos y los recursos destinados a ciencia, tecnología, cultura y deporte se verán seriamente afectados.

En 2015 el gobierno federal aportaba al sistema de universidades públicas del país 11,053 millones de pesos a través de 11 fondos, pero para el 2020 la mayoría de estos desaparecieron y la aportación fue de tan solo 1,374 millones de pesos. En 2021 sólo ha quedado un fondo y las aportaciones se reducirán a tan solo 131.9 millones de pesos, lo que es una cantidad irrisoria.

Las universidades autónomas de los 32 estados del país reciben presupuesto de la federación, de sus gobiernos estatales y de sus recursos propios, pero hay una gran diferencia en los porcentajes que aporta la federación a cada una de ellas, que van desde 90 y 89% en estados como Yucatán y Oaxaca, que están en la parte alta de la tabla, hasta un 50% para un grupo de universidades que están al fondo, entre las que se encuentra la Universidad Autónoma de Coahuila, esto de acuerdo a los datos oficiales de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP.

Al recibir sólo el 50% de sus recursos del estado, la UA de C recibe el restante del gobierno estatal, más un porcentaje de recursos propios.

De acuerdo a las cifras del informe del rector Salvador Hernández Vélez para el ejercicio 2020, los ingresos de la UA de C por subsidios federales y estatales, convenios federales y productos financieros etiquetados fueron de 2 mil 389 millones, equivalentes al 88.9% de total de sus ingresos, en tanto que los recursos propios derivados de servicios escolares y la venta de bienes fue de 298 millones de pesos, que representan un 11.1%, para sumar ingresos totales por 2 mil 688 millones 454 mil pesos.

La UAdeC tiene una matrícula de 38,300 estudiantes al cierre de 2020, de los cuales 27,728 son de licenciatura y posgrado y 10,572 de bachillerato.

Con base en la información oficial del registro estatal en educación, Coahuila tiene una población de 72,883 estudiantes en el sistema de educación superior pública y 37,650 en el sistema de educación superior privada, distribuidos en 145 escuelas.

La UAdeC absorbe cerca de la mitad de toda la matrícula de educación superior pública del estado y una parte significativa del nivel de bachillerato. Es la institución líder a nivel estatal, con unidades en Saltillo, Torreón y la región norte.

EL DINERO A LOS PROGRAMAS CLIENTELARES

¿Dónde están los 11 mil 053 millones de pesos que se destinaban a los 11 fondos de apoyo federal a las universidades públicas del país?

En su más reciente visita a Coahuila, realizada el pasado 27 de marzo de 2021, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que “el gobierno federal está invirtiendo como nunca en Coahuila”, pero la mayoría de los recursos se enfocan “en beneficio de la gente más humilde, más pobre”, agregando que en Coahuila “ya están funcionando tres universidades públicas : una en Francisco I. Madero, otra en Piedras Negras y otra en Viesca”, refiriéndose a las llamadas “Universidades del Bienestar Benito Juárez”.

Ante la evidencia de que Coahuila está enfrentando una sequía de obras públicas federales y un recorte muy drástico de los recursos destinados a la entidad, el presidente hizo una referencia minuciosa a los programas de asistencia social que se han implementado, sobre los cuales afirmó que se están otorgando las siguientes becas y ayudas:

5,738 universitarios reciben una beca de 2,400 pesos mensuales; 80,879 estudiantes de bachillerato reciben 800 pesos mensuales; 18,878 estudiantes de prescolar, primaria y secundaria reciben 800 pesos mensuales y 2,479 jóvenes reciben 4,300 pesos mensuales a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Cuantificando estos programas, si efectivamente se aplican en la forma en que se afirma, el programa de becas para jóvenes universitarios le cuesta al gobierno federal en Coahuila 13 millones 771 mil 200 pesos.

El programa de asistencia para jóvenes estudiantes de bachillerato, por el que se otorgan apenas 800 pesos mensuales, tiene un costo de 64 millones 063 mil 200 pesos.

Sumando las ayudas para prescolar, primaria, secundaria y el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, el gasto del gobierno federal es de 103 millones 596 mil 500 pesos mensuales, lo que representa un costo de 1,236 millones por año, pero los recortes al sector educativo en Coahuila y a su presupuesto general en el 2021 serán mucho más altos.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación, se eliminaron para Coahuila 376 millones de pesos que cubrían el Fondo de Nómina Educativa (FONE), que se deriva del convenio de descentralización realizado en 1992, por el cual los recursos para el pago de maestros asignados a la nómina federal fueron trasladados a los estados, hoy ese fondo ha sido eliminado del presupuesto por lo que se entiende que el estado tendrá que cubrirlo directamente con sus propios recursos.

Además de castigar los recursos destinados al sistema nacional de universidades públicas, el gobierno federal está castigando los recursos para la educación básica y el sector salud, que son los dos rubros más afectados para 2021.

En conjunto para educación básica y salud el recorte programado es de 448 millones de pesos, pero éste es uno solo de los renglones donde se hicieron recortes. La economía de Coahuila no ha recibido ni un solo peso de apoyo por la crisis provocada por la pandemia, inclusive no ha recibido ni el gasto estatal aplicado directamente en la lucha contra el COVID-19.

LAS UNIVERSIDADES DEL BIENESTAR

Varios de los programas asistenciales están teniendo problemas fuertes, como el denominado Jóvenes Construyendo el Futuro, que tuvo que reducir su presupuesto de 40 mil millones de pesos asignados en 2019, a 25 mil 614 millones de pesos en el año de 2020, ante la incapacidad de implementarlo por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, debido a la improvisación con que se inició e inclusive a la detección de problemas de corrupción, por lo cuales había empresas recibiendo las becas sin tener jóvenes practicantes, o bien practicantes que no hacían nada en las empresas a las que fueron asignados y cobraban la beca, que ha ascendido a 4 mil 300 pesos mensuales.

Además de los grandes programas estrella del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se decidió, de forma totalmente improvisada, la creación de 100 universidades públicas en todo el país, denominadas Universidades del Bienestar Benito Juárez.

Estas universidades serían instaladas en pueblos y municipios de baja población y, en teoría, de alta marginalidad, donde los jóvenes no tienen posibilidad de asistir a la universidad.

Para Coahuila se determinó instalar tres universidades: Piedras Negras, Francisco I. Madero y Viesca.

En Piedras Negras se tiene proyectada toda una infraestructura, en un terreno de 3.5 hectáreas, en el cual ya se han invertido 11 millones de pesos y se encuentra en etapa de obra negra una parte modesta del proyecto, pero ya se lanzó a mediados del año pasado la convocatoria de inscripción, para lo cual no hay que presentar examen de admisión, sólo algunos documentos y cada alumno recibirá una beca de 2,400 pesos mensuales.

La realidad es que la denominada universidad hasta ahora sólo consiste en algunos salones sin terminar, pero la obra estuvo parada casi todo el año pasado por falta de presupuesto.

Hasta ahora la única carrera que se ofrece es la denominada Licenciatura en Estudios Sociales, que no parece tener una relación con las necesidades sociales ni la demanda laboral de esta parte de la región norte de Coahuila.

Cabe hacer la consideración de que en Piedras Negras se ubican tres instituciones de educación superior pública: la UAdeC, el Tecnológico Regional y la Escuela Normal, más otras cinco instituciones de educación superior privadas.

En Francisco I. Madero se está edificando una modesta construcción, que ha costado, en la versión oficial, 7 millones de pesos, pero se encuentra en la etapa de obra negra; sin embargo, se ofrece la Ingeniería en Procesos Agroalimentarios, logrando la inscripción de 175 alumnos, todos ellos becados con 2,400 pesos, según la poca información que se puede recabar.

En Viesca, la obra de construcción no es sino unos cuantos ladrillos de lo que se entiende es el inicio del levantamiento de bardas para una o dos aulas, pero ya se ofrece la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia, con el atractivo de la beca de 2,400 pesos mensuales para cada alumno inscrito.

En la opinión de diversos especialistas en temas de educación superior, que han analizado el proyecto en muy diversos medios de comunicación, este proyecto de las 100 Universidades del Bienestar Benito Juárez, es inviable, no sólo por la pandemia, sino desde su idea misma.

Lo más razonable, en la opinión de esos mismos especialistas, es que se podría haber creado un programa de enlace de las universidades públicas ya existentes para acercarse a pueblos y comunidades donde los jóvenes tienen problemas para incorporarse a la universidad, para lo cual se justificaría el otorgar becas de apoyo, que les permitan a los estudiantes cubrir los gastos de transporte y el no tener que incorporarse tempranamente a las actividades de producción rural, o de cualquier otra índole.

En Piedras Negras lo que se está haciendo no tiene sentido, pues las universidades públicas ya instaladas pueden atender esa demanda potencial de los pueblos vecinos, que están a una muy corta distancia. De hecho, es algo que ya viene dándose hace muchos años.

En el caso de Francisco I. Madero, que está a una distancia de apenas 35 kilómetros de la zona urbana de Torreón, también la UAdeC puede cubrir la demanda de estudios universitarios, tomando en cuenta la beca que se ofrece, con toda una infraestructura que ya existe.

Al igual que en Piedras Negras, la UAdeC cubre ya, desde hace muchos años, la demanda de estudios universitarios de este municipio vecino. Efectivamente muchas familias de muy escasos recursos tienen problemas para enviar a sus hijos, pero si se orienta adecuadamente esa beca que se ofrece, los costos de transporte y otros que se tienen que realizar podrían cubrirse.

Todos estos proyectos elaborados sobre las rodillas y sin ninguna vialidad ni soporte real, parecen surgir de ese planteamiento centralista y absurdo de que solo el gobierno central puede resolver la problemática de los sectores sociales más pobres del país, sin tomar en cuenta a los estados y a los propios municipios, generando proyectos populistas que pretender pasar por encima de la infraestructura que ya tiene cada entidad.

Hasta ahora lo único que se ha hecho es castigar económicamente, entre otros, a los dos sectores más estratégicos del país: educación y salud, para financiar problemas asistenciales que tienen como principal y casi único efecto el comprar una clientela política entre diversos sectores sociales, y no necesariamente los más pobres, pues el llamado Censo del Bienestar, elaborado en 2019 por los llamados “Siervos de la Nación” y en el que se basan todos estos programas, fue levantado también con criterios políticos, más que sociales.

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