¿Hay salida de la deuda de Coahuila?

Por: Gerardo Lozano

Se ha reactivado el caso contra Humberto Moreira en las cortes española y estadunidense: han extraditado a “El Mono” Muñoz del país ibérico a Estados Unidos y la extradición de Jorge Torres López a Texas es latente, dos implicados que darían información primordial para el juicio del exgobernador. Sin embargo, ¿podría la economía coahuilense recuperarse pronto del desfalco y la deuda que dejó el primero gobierno de los Moreira?

La deuda del gobierno estatal de Coahuila es un problema grave que, desde hace siete años ha saturado la agenda política y ha motivado una discusión tras otra, dentro y fuera de los procesos electorales.

El problema es que viéndolo desde un punto de vista técnico no se le ve al asunto una salida, por lo menos no al corto y mediano plazo, menos ahora que hemos entrado en un nuevo gobierno con características tan especiales.

Esta madeja enredada en la que se ha convertido la deuda tiene demasiados hilos.

El primero de ellos es el financiero. Se le deben algo más de 36 mil millones de pesos a un grupo de bancos privados. Esa deuda está documentada, lo que significa que se formalizó legalmente y ha sido reestructurada hasta en tres ocasiones, para tratar de bajar intereses y aumentar los plazos de pago.

Aquí surge el primer problema y el más grande. Originalmente la deuda fue ocultada, pues estalla el escándalo hasta el 2012, cuando ya había logrado librar la elección Rubén Moreira, pero el inicio del endeudamiento databa desde hacía por lo menos tres años.

Antes de terminar su gobierno interino, Jorge Torres López, realizó toda una operación de encubrimiento y de sustracción de documentos, que sólo él y el extesorero Javier Villarreal conocen y han revelado solamente lo que se les descubre, porque los 2.7 millones de dólares que se le imputan en las cortes de Texas a Jorge Torres es casi algo simbólico si se considera que están perdidos, por lo menos, cerca de 18 mil millones de pesos.

Al asumir su gobierno, Rubén Moreira pudo, además de pelearse a nivel personal con su hermano, haber emprendido acciones legales y tener una negociación muy dura con los bancos, en aquellos casos en que los endeudamientos fueron realizados con documentos falsificados, sin autorización del Congreso del Estado.

Era, podríamos decirlo así, el momento. Por lo menos 5 mil 300 millones de pesos de deuda habían sido contraídos con documentos falsificados y un total de 18 mil millones de pesos no habían pasado por la autorización del Congreso del Estado.

Si hubiera emprendido acciones legales se tendría que haber enfrentado al gobierno de Enrique Peña Nieto, que, desde el principio, protegió a Humberto Moreira y a Jorge Torres, que son, para efectos prácticos, la misma cosa.

Si entraba en una negociación dura con los bancos tenía que abrir toda la información y se hubiera tenido que enfrentar no sólo a los bancos, sino también al mismo gobierno de Peña Nieto, porque el principal tenedor de la deuda son los grupos Interacciones y Banorte, propiedad  mayoritariamente de Carlos Hank Rhon, cabeza de la dinastía Hank, una de las familias más acaudaladas de México, pero también el más poderoso clan político-empresarial en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Siendo él mismo un gobernador del PRI y sin un apoyo político de alcance nacional, Rubén Moreira no tenía, en términos pragmáticos, más posibilidad que abrir el asunto, generar un escándalo mediático nacional sin precedentes y luego ver qué podía negociar y recuperar, pero eso jamás lo iba a realizar.

Jorge Torres López conoce el destino de toda la deuda de Coahuila, pues fue primero tesorero estatal, enseguida de desarrollo social y posteriormente gobernador interino. Si se da su extradición, habrá nuevos implicados, en automático, porque negociaría su condena a cambio de información y de testificación. Debe ser extraditado, para eso lo detuvieron, pero la familia López está cabildeando con todos los medios a su alcance para que Jorge Torres no vaya a EU.

El Congreso del Estado, por indicaciones de Rubén Moreira, legalizó el total de la deuda y sólo se logró negociar algunos términos de plazos e intereses, pero ni por aproximación lo que se hubiera podido lograr en una negociación dura.

Nunca se rindió información clara y precisa, ni por parte del Congreso del Estado, menos aún por parte del gobierno de Rubén Moreira.

A partir de ahí las posibilidades de que los términos del endeudamiento cambiaran se volvieron mínimas, lo cual puede ser confirmado por cualquier persona experta en finanzas y en derecho.

Todo lo que ha seguido después ha sido tratar de renegociar para comprar tiempo, reducir en algo los costos de los intereses, lo cual, como se vio, era posible en el gobierno de Peña Nieto, porque el gobierno estatal tenía la posibilidad de buscar recursos adicionales en el ramo 23 y en el 33, además de otros apoyos del gobierno federal.

Ese escenario hubiera hecho operable el gobierno de Miguel Riquelme, pero al momento en que gana la elección presidencial Andrés Manuel López Obrador, el panorama se volvió especialmente crítico: la noche coahuilense se vino encima y Rubén Moreira había terminado su último año de gobierno registrando cuando mucho la mitad de la deuda con proveedores, además de retrasar la entrega de participaciones y recursos a diversas instituciones públicas.

Antes de irse Rubén Moreira del poder, la información sobre la deuda, que ya había sido manipulada en varias ocasiones, sufre todavía otra capa oscura más, para protegerse a sí mismo e, inclusive, pretender continuar su carrera política al convertirse en diputado federal plurinominal.

¿Qué se puede hacer hoy que no vuelva inoperable el funcionamiento del gobierno estatal?

Después del indebido recorte de recursos a muchos de los gobiernos estatales por parte del nuevo gobierno federal, entre ellos Coahuila, el margen de maniobra financiera se redujo aún más.

Los diputados panistas proponen que el gobierno estatal recorte casi al mínimo su presupuesto operativo para abonarle al capital de la deuda y reducir su monto, lo cual, con el recorte federal que ya sufrió, secaría por completo el presupuesto para obras y servicios del gobierno estatal, lo cual dañaría al estado entero, entre ellos los propios municipios que gobierna el PAN, como Torreón y Monclova, entre otros.

En su sexenio, Rubén Moreira tenía los argumentos políticos para buscar al menos un rescate financiero parcial en torno  a esta deuda, pero, enfrentado a nivel personal con el hermano, que se ha dedicado a defenderse a sí mismo e inclusive demandar a los periodistas que le han señalado de manera directa, nunca se llevó a cabo una negociación que concretara algún tipo de rescate financiero para bajar la presión, pues además el problema de los altos endeudamientos es compartido por varios estados de la república.

Si Peña Nieto no apoyó a Rubén Moreira, pensar en la posibilidad de que lo haga Andrés Manuel López Obrador es nula.

LA VÍA JUDICIAL

Otro planteamiento es buscar fincarle un proceso judicial a Humberto Moreira para hacer un poco de justicia, como el que se le está fincando a Jorge Torres en Texas. Ése sería el plato de sangre para compensar el agravio de los coahuilenses, pero el problema es si esto resuelve el problema de la deuda.

¿Existen hoy, después de todo lo que ha sucedido, los argumentos legales para fincar un proceso judicial desde México en contra de Humberto Moreira? Hay indicios de que hubo tal manipulación documental que resulta muy difícil, en términos legales, fincar un proceso sólido, más tomando en cuenta que el nuevo gobierno federal ha manifestado abiertamente que no va a ir tras los personajes claves del sexenio anterior, ni siquiera los de segundo nivel, como hasta la fecha se puede confirmar.

Los casos de varios ex gobernadores que se encuentran procesados por deudas aún mayores y por delitos comprobados, han caminado dificultosamente y, al menos en el caso del ex gobernador César Duarte, donde su sucesor panista Javier Corral ha buscado por todos los medios procesarlo, son bastante desalentadores.

Humberto Moreira podría estar ante dos frentes: las autoridades españolas, ahora con nueva información, y las autoridades estadunidenses, quienes entrarían en la etapa culminante de todo el proceso que han preparado desde la detención del extesorero de Coahuila, Javier Villarreal

En casos como el de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, podría terminar en sentencias importantes por los varios delitos que finalmente le comprueben, pero no habrá una recuperación siquiera significativa de toda la pérdida financiera que sufrió este estado.

No obstante, sí existe una posibilidad de que el ex gobernador Humberto Moreira sea implicado en un nuevo proceso judicial, después de que fue absuelto de todos los cargos por la fiscalía española, que le ha reabierto el proceso, una vez que cuenta con elementos nuevos.

Además de la reapertura del caso en España, en esta ocasión la apertura de un segundo proceso judicial en contra de Humberto Moreira podría venir del vecino estado de Texas. Existen elementos que se están acomodando en ese sentido.

Si se da la extradición de Jorge Torres, habrá nuevos implicados, en automático, porque Torres López negociaría su condena a cambio de información y de testificación, pero la familia López está cabildeando con todos los medios a su alcance para que Jorge Torres no sea extraditado.

Debe ser extraditado, para eso lo detuvieron, pero habrá que ver lo que sucede con el cabildeo que lleva a cabo su influyente familia.

Jorge Torres es miembro de la familia López del Bosque, que además de ser poseedora del holding empresarial de capital mexicano más importante del sureste de Coahuila, controla en la región al Partido Acción Nacional. Él ha vivido siempre dentro de un medio de clase alta y no tiene ni la formación ni el carácter para soportar interrogatorios de carácter judicial, pero además en apariencia sufre de una afección cardiaca, lo que le vuelve aún más vulnerable ante las presiones.

Jorge Torres conoce el destino de toda la deuda de Coahuila, pues fue primero tesorero estatal, enseguida de desarrollo social (se argumenta que buena parte de la deuda se ha tratado de justificar a través de los programas asistencialistas) y posteriormente gobernador interino.

Antes de la extradición de Juan Manuel “El Mono” Muñoz, el juez español Santiago Pedraz, el mismo que exonerara a Humberto Moreira hace dos años al no contar con las pruebas suficientes, porque nunca fue apoyado por la PGR en México, ha reabierto el caso en contra del exgobernador al contar con nuevas pruebas incriminatorias.

DE ESPAÑA A TEXAS

En el presente año todo este entramado de corrupción en torno a las finanzas del estado sufrió un giro muy importante.

Las autoridades judiciales españolas extraditaron a Estados Unidos a Juan Manuel Luévano Muñoz, alias “El Mono”, un personaje clave sobre la operación del crimen organizado durante el periodo de gobierno de Humberto Moreira y Jorge Torres.

Su detención se dio en marzo de 2016, acompañada de toda una serie de documentos, grabaciones y pruebas que podrían implicar de manera directa a funcionarios públicos y políticos de Coahuila.

Luego de que la Fiscalía Antidrogas norteamericana lo entrevistara en la prisión española, se acordó su extradición para ser procesado en un juzgado del estado de Texas, donde se sigue todo el proceso del caso Coahuila y se han acumulado los testimonios y declaraciones de varios testigos.

Antes de la extradición de “El Mono” Muñoz, el juez español Santiago Pedráz, el mismo que lo exonerara hace dos años al no contar con las pruebas suficientes, porque nunca fue apoyado por la PGR en México, ha reabierto el caso en contra de Humberto Moreira, al contar con nuevas pruebas incriminatorias, lo que ha propiciado que el ex gobernador se encuentre amparado como una medida preventiva promovida por sus abogados.

El proceso en Texas en contra de Juan Manuel Luévano y la extradición del exgobernador interino Jorge Torres, pueden cerrar un círculo de investigaciones judiciales que tiene años preparándose en Estados Unidos.

Hay indicios bien fundados de que tanto las autoridades judiciales españolas como las norteamericanas esperaron la terminación del gobierno de Enrique Peña Nieto para darle continuidad al juicio.

Lo anterior hace prever que, en caso de estar implicado en ilícitos que se desprendan de toda esta conjunción de personajes detenidos y procesados, el ex gobernador Humberto Moreira podría estar ante dos frentes: las autoridades españolas, ahora con nueva información, y las autoridades norteamericanas, quienes entrarían en la etapa culminante de todo el proceso que han preparado desde la detención del extesorero de Coahuila, Javier Villarreal, entre otros detenidos clave que ya han emitido declaraciones y aportado información muy delicada.

La extradición de “El Mono” Muñoz a Estados Unidos se dio a través de un convenio con las autoridades judiciales españolas, cuyos términos específicos hasta hoy se desconocen, pero que implican un compromiso de las autoridades judiciales estadunidenses para emplear todas las pruebas periciales que le han sido proporcionadas en contra de los implicados.

Esta etapa final del proceso implicará, además de condenas y nuevas órdenes de aprehensión a través de la Interpol, la confiscación de bienes y cuentas de los implicados, pero nada de ese dinero regresará a México y menos a Coahuila.

La única alternativa financiera para el actual gobierno estatal de Coahuila parece ser la de establecer una disciplina administrativa férrea; disminuir en todo lo posible el gasto corriente que no sea indispensable y productivo y, algo que ya está haciendo, enfocar a obras prioritarias lo poco que se dispone para inversión en obra pública, bajo el esquema que ya está operando de peso por peso con los 38 municipios, o al menos con los que pueden.

Al corto y mediano plazo el nuevo gobierno federal estará canalizando todos los recursos a sus proyectos asistencialistas, a las obras que comprometió en campaña y a los estados del sureste del país, además de aquellos estados donde vayan dándose elecciones, en los cuales el nuevo partido oficial (Morena) desea hacerse del poder.

Eso pareciera ser todo lo que hay: la posibilidad de obtener un poco de justicia por la vía judicial, pero no la solución financiera a corto y mediano plazo de la deuda pública de Coahuila.

Lo demás no es sino manoseo político del tema.