El foro de consulta, que se realizó el 7 de agosto, fue precedido en los días inmediatos anteriores por una salvaje ola de violencia, por la cual fueron ejecutadas 32 personas en tan solo tres días, cuando apenas parecía estar disminuyendo la violencia suscitada en los meses de mayo y junio, durante los cuales se presentaron 300 asesinatos, de acuerdo a las propias cifras oficiales.
La ola de violencia que dejó 32 ejecutados en tres días se originó, aparentemente, por la muerte de Juan Arturo Padilla Juárez, alias “El Genio”, segundo al mando de la pandilla “Los Aztecas”, considerada aún por las autoridades de la DEA y el FBI como una de las pandillas más peligrosas de ambos lados de la frontera.
Juan Arturo Padilla murió en una riña en el penal de Aquiles Serdán, motivada por la disputa del control del reclusorio, pero “El Diario de Juárez” registra la versión de que también pudo deberse a un acuerdo entre el líder pandillero con el FBI para incorporarse al programa de testigos protegidos.
Ya sea una causa u otra, los hechos muestran la capacidad de violencia que pueden desplegar estar organizaciones, que son verdaderas hermandades del crimen, dedicadas a muy diversas actividades delictivas.
Tan solo el 3 de agosto, en lo que se presume era una casa de seguridad, fueron ejecutadas 11 personas: 8 hombres y 3 mujeres, los cuales fueron maniatados y torturados antes de darles el tiro final.
A partir de ahí, en cosa de 17 horas, fueron ejecutadas otras 21 personas en diversos lugares, en lo que se presume fue un operativo en contra de una organización contraria. Los ejecutores no hacen distinción de género, liquidaron lo mismo hombres que mujeres, de la más diversa manera, todas ellas con brutalidad explícita y la mayoría en lugares públicos, sin que se diera ningún detenido e incluso sin que se presentara ninguna corporación policiaca.
En medio de este baño de sangre, dos días después, AMLO abrió el foro de consulta con la intención de proponer perdón, reconciliación, algunas formas de amnistía para delincuentes, legalización de las drogas y transformación de los “sicarios en becarios”.
La conclusión del foro no podía ser sino dura: justicia, antes que perdón a la delincuencia.
Mientras se llevaba a cabo el foro, según lo reporta “El Diario de Juárez”, los medios populares, que componen el grueso de la población en esta ciudad que vive básicamente de la industria maquiladora en uno de los desiertos más desoladores del país, estaba en la zozobra por la ola de ejecuciones desatada por “Los Aztecas”.
INGENUIDAD, IGNORANCIA O IRRESPONSABILIDAD
El inicio en Ciudad Juárez de los 17 foros que ha comenzado a realizar el equipo de AMLO, ya investido como presidente electo de México, parece seleccionado como el mejor escenario posible para contrastar la cruda realidad de la violencia y el crimen que impera en México con las buenas intenciones del próximo gobierno, las cuales, por lo menos para quienes están empapados de la problemática de las zonas más conflictivas del país, pueden resultar en una ingenuidad por la ignorancia del problema, pero también se le puede considerar como irresponsabilidad, dado que ya se trata de un gobierno electo que está operando en parte como si estuviera en funciones.
Ahondando, a manera de ejemplo, sobre el fenómeno de las pandillas de Ciudad Juárez, la realidad es sencillamente brutal.
Fundada en 1986 por Longo Fernández, la pandilla Los Aztecas está inspirada en las hermandades o grupos de reos de origen mexicano recluidos en las cárceles de los Estados Unidos, los que buscaban protegerse de reos de origen afroamericano o sajón.
Hoy, con base en las investigaciones del FBI y la DEA, tan solo en El Paso, Texas, habitan aproximadamente 10’000 integrantes de la pandilla, que se ha convertido en una de las más peligrosas organizaciones o hermandades criminales que se desplazan con toda naturalidad a través de la frontera.
De acuerdo a los informes policiacos y militares, Los Aztecas operan como una empresa outsourcing dedicada al crimen bajo contrato, lo mismo prestando sus servicios al llamado Cartel de Juárez que a otras organizaciones, pero además tiene su propia red de actividades criminales, como la distribución y el control de la venta de drogas, venta de protección en los penales y cualquier actividad de carácter ilícitos que les reporte algún tipo de ingreso.
Las cárceles fronterizas se encuentran bajo su control, pero tienen presencia en una gran cantidad de reclusorios de los Estados Unidos, lo que les vuelve indispensables a las diferentes organizaciones criminales y pandillas de origen mexicano que operan en el vecino país.
Para hacer más eficiente su operación, los integrantes de la pandilla han dejado de utilizar tatuajes explícitos y en lugares visibles del cuerpo, modificado su típica forma de vestir, lo que les convierte en personas ordinarias que cruzan continuamente la frontera. Una gran parte de ellos son ciudadanos norteamericanos o tienen las dos nacionalidades.
El fenómeno de las pandillas en Ciudad Juárez se remonta por lo menos a los años sesenta y hoy se encuentra arraigadísimo tanto en las ciudades de la frontera mexicana como en muchas ciudades de los Estados Unidos.
En la misma Ciudad Juárez opera otra organización o hermandad de muy alta peligrosidad denominada La Línea, pero esta se encuentra integrada por policías y expolicías, tanto municipales como estatales, lo que da una idea del nivel de descomposición que sufren las corporaciones policiacas y la sociedad local.
Esta organización, que originalmente trabajaba para el Cartel de Juárez, en la opinión del FBI, de acuerdo a declaraciones recabadas por diarios como el San Antonio Express News, después de dos décadas ha cobrado tal fuerza que ha tomado el control del propio cartel, pero operan con tal eficacia y sigilo que inclusive las cabezas de la organización no son identificadas.
Comenzaron a operar en Ciudad Juárez controlando la venta de drogas y ciertas actividades delictivas, de ahí el nombre de La Línea (ellos daban el permiso para “trabajar” y los puntos de distribución, liquidando a quienes no respetaran dichos lineamientos, esto es: “marcaban la línea”). Presionados por la marina armada y los organismos federales en Ciudad Juárez, en apariencia se han expandido a otras ciudades del estado y del país.
Además de estas dos organizaciones o hermandades, operan en Ciudad Juárez muchas otras pandillas, algunas de ellas también de alta peligrosidad y alcance, como Los Mexicles.
El FBI, en informaciones recabadas por El Diario de Ciudad Juárez, considera que tan solo en el área de El Paso y Ciudad Juárez las pandillas y en general el crimen organizado agrupan a decenas de miles de integrantes, los cuales trabajan bajo un código de conducta que les obliga a la fidelidad, la discreción y la obligación de realizar cualquier “trabajo” que les sea indicado, lo que comienza con la liquidación brutal de enemigos de otras organizaciones, de organismos gubernamentales o de la sociedad civil, no hay distinción.
El número de mujeres que se han ido integrando a las pandillas y organizaciones criminales es cada vez mayor y hoy se calcula que de cada 10 integrantes, 3 son mujeres.
La complejidad de la inseguridad es enorme en esta parte del país y se remonta décadas atrás, pero, paradójicamente, El Paso está considerada como una de las ciudades estadunidenses más seguras, lo que da una idea del control interno que tienen las pandillas y las organizaciones criminales sobre sus miembros.
Estos miles de hombres que viven por y para el crimen, poseen familias, pero un miembro de Los Aztecas puede ser encarcelado e inclusive torturado sin que revele información sobre la pandilla y sus actividades, además están protegidos por las policías fuera de las cárceles y por su hermandad dentro de las mismas, porque las cárceles son parte de su negocio e inclusive de su origen, tanto en México como en los Estados Unidos.
LAS FAMILIAS DE LAS VÍCTIMAS
La compleja problemática de Ciudad Juárez se extiende a casi todas las ciudades fronterizas con los Estados Unidos. Tamaulipas, el estado vecino, está considerado desde hace tiempo como un “narcoestado” y, de entrada, ha sido eludido por los organizadores de los foros, que de Ciudad Juárez se pasaron a Torreón y posteriormente a Morelia, Michoacán.
A los foros se invitó básicamente a los familiares de las víctimas de la violencia, una gran parte de los cuales son considerados sencillamente como desaparecidos.
Hasta ahora la respuesta común de los familiares de las víctimas ha sido una postura firme de no al perdón, no al olvido de los crímenes cometidos, no a la amnistía y la exigencia de justicia, algo que el nuevo gobierno de AMLO no podrá proporcionar.
Hasta ahora los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto han acumulado un aproximado de 140 mil homicidios dolosos, pero el número de desaparecidos no se puede cuantificar porque muchos de ellos no fueron reportados y otros no fueron registrados oficialmente. Tan solo en Coahuila el estimado de víctimas desaparecidas asciende a más de dos mil, pero ésta es una cifra inexacta.
Ante la enorme ineficiencia del aparato judicial del país y la impunidad que ha imperado en este río de sangre, algunas familias se han organizado de forma espontánea y han recibido apoyo de los gobiernos estatales para la búsqueda de sus víctimas.
En términos reales, ha sido una forma de desahogar presión hacia los gobiernos estatales ante el reclamo de justicia.
Después de años de búsqueda se han acumulado miles de pequeños restos óseos en cementerios clandestinos, pero esto no ha llevado sino a la identificación de unos cuantos desaparecidos. La mayoría de esos restos seguirán almacenados, ya sea porque no pueden ser usados tan siquiera para establecer el ADN de las víctimas porque no existen recursos para procesarlos y darles seguimiento.
Los familiares desahogan su dolor escarbando en el desierto, pero no solo en el desierto inclemente del norte mexicano, bajo un sol calcinante o un frío inclemente, sino en el desierto de un sistema judicial y de seguridad que está totalmente rebasado.
Algunos colaboradores de AMLO han mencionado la restitución del daño sufrido por las familias, lo cual, como la justicia que demandan, es algo imposible y es una gran irresponsabilidad plantearlo.
En la Ciudad de México el presidente electo ha ordenado ya la desintegración del Estado Mayor Presidencial y anunciado que será cuidado por 20 ciudadanos: diez hombres y diez mujeres, ninguno de ellos experto en seguridad y sin ningún tipo de entrenamiento especializado.
Esto es tan absurdo que ha costado trabajo asimilarlo a todo el medio político, a los medios de comunicación y a cualquier ciudadano que haya vivido de cerca la violencia y conozca un poco del poder y la capacidad de violencia del crimen organizado en México.
La PGR, en consonancia con la DEA y el FBI, han informado, desde mediados del actual gobierno federal, que en México operan 28 organizaciones criminales, de las cuales más de la mitad tienen un alcance de nivel nacional y cuatro de ellas están consideradas dentro de las diez más peligrosas del mundo, con enormes recursos que sobrepasan la capacidad de los gobiernos estatales y de la mayoría de las instituciones de seguridad pública del país.
Estas organizaciones tienen, de origen, una política expansiva y están en la búsqueda permanente de nuevos territorios, mercados, canales de distribución, poder sobre los gobiernos y alcanzan ya una penetración de la economía nacional que los convierte en un sector básico de la misma.
El Estado mexicano, a través de sus organismos de inteligencia, posee, en cooperación con los organismos de inteligencia estadunidenses, información muy detallada, que es indispensable para poder elaborar el denominado Plan Nacional de Pacificación, pero ya se ha anunciado, entre otras cosas, la desaparición del CISEN, sin aclarar de qué forma será sustituido.
Con semejante escenario nacional, es inexplicable que el nuevo presidente electo pueda ejercer su función totalmente expuesto en su seguridad personal, la de sus familiares y la de sus colaboradores y sus familias, lo que mete una enorme duda sobre lo que realmente piensa hacer a través del llamado Plan Nacional de Pacificación.
Los familiares de las víctimas, según se pudo observar en el segundo foro que fue realizado en Torreón, son civiles consternados por la pérdida de sus seres queridos que les fueron arrebatados: viudas, huérfanos; padres y madres que perdieron hijos. Ellos sólo claman por justicia y algunos se organizan para exigirla, pero sólo saben que los ministerios públicos son corruptos e incompetentes en su mayoría, que los expedientes no llegan siquiera a jueces también incompetentes; que las policías pueden estar corrompidas y pueden no ser confiables; que las instituciones de los derechos humanos pueden mandar recomendaciones que terminan perdidas en los escritorios de otra dependencia gubernamental; que no se puede hablar mucho ni decir lo poco que sabe porque es peligroso y nadie los protegerá.
Etiquetas: amlo, amnistia, lopez obrador, peña nieto
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