Política perversa de aseguradoras: eliminar a los adultos mayores

Por: Álvaro González

Con un sistema de salud pública cada vez más deficiente, se vuelve más grande el número de mexicanos que recurre a sus propios ingresos para pagarse consultas médicas privadas, compra de medicinas y hospitalizaciones, pero los adultos mayores de 60 años están en serio problema ante una política perversa que están aplicando las empresas aseguradoras sobre los seguros de gastos médicos mayores.

En 2018, de acuerdo a datos oficiales del INEGI, un 77% de la población tenía servicios médicos a través de alguna institución de seguridad pública y un 23% recurría a la medicina privada, pagando con sus propios recursos.

El IMSS atiende a cerca de 50 millones de derechohabientes, mientras que el ISSSTE solo cubre a 13 millones, la mayoría de ellos empleados públicos y familiares de éstos.

Hasta el gobierno pasado, la población más desprotegida era atenida por el llamado Seguro Popular, que daba servicios a 51 millones de personas, pero fue eliminado y sustituido por el INSABI, el cual está teniendo una cubertura real de apenas el 29.5% de la población, que representan alrededor de 40 millones de personas.

El IMSS, que fuera alguna vez un sistema de salud de avanzada, se ha ido deteriorando gradualmente, como consecuencia del empoderamiento del sindicato, la burocratización del personal médico y de enfermería, la gran corrupción que lo fue infiltrando y, ahora, la falta de recursos económicos suficientes.

El ISSSTE, que siempre ocupó una posición menor, se enfrenta al mismo proceso de deterioro.

Los sistemas estatales de salud tienen muchas limitaciones de carácter económico y, en consecuencia, sus servicios son limitados.

En la realidad, millones de mexicanos que cuentan con el servicio del IMSS y del ISSSTE acuden a la medicina privada, y solamente cuando se trata de padecimientos mayores que no tienen la capacidad económica para cubrirlos, emplean los servicios del IMSS y del ISSSTE.

Otra cruda realidad es que casi un cuarto de la población no tiene acceso a una atención médica de tipo intermedio y de especialidad, en muchas ocasiones inclusive de nivel básico. Se encuentra totalmente desprotegida.

Ante un escenario tan desfavorable, de ese 23% de la población que recurre a sus propios ingresos para atenderse médicamente, solo un 7% adquiere un seguro de gastos médicos mayores, al cual recurren en caso de enfermedades o padecimientos que requieran de un gasto mayor, que implique estudios especializados, internación hospitalaria y cirugías.

Los padecimientos de tipo menor ordinariamente se cubren del propio bolsillo, como consultas médicas y medicamentos que no impliquen un gasto demasiado elevado.

DESHACERSE DE LOS ADULTOS MAYORES

Las empresas aseguradoras, como negocios financieros que son, se rigen con base en cálculos actuariales de costo-beneficio, de tal manera que fijan sus precios según las estadísticas de enfermedades y muertes por cada rango de edad, incrementando gradualmente los costos de acuerdo a sus criterios estadísticos y a los costos del mercado de la medicina privada.

El problema para quienes adquieren un seguro de gastos médicos es que las aseguradoras no están sujetas a ningún tipo de regulación de precios, ni existe ninguna política o institución que proteja al consumidor de este servicio, de tal manera que al final las empresas de seguros imponen los precios que les place.

La llamada Condusef en teoría recibe las quejas por incumplimiento de obligaciones por parte de las aseguradoras, pero eso se da sólo en casos específicos donde la aseguradora incumple abiertamente o se niega a cubrir ciertos gastos.

Cuando una persona llega a los sesenta años de edad está en un serio problema si tiene contratado un seguro de gastos médicos mayores, porque entonces la aseguradora comenzará a aplicar una política perversa: como estadísticamente entra en un periodo de su vida donde es más probable que desarrolle alguna enfermedad delicada o crónico-degenerativa, ya no es potencialmente un negocio; por el contrario, las estadísticas indican que aumenta la probabilidad de que genere altos costos, en consecuencia hay que deshacerse de ese cliente.

¿Cómo? Muy simple, realizando incrementos anuales a la póliza que van desde un 20% hasta un 35%, además de aplicar de forma abusiva los incrementos por cada cinco años más de vida.

Un cliente que a los 58 años de edad pagaba por su póliza de gastos médicos mayores alrededor de 43 mil pesos anuales, cuando llega a los 64 años tendrá que pagar cerca de 100 mil pesos, esto con base en las tarifas que está aplicando la empresa New York Life-Seguros Monterrey.

Si el cliente desea bajar su pago tiene que ir aumentando el deducible de 10 mil pesos hasta 50 mil, 80 mil o 100 mil, lo mismo que su coaseguro de 10% a 15% o a 20%.

Esta alza desmesurada comienza a partir del cumplimiento de los 60 años de edad, con la intención de que el cliente no soporte los incrementos más allá de los 65 años y se retire, lo que es el negocio, más si la póliza tiene antigüedades de 20 y hasta 30 años y no ha generado mayores costos para la aseguradora.

Vayamos a números específicos de New York Life-Seguros Monterrey.

Un adulto mayor de 63 años, sin enfermedades crónicos degenerativas, sin ningún padecimiento importante, sano en términos generales, con una antigüedad de póliza de 30 años, tuvo este año un incremento del 32% en su póliza, la cual pasó de 54 mil pesos anuales a 75 mil 706 pesos anuales, pero con un deducible de 50 mil pesos y un coaseguro de 15%, medias que tuvo que tomar en 2020 para bajar un incremento del 25%, pues de lo contrario estaría pagando este año cerca de los 100 mil pesos anuales por su póliza.

El gran problema es que si proyecta a 7 años este tipo de incrementos, le será imposible seguir pagando su póliza, más la póliza de su pareja. Hoy, con el gran incremento de los deducibles son ya 150 mil pesos anuales, pero en 7 años sería la absurda cantidad de 1 millón 47 mil pesos anuales por las dos pólizas. Imposible y aberrante.

¿Qué hacer? ¿A quien acudir? La aseguradora opina que no hay más que pagar la póliza o, simplemente, retirarse. Lo mismo opina la llamada Condusef y la Profeco dice desconocer de la materia y remite a la Condusef.

Después de 30 años de pagar un servicio de primera necesidad, el proveedor hace lo que le viene en gana con los precios y con ello busca quedarse con todo el dinero que ha ganado, que son millones, antes de que tenga que invertir en el cliente una parte de los mismos.

Un problema que amerita algún tipo de protesta cívica, que obligue a la institución gubernamental a tomar medidas, como de hecho ya sucede en Estados Unidos, donde se ha tenido que contener la voracidad de las empresas aseguradora por parte del gobierno federal.