Asistencialismo: los pros y los contras de regalar dinero

Por: Gerardo Lozano

Uno de los pilares más anunciados del nuevo gobierno federal son los programas de asistencialismo social, dirigidos principalmente a jóvenes y personas de la tercera edad. ¿Se estarán dando esos apoyos de la mejor manera? ¿Qué sucederá con nuestro verdadero sistema de pensiones que está a punto de la quiebra?

Que el Estado regale dinero a través de programas asistencialistas es muy popular, inclusive lo más frecuente es que se convierta en parte esencial del populismo. No existe nadie a quien no le guste que le den dinero, por la razón que esto sea, pero en este caso se trata de dinero público, que sale de los impuestos de los ciudadanos que están desempeñando un trabajo; dinero que habrá que restarle al gasto público en otros aspectos.

Sólo para la región lagunera Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que destinará aproximadamente mil 400 millones de pesos para financiar varios programas asistenciales, como el de ancianos mayores de 68 años, jóvenes desempleados, estudiantes de nivel básico, preparatoria y universidad y discapacitados.

Se mencionó que se beneficiaría a entre 44 mil y 46 mil ancianos con una ayuda mensual de mil 274 pesos serán, a 10 mil 600 jóvenes desempleados con una ayuda para realizar prácticas profesionales y a 3 mil 800 estudiantes de diversos niveles con becas.

Este costo de mil 400 millones que van directos a los bolsillos de los beneficiados, representan un monto superior a los recursos de inversión en infraestructura y otros servicios que ejercerán de manera directa los cuatro municipios de la zona metropolitana de La Laguna, más tomando en cuenta que la asignación de recursos federales para inversión en infraestructura al estado se recortó en casi 2 mil millones de pesos.

Desde un enfoque social lo obligado es cuestionarse qué beneficios y contratiempos tiene el implementar este tipo de programas, en los cuales se entrega dinero en efectivo a determinados grupos sociales.

Hagamos un ejercicio poniendo, de momento, a un lado todas las implicaciones de clientelismo y control político que tiene este tipo de programas.

En Estados Unidos hay programas de asistencia para estudiantes universitarios, por medio de los cuales se entrega dinero mensualmente a estudiantes de escasos recursos que hacen una aplicación para ello, pero se trata de una ayuda para que puedan permanecer en la universidad, el cual se retira al concluir los estudios.

En el caso del nuevo gobierno federal mexicano, se está planteando el entregar una ayuda económica a 2 millones 300 mil jóvenes, con una cantidad de 3 mil 600 pesos mensuales durante un año para realizar prácticas profesionales en las empresas.

El presupuesto nacional para este año es de 40 mil millones de pesos, por lo cual sólo alcanzará para beneficiar alrededor de 1 millón 100 mil jóvenes que, se supone, deben estar entre los 18 y los 29 años de edad, los cuales no estudian ni trabajan (los llamados “ninis”) por falta de oportunidades en la economía formal.

EL PROGRAMA PARA “NINIS”

Colocar esa cantidad de personas como practicantes en el sector empresarial no es algo fácil y tendrá varios contratiempos.

El primero de ellos y el más crítico es que la mitad de los que sestan sin un trabajo y cuentan con una profesión que no ejercen son mujeres, de las cuales un muy alto porcentaje tiene uno o dos hijos o realizan tareas de cuidado de otras personas de la familia.

Para poder incorporarse a un empleo con horario formal necesitan contar con un servicio de guardería, el cual no existe. Los servicios de guarderías públicas están saturados y los servicios privados tienen un costo que no pueden cubrir.

El segundo problema es que una parte mayoritaria de esos jóvenes llamados “ninis” sí tiene cursada una carrera universitaria, mientras que otra parte desertó desde el nivel de preparatoria o aun antes, por lo cual al recibir el beneficio de los 3 mil 600 pesos lo coherente es que realicen prácticas laborales en áreas afines a la profesión que estudiaron, de lo contrario estas prácticas no les brindarían experiencia para desempeñarse profesionalmente más adelante.

Otro contratiempo más es que será difícil que esa cantidad de jóvenes se pueda colocar en empresas grandes y medianas, por lo que habría que buscarles ubicación en microempresas, donde el aprendizaje de habilidades laborales puede ser muy pobre o casi nulo, aun cuando carezcan de estudios universitarios. Es el caso de negocios como restaurantes y la mayoría de los comercios de tamaño pequeño.

La capacitación es un área muy descuidada en la mayoría de las empresas mexicanas, aun en grandes corporaciones, porque implica un área especializada que tiene costos a los cuales se les destinan muy pocos recursos y personal.

Es innegable que un programa de estas características tiene un buen propósito y varias bondades, pero puede encontrarse con muchas limitaciones.

De entrada por lo menos se llevará todo el 2019 para poder implementarlo, aunque sólo sea en parte. No es el caso de las personas mayores, donde ya existe un padrón que sólo había que ampliar e inclusive un mecanismo de entrega de dinero ya establecido, por lo cual su implementación es muchísimo más sencilla.  Se requieren de sólo algunos meses para tenerlo funcionando.

¿Qué beneficios y contratiempos tiene el implementar este tipo de programas que entregan dinero en efectivo a determinados grupos sociales?

Cuando se logre pasar por el programa de prácticas laborales al primer millón de jóvenes se desconoce hoy lo que va a ocurrir en términos de resultados reales de adquisición de habilidades y aptitudes, como también se desconoce por completo lo que pueda ocurrir en términos de contratación formal.

Si la economía no crece y alcanza algunos pronósticos que anticipan un aumento de solo 1%, la demanda de empleos va a ser muy baja, lo que impedirá hacer una contratación de la mayor parte de quienes realicen las prácticas laborales por el año que dura la ayuda.

Colocar a 2 millones 300 mil jóvenes en el mercado laboral en el transcurso de los próximos tres años es algo que se ve, desde las perspectivas reales que muestra hoy la economía mexicana y estadunidense, imposible.

Bimbo, que es una de las pocas empresas globales mexicanas y considerada un gigante en el ramo, ha anunciado que puede recibir a 2 mil jóvenes para realizar sus prácticas, lo que puede dar una idea de la cantidad de practicantes que podrían absorber las grandes y medianas empresas, que son las principales empleadoras y donde se puede dar una capacitación laboral más en forma.

Es irrefutable que siempre será mucho mejor hacer algo que dejar las cosas como están, pero, como en muchos otros programas y decisiones que está adoptando el nuevo gobierno, se requiere primero de una muy bien elaborada planeación y, segundo, no hacer las cosas sobre las rodillas, como si existiera la obligación de iniciarlas el día de mañana y muy temprano.

Aunque existe buena voluntad, una de las grandes limitaciones de Andrés Manuel López Obrador y de gran parte de su equipo, es que entienden muy poco de cómo es que funciona la economía real y esa va a ser en apariencia una de sus grandes limitantes.

LOS ADULTOS MAYORES

El programa para los adultos mayores, de 68 años en adelante, costará en La Laguna mil 300 millones de pesos, al convertirlo en una aportación mensual por mil 274 pesos y hacerlo universal, incluyendo a los pensionados del IMSS y del ISSSTE.

A nivel nacional el costo del programa será de 100 mil millones de pesos, lo que le convierte en el programa asistencialista más extenso y costoso.

La aportación de dinero en efectivo a adultos mayores en condiciones de pobreza se puede considerar inclusive como un acto humanitario, debido a las condiciones precarias en las que sobreviven millones de personas ancianas que no tienen una pensión, lo que les obliga a estar supeditados a la ayuda de la familia, que también se encuentra en condiciones de pobreza.

Una ayuda de mil 270 pesos mensuales pareciera inclusive muy pobre para quien ya no tiene una forma de cubrir su propia manutención, pero finalmente es una ayuda que puede mejorar por lo menos en parte las condiciones alimentarias, si a ello se destina.

El cuestionamiento es por qué se convirtió en universal, incluyendo a pensionados del IMSS y del ISSSTE y por qué se maneja como una dádiva.

Lo de convertirla en universal incluye a una cantidad importante de adultos mayores que sí recibe una pensión que le permite cubrir sus necesidades, pero además hay una parte de adultos mayores de clase media que sí tienen un modo de vida, por lo cual tampoco necesita de este tipo de ayuda.

Lo más equitativo sería el otorgar la ayuda a quienes realmente la necesitan, empleando menos recursos del gasto público e inclusive incrementando el monto a aquellas personas que están en condiciones de pobreza.

La gran tentación de todos estos programas de asistencialismo es que se conviertan en un enorme instrumento de clientelismo político, por el cual, tan solo en La Laguna López Obrador (y en consecuencia MORENA) tendría no menos de 65 mil beneficiados directos, en un país donde el voto generado a través de la dádiva es toda una subcultura.

2021, AÑO DE CRISIS DE LAS AFORES

En el discurso de AMLO siempre se maneja un componente sentimental y manipulador: “vamos a apoyar a nuestros viejitos”, “ellos ya le dieron mucho al país ahora nos toca devolverles un poco de todo eso que ellos nos dieron”.

Nunca hay un cuestionamiento de por qué “esos viejitos” no tienen una pensión formal y, al mismo tiempo, parece prohibido el tema de las llamadas AFORES, que, desde 1997, se convirtieron en el sistema de pensiones de los empleados y trabajadores formales del país, exceptuando aquellos que laboran precisamente para las empresas e instituciones gubernamentales.

Los especialistas estiman que el sistema de AFORES va a ser crisis a más tardar en 3 años, cuando se comiencen a dar las primeras jubilaciones masivas, pues debió haber sido modificado por lo menos desde hace 12 años, debido a que las pensiones que aportará a quienes se jubilen a través de ellas es una cantidad sumamente baja, con la cual es imposible que sobreviva una pareja de adultos mayores.

En Chile, de donde se tomó este modelo, ya hizo crisis y en aquel país tienen un nivel de aportaciones obrero, patronales y gubernamentales más altas que las nuestras.

Fuentes como Principal Financial y los propios ejecutivos de las AFORES, como Alán Gómez de Principal Afore, estiman, con base en estudios actuariales, que lo que recibirán los trabajadores será insuficiente para su manutención en caso de retiro, lo que les convertirá muy probablemente en trabajadores adictos, que desempeñarán un trabajo hasta que su salud se los permita y, una gran parte de ellos, se incorporaría a la economía informal, lo que es un escenario socialmente muy desalentador.

Se considera que el 2021 será el año en que hará crisis el sistema de AFORES, justo a la mitad del sexenio de López Obrador.

La razón es bien simple: desde su implementación en julio de 1997, el trabajador mexicano que se inició en este sistema, aporta sólo el 1.125% de su Salario Base Mensual (SBM), mientras que el promedio de aportación de los países miembros de la OCDE es de 8%. Hay países latinoamericanos como Colombia donde la aportación es del 16% del Salario Base Mensual.

Para completar este mal escenario, sólo el 33% de los trabajadores mexicanos cotiza a la seguridad social obligatoria, mientras que el restante 67% de la Población Económicamente Activa (PEA) no cuenta con ningún fondo de retiro.

A partir de 2021 se irán acumulando millones de trabajadores que recibirán una jubilación muy baja. El problema de pobreza en adultos mayores lejos de disminuir todo indica que irá en ascenso, ante la negativa de los últimos gobiernos de revisar el sistema de las AFORES.

El régimen anterior, denominado Ley IMSS de 1973 ofrecía, en la práctica, mayores beneficios a los trabajadores. Lejos de un sistema de pensiones adecuado, pero sí mejor que las actuales AFORES.

Un programa asistencialista que “regala” mil 270 pesos mensuales es una medida muy popular y posiblemente clientelar, pero tan solo una dádiva, mientras el sistema de pensiones del país se encuentra ante un escenario verdaderamente crítico.

Este año se destinarán cerca de 250 mil millones de pesos a programas de tipo asistencialista, manejados directamente por el poder central y con un discurso donde la figura presidencial se convierte en paternalismo dadivoso y coloca como gran beneficiario político al nuevo partido en el poder, regresando a esquemas que manejó el PRI en la década de los años setentas y ochentas.

López Obrador ha manejado en su discurso que su propósito es que México tenga un estado de bienestar, similar al de los países escandinavos, como Suecia, Dinamarca o Noruega, lo que es bastante fácil de decir e inclusive es muy bueno tener ese referente de países desarrollados donde la población tiene cubiertas todas sus necesidades básicas, pero el gran problema es qué se debe hacer en la economía mexicana para poder financiar un estado de bienestar semejante.