Por: Álvaro González
El déficit está entre 650 y 680 millones de pesos, que tendrán que ser cubiertos en su mayor parte por el gobierno del estado, ante la negativa del gobierno federal de realizar alguna aportación
¿Cómo una universidad pública con un presupuesto anual de 4 mil 435 millones 626 mil 577 pesos ha llegado a tener un faltante de 680 millones de pesos, para cubrir sus obligaciones laborales de pensionados y jubilados, en lo que se ha vuelto un problema creciente de cada año?
La autonomía de la universidad, que en términos académicos es muy importante, se ha vuelto un problema en lo administrativo, porque en lo político esta autonomía es un cuento que se ha prestado a una simulación permanente.
Tomando en consideración las últimas cifras oficiales, la UAdeC tiene una población total de 35,600 alumnos sumando todas sus unidades, lo que significa un costo final de 124,596.25 pesos anuales por cada alumno inscrito en sus 56 licenciaturas y preparatorias, lo que es un costo muy elevado si se compara con algunas universidades privadas para sectores de clase media que operan en Coahuila, las cuales inclusive son negocios que reportan utilidades.
El presupuesto es aportado en un 50% por el gobierno federal y en un 50% por el gobierno del estado, más los recursos propios que se logran recabar, los cuales representan un porcentaje muy pequeño y no se ha tenido la capacidad de incrementar sensiblemente en las últimas décadas.
Hasta el 2018, la universidad gozaba de un presupuesto bastante holgado, que le permitía operar, realizar inversión en infraestructura e inclusive financiar proyectos de rentabilidad y utilidad muy cuestionable.
Controlada políticamente por camarillas políticas que operan principalmente en la Unidad Saltillo y la Unidad Torreón, la institución está domesticada, por lo menos en lo que se refiere a la voz de la parte estudiantil y la magisterial, lo que le permite tener un Consejo Universitario, que es el máximo órgano de decisión, también domesticado, dejando casi todo el poder de toma de decisiones en el rector y en la camarilla que le acompaña durante su periodo de tres años de gobierno, cuya reelección se ha vuelto casi obligada desde los años ochenta a la fecha, lo que alarga el periodo de gobierno por seis años, el doble que el de los ayuntamientos.
Viviendo en la holgura, la universidad fue creando una estructura administrativa cada vez más grande, lo que fue incrementando los costos administrativos de la institución más allá de una razonable burocracia.
En lo que es un error administrativo grave a largo plazo, no se realizó un cálculo actuarial del costo de las pensiones y jubilaciones de toda esa burocracia y del personal docente; un costo que se fue incrementando con el paso de los sexenios, pero que se podía cubrir disponiendo recursos que en principio deberían estar destinados a la función académica, que es su tarea esencial.
A partir del 2019 el gobierno federal, directamente a través de la SEP y de los organismos descentralizados, decidió ir recortando los recursos para la mayoría de las universidades públicas, salvo las grandes universidades nacionales ubicadas en la ciudad de México, que tienen una capacidad de respuesta política, debido a la magnitud de las mismas y a su peso dentro de la sociedad civil.
Gradualmente la UAdeC fue perdiendo recursos adicionales, pero al mismo tiempo le fue exigido el incremento de su matrícula, en lo que evidentemente era un período nuevo que requería de cambios en el manejo de los recursos de la universidad.
Como político que era, el anterior rector, Salvador Hernández Vélez, quien cubrió todo el periodo de AMLO, se quejó de los recortes, pero como se dice en el argot público, se dedicó a “patear el bote” hacia delante y la institución siguió operando y gastando como si no tuviera encima un gran problema.
Con el paso de los años la situación fue empeorando, porque el gobierno del estado comenzó a verse en la necesidad de destinar recursos especiales para dar un subsidio adicional a la UAdeC, en particular para el pago de pensiones y jubilaciones.
Amparándose en la autonomía, la rectoría de la universidad no rindió, ni ha rendido a la fecha, un informe financiero detallado sobre el problema financiero que está enfrentando y el cual, en la propia opinión del actual rector, Octavio Pimentel Martínez, se ha convertido en “la prioridad de la universidad” el garantizar su pago puntual a todos los pensionados y jubilados de la institución, cuando en principio esa no es la prioridad de una universidad sino de una burocracia, y de una burocracia obesa y mal administrada.
Al inicio de su periodo, Pimentel Martínez declaró que la universidad tenía alrededor de 2 mil jubilados y pensionados y cerca de 400 trabajadores activos, pero en 2025 declaró que son realmente cerca de 3 mil jubilados y pensionados por “aproximadamente” 300 trabajadores activos, lo que da una proporción de 10 a 1, algo que hace insostenible cualquier sistema de pensiones en una institución.
El déficit está entre 650 y 680 millones de pesos, que tendrán que ser cubiertos en su mayor parte por el gobierno del estado, ante la negativa del gobierno federal de realizar alguna aportación.
Es significativo que cada vez que el rector aborda el problema, que es enorme para la institución, maneja números aproximados, cuando debería de haber una precisión en los mismos.
Hay cifras que se ha evitado dar a conocer públicamente con detalle, como el costo real del sistema de pensiones y jubilaciones de la UAdeC y como está compuesto el mismo. El problema del déficit comenzó hace ya más de siete años y, lejos de disminuir, hay indicios de que está aumentando, pero hay un desconocimiento preciso del mismo y cuando se presentó no hay antecedentes de que se implementara una estrategia precisa para atenuarlo, en buena media para evitar tocar intereses de carácter político, aunque, a mediano plazo, el problema puede comenzar a desestabilizar el gobierno y el funcionamiento de la universidad, así que se está haciendo una apuesta muy riesgosa al no afrontar de raíz el déficit.
Octavio Pimentel Martínez comenzó su periodo rectoral con un conocimiento del problema y la carga que esto representa para el gobierno del estado, quien tiene que enfrentar un esquema financiero que ya es difícil por la deuda histórica y por los severos recortes impuestos por el pasado y el actual gobierno federal.
¿Por cuánto tiempo el gobierno del estado puede estar solventando el enorme déficit universitario? Si Octavio Pimentel no logra por lo menos disminuir sensiblemente el problema y las cosas siguen empeorando su misma reelección estará en juego.
Como se ha reconocido públicamente, la UAdeC está hoy imposibilitada para invertir en nueva infraestructura, en equipamiento, en ampliación de la matrícula y en el desarrollo de nuevo proyectos académicos que impliquen la erogación de un presupuesto, inclusive se han comenzado a presentar problemas para destinar recursos al mantenimiento de instalaciones, lo que es crítico para el adecuado desempeño de las actividades académicas, dibujando un escenario nebuloso no solo al mediano y largo plazo, sino un problema urgente al corto plazo que condiciona ya el gobierno de Octavio Pimentel Martínez.
Pero lo que más destaca en medio de la insolvencia es la falta de una estrategia seria para atacar el problema, lo que está generando problemas de incumplimiento de pagos, atrasos en la entrega de recursos e incumplimiento de obligaciones por parte de la tesorería universitaria, que está en manos de Evaristo Alférez Rodríguez, quien está ya, a principios de este 2026 en una situación muy comprometida, haciendo malabares con las finanzas de la universidad, pero los números, por lo menos en 2025, sencillamente no dan; el déficit conocido es enorme, pero faltaría ver los compromisos y obligaciones que no fueron cumplidos.
