Por: Rodrigo Tejeda

Donald Trump y su equipo de halcones quieren las cabezas de gobernadores, funcionarios, políticos y empresarios ligados al narcotráfico, pues de otro modo consideran que esta será una historia de nunca acabar

La estrategia de seguridad hacia México por parte del nuevo gobierno norteamericano, está fincada en el desmantelamiento de los cárteles, no sólo en la política de decomisos de drogas y detención de operadores y capos de segundo nivel, que son sustituidos al siguiente día de su detención.

Para ello desde hace ya años, antes del segundo periodo de Donald Trump, han invertido muchos recursos en trabajo de inteligencia, es decir recopilación de información estratégica, que es solo el primer paso para desarrollar una estrategia de combate contra los cárteles.

Ya con Trump se ha dado el primer paso de esa nueva estrategia: declarar como terroristas a las organizaciones más importantes del crimen organizado, para desplegar una serie de acciones que puedan ser eficaces y contundentes.

El gobierno trumpista ha declarado, con un fundamento que es incuestionable, que amplias regiones de México están bajo el control de los cárteles; que estos han infiltrado a todos los niveles al aparato gubernamental y que, de no darse acciones drásticas, el gobierno mexicano perderá la gobernabilidad. El diagnóstico puede ser refutado en alguna conferencia mañanera presidencial, pero los hechos son cada vez más contundentes.

Los organismos de inteligencia norteamericano tienen en su poder demasiada información, gran parte de la cual han ido obteniendo a través de la negociación muy pragmática con los propios capos que tienen detenidos, quienes a cambio de beneficios en sus condenas están proporcionando nombres de funcionarios, políticos, empresarios, producción de drogas, rutas de distribución, lavado de dinero, relaciones internacionales y hechos muy delicados, como el financiamiento de campañas electorales a gobernadores, alcaldes, diputados y hasta campañas presidenciales.

Donald Trump ha presionado, inclusive ha puesto plazos, pero también ha declarado que la presidenta Claudia Sheinbaum les teme tanto a los cárteles que eso le impide tener un pensamiento claro sobre qué hacer con ellos, ante la imposibilidad de no poder continuar con la política criminal de “abrazos y no balazos”, aplicada por su antecesor, que dejó un saldo histórico de muertes violentas y desaparecidos en el país, y una expansión, también histórica, de los cárteles en regiones completas; estados donde no tenían presencia y hoy están empoderados, como es el caso de Tabasco, el estado nativo del expresidente.

Desde la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, el gobierno norteamericano dejó en claro que el combate a los cárteles será de forma unilateral, si el gobierno mexicano no coopera o no hace lo que debe hacer. 

Con el FBI como cabeza, se ideó una estrategia para ir contra el Cártel de Sinaloa o Cártel del Pacífico, si se quiere ser más preciso en la denominación. Con un plan se desató el infierno en Culiacán y en otras regiones del estado de Sinaloa, enfrentando a las dos facciones principales que componen el cártel, las que tienen ya muchos meses matándose los unos a los otros, evidenciando la incapacidad del gobierno mexicano de resolver el conflicto, o la falta de voluntad de hacerlo por todas las consecuencias que implican.

El caso del Cártel de Sinaloa ha puesto en evidencia al gobierno de Claudia Sheinbaum, pero principalmente la narcopolítica, en la que están implicados gobernadores, empresarios y políticos ligados estrechamente al partido gobernante, Morena.

Y aquí entra el siguiente paso: Donald Trump y su equipo de halcones quieren las cabezas de gobernadores, funcionarios, políticos y empresarios ligados al narcotráfico, pues de otro modo consideran que esta será una historia de nunca acabar.

Por su parte, Claudia Sheinbaum se resiste a tocar la cúpula de la política mexicana, del empresariado, de su propio partido y de las cabezas reales del crimen organizado. El temor más importante es que se desate una ola de violencia a nivel nacional, en regiones y estados donde se ha perdido el control sobre las organizaciones delincuenciales.

Molesto con la resistencia, pues inclusive hay tensiones abiertas al interior del gabinete de Sheinbaum, el gobierno norteamericano parece decidido a seguir una política unilateral y ha procedido a cancelarle la visa a la gobernadora morenista de Baja California Norte, María del Pilar Ávila, y a su esposo, Carlos Torres, y lo ha hecho sin dar explicaciones, como sucedió con el caso de Ismael “El Mayo” Zambada.

Las acciones de espionaje se han profundizado y se preparan operativos concretos, mientras que el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch ha puesto al descubierto el gigantesco contrabando de “huahicol” fiscal, que desnuda las aduanas mexicanas y orienta hacia políticos y funcionarios de primer nivel de los gobiernos morenistas, pero al momento de proceder judicialmente y profundizar en las investigaciones, vienen contraordenes de no tocar a las cabezas y no comprometer la imagen del gobierno federal anterior. 

Todo eso está siendo observado, lo que reduce aún más la confianza en que el gobierno mexicano se comprometa en una estrategia, de verdadero fondo, en contra de los cárteles, que se muestran inclusive desafiantes.

Claudia Sheinbaum puede resistir la presión un tiempo, pero el gobierno de Donald Trump le puede acorralar si emplea la información de que dispone. Los capos detenidos ya han hablado, y mucho, así que pueden seguir toda una estrategia unilateral, poniendo cada vez más en evidencia al gobierno federal y a muchos estatales. Estamos apenas en el sexto mes del gobierno de Donald Trump y, violento como es, busca resultados rápidos y concretos.