Por: Gerardo Lozano

A medida que ha avanzado más el sexenio es más la carga que se ha puesto sobre el Ejército, mientras que la seguridad pública del país es un desastre, que va de mal en peor.

El Ejército, según lo establece la constitución, tiene funciones específicas de seguridad interna y externa, así como de asistencia social en caso de desastres naturales y catástrofes, en consecuencia el instituto armado, tanto el Ejército como la Marina, no tienen funciones de constructores de aeropuertos, ni trenes, ni estadios de beisbol; tampoco son agentes aduanales, administradores de aeropuertos y, mucho menos, administradores de líneas aéreas comerciales, todo ello está fuera de las funciones que le son propias.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se empeña en la evidente militarización, bajo el argumento falso de que encontró el país hecho un desastre y, en consecuencia, solo el Ejército tenía la capacidad de encargarse de la reconstrucción.

En principio no había tal desastre; más desastre han causado muchas de las decisiones del actual gobierno en áreas tan sensibles como la infraestructura de salud pública, de educación, de seguridad, entre otras.

El desorden en la aviación, por lo menos en la ciudad de México, que es el principal centro de conexión a nivel nacional, lo ha provocado AMLO, al cancelar el proyecto de nuevo aeropuerto de Texcoco; la construcción caprichosa del Felipe Ángeles; el recorte del presupuesto del AICM, la mala administración del mismo y la degradación de la categoría de la aviación del país.

El Ejército está capacitado para las funciones que le son propias, pues inclusive ha fracasado en la función de realizar funciones policiacas, y en esas funciones es apreciado y valorado por la población, entre la cual tenía un nivel de aceptación amplia, que puede deteriorarse en la medida en que no pueda manejar toda la infraestructura y las funciones que les ha encomendado López Obrador.

A medida que ha avanzado más el sexenio es más la carga que se ha puesto sobre el Ejército, mientras que la seguridad pública del país es un desastre, que va de mal en peor.

Lo último ha sido el colocar bajo el manejo militar la empresa Mexicana de Aviación. Los militares no son empresarios y no están capacitados para ello, mucho menos de una empresa tan complicada como una línea aérea comercial, en la cual ya han fracasado administraciones anteriores.

En la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, INAI, ordenó la declaración patrimonial de los mandos militares que se encargaron de los contratos de obra, información que fue negada por el Ejército, que cayó en desacato, siguiendo la política de López Obrador de esconder las cuentas de las mega-obras, calificándolas de “interés nacional”, lo cual, de ninguna manera, le exenta sobre la rendición puntual y detallada de las cuentas.

Bajo semejante secrecía, el riesgo de caer en corrupción puede ser mucho para los mandos militares, que están manejando presupuestos multimillonarios y áreas muy sensibles, como el sistema de aduanas, las que se prestan también a la corrupción.

Un empoderamiento peligroso

Es bastante evidente que extralimitar las funciones de la milicia, en tareas que son propias de civiles, tiene una intención de carácter político, que envía el mensaje de tener como principal respaldo del actual gobierno el brazo armado de la institución castrense, la cual ha sumado un poder como no había tenido desde el periodo inmediato posterior a la revolución, cuando los presidentes eran precisamente militares.

López Obrador criticó en su campaña a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por asignar tareas de seguridad al ejército que le competían a las policías y, está grabado, prometió regresar el ejército a sus cuarteles a la brevedad. Nada más falso. No solo no cumplió su promesa, sino que ha empoderado al ejército a niveles peligrosos para la estabilidad del sistema político del país.

El ejército debe estar subordinado al poder ejecutivo y limitar su jurisdicción a las funciones que le son propias, darle semejante empoderamiento le da al alto mando militar un poder que desequilibra. Ya en principio, ante el fracaso de los gobiernos estatales y del gobierno federal, el ejército se ha convertido en la única fuerza de contención sobre las poderosas organizaciones del crimen organizado, pero ahora, con todas las canonjías que le han sido otorgadas, será muy difícil que renuncie a las mismas, por el contrario, es muy poco probable que el alto mando militar se contenga de no condicionar a la misma presidencia de la república.

Hay indicios claros de ello. En el caso de la detención del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la defensa nacional y un personaje influyente en la milicia, el alto mando militar exigió la intervención de la presidencia, para que fuera liberado en los EEUU y, ya puesto en México, se rechazó sujetarlo a cualquier proceso de investigación. No se le molestó en lo absoluto y volvió a su vida privada ordinaria.

En la designación de Alejandro Encinas como Secretario de Gobernación, el ejército lo vetó, molesto porque había denunciado el involucramiento de mandos militares y tropa en el caso de Ayotzinapa. Alejandro Encinas se tuvo que retirar del cargo y no pudo convertirse en titular de esta secretaría.

El alto mando militar ha rechazado la mayoría de los señalamientos de violación de derechos humanos, como también ha desacatado las resoluciones del INAI en materia de transparencia.

Pese a que han sido eliminados más de 100 fideicomisos y organismos autónomos, los fideicomisos del ejército, que son de los más grandes que existen, no han sido tocados y, por el contrario, su presupuesto real y fuentes de financiamiento han sido incrementados. Para ellos no hay austeridad alguna, ni límites salariales y de prestaciones.

Tan solo en 2020, los fideicomisos del ejército ascendieron a 31 mil 980 millones de pesos, lo que representa un incremento superior al 1,000%, pero además dichos fideicomisos son “cajas negras”, que no están sujetos a fiscalización alguna, según lo ha denunciado la organización civil Mexicanos en Contra de la Corrupción y la Impunidad, MCCI.