El ejecutómetro, o el conteo de los asesinatos

Por: Sergio Aguayo

El ejecutómetro alimentó una visión crítica sobre la estrategia gubernamental pero también influyó en reformas para informar con mayor precisión. Así nacieron las cifras periódicas y las encuestas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La conciencia se alimenta de información. En enero de 2007 sabíamos muy poco sobre el costo humano de la guerra contra el narco iniciada un mes antes por Felipe Calderón. Eso cambió cuando Reforma ideó el ejecutómetro.

Empezaba 2007 cuando el director editorial René Delgado se reunió con Jésica Zermeño, una joven analista del Centro de Información de Reforma. Le comentó que el gobierno federal informaba poquísimo sobre el número de muertos. Le pidió contarlos en periódicos y consultar a las decenas de corresponsales en todo el país. Durante varios meses la periodista hizo un registro manual.

El domingo 17 de junio de 2007 Reforma dedicó 10 páginas del suplemento Enfoque al primer ejecutómetro. En el primer semestre del calderonato hubo 1270 homicidios. A partir de entonces el ejecutómetro informó semanalmente durante varios años sobre una sangría que se convirtió en torrente: hace unas semanas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que en el primer semestre de 2023 hubo 15,122 asesinatos.

En 2007 inició el forcejeo entre Reforma y otros medios con la presidencia sobre la cuantía y la metodología de homicidios, desapariciones y otros delitos. En una larga conversación, el director general editorial hasta 2018, Lázaro Ríos, me detalló algunos de los “muchos problemas” que tuvo con Calderón y Enrique Peña Nieto a causa del ejecutómetro. Les disgustaba que un diario independiente contradijera la historia oficial y alimentara al coro crítico de la estrategia gubernamental.

Un directivo del Grupo Reforma, que pidió mantenerse en el anonimato, me confió que el funcionario más agresivo era el poderoso secretario de Seguridad Genaro García Luna. Cuando pedía mesura o silencio adoptaba un tono meloso e invocaba a una dolida patria y a un gobierno necesitado de la solidaridad de los medios. En otras ocasiones adoptaba un tono altanero y majadero e insinuaba que habría consecuencias sobre el diario si informaban, por ejemplo, cómo intentaron secuestrarlo en Tres Marías los sicarios de un cártel.

Otros pensaban diferente. A principios de 2011 el vocero del gobierno federal, Alejandro Poiré, presentó una base de datos de los homicidios imputables al crimen organizado. Es más relevante lo hecho por el director de Análisis Social de la Presidencia, Tomislav Lendo: contrastó los ejecutómetros semanales de Reforma con sus encuestas de opinión pública, también semanales, sobre el desempeño de Calderón.

En un riguroso ensayo, incluido por Yolanda Meyenberg en su libro Estrategias de comunicación presidencial en México (2019), Lendo encontró una relación directa entre las noticias sobre la violencia y la caída de la aprobación al presidente. Según sus cálculos, “el 65% de la disminución del apoyo público al presidente por el manejo de la seguridad se explica por los asesinatos relacionados con el crimen organizado reportados por la prensa”.

El ejecutómetro alimentó una visión crítica sobre la estrategia gubernamental pero también influyó en reformas para informar con mayor precisión. Así nacieron las cifras periódicas y las encuestas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se podrá criticar la estrategia federal, pero se utilizan cifras de ese sector porque se les tiene confianza.

Transparentar la información también era una forma de reaccionar a la indignación social alimentada por masacres como la de migrantes en San Fernando, Tamaulipas (abril, 2011) o la que propició las marchas y caravanas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad encabezadas por Javier Sicilia, Emilio Álvarez Icaza y Julián LeBarón a partir de mayo de 2011.

A partir de junio de 2011 la PGR compiló una Base de Datos de Personas Desaparecidas, el gobierno de Calderón la ocultó; pero El Washington Post obtuvo una copia y en noviembre de 2012 nos enteramos de que había más de 25 mil. El viernes pasado el registro de la CNB estaba en 113,789 personas desaparecidas y/o no localizadas. Una tragedia.

Seguirá la disputa sobre las cifras de homicidios y desaparecidos. La prensa, los activistas y los académicos independientes seguirán haciendo sus propios cálculos; aunque se irriten algunos gobernantes.

Diagnóstico deficiente, estrategia incompetente.

@sergioaguayo