Por: Eduardo Rodríguez
Bajo los gobiernos de Morena el crimen organizado se ha empoderado hasta convertirse muchas veces en un poder paralelo, lo cual es muy distinto a que operara en los estados, e inclusive generara fuertes problemas de violencia, porque otra cosa es infiltrar los gobiernos e imponerles condiciones, lo que rompe el estado de derecho y deja en completa indefensión a la sociedad civil.
Lo que ha pasado en la primera semana de octubre en Chilpancingo, Guerrero, no puede ser más siniestro. La organización criminal que domina toda la región de la capital del estado, asesinó, decapitó y exhibió el cuerpo del presidente municipal, Alejandro Arcos Catalán, cuya cabeza cercenada fue colocada sobre el toldo de una camioneta y su cuerpo en el interior, para que la gente la observara. Tenía apenas seis días en el cargo y era un político muy querido entre la población, que ha salido a manifestarse públicamente exigiendo justicia.
Alejandro Arcos era del PRD y fue en alianza con el resto de la oposición. Entre la población había molestia con la presidenta municipal anterior, la morenista Norma Otilia Hernández, quien era acusada de haber entregado el gobierno y la plaza a la organización de Los Ardillos, con cuyos capos sostuvo reuniones en lugares públicos, los cuales fueron grabados en videos y difundidos en las redes sociales, sin que las autoridades estatales o federales hicieran algo al respecto.
El 27 de septiembre el capitán Ulises Hernández, titular de la seguridad en Chilpancingo, fue asesinado de 10 disparos, mientras manejaba su vehículo. El 3 de octubre, apenas tres días antes del demencial asesinato del alcalde, fue asesinado de dos disparos en la cabeza y dos en la espalda el nuevo Secretario General del Ayuntamiento, Francisco Gonzalo Tapia, en plena plaza cívica de esta capital.
El día 4 de octubre Arcos Catalán había solicitado en un programa radiofónico protección a las autoridades estatales y federales. En su conferencia de “la mañanera del pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum, cuestionada al respecto, respondió que la entidad y la capital de Guerrero no era una de las zonas con índices de homicidios más altos, mientras que Omar García Harfuch afirmó que el alcalde no había realizado solicitud de protección, lo que fue desmentido por el periodista y escritor Héctor de Mauleón, en su columna periodística del día siguiente.
El mismo Héctor de Mauleón reveló datos, basado en fuentes del propio gobierno estatal de Guerrero, sobre los móviles del asesinato. Arcos Catalán había recibido la exigencia del grupo criminal Los Ardillos, de entregarles de 3 a 5 secretarías del ayuntamiento y el 30% del presupuesto, a lo cual se habría negado.
Nunca antes un alcalde de Chilpancingo había sido asesinado y menos de una forma brutal, sanguinaria, lo que exhibe el grado de descomposición de la seguridad en el estado de Guerrero, que ha alcanzado niveles nunca antes vistos, los que coinciden, para mayor desgracia, con la devastación de Acapulco por los huracanes, la principal economía del estado.
Desde que AMLO decidió entregarle el estado de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, uno de los más torvos políticos de Morena, quien controla el gobierno estatal a través de su hija Evelyn Salgado, se temía que el crimen organizado se empoderara aún más del estado, pero la situación se ha salido de control y ahora el crimen se ha convertido en el poder paralelo en Guerrero, uno de los estados más pobres del país.
El asesinato y decapitación del alcalde de Chilpancingo rompe límites no escritos de las propias organizaciones del crimen organizado, porque lo sucedido ya es barbarie, terror, pero la respuesta de la presidenta y de su secretario de seguridad han sido frías, muy poco empáticas.
SINALOA EN MEDIO DE UNA GUERRA
Al momento de redactar esta nota, iban 40 días de guerra entre “Los chapitos” y “La mayiza” en Culiacán, capital de Sinaloa, sus inmediaciones, carreteras estatales y la autopista Durango-Mazatlán. Se tenían contabilizados 242 asesinatos y 230 desaparecidos, entre ellos muchos civiles que nada tenían que ver con los grupos de sicarios de ambos bandos criminales.
La población en general tiene la opinión que el gobernador, Rubén Rocha Moya, está involucrado en el conflicto, por la infiltración del crimen en las policías municipales y la estatal, mientras que hay un fuerte malestar hacia las fuerzas federales, pese a que cada vez arriban a esta capital contingentes de cientos de elementos del ejército, inclusive de las fuerzas especiales, pero los enfrentamientos, los saqueos, el robo de vehículos, el vandalismo en negocios, la quema de camiones y autos en las autopistas de acceso y el bloqueo, vía terrestre, del puerto de Mazatlán, que ha bajado su ocupación apenas a un 40%, continúan.
Hay, en especial en la capital Culiacán, un estado de terror, de indefensión, que se refleja en el trastorno de la vida cotidiana, como la asistencia escolar, el funcionamiento del comercio, la circulación libre y el temor a salir de la ciudad. Existe un toque de queda de facto a partir de las siete de la noche y hasta el amanecer.
Todo funcionaba aparentemente de manera normal mientras operó la pax narca, por la cual el gobierno estatal y el federal mantenían un pacto de hecho con el cártel de Sinaloa, a través de los capos de sus diferentes facciones. Hoy, que se enfrentan las dos principales facciones en una sangrienta guerra, el gobierno estatal y el federal se perciben descolocados, sin un plan táctico de respuesta, mucho menos una estrategia global para controlar a las fuerzas armadas del cartel, pese a que siguen enviando contingentes militares y de la Guardia Nacional.
SE VOTÓ POR UN CAMBIO
Morena, desde el 2018, ha ganado de forma vertiginosa la mayoría de los gobiernos estatales del país, hasta sumar 22, pero pretende hacerse de todo, sin excepción, replicando los peores tiempos del PRI en el siglo pasado.
La mayoría de las elecciones las ha ganado bajo la promesa de que ellos son diferentes; que no son corruptos y tienen una nueva forma de gobierno, pero la realidad ha sido completamente distinta en la mayoría de esos estados que hoy gobierna el partido oficial.
El mayor deterioro ha sido en seguridad, sin la cual es imposible una sana convivencia social y un funcionamiento de la economía.
Bajo los gobiernos de Morena el crimen organizado se ha empoderado hasta convertirse muchas veces en un poder paralelo, lo cual es muy distinto a que operara en los estados, e inclusive generara fuertes problemas de violencia, porque otra cosa es infiltrar los gobiernos e imponerles condiciones, lo que rompe el estado de derecho y deja en completa indefensión a la sociedad civil.
Los casos se repiten en todas las regiones del país, como Michoacán, Nayarit, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas, Chiapas, e incluso en algunas delegaciones de la ciudad de México, donde se están dando manifestaciones de comerciantes para pedir el combate de las autoridades al cobro del llamado “derecho de piso”.
Esto se repite en Michoacán, principal exportador de productos agrícolas del país, donde el crimen se ha infiltrado desde hace muchos años en los municipios agrícolas más ricos, donde impone el “derecho de piso”, bajo la amenaza del secuestro y del asesinato de quienes se oponen a ello. Hoy, muchos de los productos agrícolas que se consumen en el mercado nacional, tienen agregado al precio el cobro de “derecho de piso” por parte del crimen organizado, y no solo se está hablando de los más obvios, como el limón y el aguacate, sino de muchos otros productos. Solo basta comparar los precios de seis años a la fecha.
Estados como Zacatecas, dominado por la familia Monreal, de la cual es cabeza el morenista Ricardo Monreal, quien maneja nada menos que la Cámara de Diputados, ha entregado al crimen el estado, que es uno de los más pobres del país y tenía como principal ingreso el turismo y la minería. El estado, que era del todo pacífico, tanto en sus zonas urbanas como rurales, está controlado por el crimen, con la anuencia de los Monreal, a través de Juan Monreal, un inepto y corrupto gobernador.
El turismo se ha visto afectado por lo menos desde hace años, inclusive el cruce de las carreteras del estado se considera riesgoso para los particulares. A partir de las seis de la tarde y hasta las siete de la mañana no se recomienda viajar.
Toda la zona rural del estado se encuentra seriamente afectada, lo que ha acelerado la migración, que ya era muy alta, debido a las condiciones de inseguridad en que se vive
En la frontera sur, que es estratégica para el país, el gobierno morenista permitió que las organizaciones del crimen controlen gran parte del territorio, para apoderarse del enorme negocio de los migrantes ilegales y de las rutas del narcotráfico que provienen de los países productores de drogas del sur y el caribe.
Chiapas venía enfrentando el problema de la migración, pero ahora enfrenta el problema de los cárteles, que se disputan el territorio, utilizando a algunos grupos criminales regionales, quienes están hostigando a los pueblos y comunidades rurales, inclusive con el reclutamiento forzoso de jóvenes para incorporarlos al crimen.
El sexenio de AMLO terminó con Chiapas como el estado más pobre del país. Una parte de los programas del bienestar han fracasado, entre ellos el denominado “Sembrando vida”, pero los sostienen para cuidar la imagen.
LA PAX NARCA
Hay estados gobernador por Morena donde aparentemente el índice de crímenes de alto impacto es bajo, en particular los homicidios, pero esto obedece a una política como la empleada en Sinaloa, donde había un pacto, por el cual un determinado cártel controlaba las plazas y no permitía la operación de carteles o bandas rivales, pero esto ha propiciado que se de un empoderamiento cada vez más importante del crimen, que está relacionado con los gobiernos locales, no solo por infiltración sino a través de un pacto o pax narca.
Este es el caso de estados como Nayarit, que se ha vuelto una extensión de Sinaloa para los cárteles, donde han tenido una gran expansión, pero en apariencia la criminalidad de alto impacto es baja.
Sucede lo mismo en estados como San Luis Potosí, en especial en las regiones del desierto y la huasteca. Ocurre algo muy parecido en el norte de Veracruz, que es una extensión de los dominios de los carteles de Tamaulipas.
Tamaulipas tiene ya mucho tiempo de ser considerado como un narco-estado, lo que ha motivado que la población busque la alternancia, como la manera de generar un cambio, que fue lo que prometió Morena a través del gobierno de Américo Villarreal, pero lejos de mejorar las cosas han empeorado.
La lista se extiende mucho más, lo que hace prever que, al momento de la renovación de estos gobiernos, lo que irá sucediendo en el transcurso de este sexenio, Morena tendrá fuertes problemas para justificar su continuidad, aún con todo el gigantesco aparato de los programas del bienestar que regalan dinero, y que son la base del voto morenista en todo el país.
