Por: Rodrigo Tejeda

En diciembre de 2018, al asumir AMLO la presidencia de la república, la deuda neta del sector público era de 10 billones 830 mil millones de pesos. Para septiembre de 2022 alcanzó los 13 billones 505 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 24.7 por ciento y, para 2023, en el presupuesto de egresos se estima un incremento de 1.1 billones de pesos más, cuando una de las principales promesas de campaña es que la deuda pública no se incrementaría.

Habrá que tomar en cuenta que este endeudamiento se ha dado a pesar de que el gobierno federal ha dispuesto de diverso fondos y reservas, las que fueron tomadas desapareciendo organismos y servicios públicos, algunos de alta prioridad social, como el fondo para el caso de desastres y contingencias ambientales, entre muchísimos otros.

Lo preocupante de este endeudamiento es que la única manera de pagar la deuda que se genere, sin empobrecer a la población, es impulsando el crecimiento económico, pero la economía del país, en lugar de expandirse se ha contraído.

Tanto el PIB nominal como el per cápita están hoy por debajo del que dejó el gobierno anterior. El gobierno de AMLO está impulsando el gasto corriente y reduciendo la inversión pública.

La inversión pública, de acuerdo al Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C., llegó a ser del 6 por ciento del PIB en 2009, pero se redujo hasta un 2.5 por ciento en 2021, y la mayor parte de esta escasa inversión se está encausando a los tres proyectos emblemáticos del sexenio: el Aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el llamado Tren Maya, que ya pierden dinero, en el caso del primero, y lo perderán en el caso de los dos últimos.

Si aumenta la deuda pública para financiar un creciente gasto corriente y se gasta mal lo poco que se destina a infraestructura productiva, los pagos que se tendrán que hacer se volverán cada vez más grandes y podrían sentar las bases para una nueva crisis económica.

En el afán de cerrar el sexenio a “tambor batiente”, AMLO se ha hecho autorizar un presupuesto de egresos para 2023, que está por encima de las posibilidades de recaudación y de ingresos propios del gobierno federal. Ese presupuesto debió haber sido sujeto a debate y ajustado por parte de la Cámara de Diputados y del Senado, pero fue autorizado por la mayoría morenista sin cambiarle una sola coma, por órdenes de la presidencia.

La Secretaría de Hacienda defiende el endeudamiento argumentando que existen países mucho más endeudados que México, pero eso no justifica que la deuda mexicana esté creciendo con una inquietante rapidez en este sexenio.

Tan solo en el tercer trimestre de 2022, Pemex perdió 52,033 millones de pesos, en un momento en que todas las petroleras del mundo están obteniendo enormes ganancias. Entre 2019 y 2021 Pemex ha acumulado pérdidas por un billón 89,955 millones de pesos, más que todo el monto actualizado del Fobaproa o rescate bancario de 1994-1995.

El segundo monopolio gubernamental preferido de AMLO, la CFE, en el mismo tercer trimestre de 2022 tuvo pérdidas por 50,671 millones de pesos, cuando se supone que tiene todas las condiciones para ser superavitaria.

LA AUSTERIDAD FRANCISCANA

Mientras que el gobierno de AMLO pregona la “austeridad franciscana” como política de gasto para su gobierno, en los hechos está empeñado en obras como el Tren Maya, cuyo presupuesto estimado asciende ya a los 400 mil millones de pesos, pero podría tener más ajustes al alza. La obra, de acuerdo a los especialistas financieros, tiene muy pobres proyecciones de rentabilidad económica y de un impacto social muy limitado, además de enfrentar toda una serie de contratiempos.

En contraste, estados como Coahuila, por tercer año consecutivo no tendrán presupuesto para su infraestructura carretera, si acaso apenas lo indispensable para mantenimiento de “bacheo”, entre muchos otros recortes que se han realizado al presupuesto de las participaciones federales al estado.

Los llamados programas sociales, que distribuyen dinero en efectivo a ciertos sectores sociales, tienen un lado positivo, al incrementar la capacidad de consumo de sectores sociales de muy bajo ingresos, pero están supeditados a la capacidad de recursos disponibles reales por parte del gobierno federal. Si se excede esa capacidad habrá desequilibrio en las finanzas públicas, y se estará regalando dinero que va a tener que pagarse con deuda, y esa deuda genera intereses y se vuelve una carga para la misma población.

No se puede destinar cada vez más dinero para los programas asistenciales (y lamentablemente clientelares), quitándoselo al sector salud, a la educación y al desarrollo de la infraestructura básica del país, además de que toda ayuda asistencial debe ser realizada con selectividad, esto es llegar a los sectores que verdaderamente lo necesitan, algo que no se está haciendo.

Una política económica sana de gasto público tiene que ir a la par con el crecimiento de la economía y, aunque ha estado de por medio la pandemia de COVID-19, en este sexenio el país tendrá un crecimiento económico mucho más pobre que el periodo de Enrique Peña Nieto, el cual fue apenas de un 2% anual en promedio, algo que se ha vuelto crónico en la economía mexicana, pero podría empeorar en los próximos años.

De seguir el ritmo que tiene ahora, la deuda pública del país podría incrementarse hasta en cerca de 5 billones de pesos para finales de 2024, lo que representaría un incremento que puede aproximarse al 50%, pero además las finanzas del gobierno federal pueden quedar secas, debido a que se han utilizado la mayor parte de los fondos de reserva disponibles.

Cuando se habla de “austeridad franciscana”, realmente se puede estar hablando de la situación de las finanzas del sector público de México al mediano plazo.

El problema más delicado es que el nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, a diferencia de los dos secretarios anteriores, en lugar de equilibrar las políticas del presidente, que están invariablemente fincadas en propósitos electorales y políticos, lo está complaciendo, como lo muestra el nuevo presupuesto de egresos para 2023, el cual no ha encontrado ningún tipo de contrapesos, y el problema de todos los gobiernos populistas es el manejo de la economía.

No hay dinero suficiente, si las estimaciones se hacen con base en cálculos y pronósticos realistas sobre el desempeño de la economía del país para 2023, pero AMLO quiere terminar de una forma grandiosa, y eso sólo se puede hacer contrayendo deuda pública, con todo el costo social y los riesgos que ello implica.