Por: Rodrigo Tejeda

El ejército y la marina, las instituciones más respetadas por los mexicanos (68% de aprobación), han tenido en el actual gobierno cerca de 50 mil bajas, originadas principalmente por despidos debidos a delitos del orden militar, deserciones ilegales y, en una muy baja proporción, retiros de tipo voluntario. En el periodo que va de 2019 al primer trimestre de 2022, se han dado 27 mil juicios en tránsito o resolución por parte de la justicia militar.

De acuerdo a la información oficial de la propia SEDENA, Secretaría de la Defensa Nacional, en el periodo mencionado de 2019 al primer trimestre de 2022, se registraron 47 mil 718 bajas, más las que se han acumulado a la fecha.

Lo delicado es que de este total, solo 18,830, que ya es un porcentaje muy alto, se deben a rescisión de contrato debido a diversas causas, la mayoría de ellas delitos que ameritan la baja, como son indisciplina, inconformidad y desconfianza, entre otros. Solo 4,134 elementos se han retirado de las fuerzas armadas por decisión propia.

Considerando el total, 22 mil 964 militares han desertado irregularmente y han caído en la insumisión. Esto significa que simplemente abandonan el ejército y la marina, lo que es formalmente un delito que se castiga hasta con dos años de prisión.

Lamentablemente la institución en la que más confían los mexicanos, y la que se ha vuelto el brazo derecho del gobierno de López Obrador, se enfrenta hoy a una problemática plagada de despidos, retiros, deserciones, abandono e indisciplina.

Las estadísticas oficiales deportan un total de 165,454 miembros del ejército y la fuerza aérea; 51 mil 333 en la marina y 104 mil 695 en la Guardia Nacional, que está expulsando a todos los civiles para quedar conformada sólo por personal militar y la intención, que ya se ha planteado, es ponerla bajo el mando directo del ejército, lo que significa un incremento enorme de las fuerzas militares del país.

VENDIENDO LOS INSUMOS MILITARES

En la conferencia mañanera del 9 de junio de 2022, el almirante José Rafael Ojeda, titular se la SEMAR, Secretaría de Marina, y el titular de la SEDENA, Luis Cresencio Sandoval, en respuesta a cuestionamiento de la prensa, aceptaron que tienen problemas con algunos elementos de ambas instituciones armadas, que roban pertrechos militares, como equipo y uniformes, para luego venderlos a la delincuencia organizada, inclusive a través de anuncios en la internet.

El almirante Rafael Ojeda afirmó literalmente que meterlos a la cárcel es muy difícil por cuestiones jurídicas, aunque efectivamente roban y venden cascos, chalecos antibalas e inclusive armas a través de las plataformas digitales, por lo que se procede a despedirlos, para que si roban lo hagan fuera, pero no dentro de la marina.

Mencionó que se sabía de “dos o tres casos”, pero el problema es muchísimo más grande y mucho más delicado, pues ni el propio ejército ni la marina conocem la ubicación de los 22 mil 964 desertores, los cuales se van con todo el equipo que se les ha proporcionado y, por supuesto, sin una indemnización, por lo que venden a quienes les compran todo ese equipo, incluidas las armas.

El problema en ninguna forma es nuevo, pero en este gobierno ha ido en crecimiento, pese a que las condiciones salariales y las prestaciones y condiciones de vida tanto del ejército como de la marina han sido mejoradas sustancialmente, de forma especial en el periodo de Felipe Calderón Hinojosa y, en menor proporción, con Enrique Peña Nieto.

Penosamente, el equipo militar de los miles de desertores del ejército va a dar a manos de las organizaciones criminales, lo que les permiten inclusive hacerse pasar por elementos militares en muchos de sus operativos, aunque el crimen organizado posee sus propios canales de abastecimiento de armas, traficadas a través de la frontera con Estados Unidos.

Lo más graves no es sin embargo la venta de equipo militar, e inclusive la venta de armas, sino el hecho de que elementos del ejército, que han sido debidamente entrenados y poseen experiencia y conocimientos militares, sean reclutados por el crimen organizado, en lo que tampoco es un fenómeno nuevo, pero sí puede estarse incrementando.

Durante el periodo sexenal de Vicente Fox, un cuerpo de las fuerzas especiales del ejército se pasó a las filas del crimen en el estado de Tamaulipas, en calidad de sicarios de élite, pero en pocos años conformaron el cártel más violento que ha existido en México, con prácticas de brutalidad demenciales.

Esta escalada en el uso de formas extremas de violencia tuvo su origen en desertores de las fuerzas especiales del ejército, pero, aunque se oculte la información al respecto, existen miles de desertores del ejército y la marina (en mayor proporción del primero), que trabajan hoy dentro de las grandes organizaciones criminales del país.

La actual política gubernamental, de darle a los militares cada vez más funciones que corresponden a civiles, se maneja, en parte, como una forma de combatir la corrupción, pero esto puede representar un gran riesgo al mediano y largo plazo, debido a los propios problemas internos de delitos a la ley militar que enfrentan hoy el ejército y la marina en México, además de poner en fuerte tentación a los altos mandos militares, al conferirles tareas civiles que implican toma de decisiones sobre contratos y obras que involucran gastos multimillonarios, los que se están manejando con una gran opacidad y contra la transparencia, bajo la protección arbitraria de que se trata de “obras de interés nacional”.

Militarizar las aduanas del país no es resolver el problema de la corrupción, sino por el contrario poner en la tentación de la corrupción al personal y los mandos militares. Las aduanas, en todo el mundo, incluidos los países desarrollados, tienen problemas de corrupción, pero en México la mayoría de las aduanas están infiltradas por las organizaciones del crimen organizado.

Hay aspectos muy simples que muestran el nivel de la corrupción que existe. La mitad de los empleos en México se ubican en la economía informal, y la gran mayoría se dedica al comercio informal, que se abastece de productos de procedencia extranjera, en su mayoría chinos. Ya hasta las imágenes religiosas más populares, como la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo son made in China. Habrá que tratar de imaginar cuántas miles de toneladas de productos extranjeros entran al país ilegalmente por las aduanas, y eso no va a parar, pero lo que sí hará será en poner en el “tentadero”, como se dice en la fiesta brava, a los militares.