Por: Marcela Valles

Era inexplicable el por qué el director de Tránsito y Vialidad, Pedro Luis Bernal, ha sido ratificado en su cargo no obstante las continuas quejas de corrupción.

La razón parece bien simple: a cambio de dejarlo hacer, el corrupto funcionario ha propuesto convertir su dirección en uno de las generadoras de ingresos más importante del gobierno municipal de Torreón.

Los hechos no engañan, pero los números los cuantifican y lo reconfirman: en los primeros dos meses de 2019, los ingresos del ayuntamiento de Torreón pasaron de 3 millones 302 mil pesos a 7 millones 228 mil pesos en relación al mismo periodo de 2018, cuando Jorge Zermeño estaba en precampaña para buscar su reelección.

A ese ritmo, la dirección de tránsito y vialidad puede dejar a las arcas municipales alrededor de 40 millones de pesos anuales, algo que nunca ha sucedido con anterioridad en ningún gobierno municipal.

En dos meses los agentes de tránsito le han impuesto a la ciudadanía nada menos que 28 mil 503 multas por violar el Reglamento de Movilidad Urbana. La mayor parte de esta enorme cantidad de multas (casi 500 multas diarias en promedio) se deben a estacionarse de manera indebida, no a faltas consideradas como graves.

El propósito recaudatorio es evidente. En el primer y segundo cuadro de la ciudad se han destacado cuadrillas de agentes que recorren a pie cuadra por cuadra, buscando vehículos mal estacionados para colocarles la infracción y quitarles una placa, lo que implica, además de la multa, tener que perder media mañana en acudir hasta la presidencia municipal para hacer el pago correspondiente.

“Al final, el agente aceptó multar llevándose una placa, luego de que el conductor no siguiera el juego verbal eufemístico de quien pide un soborno. Julio declara que el agente confesó que por cada multa extendida, a él le daban una pequeña comisión.”

Pero la aplicación del criterio es discrecional. Un vecino de la calle Comonfort se queja de haber sido multado porque se encontraba estacionado “obstruyendo el paso peatonal”, debido a que estacionó su vehículo cerca de la esquina, pues gran parte de la cuadra es ocupada por los vehículos que coloca en ella un taller mecánico, el cual inclusive pinta vehículos en plena calle, colocándolos sobre la banqueta, con las molestias que ello implica.

El vecino fue multado porque estaba en su casa cuando pasó el agente de tránsito, pero el taller mecánico no fue molestado porque “se mochó” con el agente, al cual le dio un soborno de 100 pesos.

Otra mujer se queja de haber sido multada frente al Museo Regional de La Laguna, sobre la calle Juárez, debido a que su vehículo invadía un poco un rayado de paso peatonal que está colocado frente a este museo y, debido a la baja calidad de la pintura, casi se encuentra borrado. Eran las ocho de la noche.

Una pareja sale a las dos de la mañana de un antro del Distrito Colón al cual asiste con cierta frecuencia, para encontrarse con que ha sido multada por estacionar su vehículo en el lugar en que lo estaciona habitualmente. La multa fue levantada a las 11:45 de la noche. El vehículo estaba estacionado al frente de una finca que se encuentra en ruinas.

Todo ese sector está siendo asediado por una cuadrilla de agentes, cuya consigna es colocar la mayor cantidad posible de infracciones a altas horas de la noche.

Eduardo adquirió una camioneta nueva e hizo cita para tramitar sus placas, pero por su trabajo tuvo que circular sin placas tres días, debido a que hasta el cuarto día tenía su cita. En el segundo día, después de haber asistido a una comida, en el boulevard Diagonal Reforma, un agente de tránsito le marcó el alto; le indicó que estaba circulando sin placas y eso era motivo de infracción, él le indicó que tenía la cita en dos días más y le mostro el comprobante, pero el agente se empecinaba en que debía de sacar un permiso en la presidencia municipal. Enseguida le pidió sus documentos y le solicitó que le soplara para verificar si no traía aliento alcohólico. Eduardo perdió la paciencia y le increpó al agente que no podía estar pidiendo que se le soplara porque sencillamente no era parte de un operativo de alcoholímetro y no tenía ningún aparato consigo. Discutieron y finalmente el agente desistió de imponer la multa, pero argumento que su “supervisor” lo podía sancionar por no imponer multa.

Julio transitaba en la noche por Torreón, con placas vencidas del estado de Durango. Una patrulla de Vialidad le hizo la parada y Julio se estacionó sobre el acotamiento de Diagonal Reforma. El agente indicó el motivo y le pidió que le echara el aliento en la cara, acción sumamente informal a la que los agentes creen poder obligar a cualquier conductor y que no deja a nadie con la dignidad intacta. Julio no había bebido, pero su licencia también estaba vencida. El agente avisó que debía consignar el automóvil por circular con las placas vencidas, pues retirar una de ellas ya no era garantía; declaración falsa e intimidatoria. Al final, el hombre aceptó multar llevándose una placa, luego de que el conductor no siguiera el juego verbal eufemístico de quien pide un soborno. Julio declara que el agente confesó que por cada multa extendida, a él le daban una pequeña comisión.

Si Pedro Luis Bernal le ha impuesto a los agentes la consigna de generar infracciones y convertirse en una fuente recaudatoria, los agentes cumplen con la consigna pero además deben de entregar una cuota diaria que va de los 500 a los 200 pesos.

LA VUELTA DEL “TEQUILIÚ”

Si el director de tránsito y vialidad le ha impuesto a los agentes la consigna de generar infracciones y convertirse en una fuente recaudatoria, los agentes cumplen con la consigna pero además deben de entregar una cuota diaria que va de los 500 a los 200 pesos, dependiendo de si se trae vehículo, motocicleta o se trabaja a pie.

Por lo menos los días jueves, viernes y sábados, un agente ordinario obtiene para él otro tanto de lo que entrega  “al jefe”.

Hay multas altísimas, como la de hablar por teléfono celular mientras se maneja, por lo que muchos de los automovilistas ponen su teléfono en altavoz si su auto no cuenta con el dispositivo electrónico de transferir sus llamadas a la computadora del tablero.

Aun en altavoz hay que tomar el teléfono y apretar el botón para el ingreso de la llamada. Ana María no sabía que el sólo llevar en las manos el celular es motivo de infracción, lo que le costó una “mordida” de 100 pesos, para evitar la enorme multa, pues aunque hablaba en altavoz y llevaba su vista al frente tuvo el descuido de no colocar el teléfono en la consola del auto.

El llamado alcoholímetro se ha convertido en un gran negocio, tanto para los agentes de tránsito como para el gobierno municipal. La multa por manejar alcoholizado es de 3 mil 450 pesos, más 2 mil de fianza ante el ministerio público, porque además de infracción es un delito, más 600 de la grúa, más 60 pesos diarios de corralón, lo que puede hacer al menos un total de 7 mil pesos.

Lo delicado para un automovilista es que sin conducir en estado de ebriedad pueda marcar más allá de la norma establecida, que se puede sobrepasar con tan solo haber cenado con vino o tomado tres bebidas.

Antes que pagar 7 mil pesos y ser detenidos, muchos automovilistas, la mayoría de los que registran encima del límite, pueden pagar mil pesos o aún más de “mordida” a los agentes de tránsito, a menos que sea funcionario del propio ayuntamiento, en cuyo caso hasta el llamado “croquis” y el reporte vial se “extravían”. Esto considerando que el agente lleve consigo el aparato medidor, pues contra toda formalidad y dignidad siguen pidiendo que se les sople en la cara; asunto lastimoso y bastante cuestionable para cualquier Dirección de Vialidad que presuma operar bajo una normativa legal.

En los dos primeros meses de 2019 el gobierno municipal ha obtenido un millón 62 mil pesos, por 308 infracciones a conductores con “aliento alcohólico”, una parte de los cuales no iba en estado de ebriedad, solo venía de una cena o fiesta. De seguir esta tendencia se ingresarán anualmente más de 6 millones de pesos tan solo por este tipo de infracción.

Por cada uno que es infraccionado, por lo menos otro ciudadano es extorsionado por medio del alcoholímetro, en una estimación muy conservadora.

Nadie está contra la ley y el orden, como tampoco lo está contra el cumplimiento con el reglamento de vialidad y más por evitar cualquier tipo de accidente, pero de eso a utilizar ese reglamento como una fuente de recaudación es algo que atenta contra los derechos de los ciudadanos, además de la corrupción que se ha vuelto evidente en la dirección de tránsito y vialidad municipal.