¿Qué le ha dejado la 4T a Coahuila?

Por: Gerardo Lozano

A casi un año y medio de estar en funciones el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su 4T, el estado de Coahuila sólo ha enfrentado recortes presupuestales, supresión de programas, parálisis de algunas dependencias federales. No hay un solo proyecto de infraestructura o programa especial para el estado, lo que se ha vuelto una constante en todo el norte de México y en regiones como el occidente y el bajío.

Éste es un gobierno que está volcado hacia el centro y el sur, donde se concentran los estados más improductivos y con economías que tienen décadas de rezago, que, con excepción de Yucatán y Quintana Roo, son subsidiados de manera permanente por el resto del país.

Para este año de 2020 hay la amenaza de más recortes al presupuesto y más retrasos en la entrega de los recursos que, por ley, debe entregar la federación. Esto afecta directamente al gobierno estatal y a los municipales, pero también a las universidades públicas e inclusive a instituciones tan estratégicas como el IMSS o el Seguro Popular, que fue eliminado para imponer el INSABI, presionando al gobierno estatal para su aceptación.

El castigo financiero se volvió más crítico con la pandemia del COVID-19, pues ha sido el gobierno estatal el que entró a cubrir carencias del sistema federal y del mismo IMSS, lo que ha implicado una inversión muy considerable, que vuelve más difícil la situación de las finanzas estatales y de las municipales.

La camarilla política coahuilense de Morena, compuesta básicamente por el “súper delegado” Reyes Flores Hurtado, los senadores Eva Eugenia Galaz Caletti y Armando Guadiana Tijerina, y los diputados federales Luis Fernando Salazar, José Ángel Pérez, Francisco Borrego, Nelia Farías Zambrano y Miroslava Sánchez, tomando en cuenta que Luis Fernando Salazar se pasó a Morena ya siendo diputado electo por el PAN, no ha representado hasta ahora beneficio alguno para Coahuila.

El jefe político de Morena en el estado es el empresario minero Armando Guadiana Tijerina, quien ha dedicado la mayor parte de su tiempo a buscar el beneficio de sus empresas privadas e inclusive forma parte del problema de la compra del carbón en el norte del estado por parte de la CFE, cuando debería ser parte de la solución.

Los expanistas se han dedicado a buscar beneficios políticos de su “transformación” a morenistas, no a trabajar en algún proyecto que beneficie de manera concreta al estado; mientras que, de los otros tres diputados, dos llegaron a sus cargos de forma totalmente circunstancial y la tercera, Miroslava Sánchez, es parte de una de las facciones de Morena, un partido que carece inclusive de una estructura en el estado y en los municipios.

Los cinco son parte de esa masa legislativa que aprueba todo lo que se le ordena desde la dirigencia de la cúpula morenista, que a su vez obedece al mandato presidencial, como en los peores tiempos del viejo régimen.

LA PRESIÓN SOBRE LOS GOBERNADORES

Puestos bajo presión y ante la necesidad de hacer frente de la manera más eficaz posible a la pandemia de COVID-19, los gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas decidieron hacer un frente común para coordinar políticas y medidas de contingencia, pero de ahí se ha pasado al abordaje de los problemas de las participaciones federales a los estados, un problema que se ha ido complicando cada vez más y podría ser crítico ya en el segundo semestre de 2020.

A estos tres gobiernos se han sumado los de Durango y Michoacán, con lo cual la composición del grupo se volvió más pluripartidista, pues participan gobernadores del PAN, PRI, PRD y uno independiente.

Cuatro de estos gobiernos son norteños, una de las regiones que se han visto castigadas especialmente en la asignación de recursos por parte de la federación, que está concentrando cada vez más recursos, generando un centralismo que está presionando drásticamente el pacto federal, pero que además está dando un trato diferenciado a los estados gobernados por Morena, que son una minoría.

Estados como Coahuila y Nuevo León ven con especial preocupación la reactivación de sus economías, altamente industrializadas, que tienen amplios sectores económicos integrados a cadenas de producción con la industria y el mercado norteamericano, el cual está urgiendo a México para que su Secretaría de Economía se ponga a trabajar en esa conexión de las cadenas productivas de ambos países, algo a lo que ha respondido con lentitud y sin la debida prioridad el gobierno federal.

Otro problema que tampoco se está atendiendo con la debida eficiencia es el sector maquilador, del cual depende toda la franja fronteriza del norte del país, lo que podría generar serios problemas si parte de ese sector industrial decide emigrar, al no poder integrarse a la reactivación económica de los Estados Unidos.

La reactivación económica es, después del control de la pandemia, el principal problema que enfrentarán las economías del norte de México, pues López Obrador se ha negado, hasta ahora, a dar un apoyo a las empresas para proteger el empleo y poder tener acceso a préstamos baratos para poder reiniciar operaciones una vez que se levante el periodo de cierre, el cual deberá ser más rápido que en estados con economías más tradicionales, debido a la estrecha relación con la economía norteamericana, que desde la segunda semana de mayo comenzó la apertura de empresas y comercios de una forma gradual.

Los senadores, diputados y operadores de Morena en Coahuila han sido ajenos a la contingencia del COVID-19, pero también se muestran ajenos a cabildear recursos a nivel federal, su postura es de un canibalismo político penoso, por momentos vergonzoso.

No son diputados o senadores de Coahuila, son parte de esa masa penosa en la que se ha convertido hoy la Cámara de Diputados y el Senado de la República, una masa que está al servicio de la voluntad presidencial y, como canonjía, legisla para su propia reelección, sin tener siquiera que renunciar a sus cargos para hacer campaña.

Si Morena lejos de aportar va en contra de los intereses del estado, habría que preguntarse que están haciendo los otros cinco diputados federales, dos del PRI y tres del PAN, pues tampoco se sabe nada de ellos.

Hay casos realmente absurdos, como el de la senadora Eva Eugenia Galaz Caletti, originaria de Monclova, y de quien sólo se sabe que es de oficio traductora, y eso es todo, pero es secretaria nada menos que de las comisiones de Federalismo y la de Desarrollo Municipal, aunque su experiencia y formación es nula. Es una verdadera desconocida en Coahuila.

La única vez que Galaz ha llamado la atención de los medios fue durante una rueda de prensa, donde los reporteros fueron insistentes en sus cuestionamientos hacia el senador Armando Guadiana Tijerina, lo que motivó que ella, en voz alta expresara: “parecen retrasados mentales”, lo que le generó una andanada de críticas y, a partir de ahí (principios de 2019), desapareció del escenario político de Coahuila.

La otra senadora, Verónica Martínez García, del PRI, debe estar a punto de ganar el campeonato de “nado de muertito”.

Tenemos 10 diputados federales y 3 senadores. ¿Qué han hecho hasta ahora en medio de la terrible contingencia que vive el país? ¿Si no están ni en los momentos críticos entonces qué sentido tiene tenerlos?

Si Morena domina las cámaras y aplasta a la oposición, habría que cuestionarle a los dos senadores y cinco diputados por qué no han hecho nada, teniendo, por lo menos los senadores, posiciones muy estratégicas para ayudar al estado y a los municipios.

Esto pone en claro lo que ya se sabe hasta la saciedad: los diputados y senadores no se deben a sus distritos y a su estado, sino a la línea ideológica y política de sus partidos, o a sus filiaciones de camarillas políticas, ajenas por completo a la problemática real del estado.

Un antecedente indispensable para las próximas elecciones de diputados locales que están en puerta, las cuales se realizarán una vez que pase la contingencia.