El caso de Jorge Torres López y la turbia justicia estadunidense

Por: Agencias/ La redacción

El que se perfilaba como el gran juicio en contra de un grupo de políticos y empresarios coahuilenses que saquearon el erario del estado se ha convertido en una turbia sucesión de acuerdos extrajudiciales y de arreglos oscuros en la Corte Federal del Distrito del sur de Texas, con cabecera en Corpus Christi, por los cuales, uno a uno, los acusados han recibido condenas casi simbólicas, una vez que se han delatado unos a otros y han entregado una parte menor de lo robado.

El último de la lista, el exgobernador interino Jorge Torres López, ha sido sentenciado el pasado mes de junio a tan solo 3 años de prisión, después de que se declarara culpable del delito de lavado de dinero en 2020, cuando originalmente había sido acusado de asociación delictuosa, lavado de dinero y fraude bancario, por un monto compartido de hasta 35 millones de dólares.

Desde el año de 2013 las autoridades judiciales norteamericanas dieron a conocer que el exgobernador de Coahuila, quien ocupó el cargo de enero a noviembre de 2011, estaba siendo investigado y se le congelaron cuentas por 2.7 millones de dólares.

En 2014 la mencionada Corte Federal del Distrito el Sur de Texas, emitió una búsqueda internacional y, en 2016, la Agencia Estadounidense Antidrogas, DEA, emitió una ficha con los datos generales de Torres López, señalándole como último domicilio en Montgomery, Texas. Ya desde 2013 se encontraba en calidad de desaparecido.

El 7 de diciembre de 2017, sorpresivamente fue internado de emergencia en el hospital Muguerza de Saltillo, Coahuila, donde ingresó a terapia intensiva para ser atendido de una afección cardiaca pero, inexplicablemente, no fue detenido y volvió a darse a la fuga.

Del hecho se desprende que, pese a ser prófugo de la justicia, Torres López, quien es miembro de la familia de empresarios más poderosa del sureste de Coahuila, propietaria del Grupo Industrial Saltillo, estaba viviendo en ese momento en Saltillo

Finalmente fue detenido por agentes federales el 5 de febrero de 2019 en Puerto Vallarta, Jalisco, mientras paseaba en el centro comercial La Isla.

Torres López se encontraba viviendo en el fraccionamiento de lujo El Encanto, ubicado en Punta de Mita, el sector más exclusivo de este centro vacacional, un sector sólo para millonarios y miembros del jet set internacional y nacional.

La detención fue bajos los cargos de “asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude”, acorde a la acusación original.

Contra lo que sucede con capos del crimen organizado y otro tipo de acusados por el sistema judicial norteamericano, la defensa de Jorge Torres solicitó su pronta extradición, la cual fue realizada el 29 de octubre de 2019 desde el aeropuerto de Toluca, estado de México.

En 2020 el exgobernador de Coahuila se declaró culpable de lavado de dinero, al trasladar a bancos de Texas y de ahí a bancos de Bermudas el dinero recibido por los pagos de sobornos de parte de empresas constructoras a las que otorgó contratos para la construcción de carreteras, por lo que tuvo que entregar una propiedad ubicada en el estado de Texas, como compensación de dichas operaciones.

En lo que es por lo menos desconcertante, la Corte para el Sur de Texas, lo condenó a tan solo 3 años de prisión, pero contados a partir de su detención en Puerto Vallarta el 5 de febrero de 2019, por lo cual Torres López quedará casi de inmediato en libertad y, posiblemente, sea extraditado a México, debido a que no es ciudadano norteamericano, pero en México oficialmente no enfrenta ningún tipo de cargo, así que su caso se podría dar por terminado.

LAS ACUSACIONES ORIGINALES

Documentos liberados por la Corte del Distrito del Sur de Texas sobre los procesos judiciales contra Jorge Torres y el extesorero estatal Javier Villarreal, señalan que ambos fueron cómplices del exgobernador Humberto Moreira en la transferencia de unos 35 millones de dólares a Bermudas y bancos texanos, según publicaron en su momento agencia como APRO con base en información respaldada en documentos judiciales.

Las investigaciones de los fiscales norteamericanos arrojaron que Humberto Moreira viajó en febrero de 2009 a San Antonio, Texas, con Jorge Torres y Javier Villarreal, así como empresarios en vuelos privados. El grupo se reunió el 25 de febrero en el lujoso Club de Golf Sonterra, junto con sus cómplices: Javier Villarreal, Jorge Torres, quien en ese momento se desempeñaba como Secretario de Desarrollo Social, y los empresarios Rolando y Casimiro González Treviño, dueños de la cadena de televisión RGC y de estaciones de radio en Coahuila.

De acuerdo a la misma fuente documental de la demanda civil 2:13-CV-294, difundida por la mencionada agencia APRO, en dicha reunión el gobernador Humberto Moreira planeó el robo de fondos públicos del erario de Coahuila, para depositarlos en cuentas bancarias de las Bermudas.

Para abril de 2009, Jorge Torres y Javier Villarreal comenzaron a abrir cuentas de inversión en las Bermudas, a través del banco Butterfield and Son Limited, el cual opera en al menos cinco paraísos fiscales. Las autoridades estiman que a través de operaciones de divisas y transferencias bancarias manejaron más de 35 millones de dólares, con las cuales posteriormente adquirieron numerosas propiedades en San Antonio, Brownsville y South Padre Island, según la oficina fiscal de los Estados Unidos.

El exsecretario de finanzas Javier Villarreal y Jorge Torres también realizaron transferencias a través del banco J.P. Morgan de la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas.

“Torres y Villarreal abrieron esas cuentas después de una primera reunión con banqueros del J.P. Morgan Chase en México, donde discutieron la apertura de múltiples cuentas en las Bermudas.”

“Durante la reunión Torres preguntó a los banqueros si era posible que las transferencias bancarias podrían ser borradas del sistema para que esas transferencias no aparecieran como enviadas desde México a las Bermudas a través de los Estados Unidos.”

El texto añade que “Torres también presentó a los banqueros diferentes versiones sobre el origen de los recursos que serían invertidos en las cuentas”.

UNA SERIE DE ARREGLOS OSCUROS

El primero en ser detenido y sujeto a proceso fue Javier Villarreal en 2014, quien llegó a un acuerdo con las autoridades a cambio de cooperar y proporcionar información sobre todos los implicados en el llamado “megafraude al erario de Coahuila”.

Después de ser mantenido en prisión un breve tiempo, fue puesto en libertad condicional desde hace más de cinco años y lleva una vida normal en la ciudad de San Antonio, Texas.

Inexplicablemente la audiencia para dictarle la sentencia definitiva por los delitos de “lavado de dinero y conspiración para la transportación de dinero robado en el comercio exterior” se ha aplazado en 13 ocasiones, lo que su defensa considera como todo un éxito. La próxima fecha está fijada para el 25 de agosto del presente año de 2021.

El caso de Javier Villarreal, el extesorero y quien proporcionó a la fiscalía información detallada de cómo operaba la red de corrupción al interior del gobierno del estado de Coahuila, tanto en el periodo de Humberto Moreira como en el interinato de Jorge Torres, estaba siendo llevado en la Corte del Distrito Oeste de Texas, con sede en San Antonio, Texas.

Es el detenido que más información ha proporcionado a la fiscalía y a quien se le detectaron más propiedades a su nombre en el estado de Texas.

El empresario de medios de comunicación, Rolando González Treviño, se convirtió también en testigo protegido, por lo que el 10 de marzo de 2016 fue sentenciado a cinco años de libertad condicional y a pagar una multa de 250 mil dólares, además a devolver 1.8 millones de dólares.

En otro hecho inexplicable, Rolando González fue encontrado culpable de “transportar objetos robados”, eliminando los cargos de lavado de dinero, asociación delictuosa y fraude. Este año terminó su condena, pero desde hace cinco vive con toda normalidad en Estados Unidos, desde donde sigue manejando sus negocios de radio y televisión.

Con la reciente sentencia a Jorge Torres López, se espera que la sentencia a Javier Villarreal sea algo muy similar, pero por el tiempo que lleva en libertad condicional, la condena podría resultar mínima y quedar en libertad casi de inmediato, con lo cual el último de los tres detenidos claves en el “megafraude” habrán terminado sus sentencias.

Esto deja una gran interrogante: ¿qué hará el poder judicial del estado de Texas con la enorme cantidad de información que posee sobre toda la corrupción que se presentó al interior del gobierno de Coahuila desde 2009 hasta 2011, periodo que abarca el proceso que fue abierto en 2013?

¿Por qué no se ha procedido en contra de otros coludidos, los cuales han sido denunciados tanto por Rolando González como por Javier Villarreal y Jorge Torres? Si no se usa esa información incriminatoria estaríamos ante un proceso judicial sumamente turbio, aunque ya las sentencias que se han dictado son, por sí mismas, turbias, por decir lo menos.

Como un dato aparte, cabe mencionar que la llamada “masacre de Allende”, que se suscitó entre el 18 y el 20 de marzo de 2011 y ha cobrado una gran notoriedad a raíz de la serie “Somos”, producida y difundida por la empresa Netflix, se dio precisamente en la gubernatura de Jorge Torres López y éste hizo poco o nada al respecto, por lo cual es uno de los principales responsables de la misma, así como de otros hechos de suma gravedad.

Para quienes tienen la imagen de que la justicia estadunidense es implacable, el caso del “megafraude” en Coahuila muestra una versión completamente diferente. Por lo sucedido es evidente que todos alcanzaron arreglos más que favorables en el sótano de las cortes de Texas, donde parecen haber pesado más las relaciones y el dinero que la verdadera intención de hacer justicia.