Iglesias, crimen organizado y Estado

Iglesias, crimen organizado y Estado

Por: La Redacción

En la coalición de partidos que lanzó a Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia de la república en 2018, se encontraba el PES, Partido de Encuentro Social, una organización política fundada bajo la influencia y participación de varias iglesias cristianas-evangélicas, culto al que pertenece el propio AMLO y que en parte explica su discurso y su política de “abrazos no balazos”, además de sus constantes referencias al amor, la fraternidad y el rechazo, en la práctica, de algunos movimientos progresistas que chocan con la moral evangélica, como la ve el PES.

Pese a que el PES perdió en el mismo 2018 su registro, al no alcanzar el 3% de la votación total del país, sumó nada menos que 56 diputados plurinominales y 8 senadores a través de la alianza con Morena, lo que refleja la importancia que para AMLO tenía este partido, que a partir de 2020 cambió su nombre por el de Partido de Encuentro Solidario, para que las siglas siguieran siendo PES.

Después de los sucesos sangrientos de Cerocahui, municipio de Urique, en el estado de Chihuahua, donde fueron brutalmente asesinados dos sacerdotes jesuitas de 79 y 80 años de edad, tanto la Compañía de Jesús como la jerarquía de la iglesia católica cuestionaron abiertamente la política de seguridad de López Obrador, pidiendo que sea revisada, pues ya “no alcanzan los abrazos para tantos balazos”.

El crimen de los sacerdotes católicos fue el punto de quiebre de una política fallida de seguridad, que ha propiciado una expansión incontenible de las organizaciones del crimen organizado y un índice de asesinatos que superaba, ya en junio de 2022, la cifra total del gobierno de Felipe Calderón, tan criticado por AMLO, con 110 mil homicidios dolosos y 95 mil personas desaparecidas, todo ello en cifras oficiales.

Tan solo en 2021 se registraron un total de 33,308 asesinatos y el INEGI, con bases en su última encuesta, dio a conocer que un 93% de los delitos que se cometen en el país no se denuncian, mientras que la organización México Evalúa informó que, con bases en los registros oficiales, un 94.8% de los delitos que se cometen no llegan a ser sancionados.

La crítica de la iglesia católica es compartida por muy amplios sectores de la sociedad mexicana, que están sufriendo toda esta violencia en sus diferentes formas, pero la reacción de López Obrador, lejos de reconocer la necesidad de una revisión de la política de seguridad, atacó a la iglesia y a los sacerdotes, acusando que estaban bajo la influencia de “la oligarquía”, además de señalarlos de “hipócritas”, por no haber denunciado la violencia en gobiernos pasados.

Ante tal postura presidencial, la iglesia católica lanzó una campaña para pedir por la paz y el cese de la violencia, a través de la oración y de la celebración a nivel nacional de misas, marchas y eventos de oración.

Los jesuitas, que era la orden religiosa que se había mostrado más afín al gobierno de López Obrador, tuvo una dura decepción, mientras que las relaciones con la iglesia católica registraron un enfriamiento y malestar por los ataques recibidos, al observar la nula solidaridad con los sacerdotes que trabajan en las comunidades más pobres y apartadas del país.

Hasta el cierre de esta edición, José Manuel Portillo Gil, alias “El Chueco”, el capo de la sierra de Chihuahua que asesinó a los sacerdotes, no ha podido ser capturado, pese a que en apariencia lo buscan no menos de 200 elementos del ejército, la guardia nacional y fuerzas estatales.

SÍ HAY DENUNCIAS: EL CASO GUERRERO

Contra lo que sostiene López Obrador, hay prelados de la iglesia católica que vienen denunciando abiertamente las acciones del crimen organizado, sus nexos con los políticos e, inclusive, que temerariamente han entrado en pláticas con los capos o jefes criminales de algunas plazas, para tratar de frenar la violencia, las extorsiones, los secuestros y los asesinatos.

Un caso muy conocido, que ha estado en la prensa nacional e inclusive internacional (periódico El País de España), es el obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, quien en pleno proceso electoral del 2021 afirmó abiertamente: “En algunos municipios de Guerrero vamos a ser gobernados por los narcos” y reveló que hace 2 años participó en un “diálogo con ciertas personas” para tranquilizar la capital del estado ante la ola de violencia que se vivía.

Aseguró también que un líder de un grupo delincuencial mandó llamar a un presidente municipal electo para “hacer transa”, sin detallar a quiénes se refería.

Desde su llegada a Guerrero en 2015, Rangel Mendoza ha tomado notoriedad por sus constantes declaraciones sobre supuestos diálogos y mediación con grupos delincuenciales en temas de violencia.

Según lo registró la prensa local, durante una misa que ofició en la Catedral de la Asunción de María, en Chilpancingo, para pedir por el regreso del ingeniero Alberto Castañón Flores, desaparecido en la capital el pasado 18 de junio de 2021, el obispo afirmó categórico:

“Como obispo se los digo con mucha tristeza y con mucha responsabilidad: creo que viene un tiempo en que vamos a ser gobernados no por los políticos, sino por los narcos, porque ya se han hecho muchos arreglos.”

En Guerrero, donde tiene su residencia el subsecretario de seguridad pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, y estaba en campaña Félix Salgado Macedonio y su hija Evelyn Salgado, se estaban dando estos acuerdos entre varios candidatos a presidentes municipales y el narco, lo que era denunciado por el obispo católico, de forma abierta y no poco temeraria.

REUTERS/Gustavo Graf

LA VUELTA DE LA VIOLENCIA

En esa misma elección el obispo de Chilpancingo aseguró que la violencia en Guerrero se había contenido durante los últimos meses, pero “ya todos los días hay muertos en Iguala y otros lugares. Ya volvió ocupar Guerrero el cuarto lugar de asesinatos”.

Tras insistir en que lo más importante para un ser humano es la vida, dijo que, aunque es una obligación de los gobiernos dar seguridad, los ciudadanos también deben exigir y señalar las cosas que no se hacen bien.

“Me da tristeza, pero lo voy a decir públicamente: hoy, un narcotraficante solicitó la presencia de un presidente municipal electo. ¡Ya van a hacer la transa!”, dijo sin abundar detalles y advirtió: “me duele que en Chilpancingo se inyectó una fuerte cantidad que nos va a costar caro: la inseguridad aquí”.

Rangel Mendoza aseguró que hace años acudió a Chilapa, que entonces era uno de los municipios más violentos del país, intervino para evitar que mataran a choferes del transporte público e indígenas, en medio de una red de tráfico de armas en la región de la Montaña de Guerrero.

Por ello, pidió al Gobierno Federal, a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Policía Estatal “que protejan nuestras ciudades y ciudadanos. No es posible vivir así”.

El obispo no se equivocaba: la delincuencia se ha lanzado por el control de Guerrero. A menos de un año de la llegada de la morenista Evelyn Salgado a la gubernatura del estado, la violencia en la entidad se ha incrementado.

La inseguridad está golpeando a casi toda la entidad, pero las localidades más castigadas son las más grandes en población: la capital Chilpancingo, Acapulco y Coyuca de Benítez. De octubre de 2021, fecha en que inició el nuevo gobierno, a mayo de 2022 se habían registrado en Guerrero 710 homicidios dolosos, según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En Acapulco, el principal destino turístico, gobernado por la morenista Abelina López Rodríguez, los asesinatos, el secuestro y la extorsión se han disparado.

La lucha territorial entre los grupos del crimen organizado, el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) y “Los Rusos”, ha desatado una violencia que se extiende hasta las playas y sitios emblemáticos del puerto, como el Malecón.

En Chilpancingo la violencia está desbordada desde que la morenista Norma Otilia Hernández  Martínez tomó posesión del cargo en septiembre de 2021, tal como lo anticipó el obispo Salvador Rangel.

En este municipio, el grupo de “Los Tlacos”, el Cártel del Sur y “Los Ardillos”, se pelean palmo a palmo el territorio ante la inacción de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Coyuca de Benítez es otro municipio de Guerrero que figura también como foco rojo, por la ola de crímenes que se han registrado, desde que tomó posesión el morenista Osiel Pacheco Salas.

En este municipio de la Costa Grande de Guerrero, el grupo que tiene el dominio es el Cártel Independiente de Acapulco.

Ante este violento escenario, el obispo de Chilpancingo, quien ha hecho mucho más por la seguridad que los propios gobiernos, pide: “necesitamos más gobierno, más autoridad, que nos defiendan y tener ciudades más seguras”.

Mientras esto ocurre en Guerrero, donde tiene su lugar oficial de residencia, el subsecretario federal de seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, quien se ha convertido en el vocero de la propia secretaria de seguridad, se da tiempo para realizar toda una campaña proselitista en el estado de Coahuila, con el pretexto de ser precandidato de Morena a la gubernatura del estado.

¿De dónde saca todo el dinero que está gastando? ¿La grave situación de inseguridad en que vive el país le permite estar en campaña y atender su cargo?  Lo que sucede en Guerrero habla por sí mismo: primero lo electoral y después todo lo demás, no importan las críticas de la iglesia, ni la muerte de sacerdotes y periodistas, ni los más de 110 mil homicidios dolosos y los 95 mil desaparecidos, ni el empoderamiento cada vez más agresivo del crimen organizado en regiones cada vez más extensas del país.

¿Por qué AMLO se empeña en sostener su política fallida de “abrazos no balazos”? En parte se podría explicar por la influencia de las iglesias evangélicas que alimentan su credo personal, pero ésa no es una suficiente razón de Estado. Todo indica que López Obrador, desde el inicio de su gobierno, teme enfrentar los costos políticos del uso de la fuerza legítima del Estado, supuestamente tomando como referencia el gobierno de Felipe Calderón.

Combatir a varias de las organizaciones criminales más poderosas del mundo implica una toma de decisiones fuerte, que tiene muchos ángulos poco gratos, pero es una responsabilidad que tiene como jefe de Estado, una responsabilidad ineludible.

Contradictoriamente, en lo que es una constante de su personalidad, se ha dedicado a militarizar el país, pero con tareas y empresas que no son propias del ámbito militar, como entregar las obras del polémico Tren Maya al ejército, “para que en un futuro los enemigos no las puedan privatizar” ¿Qué mensaje está mandando?

Ante la incontenible expansión de los cárteles mexicanos en Estados Unidos, el gobierno estadunidense ha comenzado a presionar políticamente al respecto, lo que podría obligar a hacer algunos cambios en esta política de brazos cruzados que se ha seguido hasta ahora.

Comentarios de Facebook
Facebook
Twitter
LinkedIn

Lo más visto

Te podría interesar: