Por: Eugenia Rodríguez

Alejandro Moreno “Alito”, el líder nacional del PRI, es indefendible, pero además, si fuera un político responsable y sensato. ya debería haberse retirado, no convertirse en un problema para los próximos procesos electorales de 2023 y 2024.

Lo anterior no evita que se está pasando por alto, como si fuese algo lícito, el uso sistemático de grabaciones privadas para acabar con un enemigo político en el momento que se le considera más adecuado.

Lo primero que habrá que cuestionarse es el origen de las grabaciones que está utilizando Layda Sansores, gobernadora morenista de Campeche. Es evidente que Alejandro Moreno fue sujeto a un espionaje por meses, o hasta por más tiempo, utilizando tecnología que, hasta donde se conoce, sólo poseen algunos organismos gubernamentales de seguridad e inteligencia.

Renato Sales, el actual fiscal del estado de Campeche, es señalado como el posible autor de ese espionaje, tomando como referencia los antecedentes del personaje, pero eso no es posible confirmarlo, pues de las grabaciones se desprende que han sido realizadas tanto en Campeche como en la Ciudad de México, incluidas las oficinas de la misma sede nacional del PRI.

Layda Sansores alardea de tener toda una serie de grabaciones de llamadas telefónicas, que ha ido dosificando con un gusto que es evidentemente insano, inclusive con dejo de cierta perversidad, pues se ufana de ello.

¿Quién está poniendo en las manos de la gobernadora campechana todo ese material y de quién recibió el encargo? Es muy ingenuo pensar que fue una iniciativa suya que está ejecutando con tanta puntualidad o, digamos, de una forma tan sistemática.

Por la grabación que a su vez difundió Alejandro Moreno sobre su conversación con Manuel Velazco, el senador del PVEM y exgobernador de Chiapas, queda claro que el líder priista fue amenazado para que apoyara la reforma eléctrica, y la amenaza salió de Palacio Nacional. A dicha amenaza siguió el “trabajo” de Layla Sansores.

Lo anterior da argumento para establecer que el trabajo de espionaje sobre el líder partidista tiene su origen en el aparato estatal y, de ser así, esto es muy grave, porque es algo ilícito y además se está utilizando con fines políticos muy precisos.  ¿Cuántos líderes políticos han sido o están siendo sujetos a este tipo de espionaje?

Alejandro Moreno se resiste indebidamente a irse y arreglar su problema fuera del partido, pues además es diputado federal, lo que ha generado el mejor de los escenarios posibles para el grupo político de López Obrador. Como no se va, aparecen nuevos videos y el escándalo se alimenta mediáticamente cada semana, al grado de dar adelantos a los medios sobre el tema que tendrá la siguiente filtración y a quién interesará en especial.

No existe interés de denunciar la corrupción y promover un proceso judicial en forma en contra de Alejandro Moreno; ése no es el propósito. Se tratar de demoler la figura del dirigente nacional del PRI y con ello demoler la imagen de este partido, la que se encuentra ya muy deteriorada pero puede estar peor, lo que trae grandes beneficios al partido en el poder para las elecciones de 2023 y 2024, además de crear todo un conflicto interno entre el bloque de partidos opositores, en lo que es una jugada política bastante eficiente y perversa.

En resumen se trata del uso de la corrupción como un instrumento político, utilizando, corruptamente, los medios de espionaje del Estado. O te doblo a las buenas o te doblo a las malas, utilizando tus antecedentes de corrupción.

LOS VIDEO-ESCÁNDALOS DE 2004

En su periodo de gobierno en la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador estaba preparando su primera candidatura a la presidencia de la república cuando en el 2003 y 2004 aparecieron varios videos que fueron escándalos nacionales, uno sobre René Bejarano, su principal operador político y entonces líder de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México: el famoso escándalo de “las ligas”, donde el empresario argentino Carlos Ahumada le entrega una maleta repleta de fajos de dinero.

Este video, según trascendió después, fue iniciativa del propio empresario para protegerse, en relación a las operaciones de corrupción que realizaba con el gobierno que encabezaba AMLO.

El segundo video, en 2004, vino desde el sistema de cámaras del famoso casino Bellagio de Las Vegas, Nevada, donde aparecía Gustavo Ponce, secretario de finanzas del gobierno capitalino del mismo López Obrador y quien, investigado, resultó ser un jugador compulsivo, pero además la propia procuraduría capitalina lo investiga y lo encuentra culpable de fraude genérico, enriquecimiento ilícito y peculado, así que no queda más que procesarlo y enviarlo a la cárcel, donde estuvo desde el 2009 al 2014, por una liberación anticipada.

Los dos escándalos golpearon duramente la imagen de López Obrador, según él mismo lo reconoce, al evidenciarse que operaba políticamente con dinero sucio procedente de la extorsión de empresarios contratistas de su gobierno, pero además su tesorero era tan corrupto que tuvo que ser enviado a la cárcel.

Esto contribuyó a que en el 2006 AMLO perdiera la elección frente a Felipe Calderón, lo que se convirtió en el principal rencor de su vida, cuya venganza no ha podido saciar.

Apenas llegando al poder envió a la cárcel a Rosario Robles, su antecesora en el cargo de jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien había sostenido una relación amorosa con Carlos Ahumada y le había heredado las relaciones de negocios con el gobierno capitalino.

López Obrador está persuadido que Rosario Robles le traicionó y operó en su contra, así que ahora la tiene indebidamente en la cárcel, pero también ha tratado de ir en contra del empresario Carlos Ahumada, quien retornó a Argentina.

Apenas iniciados los trámites para tratar de extraditar a Carlos Ahumada, éste les advirtió que lo dejaran en paz y, sin rodear el tema, le advirtió a AMLO que tenía grabaciones y videos de varias de sus gentes más cercanas, los que utilizaría si era necesario.

A partir de tales declaraciones no ha vuelto a ser tocado el tema de Carlos Ahumada, y éste vive tranquilamente en Argentina.

Estos video-escándalos motivaron una actitud de mucho mayor sigilo y precauciones en los manejos financieros del propio AMLO y de su grupo más cercano de colaboradores, pues inclusive los del 2004 liquidaron la carrera política de Carlos Imaz, entonces esposo de Claudia Sheinbaum, quien la había introducido al medio de la política y acercado al círculo íntimo de López Obrador.

En otro video escandaloso, Carlos Imaz fue también grabado por Carlos Ahumada, cuando el argentino le entregaba varios cientos de miles de pesos en efectivo.

La diferencia de aquellos videos y grabaciones es que no provenían del aparato gubernamental y de organismos estatales de seguridad, sino de empresarios o personajes particulares, como los videos de los hermanos de AMLO, Pío y “Martinazo”, recibiendo sobres de dinero; además fueron difundidos por medios de comunicación, no a través de una gobernadora.

Todos los trasfondos, de hoy como del 2004, tienen en común la corrupción, pero el medio es completamente diferente. René Bejarano, que sigue siendo uno de los principales operadores de AMLO; Gustavo Ponce, que ha desaparecido del medio político, y Alejandro Moreno tienen en común la corrupción y el haber sido grabados, lo mismo que Pío y Jesús Martín López Obrador, pero ninguno de ellos es tan turbio y siniestro como René Bejarano, quien lejos de retirarse, increíblemente ha sido reincorporado al círculo del poder, mientras que los hermanos son intocables por el parentesco.