Aumenta la corrupción con la 4T

Por: Gerardo Lozano

Aunque exista la noción ciudadana de que la corrupción gubernamental ha disminuido en relación a los años anteriores, demostrado por la ong Transparency International en su índice de percepción ciudadana, en el que México mejoró 8 posiciones de 2018 a 2019, en la práctica y los números del INEGI la realidad nacional marca otro rumbo, ejemplificado con el caso de la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

El que un funcionario o empleado público gane un buen sueldo y goce de buenas prestaciones no es garantía de honestidad, pero el que un funcionario o empleado público gane un bajo sueldo y sea privado, arbitrariamente, de algunas de sus principales prestaciones, sí puede ser un factor que induzca a prácticas de corrupción.

Hay niveles, como el de secretarios de Estado y los magistrados, donde el sueldo es irrelevante, porque con su sola capacidad de toma de decisiones pueden ganar dinero, millones de pesos, sin que ninguna dependencia de fiscalización lo pueda detectar.

La contratación de obra pública, la contratación de servicios y la compra de productos e insumos, pueden seguir manejando “el diezmo” sin que la fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera o la Secretaría de la Función Pública lo puedan detectar.

Con todos los mecanismos financieros que existen hoy, hay decenas de formas de pagar favores a funcionarios y empleados públicos sin dejar rastro.

FOTO: CUARTOSCURO.COM

No es ninguna sorpresa lo que ha reportado el INEGI sobre el 2019: un incremento del 15.7% en los índices de corrupción del país, aunque la percepción de los ciudadanos sobre la disminución de estas prácticas, curiosamente, tiene una tendencia a la baja. Ésta no es muy sensible, y es resultado de la propaganda gubernamental de que existe una tolerancia cero en contra de la corrupción y los funcionarios “no son como antes”.

Los programas asistencialistas del gobierno de López Obrador pueden prestarse a muchos actos de corrupción, ya que los canales de distribución de los recursos pueden estar en manos de liderazgos que tienen muchos años trabajando en barrios y colonias de todo el país y, siempre, han vivido de la corrupción.

Una pareja de ancianos que vive en la zona céntrica de Torreón siempre ha votado por el PRI, pero ahora, de pronto, recibió una llamada por la cual les notificaron que eran candidatos a obtener un crédito por la contingencial de Covid-19, ella por 6 mil pesos y él hasta por 25 mil pesos; sólo tenían que acudir a llenar un formato al domicilio que les indicaban.

Oficialmente para obtener dichos créditos era un requisito tener de alta ante el IMSS al menos a un trabajador y estar al corriente en su pago de impuestos. Ellos no pueden llenar esos requisitos, primero porque no tienen un negocio formalmente constituido y tampoco tienen empleados, ella se dedica a los quehaceres del hogar y él tiene dos concesiones de taxis que renta.

Llenaron los documentos que les pidieron y, después de quince, a ella le llegó el crédito de 25 mil pesos, lo que sería muy elogiable si se tratara de un changarro que está padeciendo de las consecuencias de la pandemia, pero no, ella es ama de casa, pero está en el padrón de un sector que maneja una “lideresa” priista que opera desde una miscelánea, ubicada en la esquina de la calle Aldama y la nueve, en el segundo cuadro de la ciudad de Torreón.

En teoría, el crédito se comenzará a pagar en cuatro meses, a un plazo de dos años, pero realmente se trata de un trueque político-electoral, por el cual ahora hay que votar, la beneficiada y su familia, por el partido que les indiquen y ese será Morena.

Lo de pagar es simbólico, la beneficiaria entiende que se trata de una dádiva, pero una dádiva que no había recibido nunca; de hecho, de la misma familia llenaron los documentos cuatro adultos mayores, y sólo ella recibió crédito, lo que curiosamente ha despertado el malestar de los otros tres pues, como se dijo, siempre han sido priistas devotos.

En Coahuila debió haber habido elecciones para diputados el pasado 7 de junio, pero fueron pospuestas por la pandemia sólo por dos meses, aunque todavía no hay fecha confirmada.

CLIENTELISMO Y CORRUPCIÓN

De los programas estelares del asistencialismo de López Obrador, varios manejan condiciones muy propicias para la corrupción. Jóvenes Construyendo el Futuro es uno de ellos.

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, en septiembre de 2019, anunció que habían cumplido la meta de ese año de vincular a un millón de jóvenes aprendices en centros de trabajo, a quienes se les dan 3,600 pesos mensuales.

Pero Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó irregularidades en el padrón de beneficiarios del programa.

Hubo un fuerte subejercicio por parte de varios programas al primer semestre de 2019. Jóvenes Construyendo el Futuro, de acuerdo a la propia Secretaría de Hacienda, sólo se había gastado al primer semestre un 32% del presupuesto autorizado.

El presupuesto asignado a este programa en 2019 fue de 40 mil millones de pesos, pero para 2020 se redujo el presupuesto a sólo 25 mil 619 millones de pesos, un 35.9% menos.

El gobierno nunca lo dijo y también es muy difícil que lo acepte, pero no hubo la capacidad de poder colocar a una cantidad de jóvenes como practicantes en empresas, porque no tenían la infraestructura para ello, por lo que fue algo común que muchas de las empresas sólo sirvieron de pantalla para “recibir” a jóvenes practicantes, y estuvieron recibiendo los 3,600 pesos mensuales por cada uno de ellos, aunque fueran “fantasmas”.

Muchos de los funcionarios federales siguen siendo los mismos, pero ahora ganan sueldos más bajos y tienen una mayor incertidumbre en su trabajo. Principalmente no hay contratación de talento en la burocracia federal, ya sea por falta de interesados debido al deterioro en las condiciones de trabajo o porque las contrataciones están basadas en las relaciones partidistas o de simpatía política.

El empeoramiento en la calidad de la burocracia gubernamental federal y en algunos de los estados es algo que se comenzó a dar desde el inicio del nuevo sexenio.

SECRETARIOS DE MUY BAJO NIVEL

Pero el problema no sólo se está dando en niveles medios y bajos, sino también en el círculo más alto del poder.

Hay pocas secretarías de Estado con más poder y al mismo tiempo más incompetentes. Un ejemplo es Rocío Nahle, secretaria de Energía, quien es ingeniera química de profesión pero ha logrado trepar a lo más alto del árbol de la cuarta transformación gracias a sus habilidades de operadora política y a una norma de oro en la política a la mexicana: servir al señor presidente, mande lo que mande.

Se ganó la simpatía de López Obrador cuando logró operar exitosamente el sur de Veracruz en favor de la campaña del tabasqueño, pero en 2013 gritó más alto que nadie en contra de la reforma energética de Peña Nieto.

En el 2016, mostrando que en política la fidelidad es un asunto de fechas, se vinculó a Javier Duarte para recabar dinero a las campañas morenistas, con el objetivo de que Miguel Ángel Yunes no llegara a la gubernatura en las elecciones de ese año. El fin justifica los medios en la conseja maquiavélica.

Logró que los trabajadores petroleros, que han estado históricamente vinculados al PRI, votaran por Morena en las elecciones por la gubernatura de Veracruz, con lo cual comenzó a construirse un cacicazgo en ese estado, el tercero más poblado del país.

Con la llegada a la gubernatura de una figura tan débil y controvertida como Cuitláhuac García, Rocío Nahle, ya secretaria de Energía del nuevo gobierno, decidió los cargos de las secretarías de Gobierno, Salud y Turismo del gobierno veracruzano, al mismo tiempo que ejerce el control político por lo menos en Coatzacoalcos, Poza Rica y Minatitlán.

Al día de hoy, Nahle tiene todo dispuesto para buscar la gubernatura de Veracruz en 2024, mientras tanto está considerada como la secretaria de Estado que más daño le está haciendo al país, pero todo cuanto hace es cumplir, a raja tabla, las disposiciones de López Obrador.

En lo que es un acto manifiesto de corrupción, Rocío Nahle ha extendido sus favores a su cónyuge, José Luis Peña, a quien decidió mejorarle su jubilación, pero vea de qué manera.

Nahle negoció con Juan José Suárez Coppel, director de Pemex durante el periodo de Felipe Calderón, y con la senadora Dolores Padierna, de quien era asesora de energía en la Comisión de Energía del Senado, para mejorar la jubilación de su esposo.

José Luis Peña fue jubilado tras laborar más de 30 años en el Complejo Petroquímico de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, con un nivel en el cual no tenía bonos ni prestaciones, pero gracias a las “gestiones” de Rocío Nahle fue reinstalado en Pemex durante 18 meses en las oficinas centrales de la empresa, y posteriormente fue jubilado por segunda ocasión, pero ahora con un ingreso que superaba, en aquellos años, los 120 mil pesos mensuales con bonos y prestaciones.

Durante ese año y medio de reinstalación, el esposo de Nahle vivió en el Hotel del Prado, en la Ciudad de México, con todos los gastos incluidos, lo que representaba un costo de 150 mil pesos mensuales, todo con cargo al erario público.

Ya aprendido el camino y con la esposa en la primera línea de la cuarta transformación, José Luis Peña ha metido a toda su parentela política en el organigrama del gobierno municipal de Poza Rica.

En Zacatecas, de donde es originaria Nahle, su hermano Arturo fue nombrado nuevo presidente del Poder Judicial del Estado de Zacatecas por un periodo de cuatro años, por “su probada imparcialidad y cabal rectitud”.

Más recientemente protagonizó un escándalo público, al otorgarle un contrato por 4,968 millones de pesos a su compadre Arturo Quintanilla, a través de la empresa Grupo Huerta Madre, para realizar trabajos en la plataforma de la refinería de Dos Bocas, para lo cual Quintanilla se asoció con la empresa holandesa Van Oord. La empresa de Quintanilla se constituyó una semana antes de que se le otorgara el contrato, al más puro estilo del sexenio de Peña Nieto.

Así transcurre en la práctica la cero tolerancia a la corrupción, “porque ya no somos como los de antes”, aunque el grupo en el poder es exactamente el mismo de antes; de hace 10, 15 o 20 años, sólo que se manejaba bajo otros membretes.

¿Por qué un burócrata o un funcionario al que le han bajado el sueldo y le han quitado inclusive una prestación como el aguinaldo de este año va a ser incorruptible?

En Veracruz todo el medio político sabe que Morena tiene compromisos y deudas con Javier Duarte, el más corrupto de sus gobernadores de la época moderna, quien se encuentra en prisión y a quien, por la gracia de los favores prestados para quitarle la gubernatura al PAN, se le están diluyendo los cargos en su contra, y sólo es cosa de tiempo para que vuelva a gozar de la suave brisa del cuatro veces heroico puerto de Veracruz.

En las cifras oficiales que recién ha publicado el INEGI, la corrupción le representa a los funcionarios y empleados públicos un ingreso de 12 mil 770 pesos anuales, en el primer año de la cuarta transformación.

El costo promedio para cada ciudadano que fue víctima de actos de corrupción ascendió a 3 mil 822 pesos, casi exactamente un mes de pago de los Jóvenes Construyendo el Futuro.

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