COAHUILA: NUEVO ESCENARIO POLÍTICO Y ECONÓMICO

Mientras que en algunos temas estratégicos el nuevo gobierno que está integrando AMLO pareciera ingenuo, desinformado e inclusive fuera de toda realidad, en otros temas, sobre todo políticos, sus proyectos tienen tintes de perversidad, en los cuales asoma lo que muchos de sus críticos más temen: una vuelta al presidencialismo o una concentración enorme de poder en un solo hombre.

Lo más crítico es que a todo el poder que ya se ejerce al ganar la presidencia, controlar la mayoría en ambas cámaras del poder legislativo y el ser el jefe máximo y absoluto de su partido, acentuando aquí el “su” no como membresía sino como propiedad, ahora parece ir por el poder en los 32 estados del país.

Aunque todo se alineó circunstancialmente para que arrollara en las elecciones del pasado primero de julio, Morena sólo gobernará en cinco estados del país: Distrito Federal, Veracruz, Chiapas, Campeche y Morelos, de los cuales sólo los dos primeros son estratégicos y en Veracruz lo hará con una oposición brava y una economía con crecimiento cero.

Del resto de las 27 entidades del país, el PRI conserva 15 gubernaturas, el PAN 10, Movimiento Ciudadano una, y una más es independiente.

De las 32 entidades podrá tener mayoría en 15 congresos estatales, pero no en los otros 17, además que en varios de esos 15 congresos donde logró mayoría enfrentará una oposición muy activa.

Ante esto se ha desarrollado una estrategia para crear en cada entidad los llamados “súper delegados”, quienes concentrarán lo que anteriormente eran las delegaciones. Estos “súper delegados” tendrán 8 subdelegados, pero controlarán todo el presupuesto que la federación destina a las entidades a través de las secretarías de estado y muy diversos organismos.

Acordarán directamente con el presidente de la república y con los secretarios de estado y tendrán injerencia inclusive en materia de seguridad pública. ¿Cómo? Todavía ni ellos mismos lo tienen claro, porque no se sabe cómo eliminarán gran parte de las delegaciones, ni cuál es el diseño de su estructura, pero las declaraciones de AMLO tienen olor y sabor a centralismo, lo que es una muy mala noticia para el país y anticipa la generación de fuertes tensiones políticas e inclusive económicas.

La constitución establece que somos una federación de estados libres y soberanos, bajo una forma de república: los Estados Unidos Mexicanos.

La lucha por el federalismo en contra del centralismo ha sido uno de los grandes problemas del país, donde por casi todo el siglo pasado el poder central se ejerció un poder absoluto. Todavía presidentes como Carlos Salinas de Gortari removieron de sus cargos a casi 20 gobernadores durante su periodo.

Coahuila ha sido uno de los estados históricamente que ha encabezado el federalismo. Venustiano Carranza puede considerarse justamente como uno de los caudillos en la defensa del federalismo.

LOS GOBERNADORES: LADRONES, CORRUPTOS, ¿TODOS?

En la última reunión sobre este nuevo tema de las “súper delegaciones”, la Agencia Reforma reporta declaraciones que son muy inquietantes.

“El propósito es que los nuevos recursos no vayan a la bolsa de los gobernadores, no los toque un diputado o un alcalde, ni cobren moche por su asignación”, declararon algunos delegados.

“Todos los recursos de obras federales no se van a entregar a los estados, porque acostumbran a quedarse con el 10 o con el 20 por ciento del recurso, con el moche y hasta ponen al constructor”, afirmó otro de los asistentes.

“Lo que pidió el presidente es que hiciéramos reuniones con la gente, para que los recursos se puedan ejercer en un esquema de presupuesto participativo, en donde ningún diputado, presidente municipal o gobernador podrán intervenir para tratar de imponer al constructor, definir la obra o cobrar un moche”, reconfirmó otro de los delegados reunidos en forma privada con AMLO.

En forma clara, los delegados, por instrucciones de la propia presidencia, están partiendo de que los presidentes municipales, los gobernadores y los diputados son corruptos y no van a tocar un peso de los recursos federales asignados a cada entidad, además de fijar una política de consultar las inversiones “casa por casa”, lo que abre las puertas de par en par al clientelismo político, que siempre ha existido, pero ahora sería abierto, apoyado por la presidencia con todos los recursos federales a su disposición.

Tradicionalmente, las delegaciones de las secretarías de estado y organismos federales en los estados fueron manejadas con abuso y muy comúnmente como canonjías para gentes de los diferentes partidos políticos.

Una parte de estas delegaciones se negociaban entre los gobernadores y los secretarios de estado para que fueran manejadas por gentes allegadas a las camarillas políticas; otras eran designadas desde la ciudad de México, ya sea por los propios secretarios de estado para gentes de su confianza, por favores a grupos políticos o, como sucedió en el gobierno de Felipe Calderón, para hacer favores políticos a gentes del partido que no habían alcanzado acomodo en los gobiernos o en el congreso.

Gentes mismas de Morena y anteriormente panistas, como Ignacio Corona, quien fue candidato a la presidencia municipal el 1ro. de julio, fue designado, como un favor del panismo, como delegado de la SAGARPA, cuando en su vida había criado una chiva, mucho menos ser especialista en asuntos agropecuarios.

Jesús de León Tello, candidato panista a la presidencia municipal de Torreón, fue delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuando es un abogado que nunca ha ejercido su profesión.

Luis Fernando Salazar, que ahora es diputado federal y ex senador, fue designado delegado de la Sedesol para foguearlo políticamente y para hacer clientelismo.

Así se designaban lo mismo delegados de la Conagua que del IMSS, el ISSSTE o cualquier otra secretaría, lo mismo por parte del PAN que por parte del PRI.

La diferencia es que estos delegados eran controlados por los secretarios de estado, pero también deberían acordar aspectos relevantes con los gobernadores y mantener una línea de comunicación con los alcaldes.

Si había en Coahuila 50 o 60 delegaciones, bajo el nuevo esquema que se propone habrá uno solo con 8 subdelegados, suponemos que uno por región, que tendrán dos funciones básicas: desarrollar un clientelismo político enorme en favor de Morena y, dos, podrían ser un poder paralelo al de los gobernadores y alcaldes, controlado directamente por el presidente de la república.

Si ya muchas delegaciones que requerían perfiles técnicos eran ocupadas por políticos y no por especialistas, todo indica que esto podría empeorar.

El nombre oficial de los nuevos coordinadores es el de Coordinadores Generales de Programas Sociales.

Para Coahuila se ha designado a Reyes Flores Hurtado, abogado, egresado de la Ibero campus Torreón, suplente del senador electo Armando Guadiana Tijerina y nada menos que ex dirigente estatal del PAN.

En principio La Laguna tendrá un subdelegado, que aún no ha sido designado, aunque hay un grupo de empresarios que estaban pugnando porque hubiera un “súper delegado” exclusivo para la región lagunera, que le diera un trato como a un estado más, en lo que es un planteamiento ya viejo y muy desgastado.

Reyes Flores Hurtado

Los dos últimos intentos de tener un trato preferencial como región e integrar los municipios de Coahuila y Durango se dio en 1989, con el Plan de La Nueva Laguna, que fue un proyecto de desarrollo regional por instrucciones presidenciales directas de Salinas de Gortari, el cual vendría a cambiar absolutamente todo el desarrollo de la región lagunera.

El flamantísimo plan terminó en un fiasco, manejado al final, de manera familiar y con señalamientos de corrupción, por parte de un controvertido empresario y político pseudopanista, Alejandro Gurza.
El único puente que se construyó en ese periodo con recursos federales, ubicado en el periférico con el cruce de la carretera a San Pedro, hace poco se cayó y hubo que reponerlo por una obra nueva.

Hasta ahora las preguntas son más que las respuestas: ¿qué harán con las casi 60 delegaciones federales que operan hoy en Coahuila? ¿Dónde se ubicará físicamente la súper delegación? ¿Cómo se realizará exactamente el manejo de los recursos federales para el estado si, de entrada, están desplazando a gobernadores, alcaldes y legisladores de oposición? ¿Hay sustento legal para implementar ese proyecto o interfiere con el facto federal?

Ya varios gobernadores han levantado la voz y señalado que no permitirán que ningún funcionario federal pase sobre la autoridad estatal y estarán pendientes de la asignación de los recursos que les corresponden.

El gobernador electo de Jalisco, el tercer estado económicamente más importante del país, Enrique Alfaro, ha sido especialmente enfático al respecto, al igual que el panista Javier Corral, mandatario de Chihuahua, quien ha advertido que no permitirá que ningún delegado impida la interlocución directa entre el gobernador y el presidente de la república, porque el riesgo es que se pretenda trastocar el federalismo.

“No voy a aceptar que nadie sustituya la interlocución con el presidente y el riesgo de esa figura (la de los delegados) es que tengan más un rol de carácter político electoral que como facilitadores entre los niveles de gobierno”, advirtió Javier Corral.

Jaime Rodríguez, de Nuevo León, fue aún más enfático al señalar que estaría dispuesto a aceptarlo si representa más recursos para el estado, indicando que Nuevo León aporta el 10 por ciento del Producto Interno Bruto del país y en esa proporción esperan los recursos para el estado.

“Si no, estaremos pensando a convocar a salirnos del pacto fiscal. Es una facultad que tengo como gobernador”, advirtió.

Por lo pronto hay 27 gobernadores de partidos distintos a Morena que están a la expectativa de cómo aterrice este controvertido proyecto que, como lo señala bien Javier Corral, parece tener más tintes políticos y electorales que una modernización de la estructura del complejo aparato del gobierno federal que opera a través de una enorme cantidad de delegaciones.

Como muchos otros proyectos que se ha planteado el nuevo gobierno, este pareciera también elaborado sobre las rodillas, por lo que preocupa a los mandatarios estatales de qué forma se concretiza, pero especialmente de qué forma se da la asignación de recursos para las 32 entidades federativas.

El actual pacto fiscal, por medio del cual se emplea una muy complicada fórmula que muchos especialistas consideran obsoleta, está propiciando, por lo menos desde los años ochenta, que los estados más productivos y desarrollados del país estén subsidiando a otros estados que son deficitarios, pero que llevan décadas sin hacer un esfuerzo serio por impulsar su desarrollo y productividad.

Todos los estados norteños, con excepción de Durango, reciben bastantes menos recursos de los que aportan al presupuesto público del país, pero lo más delicado es que esto no ha modificado mucho el mapa nacional sobre el desarrollo por estados, por el contrario: los contrastes se han venido acentuando, debido a las ineficientes políticas que maneja el gobierno central sobre la distribución de recursos y los proyectos para el desarrollo.