Economía añeja: signos y rumbos preocupantes

Por: Eduardo Rodríguez

“Mide tus deseos, pesa tus opiniones, cuenta tus palabras”

Pitágoras

Mientras las encuestas muestran que ha aumentado hasta niveles muy altos la confianza y el optimismo de los consumidores mexicanos, la economía del país muestra signos preocupantes, no sólo en la opinión de los especialistas y las calificadoras internacionales, sino de los empresarios e inversionistas en general, quienes muestran fuertes reservas sobre la capacidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de conducir acertadamente la economía, mucho menos de alcanzar los niveles de crecimiento de hasta un 4%, algo que no se ha dado hace ya décadas en el país.

Tener popularidad y fomentarla es un arte que se le da muy bien a López Obrador, pero que no tiene nada qué ver con la capacidad de cumplir con las enormes expectativas que ha prometido y sigue prometiendo todos los días.

El problema no es si hay “conservadores” y “neoliberales” que dejaron un sistema político corrompido hasta los huesos; eso es algo que ya se sabía y es por ello que López Obrador llegó a la presidencia de la república.

Tampoco el problema es que tengamos un nivel de inseguridad terrible en muchas regiones del país, eso se da por sentado y se sufre todos los días, también por ello llegó a presidente López Obrador.

El asunto es que ya se terminaron las campañas electorales, él gano ampliamente y prometió mucho: terminar con la corrupción de todo el sistema político, con la inseguridad e impulsar el crecimiento económico del país para sacar de la pobreza a la mitad de la población.

El tiempo de los rankings de popularidad ya se terminó, pero el presidente parece cada día más enamorado de su voz y más ávido de popularidad, hablando de todo y de nada durante una a dos horas diarias que van a terminar por cansar a la audiencia y a todo mundo.

Aunque se le dé la verbosidad y tenga un indudable carisma y habilidad para alimentar su imagen mediática, un país no come de la verbosidad de su gobernante, ni tampoco elimina una subcultura arraigadísima de corrupción pública y privada, mucho menos recupera su tranquilidad y suprime el hecho de ser uno de los países más violentos del mundo.

Pero pongamos por un momento en la sala de espera la inseguridad y la corrupción, para analizar lo que sí ya se puede hacer a 100 días de haber iniciado formalmente el nuevo gobierno, pero a casi nueve meses de que López Obrador asumiera, de facto, el poder, aunque no estuviese sentado en el sillón presidencial.

La ideología, las tendencias y las políticas económicas que marcaran a este gobierno en la conducción económica ya están sobre la mesa y están boca arriba; se pueden leer perfectamente y lo que dicen es inquietante, ya sea que se haya votado o no por López Obrador, ya sea que se pertenezca a un medio popular o al más alto nivel socio-económico. La buena o la mala marcha de la economía va para todos por igual.

El primer signo lo puso sobre la mesa el Banco de México: el pronóstico de crecimiento para este primer año de 2019 estará entre el 1.1 y el 2.1%. En un escenario pesimista el crecimiento caería a la mitad de lo que venía reportando y que se consideraba mediocre (un 2.2% en promedio) y, en el escenario más optimista, estaría todavía por debajo de lo que sucedió en los tres sexenios anteriores.

Para el próximo año de 2020 el pronóstico de BANXICO también es desalentador, pues es de 1.7% a un 2.7%, en el mejor de los casos.

LA IDEOLOGÍA: ENTRE UNA IZQUIERDA VIEJA Y LA RESURRECCIÓN DEL NACIONALISMO

Andrés Manuel López Obrador se ha manifestado desde su salida del PRI, y aún antes, como un hombre de izquierda, lo que se traduce como creyente del modelo socialista, lo cual no es ningún problema e inclusive puede ser sano para el país, pero en su caso su idea del socialismo no corresponde a corrientes modernas y progresistas, como la que en su momento tuvo España a la salida del franquismo o los países escandinavos, cuyo modelo parece incluso admirar.

En su caso predomina la vieja y obsoleta idea de una economía de estado, donde el capital privado juega un papel secundario e inclusive no debe tener propiedad ni injerencia en ciertas áreas que se consideran como “estratégicas”, a criterio del propio estado. Ese modelo se impuso en todo el bloque socialista a partir de la segunda guerra mundial y terminó derrumbándose estrepitosamente por su misma inviabilidad, dejando detrás países pobres que podían ser ricos y, una vez que se han abandonado ese modelo, comenzaron a prosperar.

López Obrador ha retrocedido a las décadas de los años treinta y cuarenta del siglo pasado, donde operaba una economía de Estado que se reserva áreas como la energética, declarándola un bien de la nación, o la tierra y los litorales, que se consideran también un bien nacional, aunque sea entregada a los campesinos en forma de ejidos, un modelo de producción agrícola que ha sido un completo fracaso.

A la economía del estado hegemónico y rector se suma la idea del nacionalismo, con un Lázaro Cárdenas del Río con el lema sexenal de “México para los mexicanos” y el de Manuel Ávila Camacho de “Produzca lo que el país consume y consuma lo que el país produce”.

El país dependió, por muchas décadas, de hecho hasta ya entrados los ochenta, de su renta petrolera, la cual va a dar directamente a las arcas estatales y es administrada de forma improductiva. México no vendía al mundo ninguna otra cosa que no fuera petróleo, pero además era una economía cerrada al mundo, como lo eran una gran cantidad de países.

El problema es que la economía internacional de hoy es completamente diferente y, en consecuencia, el negocio petrolero se maneja también con criterios no nacionalistas sino de rentabilidad; del mejor rendimiento posible, cuando su ciclo como energía principal para mover las economías ha entrado en lo que será su fase terminal, para dar paso a nuevas energías limpias, de tecnología avanzada.

López Obrador plantea de nuevo el nacionalismo y retoma esos dos lemas: recuperar la “grandeza” de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad y producir lo que el país consume, evitando todas las importaciones posibles; una política que ya había retomado José López Portillo, con un gran fracaso.

Pero hay dos aspectos muy críticos: López Obrador no tiene la más elemental formación en economía; sencillamente no sabe cómo conducir una economía en el nuevo entorno económico internacional y en el ámbito interno de la microeconomía, pero además de creer que la economía debe subordinarse a la política, va más allá: la economía debe subordinarse a una ideología: la suya y la de una parte de ese conglomerado informe de personajes que integran su gobierno, donde la contradicción de las ideas y de las decisiones es ya la tendencia principal.

La verbosidad, el carisma y todo el manejo de imagen presidencial no pueden ocultar tampoco otra tendencia que ya es manifiesta: el autoritarismo; un hombre que pretende que el país entero gire en torno a él en todo sentido. Es amable, simpático y paternal si se hace su voluntad y se piensa como él, pero se convierte en intolerante e inclusive visceral si se le cuestiona.

Como consecuencia no hace equipo para el análisis de los problemas y la toma de decisiones. Carlos Manuel Urzúa Macías, su Secretario de Hacienda, sabe lo que se tiene que hacer y conoce a fondo el oficio de economista, pero finalmente se tiene que subordinar a las decisiones presidenciales, lo que es sumamente delicado para el adecuado manejo de la economía.

Las recomendaciones del Banco de México, que conserva su autonomía, son también descalificadas en la práctica.

Hay secretarios de Estado en posiciones estratégicas, como Rocío Nahle, quienes están manejando la dependencia no con un criterio económico sino ideológico, lo que hará mucho daño, porque finalmente tiene la disposición de seguir hasta sus últimas consecuencias las decisiones de López Obrador aunque estas sean inviables. De paso ha entrado en conflicto con el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, quien es ingeniero agrónomo y desconoce por completo cómo es que funciona el negocio petrolero.

Otro funcionario que puede causar o más bien ya está causando un gran daño es Javier Jiménez Espriú, Secretario de Comunicaciones y Transportes, quien está secundando a López Obrador en tomas de decisiones que han representado un mal inicio del sexenio en materia económica, como la inexplicable cancelación del aeropuerto internacional en Texcoco y lo que viene, como el llamado Tren Maya, que puede convertirse en un problema de dimensiones enormes.

Jiménez Espriú es un anciano de 81 años que debería estar gozando de su retiro. Su tiempo como profesional hace ya al menos una década que está terminado.

EL PROBLEMA SE LLAMA PEMEX

La austeridad en el gasto corriente del Estado es una excelente decisión y la lucha en contra de la corrupción del aparato gubernamental es indispensable para avanzar como país, de hecho fue el lema principal que llevó a López Obrador a la presidencia.

La decisión más importante en economía es dónde poner el dinero, lo cual vale tanto para una persona física como para una empresa y para un gobierno.

Si impones normas de austeridad, aunque algunas de ellas sean más bien teatrales y tengan un propósito de imagen política, y estás tratando de limpiar de corrupción todo el aparato gubernamental, el siguiente paso es declarar hacia dónde se va a dirigir el gasto público y en qué proporción.

Si se ahorran 50 mil o 100 mil millones de pesos, necesariamente lo que sigue es anunciar cómo los inviertes en una determinada secretaría de Estado para que se vuelva más eficiente, o los destinas a un programa que beneficie de manera real a la población en su ingreso y su capacidad de consumo, para que mejore el nivel de vida.

Meter la tijera para recortar ciertos gastos de la burocracia federal, incluido el despido de decenas de miles de burócratas es relativamente fácil, pero saber cómo eliminar inteligentemente la corrupción es algo ya mucho más complicado, porque la corrupción es un delito que debe tener consecuencias de carácter judicial, además de que hace un daño mucho más profundo que un simple exceso de gasto corriente por parte de la burocracia.

Para el estado mexicano el problema económico principal se llama PEMEX y, en menor proporción, CFE.

La razón es bastante simple: PEMEX está quebrado financieramente y tiene una gigantesca deuda de 104 mil millones de dólares, lo que equivale a cerca de dos billones de pesos; el cuarenta por ciento de todo el presupuesto de la federación.

Esta enorme deuda está generando intereses en dólares.

Al cierre de 2017 la deuda pública de México había alcanzado su  nivel histórico más alto, al ubicarse en 10.88 billones de pesos, equivalente, en números cerrados, al 50% del Producto Interno Bruto del País, con un enorme pago de intereses que ascendían a 533 mil 351 millones de pesos; el 10% de todo el presupuesto de la federación.

La casi totalidad de esta deuda está generada por las llamadas “empresas productivas del Estado”, como PEMEX y CFE, la banca de desarrollo y los créditos contraídos por los gobiernos anteriores, que se dispararon en los últimos dos sexenios, especialmente en el de Enrique Peña Nieto y, como factor importante, la caída del peso frente al dólar.

Ganase quien ganase la elección de 2018, el nuevo gobierno estaba obligado a realizar una restructuración del gasto público, pero además una reforma fiscal, ante la insuficiencia y las limitaciones de la reforma fiscal del gobierno peñista, que no dejó satisfecho a nadie.

Ya sea que se llame o no republicana, la austeridad era obligada, pero también el cuidado de la inversión pública y ahí es donde parece estar el problema medular de López Obrador: en su manejo de la economía ha prometido que no habrá más deuda, pero su estrategia de restructuración está siendo duramente criticada por los expertos, no sólo en México sino en el extranjero.

Hay que considerar que el 52% de los tenedores de la deuda pública mexicana son extranjeros y la mayor parte del endeudamiento está nominado en dólares, por lo que la paridad cambiaria es un tema muy delicado. Parte del incremento tan fuerte de la deuda se debe a este aspecto, al caer el peso frente al dólar hasta niveles cercanos a los 20 pesos por cada dólar. Aunque ha bajado en los últimos días, esto se debe a factores externos, que pueden cambiar.

Con el antecedente es vital entender cómo operan los mercados de dinero a nivel internacional y cómo actuar en consecuencia. El gobierno de López Obrador y su equipo político han cometido varios errores importantes en apenas los primeros 100 días formales de gestión. Sin el secretario de Hacienda haciendo de bombero, ya tendríamos fuertes problemas.

La restructuración del gasto público implica necesariamente la eliminación de programas y dependencias que no sean estratégicas, pero además el fortalecimiento de los sectores de la economía que son los más productivos, así como el fomento de sectores que están teniendo un gran despegue a nivel internacional, como todas las nuevas tecnologías.

El primer paso obligado de la restructuración del gasto público era el diseño de un plan de negocios para PEMEX, adoptando medidas sin contemplaciones, para reducir drásticamente su gasto operativo, enfocarse a sus áreas más rentables, salirse de aquellas que no son negocio, reducir casi a la tercera parte su planta laboral y en consecuencia su enorme pasivo por el fondo desproporcionado de pensiones.

Atacar acertadamente el problema de PEMEX le daba a López Obrador el plus de atacar al mismo tiempo la corrupción gubernamental, lo que ha hecho con el combate al gigantesco negocio del “huachicoleo”, pero sólo a medias.

Todos los expertos coinciden en que el plan de negocios que ha dispuesto López Obrador para PEMEX no sólo es desacertado sino que puede traer serios problemas a la economía del país.

La agencia internacional calificadora de riesgo Fitch Ratings casi de inmediato le bajó la calificación a PEMEX, considerando que son insuficientes las medidas del gobierno de México para rescatar a PEMEX y señaló que éstas no bastaban para prevenir el deterioro de la calidad crediticia de la empresa paraestatal.

La respuesta del propio López Obrador fue de lo más desacertado al descalificar a todas las calificadoras internacionales de riesgo, lo que fue secundado por el grupo parlamentario de Morena, quien propuso la suspensión de las mismas para operar en México. Al darse cuenta de las implicaciones de lo dicho, vino la retractación, un comportamiento que se ha vuelto una constante.

Pero aún con la baja de calificación a PEMEX, el plan de negocios no se modificó en lo sustancial: invertir dinero público para recuperar su “grandeza”; sostener, contra todas las opiniones, el proyecto de construir una refinadora en Dos Bocas, Tabasco, y bloquear la inversión extranjera en zonas donde México no tiene ni la capacidad tecnológica ni financiera para hacerlo por su cuenta.

El sindicato petrolero sigue intacto, incluidas sus enormes canonjías; tampoco han sido tocados sus enormes gastos fijos. Producir gasolinas, bajo el esquema actual, es un pésimo negocio para PEMEX y para el país.

En contraste México entró hace dos años en el ranking de los diez países turísticamente más importantes del mundo. El sentido común indica que es un sector de la economía al que se le debe de invertir y cuidar con un buen plan de negocios.

Contradictoriamente, es un sector que va a nadar a contracorriente de las políticas económicas del nuevo gobierno. La cancelación del aeropuerto internacional de Texcoco fue un duro golpe al sector. El fondo de promoción turística fue eliminado de un plumazo, sin dejar un solo peso, para destinar el dinero al proyecto del denominado Tren Maya, que puede convertirse en el proyecto más costoso del sexenio, pero ni siquiera ha sido consultado con los expertos, incluido todo el medio empresarial-turístico.

En resumen, la economía del país está siendo manejada por un presidente que no sabe de economía y además no admite el consejo de sus colaboradores que sí saben de ello, quienes tienen que estar apagando los fuegos que enciende el propio López Obrador y el ala radical de su grupo político, quienes se han dedicado, principalmente, a sembrar incertidumbre y hoy, ya algo pasados los 100 días, no tenemos una idea clara de hacia dónde van exactamente.

PEMEX y el sector turístico son los dos ejemplos máximos del desacierto, pero lamentablemente no son casos aislados sino una constante de nuevo estilo de gobernar.

En su última evaluación de finales de marzo, Fitch Ratings redujo su pronóstico de crecimiento para México en 2019 a un 1.6 por ciento, desde un previo de 2.1 por ciento que había proyectado en diciembre, porque desde el cuarto trimestre la economía mexicana ha entrado en una desaceleración, debido a varios factores internos, la mayoría de los cuales tienen que ver con el nuevo gobierno.

Habrá que ver cuáles son las cifras que arroja el primer trimestre de este 2019.