Por: Gerardo Lozano

La nueva reforma se deberá aplicar en los 32 estados de la federación, con lo cual todos los jueces y los 16 magistrados del TSJECZ tendrán también que ir a elección popular.

México tiene problemas de administración de justicia, no de ahora sino de manera permanente. Las estadísticas oficiales son realmente desastrosas: un 99% de los delitos cometidos quedan sin ser sancionados. De cada 100 delitos que se cometen se denuncia apenas un 6.4% y de cada 100 que se denuncian sólo se resuelven 14. Solo 1 de cada 10 homicidios que se cometen son resueltos. De cada 100 feminicidios, el 75% queda en la impunidad. Para llevar a cabo un juicio, de cualquier tipo, se requiere dinero, por lo que la población más pobre es la más vulnerable.

La abogacía en México es un negocio, donde el propósito principal es ganar dinero, lo que sucede en casi todos los países y la defensoría de oficio es un desastre, pero nuestros niveles de corrupción están por encima del estándar internacional para un país subdesarrollado latinoamericano.

Es irrefutable que hacía falta una reforma judicial, pero una reforma judicial bien planeada, por etapas y en la cual, como requisito esencial, estaba el reforzar la autonomía del poder judicial frente al poder ejecutivo y el legislativo.

La reforma judicial que ha realizado Morena, que la mayoría de la población no entiende en la dimensión de sus consecuencias para el sistema democrático y para la vida institucional del país, es producto de una venganza y de un enorme irresponsabilidad, por la cual el actual grupo en el poder pasa a controlar los tres poderes, lo que ya sucedía durante la “dictadura perfecta” del PRI, solo que ahora se ha vuelto constitucional, pero también se volverá un caos; un caos que marcará el gobierno de Claudia Sheinbaum como un gobierno autócrata, con las condiciones reales, no imaginarias, de volverse una dictadura, en el momento en que la presidenta o un próximo presidente decidan dar el paso.

La Constitución establece la división de la república en tres poderes autónomos, de tal manera que ni el ejecutivo ni el legislativo pueden elegir al poder judicial, porque están violentando la letra de la Constitución y hasta el sentido común, pues ahora no existirá quien regule a esos otros dos poderes, o de hecho al poder ejecutivo que se vuelve a convertir en absoluto.

La Suprema Corte de la Nación, presidida por la ministra Norma Piña y con una mayoría de ministros independientes, detuvo las iniciativas de reforma constitucional que pretendía implementar la 4T, que nos convertían en un gobierno autocrático, objetivamente muy parecido al modelo de Venezuela, lo cual, aunque lo parezca, no es ninguna exageración, solo basta un análisis comparativo de cómo ha quedado el modelo mexicano y como funciona el modelo venezolano.

Enfurecido, Andrés Manuel López Obrador, lanzó el llamado Plan C, que consistía en ganar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y el Senado, en las elecciones del pasado 2 de julio, para lanzar su paquete de 18 iniciativas, entre las cuales iban las que le dan un poder absoluto al nuevo gobierno, donde la nueva presidenta puede cambiar la constitución como le plazca, literalmente, sin eufemismos.

La justificación política es que todos los ministros, magistrados y jueces sean electos por el voto directo del pueblo, lo que es un disparate demagógico, que, además de ser mentira, se convertirá en un desorden.

El poder judicial es una estructura compleja y además especializada, no es el caso, aunque debería ser, de las cámaras de diputados y senadores, donde cualquier político puede llegar, aunque no tenga la más indispensable preparación. 

EL INICIO DE UN CAOS

El panorama judicial del país es desolador. Tenemos estados, sobre todo los más pobres y atrasados del sur, que tienen niveles de impunidad delictiva terribles. De acuerdo a las cifras del INEGI, la impunidad en Morelos es del 99.6%, en Chiapas del 99% y en Oaxaca del 97.8%, solo por citar los que están en los últimos lugares de procuración de justicia.

El desmantelamiento de la Suprema Corte de Justicia, porque eso va a ser, y de la estructura de los magistrados y jueces de distrito, que conforman el poder judicial federal, tiene el pronóstico de empeorar los problemas más graves de seguridad del país.

Los principales delitos del orden federal son: delitos contra la salud, es decir drogas; narcomenudeo; delincuencia organizada; delitos en materia de hidrocarburos (“huachicoleo”) y el uso de armas de fuego y explosivos.

En el peor momento para el país, todos esos magistrados y jueces de circuito irán a elección popular, propuestos por Comités Técnicos a propuesta del poder ejecutivo y el legislativo, dominados por absoluta mayoría por Morena. Desaparece la carrera judicial, las designaciones serán hechas por políticos, se eliminan los sueldos anteriores, que son sumamente importantes para evitar la corrupción, y los periodos de permanencia en los cargos se acortarán, con una rotación mucho más constante.

Pongámoslo en términos prácticos.

En México hay 32 circuitos judiciales, con un total de 1,633 magistrados y jueces de circuito, de los cuales en 2025 se elegirá la mitad, que son un poco más de 800. Para cada cargo habrá una propuesta de 6 candidatos. Queda, a voluntad del oficialismo, si van dos, tres o más candidatos para cada cargo. Supongamos que fueran tres, en estados como Coahuila, habría entre 75 y 80 candidatos, si son seis serían 150, pero el asunto es con qué y cómo van a hacer campaña, en el caso de los magistrados, en todo el circuito, que puede abarcar todo el territorio estatal.

La nueva ley establece que las campañas se deberán realizar sin emplear recursos públicos ni privados, bajo la organización del INE. ¿Cómo harán campaña sin gastar un solo peso público o privado? Un sinsentido, pero una enorme tentación para el crimen organizado, pues, como se mencionó, la competencia de la justicia federal cubre básicamente los delitos que están relacionados precisamente con el crimen organizado.

Hay además una serie de inconsistencias, por ejemplo, solo se fijan 3 años de experiencia como requisito, pero queda ambiguo tres años de experiencia en qué. El proceso de evaluación y selección también tiene varias ambigüedades. El periodo en el cargo será de nueve años con opción a reelección, pero dice que deberá realizarse conjuntamente con las elecciones federales, que son cada seis años. 

En lugar del Consejo de la Judicatura Federal habrá un Tribunal de Disciplina Judicial, al cual podrá acudir cualquier persona moral o física para anteponer quejas, lo que le da a este organismo un poder enorme y puede poner en condiciones laborales precarias a cualquier juzgador, de cualquier nivel.

Se hacen modificaciones al juicio de amparo, en especial para proteger los intereses del poder ejecutivo y del legislativo, en lo que es el principal recurso que tenían las personas y las instituciones ante la instancia gubernamental. El juicio de amparo es uno de los elementos indispensables del sistema jurídico mexicano y es considerado un referente internacional.

LA APLICACIÓN EN LO LOCAL

La nueva reforma se deberá aplicar en los 32 estados de la federación, con lo cual todos los jueces y los 16 magistrados del TSJECZ tendrán también que ir a elección popular.

Una elección supuestamente popular cuando la mayoría no conoce tan siquiera en qué consiste un circuito judicial, que es un tribunal unitario o un juzgado de distrito.

Hasta ahora el INE está planeando en qué términos se llevarán a cabo esas elecciones, ya con la aprobación del TEPJF, que se ha comportado como un órgano subordinado a Morena, pero se prevé, en la opinión de todos los especialistas, que esas elecciones, que pueden tener una asistencia mínima, serán el inicio del desorden de un nuevo sistema judicial más ineficiente, pero además completamente subordinado a los intereses políticos e ideológicos del poder presidencial y el poder legislativo, que es su lacayo, para efectos prácticos. 

El costo de esta reforma, contraria al sentido común y a la misma constitución, afectará a los 32 estados, que se tienen que ajustar.

Los problemas actuales de la impartición de justicia, que debieron resolverse de abajo hacia arriba, comenzando con los ministerios públicos, los jueces locales, las fiscalías y los cuerpos policiacos, no sólo quedan intactos, sino que empeorarán, además se le está quitando presupuesto al poder judicial, cuando se le debería estar dando.

De hecho, ya ha comenzado el caos en el sistema judicial, al correr, de manera aberrante, a todos los actuales jueces y magistrados, sin evaluarlos, violentando sus derechos, por medio de una “tómbola” como las de los bingos, sin prestar la mínima importancia a la carrera judicial. 

La máxima obra de destrucción de la 4T, ya habituada a demoler institución sin la capacidad de construir nada en su lugar, solo que ahora se trata de uno de los poderes que conforman a la república, cuando estamos en la peor crisis de seguridad pública.