Coahuila, consecuencias de las políticas de AMLO

Por: Rodrigo Tejeda

Para los estados del norte de México, como Coahuila, la relación bilateral de México con los Estados Unidos es particularmente importante, no sólo por la ubicación geográfica y la convivencia natural de la franja fronteriza, sino por otros aspectos más estratégicos como la industria, el comercio, los flujos migratorios y, en nuestro caso, por la producción de energía eléctrica y gas natural.

Para Coahuila el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su llamada 4T ha sido especialmente difícil, pero esto se complicó aún más durante el periodo de gobierno de Donald Trump, debido a su salvaje política migratoria, la cual le fue impuesta a México y adoptada por López Obrador, provocando serios problemas en las ciudades fronterizas del estado, donde se generó una enorme tensión propiciada por la concentración de migrantes centroamericanos, ordenada por Trump.

Pero ése es sólo uno de los problemas que tiene Coahuila con la 4T. A cambio de acatar las exigencias de Donald Trump, López Obrador pudo implementar políticas como la energética, que ha pasado a convertir en una nueva ley, a la cual el congreso y el senado no le cambiaron una coma, como se les ordenó.

Otras de la políticas que ha podido seguir López Obrador es eludir el combate al crimen organizado, lo que ha propiciado el empoderamiento de los más grandes cárteles de la droga, los que ejercen una presión permanente sobre el territorio coahuilense, tratando de volver a posicionarse, como lo hicieron en el periodo que fue de 2007 a 2011, lo que obliga al gobierno estatal a mantener una férrea política de contención, que implica inversión y mucho trabajo, pero ahora con más restricciones impuestas por el mismo gobierno federal.

Como uno de los estados más industrializados del país, la economía de Coahuila está integrada por grandes consorcios automotrices norteamericanos y por un sector muy amplio de industria maquiladora de exportación, cuyo destino principal es Estados Unidos.

La aplicación de políticas como el anti-outsourcing puede tener serias consecuencias para el mercado laboral del estado, debido a que es aplicado por la mayoría de los grandes consorcios trasnacionales.

Se está condenando el outsourcing sin hacer un análisis serio de lo que es y sus diferencias de las prácticas viciosas e indebidas del mismo, las cuales sí deben ser prohibidas e inclusive sancionadas por la ley, pero la política federal, como en tantas otras cosas, está talando un árbol porque le encuentra algunas manzanas podridas, en lugar de sencillamente retirarlas y cuidar la salud de una muy importante fuente de trabajo.

SE PARÓ LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS LIMPIAS

Además de ser un estado altamente industrializado y orientado hacia el mercado norteamericano, Coahuila es productor de energía y participó en las primeras tres rondas que fueron realizadas en el gobierno anterior para la producción de energía solar y eólica.

Coahuila inauguró en marzo de 2018 la Planta Solar Villanueva, considerada como la más grande de América y la segunda del mundo, con una extensión de 2,400 hectáreas donde fueron instalados 23 millones de paneles solares, para una producción de 1.7 Gwh, con una inversión de 650 millones de dólares.

Esta planta, por sí sola, tiene la capacidad de abastecer de luz a 1.3 millones de hogares.

También en 2018 fue inaugurado el Parque Solar Coahuila, en el municipio de Matamoros, con una inversión de 758 millones de pesos y una capacidad de 22,5 megavatios, por parte del grupo australiano Macquarie Group.

En la región lagunera se realizó otra inversión en el municipio de Viesca, denominada Parque Solar Villanueva III.

En el municipio de Acuña estaba prácticamente terminado el parque eólico más grande de México, pero a raíz del cambio de gobierno federal se encontraba en suspensión.

De acuerdo a las declaraciones emitidas por el director de energías renovables del Clúster de Energía Coahuila, Julio César de la Rosa, en el estado, considerando la cuarta ronda de licitaciones que fue suspendida por el gobierno de López Obrador, se alcanzaría una inversión de 1,500 millones de dólares en 10 proyectos, de los cuales se alcanzó a lograr una inversión de 700 millones de dólares, pero a partir de 2019 se suspendió la cuarta licitación y ahora, con la nueva ley recién aprobada, se ha entrado en conflicto con las inversiones ya realizadas.

El proyecto inicial era que Coahuila alcanzara una producción de 1,200 megawatts, pero ahora la CFE está rechazando las energías limpias, cambió las reglas del juego, pese a que existen contratos ya firmados hasta por 20 años o más con las empresas que invirtieron, los cuales son grandes consorcios internacionales, que muy probablemente tengan que ir a litigios legales donde se les deberá indemnizar si no se cumplen los contratos.

El costo de estas indemnizaciones sería sumamente alto para el erario público, además de absurdo, pero esto no le importa al gobierno de la 4T.

Además de la electricidad, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas comparten la llamada Cuenca de Burgos, que es la reserva de gas natural más grande del país, cuya explotación en Coahuila ya estaba contemplada en dos campos ubicados en el municipio de Hidalgo, pero también fue suspendido.

Tan solo los dos campos del municipio de Hidalgo tienen un potencial de explotación que puede sustituir, sobradamente, la importación de gas del estado de Texas, cuya suspensión, de acuerdo al argumento oficial que maneja la CFE, es la causa de los mega apagones que se han presentado en el país, principalmente en la región noreste, afectando a la economía y a millones se familias.

EL CASTIGO PRESUPUESTAL

Coahuila es un estado que se ubica en los primeros lugares a nivel nacional en renglones como la recaudación propia, bajos índices de pobreza, alta formalidad laboral y generación de empleos, pero lejos de ser premiado por ello en la distribución de las participaciones a las 32 entidades de la federación, está siendo castigado con severidad por el gobierno de López Obrador.

En la calificación de las aportaciones de impuestos por estado a la federación, Coahuila ocupa el lugar número 10, pero en la relación de participaciones recibidas baja hasta la posición número 15.

El estado recibe apenas el equivalente al 5.2% del valor de su economía, que es de 845 mil millones de pesos, de acuerdo a las estimaciones realizadas por el Consejo Cívico de las Instituciones de La Laguna.

En un comparativo de las aportaciones recibidas por los estados en el año de 2019, el estado de Sonora recibió 12 mil 037 millones de incremento en participaciones; Guanajuato 37 mil 862 millones y Coahuila únicamente mil 130 millones más, cuando las aportaciones tributarias de estos tres estados a la federación se encuentran en un nivel muy parecido.

De 2019, año en que inicia el actual gobierno, a 2021, el castigo presupuestal hacia Coahuila se ha incrementado, pues en este año de 2021 se disminuyeron las participaciones al estado en un promedio de 6.9%, muy por encima de la disminución que se realizó a nivel nacional a la mayoría de las entidades, debido a la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19.

En ramos como el de comunicaciones, a Coahuila le fueron retirados 2 mil millones de pesos que deberían estar destinados a mejoramiento y ampliación de carreteras, lo que tendrá repercusiones.

El estado no fue incluido e el Plan Nacional de Infraestructura; no se asignó una sola obra, lo que no había sucedido anteriormente.

Uno de los ramos más afectados ha sido el de la educación, que en 2019 tuvo una aportación adicional de 355 millones de pesos, en 2020 subió a 461.8 millones de pesos y en este 2021 ha sido eliminado, golpeando severamente la capacidad del gobierno estatal para financiar a las instituciones de educación que dependen de la ayuda estatal para su funcionamiento.

Con la eliminación de los 109 fideicomisos, realizada por un decreto presidencial el año pasado, en este 2021 se dejarán de recibir recursos que estaban destinados a grupos sociales vulnerables y a proyectos de desarrollo.

Uno de estos fideicomisos desaparecidos es el de las Zonas Metropolitanas, por el cual la zona conurbada de Torreón-Gómez Palacio-Lerdo-Matamoros estaba recibiendo hasta 602 millones de pesos anuales para obras de infraestructura, los cuales se distribuían a partes iguales entre la parte de Coahuila y Durango. Este fideicomiso comenzó a descender hasta ubicarse alrededor de 300 millones de pesos, pero ahora ha desaparecido.

También se desapareció el llamado FORTASEG, que era una aportación que recibían los municipios para el fortalecimiento de la seguridad pública, el cual se supone que iba a ser sustituido por otro mecanismo de aportación para el mismo propósito, pero en este año de 2021 el gobierno municipal de Torreón tiene calculado que dejará de recibir aportaciones hasta por 40 millones de pesos, los que tendrán que ser sustituidos por recursos propios.

FINANCIANDO AL SUR Y A LOS PROYECTOS DE LA 4T

A raíz del movimiento zapatista suscitado en Chiapas hace ya 26 años, este estado del sur del país comenzó a recibir subsidios especiales, destinados a general un mayor desarrollo y productividad.

En 2016, el cuarto año del gobierno de Enrique Peña Nieto, el INEGI dio a conocer la aportación al Producto Interno Bruto por estados y en ella Coahuila ocupaba la octava posición con 583 mil 873 millones de pesos, con un crecimiento anual del 1.8 por ciento.

En esa misma medición, el estado de Chiapas, después de 22 años de subsidios especiales, se encontraba en la posición 19, con una aportación de 284 mil 892 millones de pesos, con un crecimiento de menos 1.1 por ciento, en tanto que Oaxaca se encontraba en la posición 22 con una aportación de 257 mil 146 millones de pesos, pero un crecimiento de menos 0.9 por ciento.

Para 2018, al finalizar el sexenio de Peña Nieto, Coahuila aportaba al PIB nacional el 3.4%, en comparación con Chiapas y Oaxaca, que aportaban apenas cada uno el 1.5%.

En estados como Guanajuato, que recibe participaciones mucho más altas que Coahuila, la aportación era de 4%, pero el problema es que en la ya obsoleta formula utilizada para la distribución de participaciones se emplea el factor poblacional como uno de los más importantes y Guanajuato, que ciertamente es un estado productivo, tiene una población actual de 6 millones 228 mil habitantes, en tanto que Coahuila tiene propiamente la mitad, con 3 millones 218 mil habitantes.

El problema es con estados como Chiapas, que tiene una población de 5 millones 730 mil habitantes, casi el doble que Coahuila, lo que le beneficia de gran manera en la asignación de participaciones directas, más los subsidios, al igual que Oaxaca, que tiene 4 millones 143 mil habitantes, casi un millón más que Coahuila.

Aunque Coahuila genera una riqueza superior a la de Chiapas y Oaxaca juntos, es castigado presupuestalmente, pero esto ya sucedía antes del gobierno de López Obrador, lo cual, con las nuevas políticas, se ha convertido en un gran problema.

La productividad no se premia, sino que pareciera castigarse, lo que va en contra de cualquier política sensata de fomento al desarrollo.

Tener mucha población, índices de pobreza muy altos pese a recibir subsidios por décadas, niveles de informalidad laboral altísimos, bajos niveles de industrialización y economías atrasadas, parece ser una buena fórmula para recibir un trato preferencial en la asignación de recursos presupuestales, mucho más ahora que estamos ante un gobierno de espaldas al norte y de cara al sur del país.

Viendo los números duros de lo que está sucediendo con el centralismo en México, la postura de la llamada Alianza Federalista de gobernadores se antoja demasiado moderada, cuando urge en el país un discurso federalista mucho más enérgico, pues son los estados más productivos del país los que están pagando las cuentas no sólo de los estados más improductivos, sino del gigantesco despilfarro financiero del gobierno central, lo que no es nuevo pero sí ha empeorado de manera drástica.