La farsa de las consultas populares

Editorial Julio 2021

Es innegable que la política tiene mucho del más grande y rápido teatro de la historia, lo que se vuelve especialmente importante en regímenes populistas y demagógicos.

Somos un régimen democrático y, de acuerdo a la raíz etimológica griega, la palabra democracia proviene, como es de sobra conocido, de demokratía, que se compone de démos (pueblo) y de kratein (gobernar), pero de la misma familia etimológica se desprenden demagogo y, curiosamente, epidemia y endémico.

Aristóteles había advertido, por experiencia directa, que el principal mal de la democracia era la demagogia y lo que hoy denominamos como populismo, que no es sino una forma de demagogia, por la cual el gobernante manipula al pueblo con su verbo y con sus artes de encantamiento falaz.

Para darle una forma sensata a la decisión popular y convertirla en gobierno, se han desarrollado los procedimientos y las instituciones de elección y de representación pública, donde se le da facultades a un grupo de ciudadanos para ejercer el poder conforme a la ley.

Un gobernante electo democráticamente no sólo debe aplicar la ley e inclusive hacer el uso legítimo de la fuerza pública, sino que está obligado a ello. Los procesos electorales están perfectamente definidos y se llevan a cabo cada determinado tiempo.

La modalidad de realizar consultas “populares” para aplicar la ley o tomar ciertas decisiones de gobierno son una farsa demagógica, que el gobernante utiliza de acuerdo a su conveniencia política y para los fines que le son útiles a él.

La aplicación de la ley no se consulta; es obligación de quien gobierna, como lo es el respetar los derechos constitucionales de todo ciudadano.

La aplicación de la ley tiene sus procedimientos perfectamente establecidos, es totalmente demagógico preguntar a una comunidad si se aplica la ley en contra de una determinada persona, no importa quién sea. De entrada, eso es estar faltando al debido proceso y es anticonstitucional.

La consulta del próximo 1 de agosto es una farsa hecha a capricho de Andrés Manuel López Obrador, para preparar otra consulta innecesaria de revocación de mandato en marzo de 2022.

No hay dinero, pero la consulta del 1 de agosto costará 508 millones de pesos y la de revocación de mandato 9 mil millones de pesos, sólo para atender al vicio de la demagogia.