Por: Rodrigo Tejeda
Como todo ejército profesional, el mexicano es una estructura estrictamente piramidal, con un régimen de justicia especial, un código de conducta y de disciplina propio de su naturaleza y una infraestructura de carácter nacional, dividida en 42 zonas militares ubicadas en todo el territorio del país
La llamada 4T es una formación política que tiene como propósito el mantenerse en el poder por tiempo indefinido, imitando, en mucho, los procedimientos del viejo régimen que gobernó al país casi todo el siglo pasado, pero ahora con un enfoque populista y una supuesta filiación de izquierdas.
Para mantener el poder se considera como una política básica el cooptar a las fuerzas armadas del país; el ejército y la marina, a las cuales se les ha incorporado a tareas que no son propias de su función constitucional y se les han otorgado cada vez más canonjías.
En este propósito de incorporar al ejército y la marina (especialmente al ejército) al proyecto del nuevo grupo en el poder, se están extralimitando cada vez más las funciones propias de la defensa nacional, entregándoles proyectos de construcción de infraestructura y funciones que no les corresponden, pero, al mismo tiempo, eliminando las disposiciones legales de rendición de cuentas y de supervisión, lo que deja el cajón abierto a la cúpula militar para corromperse, sin que además haya consecuencia por ello, pues ya hoy el ejército se ha convertido en un ente intocable, al margen del estado de derecho.
Al mismo tiempo que se incorpora a la institución castrense a funciones de encargado de la construcción de infraestructura, se ha militarizado la policía federal, con la creación de un cuerpo ahora orgánicamente dependiente del ejército, denominado la Guardia Nacional, pese a que ni el ejército ni la marina tienen una capacitación que les permita ejercer funciones de carácter policiaco.
Pero la militarización va cada vez más lejos, al entregarle al ejército el sistema de aduanas del país, muchos de los aeropuertos civiles, una aerolínea, el manejo de megaobras como el llamado Tren Maya, en cuya construcción se invirtieron alrededor de 500 mil millones de pesos, sin que hasta la fecha se haya rendido cuentas de un solo peso de lo gastado, y el aeropuerto Felipe Ángeles, otra obra muy controvertida.
Es llamativo que ni la incipiente oposición, dispersa ahora en débiles partidos, ni voceros de instituciones de representación social hayan externado un punto de vista crítico sobre este proceso de militarización del país, subordinado a los intereses de Morena, que se ha convertido ya en un partido hegemónico, que ha roto ya inclusive la división de poderes de la república y, lejos de erradicar males endémicos del sistema político mexicano, como la corrupción y la ineficiencia, los ha incrementado notoriamente.
México tiene un ejército al cual se puede considerar macrocefálico, pues su élite está compuesta por 541 generales y 850 coroneles, una cantidad enorme de mandos si se compara con el ejército Chino,el más grande del mundo, que tiene solamente 191 generales para dirigir a 2 millones de efectivos, en comparación con los 306,949 elementos que tiene el ejército y la fuerza área mexicana.
Esta élite está muy bien pagada. Un general de división gana en promedio 200 mil pesos mensuales, más un generoso paquete de prestaciones, mientras que el sueldo de un general de brigada ronda los 180 mil pesos mensuales, más el mismo generoso paquete de prestaciones.
Como todo ejército profesional, el mexicano es una estructura estrictamente piramidal, con un régimen de justicia especial, un código de conducta y de disciplina propio de su naturaleza y una infraestructura de carácter nacional, dividida en 42 zonas militares ubicadas en todo el territorio del país.
La élite, egresada del Heroico Colegio Militar, contrasta con la tropa, que está compuesta por ciudadanos provenientes de un medio social pobre, en su mayoría originaria de poblaciones chicas y comunidades rurales del sur del país, que hoy goza de mejores sueldos, prestaciones y condiciones laborales a partir de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, en la que comenzó a participar desde el inicio del siglo, por lo cual ha sido compensado, especialmente durante el periodo de Felipe Calderón Hinojosa.
Una de las características de este ejército era su austeridad y su institucionalidad, que le ha mantenido al margen de cualquier tentación de carácter político, pero a partir de la lucha contra los cárteles del narcotráfico, que son expertos en materia de corrupción, la tentación del dinero ha comenzado a rondar al ejército, en concreto a sus mandos.
Ya desde el 2006, el ejército y la marina armada han cobrado un papel central en la seguridad interna del país, debido a la ineficiencia de los gobiernos federal, estatales y municipales para desarrollar cuerpos policiacos profesionales, bien capacitados y debidamente equipados y remunerados.
El fracaso del sistema policial en general es hoy uno de los grandes problemas del país, por lo que el ejército y la marina se han convertido en los dos únicos cuerpos de contención al crimen organizado, que ha tenido una expansión enorme en los últimos doce años, al grado de apoderarse de regiones completas del país, donde está por encima de los gobiernos municipales y de los estatales.
LA POLÍTICA DE LA 4T, ABRIR LA PUERTA
La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que exenta de trámites y requisitos de transparencia a las Fuerzas Armadas y a empresas públicas como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), siempre que los proyectos a su cargo sean considerados “prioritarios” o “estratégicos”.
Con 355 votos a favor por parte de Morena, sus aliados y Movimiento Ciudadano —excepto el diputado jalisciense Hugo Manuel Luna, quien se abstuvo—, y 98 votos en contra del PAN y PRI, la iniciativa fue enviada al Senado para su análisis.
Los cambios a la ley eliminan la obligación de aplicar la norma en ciertos casos. Las instituciones como la Sedena, Pemex y CFE ya no estarán obligadas a transparentar los detalles de las obras públicas que se les asignen si estas son consideradas prioritarias o estratégicas.
Además, se elimina la necesidad de firmar nuevos convenios cuando aumente el monto o el plazo de un contrato en más del 25 por ciento, como antes lo requería la ley. A partir de ahora, ese margen podrá ser rebasado sin que se modifiquen los acuerdos formales.
¿Qué pasa con los contratos y costos?
Otro cambio relevante es que los contratistas ahora podrán solicitar hasta un 50 por ciento de ajuste por costos indirectos y de financiamiento, cuando antes solo podían pedir hasta el 25 por ciento.
También se introducen nuevos esquemas de contratación que permiten mayor negociación entre autoridades y empresas. Entre estos mecanismos se incluyen:
Ofertas subsecuentes de descuento: permiten a los contratistas reducir sus precios después de haber hecho una primera oferta.
Diálogos estratégicos: abren la puerta para que contratistas y autoridades discutan necesidades, objetivos y condiciones técnicas antes de adjudicar los proyectos.
Morena defendió la iniciativa al señalar que se busca “fortalecer los mecanismos de transparencia” en las contrataciones públicas. Argumentan que estas nuevas formas de contratación ofrecen herramientas más flexibles para llevar a cabo obras necesarias.
La oposición en la Cámara de Diputados advirtió riesgos. El panista Héctor Saúl Téllez señaló que los nuevos mecanismos como el “diálogo estratégico” o la “contratación consolidada” pueden facilitar la discrecionalidad:
Arturo Yáñez, del PRI, añadió que la reforma no fortalece el sistema de obra pública, sino que institucionaliza la adjudicación directa y debilita los mecanismos de vigilancia.
¿Cuánto dinero recibirá la Sedena para estas obras?
De acuerdo con los PreCriterios Generales de Política Económica, entre 2025 y 2026 la Secretaría de la Defensa Nacional recibirá más de 236 mil millones de pesos para operar y administrar proyectos estratégicos. De ese total, el 96 por ciento se destinará a trenes de carga y de pasajeros.
La iniciativa fue turnada al Senado. Si es aprobada sin cambios, se convertirá en ley.
La decisión marcaría un giro en la forma en que se realizan y supervisan las obras públicas asignadas a las Fuerzas Armadas y empresas del Estado.
