Por: Álvaro González
Desde hace más de doce años la lucha por impedir la infiltración del crimen organizado ha sido permanente y se ha manifestado ya en el actual gobierno estatal de Manolo Jiménez. Todo esto lamentablemente tiene un costo de muertos y heridos, entre ellos elementos de las fuerzas de seguridad tanto estatales como federales, pero es algo que se tendrá que seguir haciendo.
En 1978 realizábamos una monografía de Coahuila, recorriendo los 38 municipios del estado, sin omitir uno solo. En el invierno de ese año, porque lo dejamos a propósito para el final, nos tocó el municipio de Hidalgo; un pequeño territorio fronterizo que se incrusta en la geografía de Nuevo León y conecta con Tamaulipas, que, indebidamente, posee la frontera que le tocaba a Nuevo León de manera natural, pero le fue quitada por razones políticas.
Aquello era un espectáculo desolador. En medio de la bruma, con un frío casi a punto de congelación. La cabecera municipal era un caserío disperso entre lotes baldíos y ruinas. Como las demás, la presidencia municipal era una construcción modestísima de adobe con techo de lámina de cuatro aguas. El presidente municipal no se encontraba ¡Estaba trabajando en un rancho del lado norteamericano y solo iba a la oficina cada quince días! Esto lo hacía a través de brechas que la gente del lugar recorría cotidianamente.
Hoy parecería una fantasía, pero en términos reales no existía línea fronteriza con Texas. La carretera, que luego se conoció como La Ribereña, justo se construía en ese año por la parte de Coahuila, así que para ir de Piedras Negras a Hidalgo había que hacerlo a través de una brecha de grava suelta, que nos costó por cierto la ponchadura de una llanta del vehículo.
Hará cosa de 15 años, en el 2010, con el terrible gobierno de Humberto Moreira, se le comenzó a decir a esta carretera Ribereña como la “carretera de la muerte”, debido a que se convirtió en una vía controlada por el Cartel de Los Zetas, quienes consideraban toda esa franja fronteriza, desde Nuevo Laredo a Piedras Negras, como de su propiedad. El parroquiano que se atreviera a cruzar por ahí, especialmente ya tarde o de noche, lo hacía poniendo en riesgo sus bienes y su vida.
La historia es de sobra conocida: en el periodo de Humberto Moreira Los Zetas infiltraron todo el norte del estado de Coahuila y fueron bajando, apoderándose del territorio hasta Monclova y disputándole a “Los Chapos” la región lagunera, en lo que fue un periodo de terror y de sangre.
Contra lo que se dice, en la segunda parte del sexenio de Felipe Calderón, la estrategia de combate al narcotráfico fue revisada y corregida, y fue entonces que se planeó y ejecutó un operativo especial con la cooperación de los Estados Unidos y las fuerzas especiales de la Marina Armada, para desintegrar al que se consideraba como el cártel más violento y peligroso de todos: Los Zetas, quienes se habían establecido en Coahuila y dominaban el norte de Tamaulipas, Nuevo León y muchos otros territorios.
Era obligado poner al margen a Humberto Moreira, quien todavía tuvo el desplante de quejarse y preguntar porque se enviaban marinos a Coahuila si aquí no tenemos puertos. El colmo.
El operativo fue exitoso y Los Zetas fueron expulsados de Coahuila y de la mayoría de los territorios que controlaban. Los que quedaron se replegaron a Nuevo Laredo, donde operan, ya mezclados, bajo el nombre de Cartel del Noreste.
El propósito de ese cartel ha sido, desde el 2012, volver a penetrar en Coahuila y recuperar territorio, pero Rubén Moreira, quien rompió con su hermano Humberto y tienen hasta la fecha un pleito cainita frontal, que a muchos les cuesta trabajo creer, pero esta comprobado, se propuso blindar Coahuila de la operación de los diferentes cárteles del crimen organizado, especialmente este Cartel del Noreste, que se ha tomado la tarea como algo personal.
Se le pueden poner a Rubén Moreira muchos defectos y responsabilidades como político y gobernante, pues las tiene, pero logró blindar a Coahuila del asedio de los cárteles, algo que no se le puede escatimar sin caer en la falta de objetividad y en las fobias hacia esta muy controvertida familia política.
Por supuesto que los miembros de los cárteles pueden hacer recorridos por Coahuila, en calidad de desconocidos, y pueden efectuar “lavado” de dinero, o inclusive operar negocios a través de prestanombres, especialmente los capos del Cartel del Pacífico o de Sinaloa, pero no pueden operar actividades criminales y, mucho menos, apoderarse de territorios, que es ya otra cosa.
Hay personajes, como Juan Manuel Muñoz Luevanos, alias “El Mono”, quien hoy se maneja como empresario y fue un importante operador de Los Zetas, quien fue detenido en España y extraditado a los Estados Unidos, donde, con un pragmatismo aberrante, el gobierno norteamericano lo convirtió en testigo cooperante, y le dio tan solo tres años y medio de cárcel, dejándole intacta la mayor parte de sus bienes, pues se dedica al negocio de las gasolineras.
Es de Matamoros y vive en Coahuila, donde tiene varios negocios, pero él, como otros pocos, tienen lo que podríamos decir “marcaje personal” de parte del aparato de seguridad del estado. Hace poco este personaje se vio en medio del escándalo del “huachicol” fiscal. Fue detenido y entregado a las autoridades federales y tenía abierto un proceso.
Puede librar por ahora el problema, con el cuento de que es testigo cooperante del gobierno norteamericano, pero si opera actividades criminales en Coahuila tendrá que enfrentar las consecuencias, pues el gobierno norteamericano no tendrá argumentos para protegerlo.
INCURSIONES PERIÓDICAS
Periódicamente el Cártel del Noreste intenta hacer incursiones en territorio de la parte norte de Coahuila, algunas de las cuales parecieran más bien provocaciones, por la ineficacia e ineficiencia de las mismas.
Codician en particular la franja fronteriza y las ciudades de Piedras Negras y Acuña, pues Coahuila tiene hoy la que se puede considerar como la frontera menos “caliente” del norte del país, porque en el resto del territorio de los diferentes estados, como Chihuahua, Sonora y Baja California, operan diferentes cárteles y organizaciones, las que controlan las plazas, lo que vuelve muy atractiva logísticamente la frontera de Coahuila, a diferencia de Tamaulipas, donde operan varios cárteles y organizaciones y la parte norteamericana está mucho más vigilada.
En 2010 Piedras Negras y Acuña eran un paraíso para el trasiego de cargamentos de droga, tanto de la parte mexicana como estadounidense. Los capos de los Zetas controlaban todo y de ahí la codicia de los nuevos mafiosos por recuperar el territorio perdido.
Desde hace más de doce años la lucha por impedir la infiltración del crimen organizado ha sido permanente y se ha manifestado ya en el actual gobierno estatal de Manolo Jiménez. Todo esto lamentablemente tiene un costo de muertos y heridos, entre ellos elementos de las fuerzas de seguridad tanto estatales como federales, pero es algo que se tendrá que seguir haciendo.
El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, morenista él, tiene antecedentes de acercamiento con las organizaciones del crimen organizado, que siguen operando, aún con la presión norteamericana; Samuel García, de Nuevo León, emecista, no ha tenido los arrestos de combatir frontalmente a los cárteles que operan en el estado que gobierna; Esteban Villegas, de Durango, se ha convertido en un problema debido a su apatía o relación con el crimen organizado y de los Monreal de Zacatecas no se puede esperar ninguna cooperación: hace muchos años que caminan coludidos con el crimen organizado.
Afortunadamente, el sistema de seguridad de Coahuila sigue en pie y sigue resistiendo la codicia y las acciones de los cárteles que pretenden penetrar el territorio estatal, por lo que estamos rodeados de fronteras peligrosas.
