Por: Álvaro González

Coahuila es el único estado que ha desafiado al nuevo poder presidencial, aún cuando existen nueve estados que son gobernados por la oposición.

A partir de las elecciones de este 2023, Coahuila y Durango se han quedado como los dos únicos estados gobernador por el PRI, en coalición con el PAN y el PRD, pero el nuevo gobierno estatal de Durango es un fraude: el gobernador Esteban Villegas tiene un año en el cargo, por cierto con un desempeño desastroso, y, en los hechos, está operando más como morenista que como priista, lo que no le ha redundado en beneficio alguno, por lo cual Coahuila al parecer se ha convertido políticamente en una especie de estrella solitaria.

En 2024 se darán elecciones para gobernador en 9 estados, pero es más que complicado que el PRI pueda ganar en alguno de ellos. Los únicos donde cabría alguna posibilidad son Veracruz y Morelos, si el PAN cediera al PRI esas candidaturas. Todos los demás estados los refrendará Morena o el PAN y el Movimiento Ciudadano.

Morena acumula hasta 2023 un total de 23 gubernaturas, pero en 2024 tendrá que refrendar 6, lo que es su segunda plataforma político-electoral para buscar retener la presidencia de la república; la primera son los llamados programas del bienestar, convertidos en clientelares.

¿Pero qué diferencia hay entre tener un gobernador morenista y uno de oposición? En términos presupuestales y de inversión pública, en la mayoría de los casos no hay mayor diferencia, pero en otros temas si hay diferencias, y son grandes.

Presupuestalmente a Coahuila le fueron recortados, de 2019 a la fecha, alrededor de 22 mil millones de pesos, en declaraciones del gobernador saliente, Miguel Riquelme Solís, quien además ha calificado al presupuesto anual de los estados como una falacia, debido que, ya aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el gobierno central realiza recortes, muchos de ellos sin tomarse la molestia de avisarlos previamente.

La política de inversión pública, el manejo de los recursos hacendarios y el manejo político de Andrés Manuel López Obrador ha traído de regreso un centralismo salvaje, donde no se cuidan ni las apariencias al violentar el hecho de que México es una federación de estados, de ahí el nombre oficial de Estados Unidos Mexicanos.

Para López Obrador un gobernador de su partido es un subordinado, lo que sucedía en los tiempos de la presidencia imperial del PRI, lo que supuestamente había terminado en el año 2000, con la llegada de la alternancia y la apertura democrática.

Para un hombre autócrata y megalómano, como lo es el tabasqueño, toda la república, incluidos los tres poderes de la unión y los gobernadores, debe estar subordinados a la presidencia de la república, con lo cual el proceso democrático está retrocediendo décadas.

COAHUILA Y EL FEDERALISMO

Coahuila es el único estado que ha desafiado al nuevo poder presidencial, aún cuando existen nueve estados que son gobernados por la oposición.

El primer desafío ha sido político. Durante el gobierno de López Obrador, el partido oficial no ha podido ganar una sola elección en el estado, ni de diputados locales, ni de alcaldías importantes y tampoco la gubernatura. Se ha tenido que conformar con unos pocos gobiernos municipales menores y con una pequeña minoría de diputados plurinominales en el Congreso del Estado, nada más.

El nuevo gobernador, Manolo Jiménez, extenderá su periodo hasta por el último año de AMLO y hasta por cinco años del próximo sexenio.

Antes de perder Morena sucesivamente todas las elecciones en Coahuila, Miguel Riquelme Solís fue de los tres fundadores de una asociación de gobernadores de oposición que establecieron una alianza federalista, la cual lamentablemente no se mantuvo y prosperó por la tibieza y falta de visión de varios mandatarios del propio PRI y del PAN, quienes, temerosos, se replegaron o “transaron” políticamente con la presidencia, a cambio de beneficios y de impunidad, o de ambas cosas.

¿De qué sirvió la postura federalista? De muchas cosas, entre las cuales destacan como más importantes el adoptar una política propia de seguridad, de promoción al fortalecimiento económico, de apoyo al sistema de salud, especialmente en el periodo de la pandemia de Covid-19 y, ya en este año, en la remediación de los graves errores en materia de educación, en especial el relacionado con los nuevos y deficientes libros de texto gratuitos, entre otros temas.

A diferencia de los estados morenistas y de estados muy importantes que son gobernados por el PAN y por Movimiento Ciudadano, como Guanajuato, Jalisco y Nuevo León, en Coahuila el gobierno estatal ha podido implementar un modelo de seguridad pública exitoso, muy diferente a la fracasada política de “abrazos, no balazos”, pues modelo de seguridad pública nacional no ha habido en el actual gobierno morenista.

Y esto se ha dado en el norte del país, donde el crimen organizado tiene un empoderamiento histórico, que proviene desde hace por lo menos medio siglo.

Otra gran ventaja es que Coahuila ha podido implementar políticas públicas de fomento a la inversión privada nacional y extranjera, más exitosas, lo que le coloca en el top de los cinco estados más exportadores e industrializados del país. Coahuila tiene oferta de empleo, y de empleos remunerados por encima de la media nacional, lo que se refleja en menores índices de pobreza.

Tanto la industrialización como el empleo, la seguridad y los más bajos índices de pobreza explican el porqué en Coahuila los “programas del bienestar” no alcanzan para manipular políticamente a la mayoría de la población. Esto lo demuestran, con números, todos los procesos electorales que se han llevado a cabo ya bajo el gobierno de López Obrador.

Un beneficio más reciente ha sido el de la educación. Coahuila promovió un amparo en contra de los nuevos libros de texto gratuito para la educación básica, los cuales tienen serias deficiencias en lo referente a la enseñanza de matemáticas y de español, además de estar muy manipulados ideológicamente.

El gobierno estatal no sólo interpuso el amparo, sino que mandó elaborar e imprimir material de apoyo en matemáticas y español, los cuales suplirán las deficiencias de los nuevos libros de texto, si estos finalmente son distribuidos por órdenes de alguna autoridad judicial.

Entre los padres de familia de los sectores de menos ingresos, existe una gran ignorancia y desinterés por la calidad de la educación que sus hijos están recibiendo, cuando la educación será su principal base de ascenso en sus niveles de calidad de vida y de ingresos económicos.

Desde que se aplica la prueba PISA (Programme for International Student Assessment), a través de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a la cual pertenece México, la evaluación de los resultados obtenidos por los estudiantes mexicanos arroja que el nivel de competencia en matemáticas, lectura y ciencias es bajo, tanto que hasta un 35% de los estudiantes no tienen un nivel mínimo de competencia (Nivel 2), lo que coloca a México en el penúltimo lugar de todos los países de la OCDE en la competencia de matemáticas, en tanto que Japón tiene el primer lugar.

Los encargados del diseño de los nuevos libros de texto, para la pomposamente llamada “Nueva Escuela Mexicana”, no tomaron siquiera en cuenta los resultados que viene arrojando PISA desde hace años, los cuales habían encendido los focos rojos. Pero no solo no los tomaron en cuenta, sino que el propio AMLO desdeña el papel que presenta la OCDE, mucho más los resultados de la evaluación de los niveles del sistema educativo básico del país.

En un modelo federalista, los estados tienen la libertad, y la obligación, de cuidar su sistema educativo y además tienen la facultad legal de hacerlo. Coahuila fue el único que tomó medidas concretas, ni siquiera el gobernador de Nuevo León, un muchacho vanidoso y de lengua muy larga, hizo nada al respecto, con todos los recursos económicos que se supone tiene el estado más industrializado del país.

Apenas había pagado de sus recursos propios el gobierno de Coahuila los libros de remediación, cuando el gobierno federal le impuso arbitrariamente un recorte presupuestal de 70 millones de pesos, sin previo aviso.

COMO CONTRASTE, DURANGO

Como un caso de contraste a la dignidad y la eficiencia con que se ha conducido el gobierno de Coahuila, quien lleva encima una deuda pública histórica enorme, un grave problema que no se puede pasar por alto, el nuevo gobierno estatal del vecino estado de Durango es un desastre.

Siendo el estado más pobre del norte de México, ha acumulado ya una deuda pública estatal por encima de los 25 mil millones de pesos, pero tan solo en el primer año de gobierno de Esteban Villegas, fue contraída más deuda por al menos 3 mil millones de pesos, solo para ir pagando el gasto corriente, operativo, más tres créditos con Banobras por 1,425 millones de pesos.

Para evitar rendir cuentas, al menos ante el Congreso del Estado en su primer informe de gobierno, mandó modificar la ley, lo que le exime de presentarse ante el legislativo, donde los diputados de oposición pueden cuestionarle.

Habrá que tomar en cuenta que Durango tiene una economía tres veces más chica que la de Coahuila, con un crecimiento muy pobre. En los últimos doce meses, de acuerdo a cifras del INEGI y el IMSS, apenas ha generado 2,755 empleos, lo que le coloca en el penúltimo lugar entre los 32 estados del país, así de crítico.

Existe una deuda enorme a proveedores que prestaron servicios o realizaron obras en la pasada administración por 600 millones de pesos, lo que ha provocado que el gobierno duranguense se quede sin crédito en el sector de la construcción, además de sobrellevar un margen de maniobra financiera estrechísimo.

Desde el inicio del actual gobierno se maneja que el anterior, encabezado por José Rosas Aispuro, dejó un desfalco de hasta 4 mil millones de pesos, pero su antecesor, Jorge Herrera Caldera, quien es el padrino político de Esteban Villegas, dejó un desfalco similar. Ante ambos casos no se ha hecho nada, y todo indica que tampoco se hará en el futuro inmediato.

El gobierno estatal le adeuda a los gobiernos municipales recursos por 200 millones de pesos que nunca fueron entregados en el pasado gobierno, aunque se tratara de participaciones etiquetadas, y en este nuevo gobierno el escenario tiende a repetirse. Las visitas de Esteban Villegas a la región lagunera, que es la más productiva del estado y le dio el voto para ser electo, no solo son esporádicas, sino que muchas veces no son siquiera anunciadas.

La obra pública en los municipios es nula, a tal grado que municipios como Gómez Palacio, la cabecera industrial de Durango, tiene obras viales en construcción abandonadas desde hace por lo menos tres años. Con cinismo Esteban Villegas ha declarado que esto “le duele en el alma”.

Para tratar de compensar las penurias económicas y buscar apoyo, Esteban Villegas se ha plegado a las políticas y a la persona de Andrés Manuel López Obrador, pero no ha obtenido nada a cambio: ni mayor presupuesto, ni ayuda financiera ni un mejor trato político.

Durango no le interesa mayor cosa a Morena, porque la mayoría del electorado, de un padrón que es de los más chicos del país, vota por la oposición, y además la elección de gobernador ya fue decidida.

En materia de seguridad, en apariencia los índices delictivos no son muy altos, pero el estado está bajo el control del Cártel de Sinaloa; lo ha estado por décadas.

Esteban Villegas está entendiendo, por las malas, que la sumisión es la peor manera de relacionarse con López Obrador, siendo un gobernador que llegó al cargo por medio de una alianza entre el PRI y el PAN, en contra de la voluntad presidencial, y eso no se lo van a perdonar.

Todavía más: si lo pueden perjudicar lo harán, pero en lo inmediato lo han dejado a la deriva, ahogado financieramente, sin margen de maniobra y con un balance de gobierno desastroso apenas en su primer año.