Por: Marcela Valles

El caso de Debanhi Escobar, la mujer de 18 años aparecida muerta en el municipio de Escobedo, Nuevo León, zona metropolitana de Monterrey, ha desnudado como ningún otro la incompetencia gubernamental sobre el problema del feminicidio en el país (10 feminicidios diarios en promedio); los 90,000 desaparecidos que son reclamados por sus familias y la ola de sangre origina por el narcotráfico en todo el país, con 110,000 asesinatos, ante la cual el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tiene respuesta, pero además se niega a cambiar sus ineficientes políticas de seguridad.

El 9 de mayo fueron asesinadas dos periodistas más en el estado de Veracruz, con lo cual suman ya 11 periodistas asesinados en el país en lo que va de 2022, pero el gobierno de López Obrador se empeña en un discurso polarizador y de descalificación del gremio periodístico, todo en medio de un clima generalizado de impunidad, que alcanza a más del 90% de los delitos graves que se cometen en el país.

Ante la presión social del caso de Debanhi Escobar, que se ha convertido en más mediático de la desaparición y muerte violenta de una adolescente, el entrante gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien llegara al cargo impulsado por la actividad de “influencer” de su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, enfrenta su primera gran crisis de credibilidad y confianza, en lo que parece una cadena interminable de ineficiencia y errores por parte de la fiscalía del estado.

Nuevo León, sólo superado por el Estado de México y Veracruz, es el estado con el mayor número de feminicidios en el país.

De enero a abril de 2022, la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) reportó 157 feminicidios en el país, pero el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ha reconocido públicamente que menos de la tercera parte de los asesinatos cometidos en contra de mujeres, niñas y adolescentes son tipificados como feminicidios.

De 292 homicidios que se habían registrado en el país al inicio de 2022, sólo 75 se estaban investigando como feminicidios.

Por su parte, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) dio a conocer que de enero a diciembre de 2021 se dio la desaparición de 10,032 mujeres, niñas y adolescentes, de las cuales continúan desaparecidas 2,281.

Las cifras de personas desaparecidas en México alcanzan proporciones alarmantes. La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) establece oficialmente en 95 mil el número de personas desaparecidas en México, cifra que no ha parado de crecer en el actual gobierno, en el cual desaparece un promedio de 11 personas cada día.

La cifra de asesinatos en lo que va del gobierno de López Obrador es ampliamente conocida: 110,000 en poco más de tres años, cifra superior a los asesinatos cometidos en todo el periodo de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, quien es el exmandatario más cuestionado en el tema de seguridad pública.

CRECE LA IRRITACIÓN SOCIAL

Tanto en el caso de los desaparecidos como en el de los feminicidios, ha ido surgiendo en todo el país toda una red de organismos y asociaciones de la sociedad civil, quienes se encargan, por sus propios medios y en algunos casos con la ayuda de gobiernos estatales, como sucede en Coahuila, de darse a la penosa tarea de buscar a sus desaparecidos.

Son estas agrupaciones las que han logrado la detección de la mayoría de las fosas clandestinas y de la ubicación de los restos de personas desaparecidas, así como la localización de aquellos que han sido encontrados con vida.

En medio de un clima que genera cada vez más irritación, los organismos y asociaciones feministas han ido aumentando el tono de sus protestas, como se ha podido observar en el centro histórico de la Ciudad de México y en otras grandes ciudades como Monterrey, donde los monumentos y estatuas públicas muestran las huellas de esas protestas, con símbolos y consignas exigiendo justicia.

Ante ello y no obstante que la secretaria nacional de Seguridad Pública y Protección Ciudadana es una mujer, Rosa Icela Rodríguez, lo mismo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la postura del actual gobierno ha sido de cerrazón y en algunos casos inclusive de represión por medio de la fuerza pública y la colocación de vallas y muros de contenciones, en derredor de los edificios de gobierno, como el propio Palacio Nacional.

López Obrador se ha empecinado en sostener su política de “abrazos, no balazos” en contra del crimen organizado y de la delincuencia más peligrosa del país, lo que envía el mensaje a las víctimas de la violencia que no serán protegidas por el gobierno y, a los criminales, que habrá impunidad en los actos que lleven a cabo, en un país donde el sistema judicial ha sido históricamente ineficiente en la aplicación de justicia y persecución del delito.

Esto repercute en todos los grupos sociales. México se ha convertido en uno de los países del mundo más peligrosos para el ejercicio del oficio periodístico. Anteriormente sólo las grandes organizaciones del crimen organizado se atrevían, esporádicamente, a matar a algún periodista, pero ahora también los políticos y hasta empresarios vinculados a actividades ilícitas están matando a periodistas que consideran incómodos por la corrupción y de los delitos que éstos denuncian.

El problema más penoso es que es el propio López Obrador, a través de la tribuna presidencial, acosa sistemáticamente a aquellos periodistas que denuncian actos de corrupción o cuestionan ciertos programas y decisiones de su gobierno, recurriendo inclusive a la violación de la ley, lo que ha generado en una gran parte de sus seguidores una actitud de agresividad, que en cualquier momento puede desbordarse y pasar a la agresión física.

El propio Parlamento Europeo se ha pronunciado sobre los índices inaceptables de violencia hacia la prensa en México. La respuesta de López Obrador ha sido la de insultar al parlamento europeo, lo que confirma la polarización y la agresión permanente a los medios de comunicación y periodistas.

ABANDONADOS A SU SUERTE

Dar una respuesta al problema del feminicidio, de los desaparecidos y desaparecidas y de los asesinatos, implica un trabajo a fondo en la restructuración y eficiencia de los sistemas de seguridad y de administración de justicia, además de trabajar en coordinación con todos los organismos de la sociedad civil y crear programas concretos de protección hacia las mujeres y hacia grupos que, por su condición o su profesión, son particularmente vulnerables.

Los programas asistenciales, que consisten básicamente en entregar dinero en efectivo a algunos sectores de la población, son fáciles de implementar y redundan en grandes beneficios político-electorales, pero esos programas no sirven para atender problemáticas sociales mucho más complejas.

López Obrador ha mostrado, desde el inicio de su gobierno, que es un político muy conservador en varios temas críticos como los movimientos feminista y LGBT+, la equidad de género, los cambios sociales y culturales de los jóvenes que habitan en los grandes centros urbanos del país.

La demagogia y el discurso tampoco sirven en este caso para ayudar a solucionar problemas que requieren de cambios sustanciales en el aparato del gobierno federal, de los estados y los municipios.

Lejos de encabezar un cambio estructural, se han suprimido recursos a ONGs que surgen de la sociedad civil y trabajan en sus comunidades de base, como también se han suprimido recursos para guarderías de hijos de madres trabajadoras, y no se ha destinado un solo peso para reforzar a organismos que trabajan en la protección de la mujer y el problema de la violencia intrafamiliar.

El sexenio está ya en su segunda parte y la atención a la mujer debió haberse planeado desde el 2019, en colaboración con todos los sectores sociales interesados, pero éste es un gobierno que no se ha caracterizado por dialogar y trabajar conjuntamente con grupos y asociaciones que tienen un pensamiento crítico, que poseen iniciativa propia y que pueden trabajar con los gobiernos, pero que no quieren depender de ellos, sino realizar una labor que trascienda más tanto en el tiempo como en el tejido social.

La incompetencia gubernamental en materia de justicia es terrible. La organización México Evalúa, a través del seguimiento del trabajo de jueces y fiscalía, pudo determinar que en 2020 el 94.8% de los delitos cometidos en el país no fueron sancionados.

En su último reporte, el INEGI estableció que en México 93 de cada 100 delitos no son denunciados, debido a la convicción de las víctimas de que no recibirán justicia.

En la Ciudad de México, gobernada por la izquierda desde hace más de 20 años, México Evalúa ha denunciado que la impunidad pasó de un 97.7% en 2019 hasta un 98.5% en 2020, lo que es una cifra escandalosa, que refleja a un sistema judicial corrupto, ineficiente y obsoleto a la vez.

En las cifras oficiales finales, se reporta que en el país se cometieron 33,308 asesinatos en el 2021, con los niveles de impunidad referidos.

Atender problemas sociales complejos y modificar instituciones grandes y complejas requiere de mucho trabajo y de mucha eficiencia, además de políticos y líderes sociales capaces. Lo que hoy se está viendo es la improvisación, la idea de que el discurso o la prédica política es como el credo evangélico: sanadora por sí misma, lo que no ha hecho sino aumentar la magnitud de los problemas.