Por Arturo Rodríguez García (proceso.com.mx)

18 de febrero de 2023

Un estudio de la Sedena, hackeado por el colectivo Guacamaya, confirma lo que los deudos de los mineros muertos en Pasta de Conchos ya intuían: el rescate de los cuerpos “no es viable” en los cuatro años que prometió el presidente López Obrador.

Un estudio de la Sedena, hackeado por el colectivo Guacamaya, confirma lo que los deudos de los mineros muertos en Pasta de Conchos –en la tragedia ocurrida el 19 de febrero de 2006– ya intuían: el rescate de los cuerpos “no es viable” en los cuatro años que el presidente López Obrador prometió a los familiares. El mandatario encargó la recuperación de los cadáveres a la CFE… misma que subcontrató para esos trabajos a un par de empresas propiedad de Olegario Vázquez Raña.

El 15 de febrero de 2022, tres días antes de que se iniciaran las jornadas de denuncia y memoria por los 65 trabajadores fallecidos en la mina Pasta de Conchos, un documento de una unidad de información de la Sedena dio cuenta del interés de sus mandos por las acciones de los deudos, al elaborar un “estudio” remitido a la superioridad.

Fue comunicado a través de correo electrónico, obtenido entre el mar de información filtrada por el hackeo conocido como Guacamaya Leaks, cuya copia tiene Proceso. Fue dirigido al cuartel general de la 47/a ZM y emitido desde el 14/o RCM Múzquiz Coahuila, sin identificarse los nombres de los oficiales o mandos entre los que se comunicó, excepto por esas siglas que corresponden al Cuartel General de la 47 Zona Militar y al 14 Regimiento de Caballería Motorizado.

Más allá de las tareas de información política, en el “estudio” también se asentaron consideraciones técnicas sobre el pasado, la impunidad del caso y el futuro de los planes anunciados y que se supone están en marcha por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre la información remitida por el mencionado grupo de información del 14 Regimiento de Caballería Motorizado destaca que, contrario a lo prometido por el presidente y lo calendarizado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que encabeza Manuel Bartlett, el rescate de restos al que el gobierno programó destinar 75 millones de dólares en un periodo de cuatro años, no es viable:

“Si bien es cierto que los informes supuestamente elaborados por los técnicos de la CFE refieren que es factible la recuperación de los restos de los mineros atrapados, también lo es que, en atención al tiempo transcurrido del siniestro, al derrumbe de los túneles de la mina y a la filtración de agua ocurrido, no sea posible que en cuatro ni más años puedan recuperar citados restos humanos de la mina siniestrada (sic)”, se lee en el inciso e, del apartado III del documento.

Desde el gobierno de Felipe Calderón y luego con el de Enrique Peña Nieto, la idea de recuperar los restos fue rechazada. Fue hasta el actual gobierno cuando el propio presidente tomó el asunto, prometió realizar el rescate y encargó de ello a la CFE que lo planeó de manera diferente a como lo imaginaban los deudos.

A diferencia de la idea original de los deudos, de avanzar por los túneles reconstruyendo derrumbes, bombeando agua, e ir encontrando los restos, mientras se hacían peritajes, la CFE decidió realizar una serie de obras que fueran a donde se supone estaban los trabajadores el día del siniestro. Es decir, rompiendo todo y anulando el peritaje.

El 23 de octubre de 2020, el presidente López Obrador acudió al predio de Pasta de Conchos, presentó ahí un “Acuerdo de Intención” de rescate de los restos que estaría a cargo de la CFE. Aunque tanto el mandatario como la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, habían prometido que el rescate tomaría cuatro años y no lo heredarían a la próxima administración, en los hechos, es verdad que como asentó el “estudio” militar, no lo conseguirán.

Como se mencionó, el “estudio” fue enviado el 15 de febrero de 2022, esto es, apenas un mes después de que se asignaran los contratos para las primeras tareas en la mina que terminaron favoreciendo a dos empresas filiales de Prodemex, la contratista de infraestructura propiedad de Olegario Vázquez Raña.

Hasta enero pasado el avance de los trabajos no llegaba ni a 7%, mientras que la CFE ya negociaba la cancelación del contrato con las empresas Desarrollo de Terracerías y Proacon.

UNA HISTORIA DE MENTIRAS

Por: La redacción

El propio Andrés Manuel López Obrador, en mayo de 2019, se comprometió ante las familias de todos los mineros fallecidos a llevar a cabo el rescate de los cuerpos, como “un acto de justicia social”, que su gobierno solventaría. Para esto y de forma improvisada, giró órdenes al director de la CFE, Manuel Bartlett y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.

Era el inicio del sexenio y todo era euforia y culpas hacia los anteriores gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes habían considerado que el rescate de los mineros era inviable en términos técnicos.

Desde el principio, todas las decisiones fueron de carácter político y tomadas sin escuchar la opinión de los verdaderos expertos y de la comunidad minera de la región carbonífera de Coahuila.

La asignación de los contratos a las empresas Proacon y Desarrollo de Terracerías, quienes carecían de la especialización y experiencia en el ramo, son propiedad de Olegario Vázquez Raña, uno de los hombres más ricos de México, propietario del grupo Imagen, que comprende la Cadena Tres de Televisión, la cadena de Radio Imagen y el periódico Excelsior, pero además es dueño, entre otras empresas, de 27 hospitales de lujo (Ángeles), tres marcas hoteleras y empresas del sector de la construcción.

Como lo habían pronosticado varios especialistas, las empresas de Olegario Vázquez Raña tuvieron problemas para llevar a cabo un proyecto que, desde su diseño mismo, estaba seriamente cuestionado, pero además los trabajos se fueron paralizando desde el último semestre de 2022, hasta detenerse.

Las empresas argumentaron que la CFE tenía parado el flujo de recursos económicos, mientras que la propia CFE afirma que hasta septiembre de 2022 se habían liquidado 16 contratos, por un valor de 1,500 millones de pesos, pero tuvo que transcurrir cerca de medio año para que la Comisión terminara de liquidar realmente los adeudos y pudiera contratar a una nueva empresa.

Esta nueva empresa es Obras Mineras y Tiros del Centro, S.A de C.V., una firma con experiencia en el sector minero, la cual tiene apenas un trimestre trabajando en una obra que no diseñó y que tiene pocas o nulas posibilidades de concluir en el presente sexenio de López Obrador. Inclusive se ha filtrado la posibilidad de que dicha obra sea fallida y la recuperación de los restos de los 63 mineros sepultados en la mina, no pueda suceder ni en este ni en el próximo sexenio.

Luisa María Alcaide, quien era la responsable de la parte laboral y social ante la comunidad minera, ha dejado la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para ocupar la Secretaría de Gobernación.

El presupuesto original de 1,500 millones de pesos ya fue ejercido, así que ahora se espera realizar una nueva inversión de 500 millones de pesos en la nueva empresa, pero se desconoce si ese es el gasto final.

La demagogia, la improvisación y la falta de consulta a verdaderos expertos ha dado como resultado lo que será una promesa incumplida más de AMLO, en la región carbonífera de Coahuila que ha tenido varias tragedias mineras y donde. Como excepción en el estado, ahí Morena gobierna los dos municipios más importantes y sus políticos y alcaldes están estrechamente relacionados con el negocio del carbón, de donde se pagó inclusive parte de las campañas electorales de Morena en el presente año.