Propuesta de AMLO en pensiones: tardía, improvisada y electorera

Propuesta de AMLO en pensiones: tardía, improvisada y electorera

Por: Javier Lozano

Al inicio del sexenio, no en el último año, debió lanzarse la propuesta para la creación de un sistema universal de pensiones, en base a un proyecto consensuado con el sector obrero, el patronal y el gubernamental, los tres implicados.

El tema de las pensiones es, sin duda, el problema social y financiero más delicado de México, algo que debió ser abordado en las campañas presidenciales de 2018, en base a un proyecto para ser aplicado por lo menos en los dos siguientes sexenios, pero hoy, de manera sorpresiva, Andrés Manuel López Obrador, en pleno periodo electoral, lanza una iniciativa para reformar o cambiar la Ley del Seguro Social de 1997 en materia de pensiones; la misma que creó las AFORES, un sistema de jubilaciones insuficiente y socialmente injusto.

En materia de pensiones hay en México cuatro categorías de ciudadanos, la primera es la del 52% de todos los trabajadores de la economía informal, que no recibirán un solo peso cuando lleguen a la edad de jubilación, que son los 65 años; la segunda es de quienes obtendrán una pensión en base a la llamada “ley del 73”, y recibirán una pensión baja, de aproximadamente el 50% de su último salario, la tercera son aquellos que cotizan a partir de la “ley del 97” o de las denominadas AFORES, que son las generaciones que nacieron a partir del 1981 y cotizan después de 1997, quienes tendrán una pensión raquítica, de aproximadamente el 30 al 35% de su último salario, sin garantía vitalicia y, en la punta de la pirámide, lo que podríamos llamar la “casta dorada”, compuesta por el 12 a 13% de la población que trabaja o trabajó para una empresa o institución gubernamental, la cual recibe o recibirá una pensión de el 100% de su último salario, más toda una serie de prestaciones.

Pero el problema no termina en esta terrible desigualdad, sino en que el IMSS, el ISSSTE y el gobierno en general, no disponen de los recursos necesarios para solventar las pensiones en base al 73 y las del 12 al 13% de la casta privilegiada, lo que representa, de hecho, el problema financiero más grande del país, debido al envejecimiento de la población, pues la expectativa de vida ha ido aumentando, situándose hoy en 71.1 años para los hombres y 77 años para las mujeres.

De acuerdo a las proyecciones poblacionales, la población igual o mayor de 65 años era en 2013 de 7.7 millones de personas, pero esta irá creciendo hasta alcanzar los 24.4 millones de personas en el 2050, lo que hace que el gasto en pensiones sea exponencial.

El de las pensiones se ha convertido así en el problema social más grave del país, que debería ser abordado con absoluta seriedad y una muy elaborada estrategia por parte del gobierno federal, pero, muy en lo que ha sido su estilo hasta ahora, Andrés Manuel López Obrador está improvisando y está manoseando el problema con fines electoreros.

Un problema muy delicado

Al inicio del sexenio, no en el último año, debió lanzarse la propuesta para la creación de un sistema universal de pensiones, en base a un proyecto consensuado con el sector obrero, el patronal y el gubernamental, los tres implicados.

Improvisar y manosear políticamente en esta materia es una irresponsabilidad grave, lo que puede agravar inclusive los problemas tan complejos que hoy existen.

De entrada, el actual gobierno, siguiendo un modelo populista, lanzó el programa de las pensiones del bienestar, por el cual, en este 2024, el estado gastará más de 400 mil millones de pesos para dar una ayuda económica a los adultos de 65 y más años, que consiste en 3 mil pesos mensuales, pagados en efectivo y bimestralmente.

Antes de lanzar ese programa debió atacarse el problema general de las pensiones. Hoy el gobierno federal está generando un fuerte endeudamiento para cubrir ese programa, que es universal, lo cual es, visto al mediano y largo plazo, injusto.

Es injusto por lo universal, es decir, se le otorga, acertadamente, a quienes tienen necesidad de él, pero también se le otorga al porcentaje privilegiado de los pensionados del propio gobierno, a sectores de clase media y media alta que tienen un ingreso asegurado para su vejez, pero el problema financiero de fondo en relación a las pensiones se agrava.

Hoy, que se pretende reformar la ley del 97, creada por el expresidente Ernesto Zedillo por la quiebra financiera del IMSS, Andrés Manuel López Obrador ha agotado los recursos financieros y ha comprometido a los próximos gobiernos, pero está prometiendo que los empresarios no se deben preocupar, pues el gobierno pondría una parte de nuevas aportaciones al sistema de pensiones ¿De dónde la va a poner si hay un gran déficit entre los ingresos actuales y el gasto de la federación que él mismo provocó?

Tratándose de un sistema de pensiones, no es un gasto de unos cuantos miles de millones de pesos, sino de cientos de miles de millones y a un plazo indefinido.

Plantear que puede obtener más dinero apretando la austeridad y eliminando a los organismos autónomos es una burla demagógica y, además, un pretexto para eliminar organismos necesarios o hasta indispensables, como el INAI o el IFC, que tienen un costo bajo, es decir muy poco significativo.

Exprimir más el gasto público corriente ya es muy difícil e inviable, pues la mayor parte del dinero disponible para inversión, más el endeudamiento, se han ido a las mega obras o a los programas del bienestar, o bien a proyectos de una rentabilidad sumamente cuestionable.

Las cifras duras

En términos duros, México es uno de los países de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que menos destina del salario al ahorro para la jubilación.

Un trabajador aporta de su salario tan solo el 6.5%, el porcentaje más bajo de la región, en comparación con Argentina, que tiene un porcentaje del 27%.

El promedio de los países afiliados a la OCDE es de 16%, así que cualquier reforma al sistema de pensiones en México implicaría un incremento sustancial de las aportaciones de los trabajadores, algo que el populismo de López Obrador no quiere.

Con las AFORES, un trabajador mexicano estará recibiendo aproximadamente el 30 a 33% de su último salario al momento de retirarse, pero esto no es vitalicio, sino hasta que el fondo de ahorro que ha generado se agote.

En Chile el promedio de las pensiones es del 46.3% del último salario y hay fuertes tensiones sociales por ello, como resultado de un sistema parecido a las AFORES pero con mucho mayor aportación del trabajador y del estado. En Argentina el promedio de la pensión sobre el último sueldo percibido es de un 89.6%, que es el más alto.

Colombia, en lo que es un caso interesante, ha atacado el problema de la informalidad con estímulos fiscales y está obteniendo resultados.

En México un sistema universal de pensiones tendría que comenzar con el problema de la informalidad ¿Cómo disminuir ese 52% de los trabajadores que no recibe ni un peso de pensión?

Lo segundo sería mejorar lo dispuesto en la ley del 73, incrementando las aportaciones de los trabajadores, de los empresarios y del propio gobierno, para poder elevar el monto de las pensiones.

Enseguida habrá que modificar, de manera radical, el sistema de las AFORES como está hoy planteado, con un incremento sustancial de aportaciones y algunas modificaciones que son esenciales para garantizar la seguridad del trabajador.

De no modificarse las AFORES tendremos tensiones sociales muy delicadas a partir del próximo gobierno federal.

Finalmente, el gobierno federal le tendrá que meter mano a la casta privilegiada de los trabajadores públicos, para crear un sistema universal de pensiones, donde los que más producen estén financiando los privilegios de ese 12 a 13% de los pensionados oficiales.

La tarea, como se puede ver, es de lo más complejo y su solución no es al corto, ni siquiera al mediano plazo, sino al largo plazo y de manera gradual, con una muy buena estrategia consensuada.

¿AMLO puede hacer esto? No, sencillamente no. Debió haber comenzado al inicio de su gobierno y de manera seria, no a ocho meses de terminar, cuando ya se va, pero quiere ganar la elección de junio al precio que sea, prometiendo demagógicamente lo que no puede.

Lo peor es que el problema solo se manosee políticamente, como ha sucedido con otros problemas estratégicos del país.

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