Los organismos empresariales: sin liderazgos frente al poder

Por: Gerardo Lozano

Tal vez ya se ha olvidado, pero el origen de los organismos y cámaras empresariales en México fue una decisión del Estado en el periodo postrevolucionario para organizar al incipiente empresariado mexicano y promover el crecimiento económico y el diálogo sobre las políticas económicas del país.

En términos generales, los empresarios mexicanos veían como muy importante el mantener una buena relación con el Estado, especialmente aquellos que dependen mucho de buenos contratos con el sector público, como la industria minera; constructores y banqueros, entre otros.

Durante el periodo del llamado “desarrollo estabilizador”, los organismos y cámaras empresariales mantuvieron relaciones cordiales con los diferentes gobiernos, limitándose al tema del desarrollo económico, sin involucrarse en asuntos de carácter político y sin mostrar mayor interés por las políticas de desarrollo social.

En 1962 un grupo de los 12 empresarios más acaudalados del país forman una especie de club u organización reservada, denominada Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que se manejaba con secrecía y tenía como principal propósito el influir en la política económica del presidente Adolfo López Mateos (1958-1964) y en la sucesión presidencial, que se inclinó a favor de Gustavo Díaz Ordaz.

Las cosas cambiaron en el periodo de Luis Echeverría Álvarez, quien encabezó un gobierno populista y rompió con las políticas económicas aplicadas por el Estado en los sexenios anteriores, lo que generó fuertes diferencias con el sector empresarial del país e inclusive un enfrentamiento abierto.

En 1975 nace el Concejo Coordinador Empresarial, CCE, con el propósito de darle al sector empresarial una mayor fuerza de confrontación contra el gobierno federal, que dejaría un saldo desastroso en materia económica, cuando era un gobierno que presuntamente tenía una orientación social y estaba enfocado al combate de la pobreza.

José López Portillo, quien había sido Secretario de Hacienda de Luis Echeverría, trató de restablecer las relaciones cordiales con el sector empresarial, pero siguió aplicando un manejo político heterodoxo, fincando en el boom petrolero más grande de la historia del país, que terminó en un desastre con la expropiación de la banca, una hiperinflación y un saldo también desastroso en las variables macroeconómicas del país.

Estos dos gobiernos desbarrancaron el “desarrollo estabilizador” y provocaron la primera gran crisis económica del país; un país que había estado teniendo un crecimiento sostenido de hasta el 6 y el 7% anual durante décadas y era conocido como “el milagro mexicano”.

DESPUÉS DEL PRIMER POPULISMO

Miguel de la Madrid Hurtado buscó recomponer la grave crisis económica generada por sus antecesores y establecer nuevas reglas en las relaciones con los medios empresariales, que para esta época había tenido un notable crecimiento, frente a la fuerte injerencia del Estado, que había creado un enorme sector de empresas paraestatales, muchas de ellas deficitarias e improductivas, además de haber absorbido toda la banca.

Pese a sus esfuerzos y a su lema de “renovación moral”, el de Miguel de la Madrid Hurtado es considerado como un sexenio perdido, debido a la pobreza de sus resultados y a la caída sostenida del crecimiento económico.

A partir de este periodo se dio un replanteamiento muy importante en relación a la participación política de los empresarios: la idea de que deberían participar en los procesos electorales y en las políticas económicas de los gobiernos si deseaban que éstas se apegaran a un modelo de mercado, de libre empresa y de un capitalismo de corte liberal.

Organismos como la Coparmex, que había sido fundada en Monterrey desde 1929 por el empresario Luis G. Sada, sufrió toda una transformación al ser convertida en una organización más política que empresarial.

En 1988 se presentó como candidato presidencial por el PAN Manuel J. Clouthier, empresario agrícola de Sinaloa, quien había sido presidente nacional de la Coparmex de 1978 a 1980 y presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, de 1981 a 1983.

Existen indicios muy fundamentados de que el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, perdió la elección y se dio el gran fraude denominado como “la caída del sistema”, orquestado por el hoy director nacional de la CFE, Manuel Bartlett, entonces Secretario de Gobernación y con una larga carrera como experto en manipulación de procesos electorales.

Manuel J. Clouthier, quien emprendió toda una resistencia pacífica ante el fraude, murió trágicamente el 1 de octubre de 1989.

La llegada de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia del país fue un parteaguas, un antes y después de la economía de México y en consecuencia trajo cambios en la forma de relación entre los gobiernos y los empresarios, ya sea a través de las cámaras y agrupaciones o fuera de ellas.

Ningún gobierno había tenido una relación tan estrecha con los grandes empresarios del país. El misterioso Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, hoy CMN, incorporó a la mayoría de los más acaudalados empresarios, convirtiéndose en una élite sumamente poderosa, estrictamente exclusiva y con una injerencia determinante en el gobierno de Salinas de Gortari.

Esta “créme et créme” de los hombres más ricos del país se compone de entre 50 y 60 empresarios, entre ellos 36 de los multimillonarios más grandes, casi todos ellos en las listas de la fortuna mundial.

Su participación en la creación del Tratado de Libre Comercio, TLC, fue directa tanto en México como en Estados Unidos. El TLC se convirtió así en el principal motor económico del país.

Pero además del TLC, el gobierno de Salinas de Gortari se convirtió en una mina de oro casi inagotable para una gran cantidad de empresarios.

Todavía más: de este sexenio emergieron varios de los actuales hombres más ricos del país, quienes aprovecharon las políticas gubernamentales de desincorporar una gran cantidad de empresas paraestatales, privatizándolas; empresas de todo tipo, desde el monopolio telefónico nacional hasta la banca, pasando por siderúrgicas, industrias de agroquímicos, papeleras, de todo.

Los especialistas consideran que la desincorporación de la mayoría de las empresas paraestatales, sumamente costosas para el erario público por improductivas y atestadas de corrupción, fue un acierto, pero fueron rematadas a precio de ganga, con favoritismo y manejos políticos, no con base en el valor real de sus activos y a su potencial de negocios.

La banca, también en opinión de los expertos, tuvo una reprivatización desaseada, por decir lo menos, entregándola a empresarios improvisados, sin experiencia en el ramo, sin una debida regulación y control, lo que originó un caudal de créditos sin la adecuada sustentación y un desastre que explotaría apenas iniciado el siguiente sexenio.

Sólo como referencia del proceso de privatización, el monopolio de la telefonía, TELMEX, fue vendido al empresario Carlos Slim en 1990, por la cantidad de 442.8 millones de dólares, la parte mayoritaria que estaba en manos del Estado.

Con TELMEX y posteriormente con la enorme expansión de América Móvil, Carlos Slim se convirtió después de dos décadas en el hombre más rico de México y, en 2010, figuró como el hombre más rico del mundo, con una fortuna de 53,500 millones de dólares. Hoy es considerado como el décimo cuarto, con una fortuna de 69,400 millones de dólares.

En resumen, el de Carlos Salinas fue un sexenio de ofertas, gangas y grandes negocios para los empresarios más importantes del país y para muchos otros sectores de nivel medio, incluidos los pequeños empresarios.

El hombre que había perdido en las urnas se convirtió en uno de los más poderosos presidentes mexicanos del periodo moderno.

EL “EFECTO TEQUILA” Y EL PANISMO

Pero como suele suceder, el final de aquella fiesta no fue feliz y hubo que pagar un muy alto costo, pero este fue cargado al erario público, es decir a la deuda del país y en consecuencia de toda la población.

En 1994, ya con Ernesto Zedillo Ponce de León como presidente, se dio el llamado “error de diciembre” y con ello lo que los medios financieros internacionales bautizaron como “el efecto tequila”: falta de reservas internacionales, una severa devaluación del peso frente al dólar y la quiebra del sistema bancario del país.

Se creo entonces el llamado FOBAPROA, un fondo para el rescate bancario, que tuvo un costo inicial de 552 mil millones de pesos en 1994, el cual se ha convertido, de acuerdo a la información oficial al cierre de 2019, en 1 billón 62 mil 444 millones de pesos.

Las relaciones de Ernesto Zedillo con los organismos y cámaras empresariales fue cordial, lo mismo que con el poderoso Consejo Mexicano de Negocios, pero el grueso de la clase media y amplios sectores populares optaron, en el 2000, por terminar con la hegemonía del PRI, que ya iba para el siglo, y llevaron a la presidencia a un empresario, Vicente Fox Quezada.

El medio empresarial, que veía con muy buenos ojos el cambio, buscó de inmediato una buena relación con el nuevo presidente.

El gobierno panista de Vicente Fox aplicó en gran medida la fórmula del Gato Pardo de Lampedusa: cambiar para que nada cambie y, de fondo, todo siga igual.

Así fue durante toda la docena panista, sólo que el segundo gobierno, el de Felipe Calderón, resultó fallido en ciertos aspectos claves, especialmente en el de la seguridad pública y la violencia generalizada, lo que puso muy nerviosos a todos los medios de clase alta y muy alta del país que, como el resto de la población, tuvieron que pagar las consecuencias.

Y vino otra vez el PRI al poder, con una gran propuesta de reforma estructural, que prometía la modernización del país y el meter mano a fondo en los sectores más estratégicos, como energía, comunicaciones, educación, lo que fue aplaudido por los empresarios, que veían un nuevo periodo de auge y de integración a la economía global, pero las cosas no salieron bien y la corrupción contaminó todo el proceso.

Enrique Peña Nieto era un gobernante mediocre, muy por debajo de las capacidades y la voluntad de poder de un Carlos Salinas de Gortari, por lo que su gobierno, lejos de concretar las grandes reformas, terminó con una gran impopularidad, lo que permitió el ascenso al poder de un hombre que nadie espera y nadie quería dentro de los medios empresariales: Andrés Manuel López Obrador, un populista de izquierda con aires mesiánicos, resentido, inclusive a nivel personal, con los gobiernos que siguieron al salinismo y receloso y contrario al modelo de un capitalismo de libre mercado.

INICIANDO CON CRECIMIENTO CERO

Desde su llegada al poder, López Obrador comenzó a mostrar que estaba inscrito dentro de la nueva corriente latinoamericana de gobiernos populistas de izquierda, pero además su estilo personal de gobernar era sumamente singular, coincidiendo en mucho con la descripción de algunos historiadores que los habían definido como “el mesías tropical”.

Con excepción de la Coparmex, que fijó desde el principio una postura abiertamente contraria al nuevo gobierno, la mayoría de los sectores empresariales se comportaron con cautela, incluso aquellos empresarios que fueron afectados con las primeras decisiones en 2019, como la supresión del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

Había dos motivos principales para obrar con tal cautela: el primero de ellos poder valorar el comportamiento real del nuevo gobierno, antes de precipitadamente tomar postura y, lo segundo, la política anticorrupción de López Obrador, que apareció inicialmente como una enorme amenaza para un medio empresarial que, en sus relaciones con los gobiernos anteriores, una parte estaba vinculada a la corrupción en sus tratos y actividades.

En consecuencia, había que actuar con cuidado para proteger sus intereses, pero justo a inicios de 2020 se presentó la pandemia del COVID-19 y con ello algo totalmente nuevo y desastroso para la economía y la vida social en general.

La economía se desplomó, y con ello cambiaron todos los planes de negocios, no sólo de los empresarios mexicanos sino de todos los empresarios internacionales que tienen inversiones en el país.

Pero ya antes de la pandemia, la cúpula del CMN le dio públicamente su apoyo a López Obrador, e inclusive comprometió inversiones, pero en realidad abrieron un periodo de espera para evaluar el comportamiento del nuevo gobierno y, en tanto lo hacían, pararon las inversiones y se replegaron, con lo cual el crecimiento económico de 2019 fue prácticamente de cero.

La disyuntiva para los empresarios es qué posición tomar ante un gobierno que maneja un discurso muy similar al de Luis Echeverría Álvarez, que es agresivamente intolerante con la crítica y está en una permanente confrontación con el “conservadurismo” y los “neoliberales”, dentro de los cuales se entiende que entra todo el medio empresarial, pero por otro lado existen marcadas inconsistencias y contradicciones.

La pandemia trajo muchos problemas, pero evidenció dos aspectos muy importantes: el distanciamiento real entre las cúpulas empresariales y el gobierno central, que carece de una política de desarrollo a mediano y largo plazo y dejó a su suerte a todo el medio empresarial del país, lo que afectó especialmente a los pequeños y microempresarios.

Se estima que alrededor de un millón de pequeñas y microempresas fueron cerradas como consecuencia de la pandemia, al no recibir ninguna ayuda gubernamental y tampoco ningún tipo de estímulo o de política fiscal que les permitiera sobrevivir.

El segundo aspecto fue el evidenciar la baja representación de las cámaras y organismos empresariales, así como los grandes empresarios agrupados en el CMN, con toda la base de medianos, pequeños y microempresarios, que están luchando por sobrevivir, en una grave crisis donde el gobierno central sostiene una deficiente política económica.

No existen voces importantes dentro del medio empresarial que cuestionen y que puedan dialogar en términos firmes con el gabinete económico y la presidencia de la república, que están centrados casi por completo en un proyecto político plagado de contradicciones, al cual está subordinado todo, incluida la economía del país.

El gobierno busca la recuperación del monopolio petrolero y de energías en general, siguiendo un obsoleto modelo de la recuperación de la rectoría del Estado sobre la economía, lo que plantea un escenario desastroso al mediano y largo plazo y no existen liderazgos que confronten esta tendencia.

Es también evidente el fracaso en temas tan delicados como seguridad, educación y salud, con un deficiente manejo de la pandemia y el programa de vacunación, lo que retardará la posible recuperación de la economía, después de la caída de 2019 y la agudización de ésta en 2020 como consecuencia del COVID-19 y de un manejo fallido del fomento al desarrollo económico.

Ante este escenario, las cúpulas empresariales se siguen manejando con cautela, más tomando en cuenta que el estilo presidencial tiende cada vez más al autoritarismo y al uso de la amenaza como instrumento de “negociación”, además de un recelo permanente, que busca que los empresarios no injieran en la política, que López Obrador considera como su territorio exclusivo y donde pretende, como lo afirma públicamente, “un cambio de régimen”.

Mientras López Obrador se enfrasca en una cruzada diaria para acabar con los enemigos reales e imaginarios de la “Cuarta Transformación”, utilizando todos los instrumentos que el poder le permite, los empresarios parecen estar apostando a su desgaste y a que otros sectores y organizaciones sociales les hagan la tarea, mientras ellos protegen sus intereses, pero parece acercarse el tiempo en que tendrán que tomar postura, especialmente para atajar a los personajes  más radicales de la camarilla en el poder.

El discurso de echar la culpa de todos los males de México a los cinco gobiernos anteriores está completamente desgastado y deja a un lado los verdaderos problemas de desarrollo del país.