El desorden en la zona metropolitana de La Laguna

Por: Álvaro González

En el elogio al absurdo, la zona metropolitana de La Laguna no camina en el sentido de la integración sino hacia la división política; nunca había existido en toda la historia reciente de la zona metropolitana una separación política como la que existe hoy, con todas sus consecuencias de gobierno, de políticas públicas, de urbanismo y en general de planeación del desarrollo. Cada uno de los cuatro municipios va en un sentido distinto.

Con una población estimada en el último censo del INEGI en 1 millón 283 mil 835 habitantes, la zona, integrada por Torreón, Gómez Palacio, Lerdo y Matamoros, ha ido aumentando sus problemas en aspectos tan sensibles como agua potable, movilidad urbana, medio ambiente, desarrollo económico y gobernanza. El único problema que ha tenido una notoria mejoría ha sido la seguridad pública.

Muy probablemente el problema más crítico, la disposición de agua potable para el consumo humano, es un ejemplo de cómo la división política y los problemas de gobernanza explican en buena medida por qué la zona metropolitana ha crecido con una planeación tan deficiente y una integración muy conflictiva.

Hoy Torreón es gobernado por el PAN, Gómez Palacio y Matamoros por Morena y Lerdo por el PRI.

Tres de los municipios, que concentran la mayor parte de la población, enfrentan problemas serios con el abasto de agua potable a la población.

Matamoros (108,950 habitantes), hace años que tiene que abastecerse de agua en su mayor parte desde cuatro pozos ubicados en la serranía de las Noas, en el municipio de Torreón. Su problema es crítico.

Gómez Palacio, al igual que Torreón, tienen sistemas de abasto de agua potable ineficientes e insuficientes, en parte debido a la corrupción, a la incompetencia y a la sobre explotación de los mantos acuíferos.

Lerdo, en la opinión de su presidente municipal, Homero Martínez Cabrera, no tiene problemas de abasto de agua potable.

Con base en el seguimiento de una iniciativa originada en la parte de Durango, específicamente de Gómez Palacio, ha surgido un proyecto denominado “Agua Saludable para La Laguna”, que le fue vendido al actual gobierno federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, el cual implica una inversión de alrededor de 11 mil millones de pesos, proyectado, en su primera etapa, para un mediano plazo.

Sin la participación de la sociedad civil y sin la participación específica de los ejidatarios, quienes son los propietarios de la casi totalidad de los derechos de agua, el proyecto ha arrancado, con el anuncio de una inversión de 1,270 millones de pesos, provenientes del FONADIN, para los estudios técnicos y el proyecto ejecutivo que, en teoría, deberán estar listos en febrero de 2021, en apenas cinco meses, un año en el que todo se mide en tiempos político-electorales.

El proyecto comprende una presa derivadora, planta de bombeo, planta potabilizadora, acueductos, tanques de almacenamiento y ramales de distribución, lo cual, de concretarse, sería la obra del sexenio en la región lagunera, pero el problema es que se necesitan 10 mil millones de pesos de inversión y no está previsto con precisión de dónde saldrá ese dinero.

LERDO NO TIENE PROBLEMAS, MATAMOROS NO TIENE AGUA

El presidente municipal de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, declaró, al siguiente día de que se anunciara el inicio de los trabajos, que Lerdo no tiene problemas de agua potable para su población, pues disponen de agua suficiente y sin problemas de contaminación de arsénico.

Añadió que el 60 por ciento de la población del municipio vive de las actividades agropecuarias y, a diferencia de Torreón y Gómez Palacio, son ejidatarios y pequeños propietarios, no empresarios agrícolas, por lo que habrá que tomar obligadamente en cuenta su opinión, porque son los propietarios de los derechos del agua.

En la reunión inicial, que se llevó a cabo a principios de septiembre en el campo militar, participó Germán Martínez Santoyo, director del Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte (OCCCN) de la Conagua, que es el órgano rector, y nunca fue presentado algún estudio integral de cuál es la situación de la problemática del agua en la región, para evitar el tema que plantean todos los organismos ambientalistas: la sobreexplotación de los mantos acuíferos por parte de los grandes productores, lo que ha originado en buena medida el agotamiento y la contaminación de los mantos freáticos.

La Conagua ha evadido, por muchos años, abordar de fondo el problema del agua en La Laguna, inclusive ha ocultado, por los menos a los medios de comunicación, el padrón real de pozos para uso agrícola y ha mantenido una corrupción endémica en el manejo del agua, donde se siembran grandes superficies, sobre todo de forrajes, que no son reportadas, con la complacencia de los funcionarios de esta dependencia.

Hoy se desea cargar la cuenta a los derechos de agua del sector ejidal de la cuenca del Río Nazas en la parte de Durango.

Uno de los pocos puntos importantes que han sido puestos sobre la mesa es que los organismos administradores del agua potable tienen que subir su eficiencia hasta un 70% al menos, cuando hoy trabajan con niveles de un 50% o menores y han sido, por décadas, organismos con serios problemas de corrupción y de manipulación política.

En municipios como Matamoros, el más afectado por la falta del agua, hay toda una cultura de no pago por el servicio, fomentada por los políticos locales.

Sin tomar en cuenta a la sociedad civil, a los productores del sector social, a los ambientalistas, a los organismos que están pugnando por el reordenamiento del desarrollo de la zona metropolitana, ya se ha lanzado un proyecto, desde la cúpula gubernamental, que pretende resolver el que es, a mediano y largo plazo, el problema más grande que tiene no sólo la zona metropolitana sino toda la región lagunera.

Este proyecto, ahora denominado de Agua Saludable para La Laguna, proviene del sexenio del priista Jorge Herrera Caldera, de cuyo grupo político formaba parte la actual alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela, y en su momento fue promovido sin éxito, ahora ha sido vendido al nuevo gobierno federal y se presenta como un proyecto de la 4T, cuando tiene su origen en el gobierno estatal anterior, caracterizado por la corrupción, la ineficiencia y el saboteo a los proyectos de integración de la zona metropolitana.

ELIMINACIÓN DEL FONDO METROPOLITANO

En los inicios del gobierno de Enrique Peña Nieto, el denominado Fondo Metropolitano, que era asignado por gestión del poder legislativo, estaba destinado a proyectos en las diferentes zonas metropolitanas del país.

La zona metropolitana de La Laguna alcanzó un presupuesto de un poco más de 600 millones de pesos, los que se repartían a partes iguales entre la región lagunera de Durango y la de Coahuila, para la realización de diferentes obras y proyectos.

El proyecto metropolitano más importante fue el del llamado Metrobús, iniciado y concluido en la parte de Torreón y Matamoros en cuanto a infraestructura física básica, pero no ha podido ser concluido por la falta de recursos, debido a la disminución gradual del Fondo Metropolitano y a su casi desaparición en el gobierno de López Obrador, que ha centralizado casi todos los fondos de inversión pública y ramos de distribución de recursos fiscales, dejando únicamente los que no puede eliminar por ley.

Como gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera saboteó el proyecto del Metrobús, en beneficio de los intereses del gremio camionero, afiliado a la CTM. Utilizó los recursos del fondo metropolitano desviándolos y en obras que no están claras, sin respetar la autonomía municipal de Gómez Palacio y Lerdo.

En Torreón, la llegada del PAN al gobierno municipal en 2018, con Jorge Zermeño Infante, tuvo la mezquindad de no apoyar el proyecto del Metrobús porque “no era su obra” y entró en una relación de confrontación con el gobierno estatal de Miguel Riquelme Solís, quien había sido su antecesor y le dejó todo un referente de obras, entre ellas el Metrobús, la obra más importante de movilidad urbana en la zona conurbada.

Hoy, por la división política que hay desde el 2018 y ya más fuerte desde el 2019, la relación entre los cuatro alcaldes de la zona metropolitana es distante, sin coordinación en ningún proyecto común para atender los problemas más críticos, hasta el surgimiento del proyecto del agua, que es de un grupo de políticos de Gómez Palacio que tienen fuertes intereses en las obras que, en teoría, se llevarían a cabo en el transcurso de los próximos años.

Debido a la integración del Bloque de Gobernadores Federalistas, la relación entre el gobernador panista de Durango, José Rosas Aispuro, y el de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, ha mejorado notoriamente, pero ambos tienen problemas para lograr una relación adecuada con los respectivos alcaldes de la zona metropolitana.

Tradicionalmente, los cacicazgos políticos enquistados por décadas en La Laguna de Durango han complicado la relación con la parte de Coahuila, en una especie de competencia insana.

En Coahuila el problema con los gobiernos del municipio de Matamoros era la ineficiencia, pero, paradójicamente con la llegada a la alcaldía por parte de Horacio Piña Ávila, el desorden en la administración pública ha alcanzado niveles inéditos.

EL IMPLAN, COMO LAS LLAMADAS A MISA…

En Torreón fue creado en el gobierno antepasado el Instituto Municipal de Planeación, un organismo dedicado básicamente a la recopilación de información sobre el municipio, la medición de diversos parámetros y el análisis de la problemática municipal, pero no tiene ninguna capacidad ejecutiva o forma de intervenir normativamente en la toma de decisiones del gobierno.

Toda su información recabada y los análisis que ofrece sólo pueden ser, a lo más, una referencia para la toma de decisiones de los funcionarios públicos, si esto así lo desean, lo mismo que para la toma de decisiones de empresarios y organismos de la sociedad civil.

Se presentan ante su consejo planes y proyectos, pero finalmente estos son como las llamadas a misa: va el que quiere y el que no quiere pues no.

Es una opción interesante para fundamentar un desarrollo sustentable, pero hasta ahora ha sido más un aparato burocrático de recopilación y análisis de información, que debe tener un costo anual significativo. No está siendo debidamente aprovechado, inclusive se llegó a pensar que el actual gobierno podría desaparecerlo.

Surgió la propuesta de crear un Instituto Metropolitano de Planeación, lo que provocó un fuerte malestar del titular del IMPLAN, Eduardo Holguín, pero en principio, si se maneja como un organismo de carácter regional, desde el punto de vista ejecutivo y operativo, sería un enfoque mucho más provechoso para apoyar el desarrollo regional, el problema es que si tiene la misma trascendencia del IMPLAN, seguiría desvinculado de la toma real de decisiones para el desarrollo sustentable de la zona metropolitana.

Hasta ahora la única área donde hay una coordinación y un mando único es en seguridad pública, con bastantes buenos resultados, si se toman como referencia los índices de criminalidad de 2007 a 2011, años en que La Laguna se colocó como una de las cinco regiones más inseguras y violentas del país.

En materia de agua potable, medio ambiente, movilidad, desarrollo económico y gobernanza, la zona metropolitana de La Laguna es un desorden, donde cada gobierno municipal camina en el sentido que quiere, solo que ahora, para empeorar las cosas, el dinero público se volverá cada vez más escaso y la integración intermunicipal está teniendo más problemas por la división política y los intereses de los diferentes grupos políticos y empresariales.