Por: Rodrigo Tejeda

Pese a los golpes que se han dado a una de las más importantes organizaciones criminales que mueven el “huachicol”, hasta la fecha no hay detenidos de relevancia, si acaso algunas detenciones de bajo perfil 

El “huachicoleo” es un problema que no comenzó en 2018, cuando inicia el gobierno de AMLO, eso hay que decirlo, pero era un problema menor que se dejó crecer a partir de 2019, hasta convertirse en un gigantesco monstruo que es, como Medusa, de mil cabezas y ahora es un problema enorme eliminarlo.

El “huachicoleo” tiene tres principales modalidades. La menos conocida, pero no por ello menos importante, es el robo de petróleo crudo, que se realiza a través de la perforación clandestina de ductos; por medio de la corrupción de empleados y funcionarios de Pemex, por medio de la amenaza y, algo que se conoce muy poco: la corrupción aduanal y empresarial tanto en México como en los Estados Unidos.

Existe todo un mercado negro internacional de tráfico de petróleo crudo. Lo que se roba en México es vendido como crudo WTI. Se trafica hacia los Estados Unidos, donde es vendido clandestinamente a ciertas empresas refinadoras. También se trafica a otros países como Japón, India y África.

La segunda modalidad del “huachicol” es la “ordeña” de ductos de las refinerías para extraer gasolinas. Esta práctica es la más vieja, pero no se daba a gran escala, sin embargo en el gobierno de AMLO se disparó de una forma escandalosa, porque además es la más difícil de detectar y controlar si se realiza de forma “hormiga”, pero ahora está extendidísima y es uno de los principales ingresos de las organizaciones del crimen organizado.

Hay, a nivel nacional, todo un mercado negro de “huachicol”, en el cual están involucradas miles de gasolinerías, de la mayor parte de los estados del país. Una gran parte de la gasolina que compran los consumidores en el mercado mexicano es realmente “huachicol”. 

Esta es la forma más rentable del “huachicoleo”, porque las gasolinas robadas no tienen ningún costo para quien la roba, lo que hace que el margen de ganancia sea muy alto.

La tercera modalidad del “huachicoleo” es el llamado “huachicol fiscal”, o contrabando de gasolinas que son compradas en refinerías de los Estados Unidos e introducidas a México por medio de barcos-tanque y del ferrocarril en furgones-tanque.

La ganancia de este “huachicol” son los impuestos que se dejan de pagar, como el ISR y el IVA, lo que es un porcentaje muy alto si se considera que el margen de ganancia en la venta de gasolina es muy bajo, pues se trata de un negocio a volumen.

Los volúmenes que se contrabandean de “huachicol fiscal” son enormes, de millones de litros de gasolina. Hasta ahora el decomiso más grande ha sido en Saltillo, que fue de 15 millones 480 mil litros, que eran transportados en 126 furgones-tanque que ingresaron por la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Esta modalidad de “huachicoleo” implica necesariamente la corrupción gubernamental, sin la cual es imposible. La corrupción más importante es la del sistema de aduanas del país, que se entiende ahora está bajo el control de la Marina, pero además requiere de la corrupción de los demás cuerpos policiacos, como la Guardia Nacional, el propio ejército, las policías estatales e inclusive en algunos casos las policías municipales, pero la principal corrupción se da en instancias muy altas del gobierno federal.

Como en el caso de la primera modalidad, el “huachicoleo fiscal” requiere de la corrupción de empresas y de autoridades gubernamentales estadounidenses, las que hasta ahora han permanecido en silencio, como sucede con muchas otras modalidades de contrabando, incluido el de drogas.

Parece, y es muy difícil de entender, cómo se puede manejar este volúmen de contrabando y un negocio tan gigantesco como el “huachicoleo”, pero se debe considerar que en México se consumen diariamente 124 millones sólo de gasolinas, de acuerdo a la información recabada por Forbes México, lo que nos convierte en el cuarto país del mundo en consumo de gasolinas, pero el 72% de este gigantesco volumen se tiene que importar de otros países, la mayoría de los Estados Unidos, de acuerdo a las últimas cifras oficiales de Onexpo.

Esto significa que el país importa diariamente un promedio de 89.28 millones de litros de gasolinas. En semejante volumen se puede insertar 19, 15 o más millones de litros cada ciertos días, los que son registrados como aceites u otros productos líquidos.

De acuerdo a la misma Onexpo y a las cifras oficiales de comercio, en México operan 13 mil 465 estaciones expendedoras de gasolinas, pero, en la misma opinión de Onexpo, hay un déficit de 3 mil estaciones expendedoras. De ese total un 53% de las estaciones operan bajo la firma de Pemex y el resto bajo otras firmas privadas, de tal manera que hay un muy alto porcentaje de gasolinerías que están bajo la firma de Pemex y venden “huachicol”, lo que hace el problema aún más escandaloso.

Los expendedores en su mayoría se resistían inicialmente a la venta de “huachicol”, pero durante el sexenio de AMLO, a medida que iban pasando los años y la impunidad crecía cada vez más, un alto porcentaje entró a la venta de “Huachicol”, en especial bajo la modalidad del “huachicol fiscal”, donde están tratando con grandes empresas distribuidoras, que surten a estados completos, como es el caso de Querétaro y San Luis Potosí, por citar sólo un ejemplo.

En las regiones que son controladas por el crimen organizado, que son cada vez más, los expendedores son obligados a vender el “huachicol” que se extrae de los ductos de Pemex, en lo que es un enorme negocio para el crimen, pero también para los expendedores quienes, lo repetimos, trabajan con un margen muy pequeño de ganancia y su negocio es vender a volumen.

Esto explica que haya empresas privadas dedicadas a la venta de combustibles que han tenido un crecimiento explosivo, inexplicable, y la Secretaría de Hacienda voltea para otro lado, lo mismo que Pemex, porque obviamente hay de por medio un entramado de corrupción.

Sin la red de 13 mil 465 estaciones de venta de gasolina el “huachicol” no existiría, porque sencillamente el crimen no tendría en donde venderlo, lo que también explica que el propio crimen organizado ha ido comprando, a través de prestanombres y “lavadores” de dinero, sus propias estaciones expendedoras.

EL ESTADO TIENE LOS MEDIOS DE CONTROL

La responsabilidad del gobierno de AMLO sobre las dimensiones que ha alcanzado el “huachicol” no pueden eludirse ni justificarse. Y pongamos sólo algunos números a manera de demostración.

De acuerdo a la producción total anual de Pemex el robo de combustible en 2017 era de un porcentaje equivalente al 0.4%, pero en 2024, el último año del gobierno de AMLO, el porcentaje de robo ascendió hasta un 6% de la producción total de Pemex en ese año, de acuerdo al estudio realizado por Observatorio Ciudadano de Energía, pues el gobierno federal se niega a dar cifras concretas actualizadas.

Tan sólo en 2024 el robo de combustibles representó una afectación de 2 mil 792 millones de dólares, en una sola de las modalidades de “huachicol”, a lo que habrá que agregar las otras  modalidades.

AMLO prometió combatir y aun desaparecer la corrupción, pero todos los indicadores muestran que la corrupción creció a nivel nacional. El “huachicol” es un ejemplo contundente de ello. Y lo es porque el estado tiene todos los medios para controlar el robo y contrabando de “huachicol” a nivel nacional.

Existen varias tecnologías que permiten el control de los ductos de transportación de las gasolinas y el petróleo. Seis años es un tiempo más que suficiente para haber puesto bajo control todos los ductos del país, más tomando en cuenta que en México la explotación, procesamiento y distribución del petróleo y sus derivados es un monopolio llamado Pemex, pero este fue puesto en manos de un inepto e íntimo allegado, con un 90% de servilismo y un 10% de capacidad, como es la fórmula que estableció el propio AMLO.

El robo de petróleo crudo es totalmente intolerable con los sistemas y tecnologías que emplean hoy las grandes petroleras del mundo. La única explicación es la corrupción de funcionarios y técnicos del propio Pemex.

El “huachicol fiscal”, una modalidad que alcanzó niveles escandalosos para 2024, muestra que los cambios y la militarización del sistema de aduanas del país no sólo no acabaron con la corrupción sino que la fomentaron, y esa es una responsabilidad ineludible del gobierno de AMLO.

En 2024 la venta anual de gasolinas en México alcanzó un promedio de 42 mil 260 millones de litros, si se multiplica por un promedio de 22 pesos el litro de gasolina, las ventas son de 990 mil 400 millones de pesos, casi un billón. ¿A cuánto asciende el quebranto fiscal que está sufriendo el erario público debido al “huachicol”?

Mientras la Secretaría de Hacienda apretaba a los mismos causantes cautivos de siempre, el crimen organizado realiza un fabuloso negocio, pero el crimen no opera solo; para funcionar necesita de la corrupción de los funcionarios públicos y de los empresarios privados.

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha emprendido un fuerte operativo en contra del “huachicol fiscal” y, en menor escala del “huachicol de ordeña de ductos”, con algunos golpes espectaculares, el más grande de ellos fue la captura de 126 furgones-tanque que transportaban 15 millones 480 mil litros, un tren completo.

En lo que va del año se ha logrado la incautación de 44 millones de litros de “huachicol”, lo que puede parecer una cifra espectacular, pero se trata de la tercera parte de la gasolina que se vende en un sólo día a nivel nacional, pero es un logro muy considerable si se compara con los 7.5 millones de “huachicol” que fueron incautados durante todo el sexenio de AMLO.

Pese a los golpes que se han dado a una de las más importantes organizaciones criminales que mueven el “huachicol”, hasta la fecha no hay detenidos de relevancia, si acaso algunas detenciones de bajo perfil. 

No ha habido sanciones a funcionarios públicos involucrados, ni medidas drásticas en el sistema de aduanas, mucho menos la investigación de políticos y funcionarios de la 4T relacionados a gran escala con el enorme negocio del “huachicol”.

Se repite esa tendencia del gobierno de Claudia Sheinbaum de combate al crimen organizado, donde se evita cuidadosamente no tocar políticos, funcionarios y empresarios relacionados a las actividades criminales. Hay resistencia a pagar el costo político, más si se trata de gente vinculada al gobierno de AMLO, o a su círculo más cercano de protegidos.