Por: Marcela Valles
El Rancho Izaguirre en la comunidad La Estanzuela, donde el colectivo ‘Guerreros Buscadores’ localizó tres crematorios humanos mientras buscaba a sus familiares en Teuchitlán, estado de Jalisco, es un caso de horror y barbarie. Fueron localizados cerca de 200 pares de zapatos, mochilas, alteros de ropa y otros objetos
En medio de las graves tensiones con el gobierno de Donald Trump, quien ha declarado como terroristas a seis cárteles del crimen organizado en México y ha declarado, de manera directa a través del Secretario de Estado, Marco Rubio, que existe una relación entre estas organizaciones y los diferentes niveles de gobierno en México, lo que permite controlar por parte del crimen al menos una tercera parte del territorio nacional, el gobierno de Claudia Sheinbaum y el gobierno estatal de Jalisco están corroborando, con el caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, la fijación de una política de seguridad donde está primero la imagen presidencial y la protección de las actividades de los cárteles que la aplicación de la justicia, protegiendo la ineptitud y las responsabilidades de organismos como la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía del Estado de Jalisco y quienes resulten responsable.
México enfrenta una de las crisis de desapariciones más alarmantes del mundo, con más de 124 mil personas no localizadas, la mayoría de ellas desde 2006, cuando el gobierno federal declaró la guerra contra el narcotráfico. Estados como Jalisco se han convertido en epicentros de esta tragedia, acumulando casi 15 mil desaparecidos, según cifras oficiales.
La violencia generada por los cárteles, la impunidad y la colusión de autoridades han convertido a varias regiones en zonas de exterminio, donde víctimas y familias quedan atrapadas en un limbo de incertidumbre y dolor.
El Rancho Izaguirre en la comunidad La Estanzuela, donde el colectivo ‘Guerreros Buscadores’ localizó tres crematorios humanos mientras buscaba a sus familiares en Teuchitlán, estado de Jalisco, es un caso de horror y barbarie. Fueron localizados cerca de 200 pares de zapatos, mochilas, alteros de ropa y otros objetos
Se trata de un predio que, según testimonios y evidencias, funcionaba como un centro de reclutamiento forzado y adiestramiento para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más poderosos y sanguinarios del país. Los colectivos de búsqueda aseguran que el sitio también operaba como un centro de exterminio, donde las víctimas eran ejecutadas y sus cuerpos incinerados.
El rancho ya había sido intervenido en septiembre de 2024, tras enfrentamientos entre el Ejército y miembros del CJNG, fueron detenidos 10 sujetos armados, sicarios del cártel, y fueron liberadas 2 personas secuestradas, que son considerados como delitos de carácter federal, pero las autoridades estatales no realizaron ninguna investigación sobre el lugar, mucho menos hicieron un levantamiento de campo y protegieron todas las evidencias que había en el lugar, tampoco las fosas clandestinas ni la magnitud del horror que escondía el sitio.
Fue hasta marzo de 2025 que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, conformado por familiares de desaparecidos, ingresó nuevamente al predio y descubrió lo que describieron como “crematorios clandestinos”, junto con cientos de zapatos, ropas y otros objetos que podrían haber pertenecido a las víctimas.
Las madres buscadoras fueron acompañadas por la Guardia Nacional, pero ésta no hizo nada porque manifestó que no era de su competencia.
LA ESTRATEGIA DE LA PRESIDENCIA
Ante un hecho de tal magnitud, que implicaba tanto a las instituciones federales como a las estatales, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con sus asesores para elaborar una estrategia, bajo el argumento de que se estaba generando una campaña de desprestigio y se estaban manipulando los hechos “por parte de sus enemigos de la derecha”.
Jesús Ramírez, coordinador de asesores y encargado de la propaganda oficial en el período de AMLO, ideó una estrategia para desvincular a la presidencia de los hechos; lanzar una campaña que desmintiera que se trataba de un sitio de exterminio y trasladar la responsabilidad de la ineficiencia y el encubrimiento a la Fiscalía del Estado de Jalisco, un estado gobernador por el opositor partido Movimiento Ciudadano.
El hallazgo no solo evidenció las omisiones en la primera inspección oficial, sino que también generó indignación a nivel nacional e internacional. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU calificó el caso como “perturbador” y pidió investigaciones transparentes para esclarecer lo sucedido y sancionar a los responsables.
A raíz de la presión pública, la Fiscalía General de la República (FGR) asumió la investigación, desplazando a la fiscalía estatal de Jalisco.
En su conferencia de prensa, la presidente declaró que el caso se pondría en manos de la Fiscalía General de la República, pues antes que nada era necesario investigar los hechos antes de poder establecer una opinión, pero en los días siguientes entraría a funcionar la estrategia que había sido diseñada por sus asesores.
LA CONFERENCIA DEL FISCAL: DESLINDARSE
Experto en malabarismos de carácter legal, pero al mismo tiempo con un historial de ineficiencia y de tibieza en el ejercicio de sus funciones durante el sexenio pasado, Alejandro Hertz Manero hizo alarde de sus habilidades jurídicas, con tres propósitos principales: trasladar la responsabilidad a la Fiscalía del Estado de Jalisco, deslizando la existencia de desaseo en el manejo de las posibles evidencia y seguimiento del caso; plantear la línea de descartar que se tratase de un centro de exterminio, sino principalmente de un “centro de adiestramiento” de sicarios y, como tercer elemento, deslindar al ejército, a la Guardia Nacional y a la propia FGR de toda responsabilidad.
Siguiendo la narrativa planteada por el fiscal de la república, el grupo criminal CJNG lanzó su propio comunicado, desmintiendo que existiera un campo de exterminio y que tuviera algo que ver con el Rancho Izaguirre y lo ocurrido en él.
Posteriormente el Secretario de Seguridad, la figura con mayor credibilidad del actual gobierno federal, reforzaría la línea ya trazada, en el sentido de que no había campo de exterminio y sólo se trataba de un centro de adiestramiento de nuevos sicarios para el CJNG.
Por su parte, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que no existen estructuras que funcionaran como hornos en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, aunque sí confirmó el hallazgo de restos humanos calcinados, cientos de zapatos, prendas y otros objetos. También detalló que el sitio contaba con habitaciones, baños, cocina, bodegas y áreas de adiestramiento táctico y acondicionamiento físico.
Se investigaría por qué en septiembre de 2024, cuando el lugar fue allanado e inspeccionado, no se encontraron los restos humanos calcinados. Organizaciones civiles han convocado una jornada de “luto nacional” en protesta por la crisis de desapariciones.
El 14 de marzo de este 2025, cientos de manifestantes se reunieron en varios puntos del país para exigir justicia por los desaparecidos y expresar su indignación ante el hallazgo en Teuchitlán. Como símbolo de protesta, trazaron en el suelo un plano del rancho y colocaron zapatos en referencia a los encontrados en el sitio.
PRENSA Y COLECTIVOS VAN AL RANCHO IZAGUIRRE
Para seguir la estrategia, la oficina de comunicación de la presidencia convocó el pasado jueves 20 de marzo a familiares de personas desaparecidas, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores y miembros de la prensa a visitar el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Durante la visita, recorrieron las áreas donde previamente se habían hecho hallazgos, ahora mal procesados y resguardados.
La mayoría de los medios de comunicación asistentes están adscritos, desde el sexenio pasado, a la oficina de comunicación de la presidencia, quien los controla y dicta la “línea” editorial de los mismos, que en este caso era desvirtuar la versión de que existieran “hornos” o “cocinas” para el exterminio de cuerpo humanos.
Las evidencias encontradas en su anterior visita por las madres buscadoras habían sido modificadas. En general todo el lugar había sido ya manipulado, y la responsabilidad sería de la Fiscalía del Estado de Jalisco.
La jornada estuvo marcada por momentos de profundo dolor. “¡Hijo, escucha, tu madre está en la lucha!”, gritó una de las buscadoras mientras avanzaba hacia la puerta del rancho. Otros familiares encendieron veladoras y dejaron fotografías en el lugar, como una forma de exigir justicia y mantener viva la memoria de sus seres queridos.
La narrativa trazada por la presidencia de la república, para evitar que el caso se convierta en el Ayotzinapa del sexenio, estaba funcionando en muchos medios de comunicación, pero no en los colectivos de madres buscadoras ni en el grueso de la sociedad civil, que se muestra convencida de la ineficiencia y el encubrimiento de los tres niveles de gobierno, principalmente el federal, hacia el gravísimo problema de los desaparecidos y la violencia criminal de los cárteles.
ENCUBRIMIENTO DESDE EL INICIO
Desde el operativo realizado en septiembre de 2024, todavía en el gobierno de AMLO, el ejército debió de haber asegurado las instalaciones del Rancho Izaguirre, y debió de abrirse una investigación por delitos del orden federal.
El ejército incurrió en ineficiencia y no atendió a los procedimientos establecidos. Se desconoce si el lugar fue sencillamente abandonado o volvió a utilizarse en los seis meses que transcurrieron hasta marzo de 2025.
Como tal, la Guardia Nacional también tiene responsabilidad en los hechos, mientras que la Secretaría de Seguridad debió estar al tanto de los hechos, y debió de participar de los mismos al gobierno del estado de Jalisco y a su Fiscalía.
El caso ha quedado ya en manos de la Fiscalía General de la República, lo que le garantiza al gobierno federal el manejo de la información, de las evidencias y de la narrativa que quiera dar. La FGR se caracterizó en el gobierno de AMLO por su ineficiencia, omisión y manipulación en relación al crimen organizado, además de su frecuente uso político.
La narrativa ya la ha fijado en sus últimas conferencias mañaneras la presidenta Claudia Sheinbaum: “no se que quieren decir con eso de delitos de lesa humanidad”, “no hay ningún campo de exterminio”, “la fiscalía está realizando todas las investigaciones y en su momento informará”, “habría que ver de que organizaciones (de madres buscadoras) se trata”-
En resumen, todo orienta a que el dictamen será que se trataba de un campo de entrenamiento de sicarios, donde, ocasionalmente, se cometieron “posiblemente” algunos homicidios. El Rancho Izaguirre ya está cerrado y bajo custodia oficial, no volverá a dar acceso a civiles.
La Cámara de Diputados rechazó la formación de una Comisión de la Verdad, que era muy inconveniente para la imagen gubernamental y las organizaciones de las madres buscadoras han sido hechas a un lado, dejándoles en la misma indefensión en que estuvieron durante todo el gobierno de AMLO.
Hay dos criminales detenidos, quienes supuestamente se encargaban del reclutamiento de jóvenes con engaños de empleos legales, para ser entrenados como sicarios, pero de sus declaraciones muy poco saldrá y muy poco se informará a los medios.
Desde la presidencia de la república ha salido la “línea” para bajar el caso de los medios de comunicación y las redes sociales, lo que ha tenido resultados bastante eficaces y preocupantes.
