El extravío del PAN y el ejemplo de Baja California

Por: Álvaro González

En todo el país, la presencia política y electoral del PAN se ha visto sumamente disminuida desde las elecciones nacionales de 2018. En el caso de Baja California Norte, un estado que fue bastión para Acción Nacional, el polémico gobierno del morenista Jaime Bonilla Valdez ejemplifica los graves problemas del partido.

Ernesto Ruffo Appel fue el primer gobernador panista en la historia política de México, rompiendo una hegemonía priista de casi 60 años. En 1989 se convirtió en gobernador de Baja California Norte, fincando una de las trayectorias regionales más importantes del panismo a nivel nacional.

Baja California tuvo seis gobernadores consecutivos del PAN en cinco periodos constitucionales (hubo un interinato por fallecimiento de un gobernante), con lo cual se convirtió en el estado con un periodo más largo gobernado por el panismo, superando inclusive al estado de Guanajuato, que sigue siendo gobernado por Acción Nacional y comenzó su hegemonía en 1991, dos años después de Baja California Norte.

Exactamente 30 años después, en 2019, el panismo dio el que puede considerar como el escándalo más vergonzoso de su historia, precisamente en Baja California Norte, al tratar de extender de 2 a 5 años la gubernatura del morenista Jaime Bonilla Valdez, violentando la Constitución de la República, después de que fueron comprados 9 de sus 12 diputados ante el Congreso del Estado.

Después de un largo litigio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, anuló la decisión de 21 diputados locales, quienes, en una escandalosa trama de corrupción, lanzaron la llamada “Ley Bonilla”, por la cual extendían a cinco años un periodo de sólo dos para el cual fue electo Jaime Bonilla, un político republicano nacido en Tijuana pero nacionalizado en Estados Unidos, y funcionario público de elección por 12 años en San Diego, California, quien no reunía siquiera los requisitos para ser candidato a gobernador y aun así fue postulado por Morena para la elección de junio de 2019, luego de renunciar a la ciudadanía estadunidense.

Una vez ganada la elección para un periodo de sólo dos años, Jaime Bonilla Valdez buscó, de varias formas, extender su periodo a cinco años. Al fracasar por otros medios, se decidió comprar, literalmente, a la mayoría de los diputados del Congreso del Estado, lo cual logró con 21 de ellos. Sólo cuatro diputados se negaron: dos panistas no asistieron a la sesión, uno votó en contra y otro diputado del Partido de Baja California (PBC) tampoco asistió.

Ante estos hechos, el excandidato del PRD a la gubernatura, Jaime Martínez Veloz, por cierto un conocido político y activista lagunero en los años ochenta, interpuso una demanda ante la Fiscalía General de la República por actos de corrupción en contra de los legisladores involucrados en el caso.

En la demanda, donde se incluyen materiales como videos y testimonios de personajes políticos locales, se afirma que los diputados fueron citados en un hotel de la ciudad de Mexicali, donde eran atendidos en la recepción por un político del equipo de Jaime Bonilla, quien los acompañaba al séptimo piso, donde se presume que le fueron entregados a cada diputado 200 mil dólares; 300 mil a los coordinadores de comisiones y 400 mil dólares al presidente del Congreso.

La presunción es que la entrega del dinero fue realizada por el propio Amador Rodríguez Lozano, quien sería designado como Secretario General de Gobierno en el periodo de Jaime Bonilla.

El denunciante pide a las autoridades judiciales la solicitud de los videos del estacionamiento, de la recepción y del séptimo piso del hotel, para corroborar todas las presunciones en torno al escandaloso hecho de corrupción, pero la Fiscalía General de la República nunca realizó tales gestiones, o al menos nunca las dio a conocer si existían, de donde se desprenderían actos de responsabilidad judicial en contra de los legisladores.

Todo quedó supeditado al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual tuvo una decisión unánime y muy enérgica en contra de la “Ley Bonilla”, por lo que Jaime Bonilla tendrá que limitar su periodo al 2021, para el que fue originalmente electo.

CADENA DE ILÍCITOS

Jaime Bonilla Valdez había solicitado en 2012 un certificado de nacionalidad mexicana, para postularse como candidato a diputado federal por el PT, pero violentando disposiciones legales, en los años 2012,2013,2014, 2015 y 2016 (dos veces por cada año) se siguió presentando como candidato al Distrito de Agua de Ontay, Chula Vista, del condado de San Diego, California, además de seguir radicando en esta ciudad.

Por ambas razones no era elegible como candidato al cargo por la gubernatura de Baja California, pero la controvertida líder nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, lo hizo candidato con pleno conocimiento de causa.

El gobernador panista en funciones, Francisco Vega de la Madrid, se negó a publicar el acuerdo del Congreso del Estado mientras permaneció en el cargo, por considerarlo inconstitucional, mientras que José Luis Ovando Patrón, presidente del PAN estatal, presentó también una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alegando la obviedad de la anticonstitucionalidad de la “Ley Bonilla”, un hecho sin precedentes en la historia política del país.

Los 9 diputados panistas que aprobaron la “Ley Bonilla” fueron expulsados del PAN, después de un tormentoso proceso interno, pero el escándalo nacional ya se había desatado, lo mismo que los costos políticos.

De los 21 diputados locales que se presume fueron comprados, 5 eran del PRI, 3 de Morena, uno del PRD, uno del PT y uno más de Movimiento Ciudadano.

Está claro que la diferencia la hicieron los 9 diputados locales del PAN.

El desprestigio del gobierno de Francisco Vega fue el principal factor de que el PAN perdiera la gubernatura, frente a un personaje de las características de Jaime Bonilla Valdez, quien por cierto sigue considerando a Yeidkol Polevnsky como su dirigente nacional, porque en buena medida le debe su candidatura.

En 2021 habrá nuevamente elecciones para la gubernatura y las alcaldías, que son sólo cinco en este estado. En la elección de 2019 Morena arrastró al panismo y se llevó absolutamente todo: gubernatura, alcaldías y diputaciones locales, lo que resultó vergonzante si se toma en cuenta la trayectoria del PAN en Baja California Norte.

El año próximo estará nuevamente en disputa la gubernatura del estado y las cinco alcaldías que lo componen, en la cual los alcaldes pueden ser reelectos pero no el gobernador.

Jaime Bonilla Valdez ha sido un personaje controvertido desde el inicio, pero Morena pudo arrasar en julio de 2019 apoyado por la imagen presidencial de López Obrador y el desgaste del panismo, que se fue extraviando con el correr de los sexenios, pero las cosas podrían ser muy distintas en 2021.

Bonilla Valdez está siendo fuertemente cuestionado por el manejo de la crisis del COVID-19, al convertirse Baja California en la tercera entidad con más enfermos y fallecidos. El 15 de mayo ya sumaba Baja California 2,448 casos y 419 fallecimientos, sólo por debajo de la Ciudad de México y el Estado de México, cuando tiene apenas una población de 3 millones 600 mil habitantes.

El controvertido gobernador morenista dejó operar sin restricciones a casi toda la industria maquiladora, que es el sector económico más importante y, en términos generales, atendió los intereses empresariales por encima de la salud de la población. Tampoco supo atender la contingencia con medidas de prevención, como lo han hecho otros estados fronterizos, lo que debe tener necesariamente un alto costo político.

Además de la “Ley Bonilla”, que ha sido suprimida por la SCJN de manera enérgica, Bonilla Valdez inició su periodo gubernamental con escándalos de corrupción, lo que le costó el cargo a varios funcionarios clave de su administración, ante las denuncias de los medios de comunicación, no obstante ser él mismo un empresario de medios, propietario de varias radiodifusoras y un canal local de televisión.

Si el PAN vuelve a perder de forma contundente las elecciones del año próximo, habrá dejado en claro toda la descomposición interna a nivel estatal y la pérdida de la confianza ciudadana por la corrupción que ha penetrado al partido.

El primer bastión más duro de Acción Nacional estaría perdido.

También se han perdido, por el extravío de principios, las pugnas internas y el mal ejercicio gubernamental, estados tan estratégicos como Jalisco, que fuera otro de sus bastiones.

Su presencia se ha visto muy deteriorada en estados como Nuevo León, donde tenía todas las condiciones para consolidarse como gobierno, pero la ciudadanía prefirió optar en la última elección por un candidato independiente, que ha resultado una completa desilusión, pero no había alternativas y el PAN es en buena medida responsable de ello.

A nivel nacional la presencia de Acción Nacional se ha visto deteriorada, como se evidenció en las elecciones presidenciales de 2018 y la última elección interna de dirigente nacional ha sido sumamente desaseada. No existe hoy una sola corriente crítica importante que esté buscando una renovación y reorientación del partido.

Como en otras entidades, en Baja California el PRI se encuentra completamente relegado del escenario político, aun antes de que hiciera su aparición Morena y el fenómeno López Obrador. En general el viejo partido enfrenta una crisis tan severa, que hay un pesimismo generalizado sobre si podrá inclusive sobrevivir a la misma.