El dinero del norte para el gobierno federal

Por: Álvaro González

El inicio fue el acercamiento entre los gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, para buscar estrategias y acuerdos para un combate más eficaz a la pandemia de COVID-19 ante la falta de apoyo y de recursos por parte del gobierno federal, que, lejos de prepararse desde finales de febrero para enfrentar la contingencia, dejó a los estados por su cuenta y provocó casos como el de Monclova en Coahuila, donde la falta de protocolo y las enormes carencias de materiales, personal y equipo provocaron el primer brote masivo del coronavirus.

Al reunirse e intercambiar experiencias sobre la problemática de los estados, fueron surgiendo otros temas y adhesiones, al sumarse los gobernadores de Michoacán y de Durango, posteriormente se suma también Jalisco, con lo cual eran ya seis gobernadores.

En principio, el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador heredó un fondo de contingencia de 300 mil millones de pesos, de los cuales el año pasado se gastó 150 mil millones y no informó exactamente en qué, pero no fue en ninguna contingencia.

De los 150 mil millones de pesos restantes debió destinar una parte a reforzar el sistema de salud y apoyar a los 32 estados, que son los que han estado dirigiendo en la práctica la lucha en contra del COVID-19, utilizando recursos propios que tenían destinados a otros propósitos, ante las serias carencias de los sistemas hospitalarios del IMSS y del ISSSTE.

El regateo de los recursos o la negación de los mismos por parte del gobierno federal se vino a sumar al manejo que se le dio al presupuesto del 2020, donde se castigó a la mayoría de los estados y municipios que no tienen gobiernos de extracción morenista.

En Coahuila el estado tuvo que disminuir su presupuesto en al menos mil millones de pesos, con respecto al 2019 y, aun así, hacer frente al COVID-19.

NEGACIÓN APOYOS PARA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

De la pandemia, como efecto principal, se ha desprendido una paralización de las economías y una crisis de las mismas.

Los gobernadores esperaban un apoyo directo al empleo, como el que se dio en Estados Unidos, además de un apoyo a la mediana, la pequeña y la microindustria de forma directa.

La respuesta del gobierno de AMLO fue no escuchar ninguna propuesta del sector empresarial, de los especialistas y de los gobernadores. Lanzó un programa sumamente limitado, no dirigido de manera directa a los trabajadores, empleados y empresas, sino a clientelas de clase popular, con un programa de créditos distribuidos a través de mecanismos de carácter político.

Hasta la fecha se desconocen los criterios para distribución de los créditos, pero hay evidencias probadas de que se utilizaron padrones de control político partidistas para entregarlos, violentando los propios criterios que habían sido establecidos.

La compra de equipo, que se hizo en forma improvisada y a destiempo, cuando los precios internacionales ya se habían incrementado, se ha concentrado en la Ciudad de México y su distribución ha sido poco eficiente, además de dejar mucho qué desear en su calidad.

Los mismos gobiernos de morena, aun siendo pocos, están entre los seis que mayor problema tienen con la pandemia, como Baja California Norte, la Ciudad de México y Tabasco, que concentran más de la mitad de los contagios y los fallecimientos a nivel nacional.

La conclusión de los gobernadores, que han seguido realizando reuniones de intercambio, es que este esquema financiero los pone en una gran desventaja, al limitarles los recursos y trasladarles la mayor parte de las responsabilidades, pero además el trabajar con políticas federales contradictorias en torno a la pandemia, sin tomar en cuenta la situación concreta de cada uno de los estados y sus regiones.

Se impuso un semáforo, con base en cuatro criterios, pero no es útil porque la situación de cada estado es diferente. Inclusive en un mismo estado, como Coahuila, cada región es distinta, por lo que los propios gobernadores son los que tienen que decidir de qué manera hay que ir aplicando la reactivación y el reinicio de la llamada nueva normalidad.

Todos los estados esperan que la federación les restituya lo que han tenido que tomar de sus presupuestos para atender el problema del coronavirus, pero además que lance un programa real de apoyo a las economías. Sin embargo, se han enfrentado a un gobierno federal que todo lo traduce a términos político-electorales y a ideología, por lo cual no sólo se ha negado a prestar apoyo a los estados, sino que ha declarado que “quieren el dinero para utilizarlo en las elecciones, no para el combate al coronavirus”.

AMLO fue todavía más lejos: le ordenó a su secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que les negara el aval a los gobiernos estatales que tienen contemplado contraer deuda, como Tamaulipas, Jalisco y Guanajuato, cuando su situación financiera se los permite y no tienen otra alternativa para inyectarle recursos a la reactivación económica.

Esta negativa se puede considerar como un rompimiento entre el gobierno central y los estados de la federación, todo ello fincado en los intereses político-electorales del propio presidente con cara a las elecciones del 2021, donde se renovarán 15 gubernaturas, 30 congresos locales y alrededor de 2 mil presidencias municipales, además de los diputados federales que componen la Cámara de Diputados.

PACTO FEDERAL OBSOLETO

Esta situación ha llevado al planteamiento de un problema de mayor fondo: el pacto fiscal, por el cual se distribuyen los recursos que generan los 32 estados del país y que concentra el gobierno federal, a través del SAT y de la Secretaría de Hacienda.

Existe una fuerte inconformidad por la proporción con que se entrega a los estados la parte de aquello que generan a la riqueza nacional.

Actualmente los gobernadores que abiertamente está inconforme con el pacto federal son Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Jalisco, Quintana Roo y Guanajuato.

Es un grupo muy representativo, porque en él están Jalisco y Nuevo León, que son el tercero y cuarto lugar en aportación al Producto Interno Bruto del país, con 7.6 y 7.1%, muy cercanos al Estado de México y, entre los dos, semejantes a la Ciudad de México, tomando en cuenta que el ésta concentra muchos de los corporativos que operan a nivel nacional.

Guanajuato es el sexto lugar con un 4.4%, Coahuila el séptimo con un 3.8%, un nivel muy parecido al de la mayoría de los estados norteños.

En promedio los estados están recibiendo, vía participaciones, entre el 26 y el 31% de todos los recursos fiscales que generan, todo lo demás lo concentra el gobierno federal y lo está empleando con un criterio cada vez más centralista.

No se premia la productividad, la eficiencia, lo que es muy delicado para el desarrollo.

En el otro extremo, los estados sureños del país son de los que menos aportan y en los casos de Tabasco, Chiapas, Campeche y Morelos, antes de 2019 y de la crisis que ha estallado en 2020, no sólo no aportaban, sino que eran deficitarios, lo que significa que una parte de la aportación presupuestal es un subsidio que pagan el resto de los estados.

Tabasco traía déficit promedio de -8.2; Chiapas, -2,1; Campeche, -1.6; Morelos, -0.5, y estados como Oaxaca tenían una aportación de apenas el 1.5% al PIB nacional, lo que implica, por su cantidad de población, que también se le tiene que subsidiar presupuestalmente.

Coahuila tiene, de acuerdo al último censo del INEGI, 2,961,708 habitantes, Oaxaca registra una población de 3,976,297, un millón más, mientras que Tabasco tiene ya una población de 2,400,963 habitantes.

¿Por qué Coahuila genera 3.8% de la riqueza nacional y Oaxaca, con un millón más de habitantes, apenas el 1.5%? Existen muchas causas, pero una de ellas es la cultura del esfuerzo y las condiciones para la inversión privada, que sustituya al subsidio gubernamental permanente.

El actual pacto federal no se ha revisado desde hace alrededor de 40 años. La economía de hoy es otra y requiere de una revisión, más cuando el centralismo se ha vuelto más radical que nunca, junto con un populismo que se está tomando el dinero que genera toda la federación, para proyectos que son considerados, por los expertos, como inviables, y para darle dinero a los pobres, pero a los pobres que voten por quien les da el dinero.

Con muy escasos recursos naturales, todos los estados norteños son productivos y tienen una cultura del esfuerzo. Habría que buscar explicaciones más objetivas para explicar el por qué, con grandes recursos naturales, la mayoría de los estados del sur son improductivos y tienen economías sumamente rezagadas.

Michoacán está a la cabeza en el sector primario (agropecuario), aunque no tenga un sector industrial importante. ¿Por qué Chiapas es deficitario en un -2.1 y lo tenemos que subsidiar si, desde el movimiento zapatista de 1994, no deja de recibir subsidios gubernamentales especiales? ¿En 26 años de recibir trato especial no pueden ser tan siquiera autosuficientes presupuestalmente?

Ante un gobierno federal cada vez más radicalizado ideológicamente, más delirante en la interpretación de la vida política del país y más centralista, los gobiernos de los estados, que pertenecen a todos los partidos, exceptuando al oficial Morena, están recurriendo a un argumento muy poderoso y muy liberal, por cierto: el federalismo, contra el cual es difícil oponer argumentos o artimañas de complots trasnochados.

Es muy difícil que un ciudadano de cualquier estado esté de acuerdo con que, gracias al trabajo de sus paisanos y al suyo, se genere una riqueza económica, que genera una determinada cantidad de impuestos, que puede ser muy importante, para que luego se le regresen 26 centavos de cada peso y el resto se los quede el gobierno central para manejarlos del modo que lo desee, en favor de su partido y de sus programas y proyectos, por hoy todos orientados a los estados del sur del país.

Para todo el norte, bajío y occidente de México no hay un solo proyecto de infraestructura relevante, cuando son las regiones que, literalmente, mantienen la economía del país.

El punto de ruptura ha sido la negativa del gobierno central de apoyar a los estados con los gastos que ha generado el COVID-19, bajo argumentos de carácter partidista que ofenden a los estados y eluden sus obligaciones financieras.